Detención de 11 Mapuches por Caso Luchsinger Despide Fuerte Olor a Montaje

Después de la audiencia de formalización de 11 detenidos por el incendio que provocó la muerte del matrimonio en enero del 2013, la abogada de José Tralcal enumera una serie de antecedentes que podrían complicar al Ministerio Público en esta investigación.
 
“Todo fue una broma”, fue la particular declaración que entregó José Peralino en el Juzgado de Garantía de Temuco, en el contexto de la formalización de él y otras 10 personas por estar presuntamente involucrados en el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay en enero del 2013.

El vuelco en los acontecimientos podría eventualmente significar un revés para el Ministerio Público, ya que su principal prueba o antecedente –el que de paso desencadenó el operativo que terminó con estas 10 detenciones en la madrugada del miércoles– era precisamente la declaración de Peralino.

En entrevista con Radio ADN, Karina Riquelme –abogada defensora de José Tralcal, actualmente en prisión preventiva como todos los investigados por el crimen (excepto Peralino)– hace un recuento de los antecedentes que debilitan, a su juicio, la teoría del caso que presentó la Fiscalía de la Araucanía.

Primero que todo, la declaración de José Peralino, según Riquelme, habría sido obtenida “vulnerando garantías fundamentales de la persona”. Incluso, éste habría declarado en noviembre del 2013 y no en  octubre del 2015, como lo presentó el ente persecutor.

Además, Peralino habría sufrido acoso por parte de un funcionario de la PDI, el que sólo identificó como “Vilches”:

“Es una persona vulnerable, con séptimo básico, sin recursos, y cuando accede a abogado por primera vez, nos cuenta sobre esos tres años de persecución. Hace unos meses fue al Instituto de Derechos Humanos a contar sobre esta persecución realizada por un funcionario policial”.

Otro antecedente que juega a favor de los imputados es que la evidencia sería de carácter indiciaria, en circunstancias que el fiscal adjunto jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, habría indicado que contaba con “muchas pruebas”.

La abogada defensora indicó que “seis años atrás mi representado (José Tralcal) fue acusado porque también existían ‘muchas’ pruebas. Ahora existe la declaración de un coimputado, además de la prensa, y el mismo fiscal que promovió estas causas… causas de las cuales ninguna llegó a puerto. En esas causas el mapuche fue absuelto y el Estado resultó condenado en costas (pagar el costo del juicio). Lo mismo sucede hoy en día”.

También fueron mencionados en este proceso una serie de triangulaciones de llamadas telefónicas de los imputados. Esta evidencia no tendría validez para la abogada defensora ya que éstas son entre “gente que se conoce, porque vive junta, porque pertenece a una comunidad, y porque son vecinos. Que se llamen no es un delito”.