Una primera opinión luego de escuchar, ver y luego leer lo que dijo la Presidenta Bachelet ayer 9 de agosto de 2016, la resumimos en el título. Mucha paja, poco trigo.
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He aquí los fundamentos. Ella sostuvo: todos necesitamos de una jubilación para tener una vida digna y de calidad después de años de trabajo. Es un derecho de todos y debe ser una responsabilidad compartida. Reconoce que “el actual sistema previsional ha llevado a que muchos, demasiados, reciban pensiones muy bajas y queden entregados a su propia suerte”
Las cifras oficiales nos indican que la industria de AFP, como la concibió José Piñera, contraria a la Seguridad Social, nos promete una pensión del 70% de nuestras remuneraciones y nos entrega menos del 30%.
Las Fuerzas Armadas en el desprestigiado sistema de reparto, obtienen pensiones superiores a 1,5 millones entre los oficiales, casi $800 mil pesos promediando con las otras categorías, y a los 47 años de edad. Nos anuncia que algo habrá que corregir en esa situación y los beatos decimos, escúchanos señor te rogamos.
No los trasladen a las AFP, eliminen algunas normas inconstitucionales, por ejemplo, hacer que coticen lo mismo que los civiles y otros cambios residuales, pero relevantes.
También nos dice que “nuestro desafío como nación es corregir esta situación. Proteger a las personas, especialmente a los más vulnerables, ha sido la razón de mi vocación pública y el centro de mi acción como Presidenta”.
Pero sus propuestas son insignificantes, aunque dice estar consciente que “hoy, más de un millón 300 mil personas reciben, todos los meses, pensiones solidarias de invalidez y vejez que les permiten llevar una vida mejor.
Pero ya no basta con enfrentar las situaciones más extremas. Hay incluso personas que han trabajado y hecho imposiciones por largos años y reciben o recibirán pensiones insuficientes.
Más de 400 mil chilenos aportan más de 30 mil pesos al mes y reciben pensiones de 125 mil mensuales, con Aporte Previsional Solidario, pagado por todos. Para ellos, nada. Inaceptable.
Su propuesta reconoce que el empleador debe aportar para pensiones, además del Seguro de Invalidez y sobrevivencia que se impuso el año 2008. Pero sólo en 50 años podrían duplicarse las pensiones actuales y las AFP verán crecer sus comisiones año a año.
Migajas. No soluciona nada. 1.100.000 pensionados no reciben nada y nada cambia para los próximos años.
La Presidenta nos recuerda que “apenas iniciado mi segundo Gobierno, convoqué a una comisión de expertos con visiones diversas para buscar soluciones. Hemos escuchado sus propuestas así como también las demandas de la sociedad.
Ahora, ha llegado el momento de actuar” Pero no hace ninguna mención que ese informe estaba guardado por más de una año, que su Ministro de Hacienda Valdés había anunciado que no habrían más cambios , apoyado de manera increíble por todos los líderes de la Nueva Mayoría.
Como justificándose, nos dice que “mejorar las pensiones de manera permanente, aumentando su eficiencia y su solidaridad, es una tarea muy compleja, porque con el futuro de los trabajadores y con el futuro de nuestra economía no se juega”. No se juega, es claro, se abusa, descaradamente y eso, es indesmentible.
No reconoce expresamente el impacto de las marchas del 24 de julio pero tener que reabrir la puerta, aunque de una manera tan limitada es un reconocimiento tácito. Sin embargo, sus propuestas mantienen el horrible presente y futuro de los trabajadores que reciben pensiones equivalentes al 30% o menos de sus remuneraciones. No es cierto lo que afirma que el tema sea complejo técnicamente.
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Primero, como ella mismo dijo hace años, el desafío es político. La respuesta política que nos dio es decepcionante. La Presidenta socialista, mantiene las ideas del liberal totalitario José Piñera, que creó esta industria de AFP pata terminar con el ogro estatal que supuestamente amenazaba la libertad de los chilenos, precisamente cuando el gobierno al que Piñera servía era el más sanguinario e injusto de nuestra historia.
La propuesta B de la Comisión Bravo es sólida en argumentos y viable en sus proposiciones concretas. ¿Reconocer nuestra libertad y permitirnos optar entre la industria de AFP y un Sistema de Seguridad Social, le parece complejo? Pero si hasta Pinochet nos dio, nominalmente, el derecho de optar en dictadura, ¿Por qué en democracia se nos niega?
La Presidenta debe saber que con su propuesta de incrementar en un 0, 5% anual las cotizaciones, ahora de cargo del empleador, significa que un trabajador que gana en promedio, según las AFP, $700 mil al mes y ahorra forzado por la ley $70.000 mensuales al mes, verá su fondo aumentado en $3.500 al mes, $42.000 al año y seguirá pagando a estas industrias, $ 8.400 al mes, el 12% de lo que aporta.
Ah, es cierto, en 10 años tendrá $35.000 al mes, $420.000 al año, pero ya no tendrá Bono de Reconocimiento, ya que este No existe para los que empezaron a trabajar después del mes de mayo de 1981. ¿Qué representa este Bono? En mi caso, el 40% de los ahorros en mi cuenta. Por eso la Comisión Bravo dijo que a partir de 2025 las pensiones serán equivalentes al 15% de las remuneraciones para más del 50% de los futuros pensionados.
Cuando dice que “mantendremos y fortaleceremos el actual pilar solidario de invalidez y vejez, que permita asegurar la pensión mínima a aquellos que no han trabajado o que carecen de cotizaciones”, los más pobres que no han cotizado nunca, mejoran: estupendo, pagados por todos. Es justo y necesario.
Pero los pobres que aportan el 20% de los que ganan seguirán con pensiones de $127.000 mensuales aunque paguen $33.000 al mes
Nos ratifica que la actual cotización del 10% seguirá siendo depositada en las cuentas individuales de propiedad de cada trabajador, en industrias que no cumplen con las normas de la OIT y la Constitución y que el Estado continuará incentivando el ahorro voluntario tanto individual como colectivo.
Algo positivo suena la promesa que “en los periodos en que los fondos de un afiliado tengan rentabilidad negativa, las administradoras deberán devolver en su cuenta las comisiones cobradas durante ese tiempo”.
También anuncia que “los fondos que son propiedad de millones de trabajadores deben gestionarse de manera transparente y con participación de sus verdaderos dueños”, los afiliados. Pero propone una fórmula que permitiría a los dueños de las AFP hacer elegir a sus propios palos blancos.
Suena bonito: “nuestra propuesta incorporará representantes elegidos de los cotizantes en la administración de los fondos, de manera que puedan participar desde definiciones claves como las políticas de inversión, la elección de los directores y de las compañías en que se invierten los recursos o las campañas de información”.
¿Cómo financio una campaña para llegar a dos millones de afiliados?
Mala forma de elegir. Las AFP financiarán a sus candidatos. ¿Por qué no expertos propuestos por las organizaciones de trabajadores y empresarios que aportan y elegidos por el Gobierno?
Otro anuncio toca un gran tema. La cotización oculta del artículo 45 bis del DL 3.500, que equivale a un 50% de las comisiones públicas y que fue creada en su anterior gobierno y defendida por sus Ministros de Hacienda, Andrés Velasco y Trabajo, Osvaldo Andrade. Su lenguaje es elusivo. “También, modificaremos las diversas formas de comisiones ocultas o las comisiones de intermediación, que quitan recursos a las cuentas de los afiliados sin justificación real”. ¿Modificar, no eliminar?
Otra de sus medidas ha resultado un fracaso ya antes. Las licitaciones de afiliados aprobadas el 2008, han logrado que sólo un 20% de los afiliados se beneficien. Se compromete a promover “más medidas de competencia en el sistema, como las licitaciones de las carteras de afiliados que permitan bajar las comisiones y mejorar los servicios a los cotizantes”.
AFP: Una buena medida de transición
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La Presidenta dice “continuaremos adelante con la creación de una administradora de fondos estatales, que introduzca más competencia, que sea una alternativa para los que la quieran y que acoja a los trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de cobertura previsional”. Todos los expertos dicen que no hay competencia en una industria oligopólica, y no marca la indispensable diferencia.
Esta entidad no puede ser S.A., por esencia con fines de lucro, ya que ello no es aceptable para las normas OIT. Su directorio debe estar integrado en forma tripartita, pero con expertos elegidos en la forma que señalamos antes.
La Presidenta nada dice que esta AFP debe invertir en Chile para desarrollar el país armónicamente y no favorecer a las empresas extranjeras que las usan en sus propios países o dónde quieren lucrar más con fondos baratos.
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COTIZACIÓN INDEPENDIENTES Los anuncios mantienen la buena decisión que tuvo a la petición que le hicimos a la Ministra Rincón para no obligar desde este año a los independientes a cotizar por el total de sus ingresos, obligación postergada hasta que el sistema sea más justo.
TABLAS DE MORTALIDAD: Cuando expresa que usaremos una sola tabla de mortalidad, terminando con las discriminaciones que afectan a las pensiones de las mujeres, entendemos que recoge la petición que hicimos a Ximena Rincón para que suspendiera esa nefasta medida tomada por las Superintendencia de Valores y de Pensiones. Esperamos que se apliquen las del INE que son serias y confiables.
CONCLUSIÓN: La Presidenta sigue encerrada por la transversalidad neoliberal, cooptada ideológica y remuneradamente por los grupos económicos nacionales y extranjeros que les sirven. Dijo que había escuchado a los chilenos.
No estoy de acuerdo.
Ya lo veremos en las marchas futuras, especialmente el próximo 21 de agosto.
Fuente: El Mostrador
