Mientras la Presidenta Michelle Bachelet firmó este lunes, en un acto realizado en el Salón Montt-Varas del Palacio de La Moneda, un proyecto de ley que busca fortalecer el sistema de defensa de la libre competencia y que repone las penas de cárcel para el delito de colusión, se anunció que el Gobierno impulsará una reforma constitucional para que aquellos parlamentarios que incurran en ilegalidades pierdan su escaño en el Congreso.
La iniciativa, explicó la Mandataria, busca «promover la libre competencia a través de una institucionalidad mejor y más transparente», elevar el estándar a niveles de los países OCDE, evitar malas prácticas, regular las fusiones de las empresas, dar mayor certeza jurídica en el ámbito de los negocios y elevar la protección de los derechos de los consumidores.
«Con este proyecto de ley que estamos enviando al Parlamento queremos poner fin a los casos de colusión, como los que hemos conocido en el caso de las farmacias y de los pollos», explicó la Mandataria.
«La colusión es un hecho inaceptable bajo todo punto de vista: es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás y esto quede sin penas de cárcel efectivas, porque con la colusión y otras malas prácticas no sólo se daña la economía del país, sino también se perjudica directamente el bolsillo de las familias chilenas y eso, sin duda, es muy grave», añadió Bachelet.
El proyecto -que ingresará a la Cámara Baja para su discusión en la Comisión de Economía- establece penas de entre cinco y 10 años de cárcel para quienes incurran en este delito.
La ley chilena contempló penas privativas de libertad para la colusión hasta el año 2003, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, cuando entró en vigencia la ley que creo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En dicho cuerpo legal, se eliminó esa figura penal, siendo reemplazada por otra que aumentó multas y estableció la responsabilidad civil solidaria de los directores, gerentes o administradores de las empresas que ejecutaban dichos atentados, junto a una figura de delación compensada.
Encabezaron el acto de esta mañana, junto con Bachelet, los ministros de Hacienda, Alberto Arenas; Economía, Luis Felipe Céspedes; y Justicia, José Antonio Gómez.
«Un crecimiento inclusivo necesita de transparencia y competencia en los mercados», afirmó Arenas, quien subrayó que en «un país serio» como Chile debe haber sanciones para las «malas prácticas».
La iniciativa considera penas de hasta 10 años para la colusión, también un aumento considerable en las sanciones económicas para quienes sancionen la libre competencia con multas máximas que podrían llegar al 30 por ciento de las ventas correspondientes al periodo durante el cual la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido por esta infracción.
También habrá sanciones para aquellos que traten de entorpecer las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica y se pretende regular de mejor manera las funciones.
A la firma del proyecto asistieron también parlamentarios, dirigentes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, y el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca.
Crece consenso por reforma para destituir autoridades que no cumplan con la ley
El gobierno chileno impulsará una reforma constitucional para que aquellos parlamentarios que incurran en ilegalidades pierdan su escaño en el Congreso, dijo el ministro vocero Álvaro Elizalde.
Cabe recordar que actualmente no existen causales legales en Chile que permitan la destitución de senadores ni diputados.
La autoridad indicó que se pretende implementar que «los representantes de los ciudadanos electos democráticamente que no cumplan con la normativa, pierdan su cargo como una forma de establecer una sanción que sea drástica respecto de este tipo de conductas para evitar que se vuelvan a repetir en el futuro», señaló Álvaro Elizalde.
De este modo se acogen las peticiones realizadas por sectores parlamentarios que solicitaban esta medida desde hace tiempo, iniciativa que reflotó esta semana con la visita de un grupo transversal de parlamentarios a La Moneda, donde entregaron a Michelle Bachelet una propuesta que incluye la destitución de autoridades tras episodios de corrupción.
Fortalecimiento del Servel
Mientras se espera que la Fiscalía Nacional cite a declarar a los políticos mencionados en el caso Penta, paralelamente trabaja un consejo especial asesor que en 45 días debe proponer nuevas normas y medidas que eleven los estándares éticos de la actividad empresarial y la política.
El ministro Elizalde informó también que antes de un mes se enviará una reforma al Congreso Nacional que fortalezca las atribuciones del Servicio Electoral.
«De aquí al 15 de abril se va a presentar el proyecto de ley que fortalece al Servicio Electoral, sus facultades fiscalizadoras, las herramientas que tiene no sólo para fiscalizar las elecciones, sino que también a los partidos políticos», afirmó.
Además recordó que ya se está discutiendo un proyecto de ley que hace más restrictivas las normas de financiación de las campañas políticas.
Actualmente la legislación chilena permite en la actualidad el aporte reservado de recursos de las empresas para el financiamiento de campañas.
