En las oficinas de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, dirigentes de la Coordinadora Regional Anti-Represas de Aysén presentaron un comunicado público declarando su “profundo rechazo al proyecto de ley que acelera el procedimiento de otorgamiento de concesiones eléctricas que se encuentra actualmente en tramitación y avanzando peligrosamente en el Senado”.
El proyecto de Ley “no hace más que agravar las serias deficiencias que ya tiene nuestra precaria legislación ambiental acentuando aún más el carácter monopólico de esta área de la economía nacional”, refiriéndose al reducido sector empresarial que concentra el mercado de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Chile.
La Coordinadora Regional Anti-Represas de Aysén hace un llamado “a todos los senadores y senadoras a que rechacen en todos sus términos este proyecto de ley, puesto que vulnera derechos esenciales de la ciudadanía, de la nación, de nuestros pueblos indígenas y, además, vulnera tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile.
”El motivo principal de oposición a este proyecto de ley se debe a que las más de 22 organizaciones sociales de la región que componen la Coordinadora consideran que esta ley “constituye un respaldo flagrante a los megaproyectos hidroeléctricos que se pretenden instalar en la Patagonia chilena”, además, según lo expresado en el comunicado público se atenta “contra los derechos de los pueblos indígenas, las áreas silvestres protegidas, derechos de interesados (afectados) no contemplados en el proyecto de ley, entre otros”.
La Coordinadora Regional Anti-Represas de Aysén también condenó la ampliación del plazo de la ley 20/20 que buscaba aumentar el aporte de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en un 20% hacia el año 2020 y que finalmente se decidió extender el plazo para cumplir los mismos objetivos pero hacia el año 2025.
Se señala además en el documento que “Dicho compromiso con nuestra matriz energética, así como beneficiaría a los Sistemas Interconectados Central y del Norte Grande, abarque los sub-sistemas de Aysén y Magallanes, permitiendo con ello el desarrollo de estos tipos de energías limpias en todo el territorio nacional.”
Erwin Sandoval, miembro de la Coordinadora, hizo un llamado abierto a todos los que se sientan convocados con estas demandas manifestando que “la ciudadanía en general y la gran mayoría de esta región se viene planteado contraria a estos proyectos energéticos y a este modelo de desarrollo, en ese sentido los parlamentarios debieran ser consecuentes con la gente que dicen representar”.
El dirigente aseguró que “hay elementos y herramientas que se pueden utilizar para modificar este proyecto en los términos que proponemos” aludiendo a la gestión que puedan hacer los Senadores Horvath y Walker como representantes de la Región de Aysén.
Preocupación se expresó no sólo por las concesiones eléctricas sino también por las concesiones mineras. Según la información entregada el sábado pasado por La Segunda hay más de 600 mil hectáreas que ya estarían comprometidas para emprendimientos mineros. Esta alarmante situación también fue abordada en el comunicado público de la Coordinadora.
Patricio Segura, periodista miembro de la Coordinadora, expuso que “hay ciertos sectores del país, unas pocas familias, unos pocos grupos económicos que se están apropiando de los recursos hidrobiológicos, se están apropiando del territorio a través de las concesiones eléctricas o mineras y que se están apropiando de los derechos de agua. Particularmente en esta región de Aysén que es la que tiene mayores posibilidades de territorios que no se han entregado a la mercantilización, tenemos la posibilidad de hacer algo”
Verónica Venegas, integrante de la Coordinadora Regional Anti-Represas de Aysén, destacó que “se está trabajando en todas las localidades de la región y tenemos el apoyo masivo de personas que se están informando, haciendo jornadas de educación y trabajando en sus localidades. Finalmente la vocera concluyó: “Estamos seguros que en el momento que sea necesario manifestarse la gente se va a movilizar espontáneamente igual como lo hizo para el 9 de mayo del 2011”.
Ley de Concesiones Eléctricas Vulnera Derechos Ciudadanos y Favorece a los Oligopolios
El Consejo de Defensa de la Patagonia catalogó como una «·pésima señal a los derechos de la ciudadanía y otros sectores productivos” la aprobación en el Senado de la Ley de Concesiones Eléctricas en segundo trámite legislativo.
A pesar de los cuestionamientos de los senadores Alejandro Navarro (MAS), Antonio Horvath (RN), José Antonio Gómez (PRSD), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Quintana (PPD), Guido Girardi (PPD) y Pedro Muñoz (PS), sobre la brutal restricción de garantías ciudadanas que comprende el cuerpo legal, éste pasó a tercer trámite y su articulado deberá revisarse la próxima semana en la Cámara de Diputados.
En tal sentido, la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, insistió en que “esta Ley de Concesiones garantiza mayores derechos a las empresas eléctricas que a los afectados, incluidos pueblos originarios, violando con ello el Convenio 169 OIT suscrito por Chile”.
“La unión de senadores UDI, DC y algunos de RN permitió que la consulta a pueblos indígenas se realice previo a la construcción de obras eléctricas, no previo a la entrega de la concesión como se evitaría vulnerar los derechos indígenas” cuestionó Liberona, recordando que la ley de concesiones vigente es del año 1982, o sea de la época de Pinochet y sin embargo garantiza mayores derechos a las personas que la que acaba de aprobar la alianza DC-UDI.
A pesar del sombrío panorama, ahora serán los Diputados quienes volverán a revisar los artículos críticos vistos en el Senado.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, explicó que la ciudadanía está y estará atenta a la votación de los parlamentarios, y ello incidirá en las preferencias sobre sus representantes en las elecciones de noviembre próximo:
“No da lo mismo elegir entre quienes han defendido los derechos de la gente y el medio ambiente, o entre los que han votado persistentemente apoyando su debilitamiento para dar privilegios a las empresas eléctricas, situando las derechos de proyectos como Hidroaysén por sobre los que establece la Constitución y las leyes afirmó Larraín”.
Con la aprobación en el Senado, se estrecha la posibilidad de modificar el texto legal en temas como los demandados por el CDP, tal como es establecer un plazo definido para las concesiones y que no sean a perpetuidad como en la ley vigente.
Probablemente la próxima semana la Cámara de Diputados deberá revisar nuevamente el texto legal, pero solo sobre los cambios introducidos en el Senado, en relación al acuerdo UDI-DC para asegurar una consulta indígena previa a la entrega de la concesión; que se respete la Convención de Washington sobre flora, fauna y bellezas escénicas, y que se obligue a buscar trazados alternativos para proteger este patrimonio; junto con que las empresas eléctricas no tengan privilegios por sobre la ciudadanía y otros sectores económicos, y que se garantice la igualdad ante la ley de de todas las personas y empresas afectadas.
Finalmente, el CDP lamentó que quienes promovieron el acuerdo parlamentario UDI-DC para tramitar esta Ley, justifiquen su actuar basados en que existe una crisis en el sistema transmisión que afecta a nuestro país, el cual pertenece al sector privado que lucra con ello.
Estos parlamentarios claramente han demostrado su disposición a conculcar derechos ciudadanos para favorecer a las eléctricas, en vez de identificar los problemas puntuales y buscar soluciones a ellos.
Más aun cuando el debate eléctrico ya tiene larga data en el país y hay diversos sectores que han levantado propuestas concretas para dar una discusión de fondo sobre el modelo eléctrico y avanzar en temas como generación distribuida, incorporación de las fuentes renovables, eficiencia y ahorro energético, regulación de las termoeléctricas entre otros, además de diversificación de actores en la matriz eléctrica.
La aprobación de la Ley de Concesiones en el Senado transparenta el actuar parlamentario y pone en evidencia a quienes verdaderamente están defendiendo son los intereses privados de empresas que hoy monopolizan la generación y distribución.
Consejo de Defensa de la Patagonia
