La acusación de la fiscalía, contra once mapuches, incriminados con toda la fanfarria mediática como autores del asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay, se vino estrepitosamente al suelo cuando el «testigo estrella, José Peralino Huinca, no sólo se desdijo en el tribunal, sino también acusó presiones de la PDI previas a su declaración extrajudicial que terminó con diez de los inculpados en prisión preventiva. Y las «fuertes pruebas» esgrimidas por la fiscalía, se degradaron a «evidencia Indiciaria», porque no tenían otro fundamento que la declaración de Peralino.
Los rostros tensos de fiscales, querellantes y colaboradores del Ministerio Público evidenciaron cierto relajo solo cuando la jueza de Garantía, Alejandra García Bocaz, dio a conocer su decisión: prisión preventiva para diez de los once formalizados por el incendio y homicidio del matrimonio de Werner Luchsinger y Viviane Mackay, hecho ocurrido la madrugada del cuatro de enero de 2013 en el predio conocido como Granja Lumahue, en la zona rural de la comuna de Vilcún.
Así, José Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Arturo Cordova Tránsito y la machi Francisca Linconao Huircapan fueron llevados hasta la Cárcel de Temuco donde se encontrarán con Celestino Córdova, condenado a 18 años por el mismo hecho.
El último de los detenidos, José Manuel Peralino Huinca, quedó con arresto domiciliario total. Pero no solo la medida cautelar lo diferenciaba del resto. Peralino fue el protagonista principal de la disputa jurídica entre acusadores y defensores.
El sospechoso fue individualizado en la audiencia como la persona que, en teoría, habría roto el denominado “pacto de silencio” y entregó los antecedentes clave que dieron curso a la reactivación de la indagatoria y la detención del grupo.
“Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran”, quedó estampada en su declaración del 23 de octubre pasado ante los fiscales Luis Arroyo y Alberto Schiffelle, quien lo leyó textual hoy en el juzgado temuquense.
El problema para el Ministerio Público se gestó cuando en medio de la audiencia, José Manuel Peralino pidió declarar en el estrado. El “hombre clave” de la Fiscalía se desdijo de sus dichos y acusó presiones, pagos e, incluso, golpes para inculparse y entregar al resto de los detenidos.
“Si tú no hablas vamos a traer a la rastra a Francisca Linconao y a tu polola (…) Si tú no hablas vas a caer preso…”, dijo Peralino en el estrado con relación a las presiones recibidas por parte de dos funcionarios de la PDI identificados por él como Vílchez y Claudio.
Acusó, además, que le entregaron sumas pequeñas de dinero para movilización y comida. También que le hicieron firmar documentos falsos para ocultar a sus cercanos los reales motivos de las citaciones a la PDI.
El testimonio, aparte de contradecir y quitar piso a la versión de la fiscalía, fue usado por los defensores para argumentar en contra del fondo de la indagatoria.
A la salida del tribunal, el abogado defensor del propio Peralino, Pablo Ardouin, calificó como de “baja calidad” las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“Lo único que hay es la declaración de una persona y esta persona posteriormente señala que fue presionado a prestar esta declaración y en ese sentido es lo mismo de siempre por parte de la Policía de Investigaciones. Esto es que lo único que tienen es una prueba de baja calidad de una persona que, al menos, resulta poco veraz y que no tiene ningún tipo de evidencia científica o material que vincule a alguna de las personas con los hechos formalizados”, explicó el profesional, quien representa además a la Machi Francisca Linconao y a Sergio Tralcal Quidel.
Sobre la prisión preventiva otorgada por la jueza, Ardouin sostuvo:
“Nosotros tenemos la posibilidad de recurrir a los tribunales superiores y eso es lo que analizaremos en los siguientes días”.
La PDI decidió, por su parte, no referirse al tema.
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