Actuando como abogado integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, el ex Ministro de Educación de la dictadura, Alfredo Prieto Bafalluy, votó por la aprobación de una modificación a proyecto inmobiliario de Vitacura, que permite la construcción de un edificio de altura, en contravención flagrante al artículo 27 del Plan regulador Comunal. El detalle consiste en que en su actividad privada, Prieto Bafalluy trabaja en un estudio jurídico que se dedica a brindar asesorías en el sector inmobiliario. La Fundación Defendamos la Ciudad confirmó la denuncia y solicitó una entrevista con el Nuevo Presidente de la Corte Suprema, para entregarle los antecedentes.
En su resolución, la 3ª Sala revocó en una sentencia unánime de la Corte de Apelaciones, que involucra al exministro de Educación de Pinochet Alfredo Prieto.
La denuncia apunta a que el fallo dividido de la Corte Suprema dejó sin efecto el artículo 27º del Plan Regulador de Vitacura sólo para favorecer a una inmobiliaria. Coincidentemente, Alfredo Prieto, que actúa como abogado integrante de la 3ª Sala, en su actividad privada se relaciona con el sector inmobiliario.
La página de la oficina de abogados de Alfredo Prieto, deja en evidencia su actual relación con el sector, pues se indica que su grupo se dedica a la asesoría inmobiliaria.
«No corresponde que un señor Alfredo Prieto, quien en sus actividades privadas se dedica al negocio inmobiliario, sea integrante de la Corte Suprema. Siendo que tenía la obligación de haberse inhabilitado, porque no podía integrar una sala que está viendo un conflicto entre privados, por un problema del sector inmobiliario. Entonces, en ese sentido nosotros le vamos a pedir una entrevista a Sergio Muñoz, nuevo presidente de la Corte; le vamos a llevar el fallo y antecedentes, porque no debieran volver a pasar estas situaciones», señaló a Cambio21 el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman.
Agregó:
«Los ministros integrantes, es una figura que necesariamente la institucionalidad chilena va a tener que revisar, porque son personas que se dedican al legítimo lucro en la actividad privada, pero que tienen que tener mucho cuidado para integrar sala donde se den situaciones de conflictos en sectores donde ellos se desenvuelven. Alfredo Prieto, que fue ministro de Educación de la dictadura, no se inhabilitó y falló a favor de un negocio inmobiliario: absolutamente ilegal».
Gato encerrado
Las normas de suelo y edificación, corresponden a cada uno de los municipios, porque son autónomas, y en este caso particular la municipalidad de Vitacura, estableció con meridiana claridad -incluso en un articulo 27 del Plan Regulador Comunal- que sobre las calles angostas no pueden construirse edificios que tengan más de 16 estacionamientos, para evitar colapsos.
Añade Herman:
«Este permiso contempla más de noventa estacionamientos y la comuna lo rechazo, pero el titular del proyecto fue a lloriquear al ministerio de la Vivienda, que es una especie de comparsa de los grupos de poder, y se instruye a la directora de obra para que otorgue el permiso. Pero los Seremis no tienen atribuciones para vulnerar los estamentos de planificación urbana de las distintas comunas, solo pueden interpretar y vigilar que se cumplan las normas. Pero en este caso particular, los privados fueron a pedir ayuda -esto es grotesco- al Consejo de Defensa del Estado, el cual también alegó en a favor del negocio inmobiliario y no le corresponde.
Entonces, estamos frente a una comedia de equivocaciones y malos comportamientos públicos. Una vez más queda al descubierto cómo los poderes del Estado se involucran con los privados, en son de buscar acuerdos y beneficios personales. Asimismo, vemos cómo nuevamente una figura ligada al pinochetismo se ve implicada en temas de corrupción y fraudes.
Esto es absolutamente trucho y estamos muy molestos. Las responsabilidades son compartidas. Primero que todo el Consejo de Defensa del Estado no se debió haber prestado para alegar a favor de un actor privado, no le corresponde. Segundo, el ministro pinochetista debió haberse inhabilitado por su conflicto de interés evidente».
Declaración de Defendamos la Ciudad
La Fundación Defendamos la Ciudad en conocimiento del fallo dividido (3 por 2) de fecha 16/12/13 emitido por la 3ª Sala de la Corte Suprema en rol Nº 8358-2013 que revocó la sentencia unánime anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago, expresa su más absoluta contrariedad pues una mera instrucción del Seremi de Vivienda y Urbanismo no puede modificar una norma legal establecida en un instrumento local de planificación urbana.
Por otro lado, por existir un conflicto de interés, el abogado integrante Alfredo Prieto ex ministro de Pinochet, tenía la obligación de inhabilitarse lo que no hizo y votó a favor de la constructora Fortaleza S.A.
Patricio Herman señaló al respecto :
“El artículo 27º del PRC de Vitacura, instrumento aprobado en su oportunidad por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, con toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial, establece que no se pueden construir edificios que cuenten con más de 15 estacionamientos sobre calles angostas, lo cual es de toda lógica para evitar las saturaciones en los flujos vehiculares.
La constructora Fortaleza S.A. presentó en la Dirección de Obras de dicha municipalidad una solicitud para construir un edificio sobre la angosta calle El Retiro que proyecta más de 90 estacionamientos, ante lo cual la Directora de Obras, como era su deber, rechazó esa pretensión.
El titular de la empresa recurrió ante el Seremi de Vivienda Urbanismo pidiéndole ayuda para poder hacer su negocio y ese funcionario público, invocando presuntas disposiciones de mayor rango, pero ajenas a la materia de fondo, instruyó a la funcionaria municipal en orden a que otorgara el permiso, lo cual es improcedente porque la función central no puede, con un simple oficio, modificar un Plan Regulador Comunal que resguarda los derechos de sus vecinos.
La Corte Suprema, influida por habilidosos dichos de la constructora en los alegatos, validó el mal proceder del mencionado Seremi, revocando el fallo anterior unánime de la Corte de Apelaciones.
Por lo anterio hemos entregado en la oficina de partes de la Corte Suprema, copia del aludido fallo y copia de la página web del abogado integrante Alfredo Prieto, en donde se aprecia que en sus actividades privadas se desenvuelve en el ámbito inmobiliario, y le hemos solicitado a su presidente una entrevista con la intención de darle a conocer los vicios cometidos en la sentencia”.
