La palabra mercadocracia es un neologismo creado bajo el neoliberalismo que podríamos definir como: una minoría con hegemonía económica que ejerce el poder de facto sobre todas las instituciones del Estado desnaturalizando la representatividad democrática de las mayorías.
El neoliberalismo, en pocas palabras, es el mercado desregulado que minimiza al estado hasta convertirlo en una institución desfinanciada con, en rigor, una sola finalidad: resguardar los intereses corporativos del mercado desregulado. El neoliberalismo privatiza los servicios estatales -educación, salud, pensiones, etc.- maximizando el mercado desregulado hasta convertirlo en el Poder, con mayúscula, que termina controlando la actividad económica, política y social, restringiendo la democracia liberal hasta ser reemplazada por una mercadocracia de facto.
La desnaturalización de la representatividad democrática por la mercadocracia ha sido tan corrosiva como letal para los derechos sociales y económicos más esenciales de la ciudadanía. El estado, la institución esencial de la democracia liberal, gestiona el bien común garantizando la calidad y la universalización en salud, educación y pensiones; derechos ciudadanos elementales, pero que la mercadocracia ha sido incapaz de garantizar.
El colapso de estos derechos, columna vertebral de la democracia liberal que nace con la Ilustración, ha erosionado el estado democrático, impidiéndole distribuir los derechos garantizados, por la desfinanciación endémica al que lo somete la mercadocracia, y, con esto, ha arrojado a la democracia a una crisis sistémica de credibilidad y legitimidad crónica. Lo que está en juego, en última instancia, es la tradición del pensamiento liberal ilustrado: la democracia, la igualdad y la fraternidad, que ha sido el vivero del progresismo democrático durante los dos últimos siglos.
Por otra parte, el crecimiento permanente de la economía para provocar automáticamente, según la mercadocracia, el “chorreo” de la riqueza a las capas bajas, no es real; sí se produce por la implementación de políticas públicas de equidad gestionadas desde la esfera pública de la política, o sea, desde el estado.
El caso chileno es muy ilustrativo: de 45% de pobreza en los 10 años de neoliberalismo ortodoxo en dictadura a 14% en 25 años de postdictadura. Lo que sin duda sí ha producido la mercadocracia, es una acumulación de riqueza sin precedentes en pocos conglomerados económicos, creando una desigualdad de dimensiones inéditas en detrimento de las grandes mayorías.
Así pues, los resultados generales de este sistema no son alentadores, aunque la realidad no es nunca tan simple y esto hay que matizarlo. Porque, si estamos hablando de repartición de la riqueza, es porque el neoliberalismo la ha producido en un volumen sin parangón y en tan poco tiempo. No obstante, la mercadocracia de facto del neoliberalismo, ha creado una desigualdad social inimaginable que se ha convertido en un tiro en el pie a su propio sistema.
En efecto, según un estudio presentado el 15 de junio de 2015 por el Fondo Monetario Mundial (FMI), el 1% de la población más rica del planeta concentra el 50% de la riqueza global; y, advierte, en concordancia con la OCDE, que la desigualdad social, la cesantía y el bajo poder sindical, aumentan la desigualdad, la que atrofia el crecimiento económico; y, por último, alertan de que la brecha entre ricos y pobres lastra el PIB mundial (y local).
El caso chileno confirma la alarma del FMI y de la OCDE: el 1,11% más rico se lleva el 57,7% del ingreso total del país, mientras el 98,8% de la población recibe sólo el 42,3% (R. López, E. Figueroa, P. Gutiérrez, La ‘parte del león’ …, Universidad de Chile. Chile, 2013). Esta desigualdad, a nivel mundial y local, ha producido bolsas de “pobreza dura”, que son los cesantes sin ingreso alguno; y de “pobreza relativa”, que son los que teniendo trabajo viven por debajo o al borde del umbral de la pobreza (A. Sanfuentes, Debates acerca de la pobreza “dura”. CES. Chile, 2004).
Para corregir esta desigualdad insostenible, los ciudadanos exigen no sólo la gobernanza global de una democracia participativa, sino también alcanzar una relación simétrica entre mercado-esfera privada y estado-esfera pública, y el control político-normativo del mercado desregulado que ponga fin a la mercadocracia de facto.
La reforma laboral que propone la Administración Bachelet, otorga a la negociación colectiva, administrada por los sindicatos, el rol esencial para mejoras salariales, acogiendo la recomendación del FMI y de la OCDE para potenciar el sindicalismo y así minimizar la desigualdad y mejorar el desarrollo económico.
En Chile, el 70% de la población vive bordeando la pobreza relativa por recibir un sueldo por debajo de 426.000 pesos/mes (G.Rurán y M. Kremerman, Los verdaderos sueldos de Chile. Fundación Sol. Chile, 2015).
Sin embargo, la derecha neoliberal chilena y su aliada histórica, la cúpula empresarial, está obstruyendo sistemáticamente el debate (de todo el paquete de reformas estructurales) con una campaña del terror en toda regla.
Si las crisis tienen un componente positivo, toda vez que ofrecen una oportunidad para una reformulación de la democracia, la devastadora crisis de credibilidad y legitimidad que padece Chile en este momento, por una mercadocracia larvada heredada de la dictadura, es una gran oportunidad.
La inclusión en la Administración Bachelet de una quinta reforma estructural –junto a la tributaria, educacional, laboral y constitucional– la Agenda por la Probidad que, entre otros ítemes, propone el financiamiento estatal de la política y el fin de la empresarial, apunta, sin duda, a transparentar y equilibrar la relación entre la esfera privada y pública, poniendo el marco legal para sancionar el modus operandi bajo la mercadocracia: la corrupción sistémica y sintomática empresarial y política.
Las otras cuatro reformas estructurales, aumentan la democratización del sistema tributario, educacional, los derechos laborales y la institucionalidad –con el diseño de una nueva Constitución–; reformas estratégicas que cambian parámetros excluyentes del sistema neoliberal chileno, ya insostenibles por lastrar el desarrollo económico y fecundar una explosión social. La plasmación de estas reformas mejorará la distribución de la riqueza y del poder, abriendo otro ciclo político, social y económico con más cohesión y justicia social que garantizan la paz social.
Pero para alcanzar ese nuevo ciclo, en Chile y en el mundo, habrá que parafrasear la máxima del máximo gurú del neoliberalismo mercadocrático, Ronald Reagan: “El estado no es la solución, sino el problema”, por: El mercado (desregulado y su mercadocracia) no es la solución, sino el problema.
(*) Licenciado en Ciencias Sociales y Master en Género y Cultura en América Latina y Periodismo científico por la Universidad de Estocolmo.Columnista estable de Crítica.cl en temas de política. Ha publicado tres libros de poesía, además de dos trabajos de literatura científica (Antropología Social y de Género).
Fuente: El Quinto Poder
