Frente al escándalo del caso Penta, las organizaciones sociales, las pymes, los pueblos originarios y los 30.000 pequeños pescadores, organizados en el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), se preguntan sobre las denuncias de la acción corruptora del Grupo Angelini durante la tramitación express de la nueva ley de pesca que privatizó de manera gratuita y a perpetuidad los peces del mar chileno.
Esta ley, denominada ley Longueira –por su principal impulsor y operador político- entregó certeza jurídica y excluyentes derechos de propiedad del “cartel” de la pesca, formado por siete clanes familiar-empresariales liderado por el Grupo Angelini, lo que les permite tener el goce monopólico de las rentas pesqueras del país, estimadas a esa fecha en 74 millones de dólares anuales.
Se ha vulnerado así el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, dada la asignación exclusiva de derechos de acceso y propiedad a las valiosas pesquerías industriales a siete familias, que son los principales responsables del actual colapso y sobreexplotación que afectan a los recursos marinos de la nación.
La Ley Longueira eliminó al Estado en su rol histórico como único asignador de derechos de propiedad, acceso y uso de las pesquerías del país, transfiriendo este papel al mercado mediante el Sistema de Cuotas Individuales de Pesca, las que pueden ser vendidas, compradas, arrendadas, colocadas como garantías, e incluso heredadas.
Hoy se sabe que Pablo Longueira también fue unos de los grandes beneficiarios del dinero y prácticas ilegales del grupo Penta, lo que confirma la existencia de redes corporativas para el financiamiento encubierto a políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, a cambio de intervenir en las decisiones del Estado, influir en las agendas de los partidos políticos e imponer en el parlamento leyes funcionales a sus intereses.
Vicios de la Ley Longueira
Longueira impuso un férreo control y presión política para acelerar la tramitación parlamentaria e impuso en septiembre de 2011 una inédita “mesa de negociación” entre los grandes empresarios pesqueros industriales y las dirigencias de las confederaciones de pescadores artesanales Conapach y Confepach.
En ella se acordó traspasar parte de las cuotas de algunas pesquerías industriales (por 34 millones de dólares anuales) hacia los armadores, propietarios de las embarcaciones artesanales, a cambio del apoyo político de Conapach y Confepach al proyecto de privatización pesquera.
Este acuerdo provocó el quiebre de la Conapach y la creación del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), que representa a 30.000 pescadores de pequeña escala opuestos a la Ley Longueira.
La tramitación parlamentaria de la Ley Longueira violó los derechos de los pueblos originarios, al negarse la comisión de pesca a realizar la consulta a los pueblos mapuche, kaweskar y rapa nui, contraviniendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los derechos de los pueblos originarios de Naciones Unidas.
Tampoco fueron reconocidos los usos ancestrales de los recursos hidrobiológicos y del territorio marino-costero por parte de los pueblos originarios, despojando a los pueblos indígenas de sus derechos de acceso y uso a las pesquerías
Lo más grave fueron graves conflictos de interés, al participar en las discusiones y votaciones diputados y senadores con intereses económicos en empresas pesqueras y de comercialización. Entre ellos, el senador Carlos Larraín, entonces presidente de Renovación Nacional, el senador Jovino Novoa y el diputado Alejandro García-Huidobro, quienes violaron la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el reglamento del Senado.
Además, las organizaciones ciudadanas y de la pesca artesanal denunciaron la participación de los gerentes de los principales conglomerados pesqueros industriales en las negociaciones parlamentarias claves, bajo el disfraz de “asesores” de diversos parlamentarios.
La Ley Longueira es una de las mayores expropiaciones de bienes nacionales de uso público del período post-dictatorial, siendo el grupo Angelini su principal beneficiado, que a través de sus compañías pesqueras Corpesca, Orizon y South Pacific Korp, controla el 90% de las cuotas de pesca de la zona norte del país, y el 25% de la cuota global de las pesquerías pelágicas industriales chilenas, lo cual los transforma en el segundo productor mundial de harina de pescado.
En mayo de 2013 quedó en evidencia el financiamiento encubierto de las grandes empresas pesqueras a parlamentarios y partidos políticos Giorgio Carrillo, ex- asesor de la diputada por Iquique Marta Isasi, reveló haber recibido 25 millones de pesos durante la etapa previa a las votaciones sobre este proyecto de ley, pagados con boletas de terceros, por falsas asesorías pesqueras realizadas por la diputada Isasi a la empresa Corpesca.
El reconocimiento público del soborno del Grupo Angelini a la parlamentaria causó la renuncia de Francisco Mujica a la gerencia general de Corpesca, luego de 14 años como hombre de confianza de la familia Angelini, y la presentación de una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado contra la diputada Isasi, su ex asesor Giorgio Carrillo y el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por los delitos de cohecho agravado y soborno.
Las organizaciones de la pesca artesanal, pueblos originarios, pymes y ciudadanos, denuncian que la expropiatoria Ley Longueira presenta graves vicios de procedimiento y fue elaborada por parlamentarios que carecían de independencia frente a los intereses del gran empresariado pesquero industrial.
Por ello exigen su revisión, junto a una exhaustiva investigación de los tribunales sobre la denominada “bancada pesquera”, integrada por parlamentario como el diputado Patricio Melero, quien a pesar de representar un distrito de la Región Metropolitana, que no tiene mar, ha sido durante décadas miembro de la comisión de pesca y se ha caracterizado por votar históricamente en favor de los intereses económicos del “cartel” pesquero industrial. Otro parlamentario, largos años miembro de la misma comisión, es el diputado Jorge Ulloa, que posee una estrecha cercanía con los intereses de las grandes empresas productoras de harina de pescado de la región del Bío-Bío.
Hoy, los afectados exigen revisar la nueva Ley de Pesca y creen que los casos Penta, Soquimich y Angelini son la “punta del iceberg” de la corrupción corporativa en Chile.
Si todos estos escándalos político financieros no son investigados a fondo y no reciben sanciones ejemplarizadoras, los ciudadanos tendrán el pleno derecho a realizar acciones de desobediencia civil, como forma de rechazo a una ley corrupta e injusta. /
(*) Médico veterinario, director del Centro Ecocéanos
Fuente: Claves Magazine
