Terminar definitivamente con el lucro y restituir el derecho público a la educación, tal como lo exige la inmensa mayoría de los chilenos, no es solamente un imperativo ético básico de una sociedad democrática, sino una condición indispensable para
instaurar una educación pública de calidad, gratuita e igual para todos. Así resumió el contenido de su último libro “Con fines de lucro”, la periodista y académica María Olivia Monckeberg, quien señaló: “Los cambios hay que hacerlos de la mano con los
estudiantes”.
Rigurosa, punzante, develadora. Son cualidades que se podrían atribuir a María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, autora de la titánica investigación plasmada en el libro “Con fines de lucro. La escandalosa historia de las universidades privadas en Chile”, editado por Debate en noviembre pasado. En la obra la destacada periodista y académica de la Universidad de Chile sigue escarbando en el descarado negocio de las universidades privadas, que los estudiantes denunciaron en 2011 como causa fundamental de la mala calidad educacional en el país y de la precaria situación de los establecimientos estatales.
El texto, a través de sus más de 600 páginas de extensión, narra, desclasifica, detalla y relaciona, muy acuciosamente, el devenir de la educación superior en nuestro país en los últimos 30 años, desde que en 1981 Miguel Kast y otros personajes de la dictadura de Pinochet instauraran el actual modelo educacional, basado en el libre mercado y en la privatización, en desmedro del rol social de las universidades públicas, como una forma de expandir y asegurar la permanencia de la ideología capitalista que impusieron mediante las armas en los ámbitos económicos, políticos y culturales.
Fueron los cimientos de un sistema que sólo vino a resquebrajarse en 2011, cuando, como se relata en el libro, por una serie de circunstancias sociales, políticas, individuales e incluso azarosas, un poderoso movimiento estudiantil, avalado por la inmensa mayoría de los chilenos y liderado por carismáticos lideres -algunos de los cuales en marzo llegarán al parlamento- fue capaz de poner en jaque los poderosos intereses privados que durante toda la transición habían logrado mantener el status quo, perpetuando su concepción de la educación como un bien de consumo, que se transa en el mercado por sobre su verdadera calidad de derecho social.
Si bien en 2006 los “pingüinos” ya habían avanzado en ese sentido, la convicción que el movimiento estudiantil demostró durante 2011, apoyado por profesores, padres, apoderados y trabajadores, hizo que la sociedad en su conjunto debatiera sus planteamientos, logrando una mayoritaria adhesión a sus posturas.
Conceptos como bien social, gratuidad y lucro dejaron de estar vetados, y empezaron a ser comprendidos mayoritariamente por la ciudadanía, que tristemente veía como el sueño de que sus hijos accedieran a una profesión les implicaba onerosas deudas que no podían sobrellevar, por los elevados aranceles que iban a parar a manos de sociedades privadas que incluso se embolsan dineros estatales mediante el fatídico Crédito con Aval del Estado (CAE), todo a cambio de una instrucción de muy dudosa calidad.
A esos jóvenes anónimos que participaron activamente de esa lucha, además de a sus nietos, la autora dedica el libro: “A los estudiantes de Chile y a quienes comparten sus anhelos de cambio”. Contra lo que podría pensarse, “Con fines de lucro” es una narración amena, que relata sabrosamente como se fue cocinando ese escandaloso negocio –cuyos tentáculos abarcan a connotados personajes públicos de diversas áreas de la vida pública nacional-, hoy puesto en tela de juicio no sólo por los estudiantes, sino también por tribunales, mediante dos causas abiertas en la fiscalía oriente.
Esa era en parte su intención -llegar a todo tipo de lectores- ratifica María Olivia en su oficina del Instituto de la Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile –del cual es directora- un medio día de fines de diciembre, donde recibió a El Siglo para conversar en profundidad sobre su investigación, la actualidad del movimiento estudiantil y las esperanzas de transformaciones estructurales que se abren con el próximo gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría.
Balance de las movilizaciones
Ya pasados más de dos años desde la explosión del movimiento estudiantil de 2011, han surgido algunas voces críticas que ponen el acento en los supuestos escasos logros alcanzados por las movilizaciones. Una rebaja de un 6 a un 2% en el interés del CAE -que el gobierno de Piñera se vio obligado a anunciar- y un proyecto de superintendencia que el movimiento rechazó de plano ya que encubre una validación del lucro, sería, según estas voces escépticas, lo que en concreto se podría contabilizar como ganancia. Monckeberg explícitamente rechaza tal visión.
-¿Qué balance hace de los logros del movimiento en 2011?
“Yo creo que el avance de los estudiantes es notorio y notable porque lo que ocurrió a partir de abril de 2011 es absolutamente inédito, en todo lo que había sido la transición a la democracia, e incluso, por la profundidad de las demandas, uno podría decir que más atrás también. Yo siempre les digo a los estudiantes, a ex dirigentes, ´aquí ha habido tremendos avances. De partida, es el país el que cambió, despertaron algo en la sociedad. Este Chile, con una Michelle Bachelet con su propuesta de cambios profundos, de una reforma tributaria para financiarlos, de fin al lucro, con propuestas que implican avanzar hacia cambios constitucionales, era impensable antes de 2011.
Nadie hablaba de gratuidad y fin al lucro. Si recordamos un poco, ya en la rebelión de los ´pingüinos` de 2006 apareció esa demanda, pero en las discusiones y en el acuerdo de 2008 no hubo una posición tan frontal. Es el movimiento de 2011 el que generó lo que yo llamo tomar conciencia de una sociedad, que es lo que se reflejaba en las encuestas, con la abrumadora mayoría de la población apoyando las demandas estudiantiles. Hoy hay mucha mayor organización en el movimiento estudiantil y un sentido de que los estudiantes son protagonistas, de que hay que escucharlos. No ha habido otro actor social ni político que haya tenido tanto sentido de captar por dónde deben ir los cambios; ni encarnado esa demanda de no al lucro.
Yo creo que la derrota de la UDI en las últimas elecciones parlamentarias, y sobre todo en la presidencial, abre más la posibilidad de cambios al modelo educacional instaurado en dictadura, porque estas cosas no son de un día para otro. Ojalá, en lo que viene se mantenga cierta unidad entre los estudiantes, eso es clave para sus intereses.
También, es muy interesante que los ex dirigentes estudiantiles hayan llegado al parlamento (Nota de la Redacción: Camila Vallejo, Karol Cariola, Giorgio Jackson y Gabriel Boric). Estoy muy contenta, muy esperanzada por lo que esta bancada pueda hacer”.
-¿Por qué cree que fue esta generación la que cuestionó exitosamente el modelo educacional de la dictadura: fue fundamental la calidad de sus líderes?
“Yo creo que la movilización respondió a muchos factores. Primero, los hechos objetivos. Los problemas que afronta la educación superior en Chile eran y son gravísimos. En algún momento esta situación tan caótica tenía que reventar.
El endeudamiento de las familias, el lucro escandaloso, la mala calidad de la educación, eran insostenibles, sobre todo en las universidades privadas post 81, ahora muchas de ellas están investigadas por lucro y hemos visto en el último tiempo la incursión de grupos económicos, de fondos de inversión, aumentos de matricula descomunales.
Después, esos estudiantes que en 2006 habían sido ´pingüinos` tenían esa inquietud, esa desconfianza, estaban mejor preparados. Después de 2006 se notan más discusiones, más convocatorias en las asambleas. Ese año eran casi solamente los dirigentes universitarios que respaldaban a los ´pingüinos`, y luego, en 2008 y 2009 hay atisbos, pero el despertar, el estallido se produce en 2011.
En el libro relato cómo en la Universidad Central, en otra situación extrema, se genera una operación en que el gerente de la junta directiva, Ernesto Livacic Rojas, anuncia una “alianza estratégica” con la empresa Norte Sur, que tenía como presidente a Vicente Caruz, para tomar el control de esa universidad. Si bien no era del Estado, pasa algo bien curioso: había nacido muy ligada a la masonería, con un espíritu más social, con estatutos más cercanos a la Chile. Este señor Livacic, que presidía la universidad, lo que hace es inscribir una nueva sociedad y empieza a vender acciones a los académicos, a los funcionarios, a los administrativos, y se produce una situación sorprendente que establece sociedades como Académicos S.A., Ciencias Sociales S.A., Arquitectura S.A., una cosa muy loca. Y ahí surgen un grupo de estudiantes encabezados por Daniela López, que empiezan a hurgar en los documentos, a investigar.
Esa es una característica que tuvo el movimiento de 2011 que se mantiene hasta hoy, no se queda en la consigna, lo que me parece muy interesante porque surgen dirigentes más preparados, trabajando en equipo. Entonces, ellos lograron despertar a los académicos y finalmente consiguen detener la venta”.
-¿Por qué cree que muchos políticos no fueron capaces de prever que esto reventaría, fue por inoperancia o por defender sus intereses?
“Acá hay personas con responsabilidades en distintos ámbitos y una responsabilidad del Estado. Cuando digo Estado, estamos hablando del parlamento, del Ejecutivo. Hay una situación que tiene que ver con el sistema heredado, con la falta de posibilidades reales, con las camisas de fuerza institucionales. La democracia era limitada, los quórums, el sistema binominal, las funciones del Mineduc, la falta de superintendencia que fiscalice. Es decir, el rol fiscalizador y regularizador del Estado ha estado ausente. A eso, sumemos que en varios momentos hubo una cierta concepción de que el sistema estaba funcionando bien, o relativamente bien.
Por otro lado, ha habido legislaciones que han originado entidades muy controversiales. Es el caso de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que de tantos ajustes que se le hicieron perdió el sentido original y llegó a ser un engendro, con una Comisión Nacional de Acreditación (CNA) con muchos representantes del sector privado, lo que es absurdo, porque son las mismas entidades que están representadas. A eso agrega a Eugenio Díaz Corvalán, un personaje muy raro, que sus contactos no eran sólo del mundo de las universidades, presidia la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, estuvo en el directorio de la Corporación Colo-Colo, incluso llegó a ser integrante del directorio del Instituto de Derechos Humanos.
Él se sentía con el galardón de haber sido opositor a la dictadura y haber estado preso. Entonces, todo lo planteaba según quien fuera su interlocutor, pero al investigar lo que fue construyendo, tanto a partir de 2007 en que era miembro del CNA, como en 2010 cuando es presidente subrogante en los meses en que estaba acéfala la Comisión, hizo lo que quiso, acreditó a medio mundo, y entre medio hacia todas esas coimas, contactos y otros empleos con las universidades que estaban en proceso de acreditación.
Entonces, son muchas las razones o sinrazones que podrían explicar todo esto”.
La tupida red de la UDI
Así se titula un capítulo del libro, en el cual se da cuenta de la forma en que ese partido, en un primer momento desde su posición de poder en la dictadura y luego durante la transición, fue tejiendo una minuciosa red, en la cual muchos de sus dirigentes actuales -algunos importantes personeros del gobierno de Piñera- comenzaron a formar parte de instituciones educacionales privadas, que apuntaban por un lado a acrecentar su influencia ideológica y defensa del modelo, y por otro, a obtener suculentas ganancias mediante la puesta en práctica del modelo educacional privado.
-¿En qué consiste esa red del gremialismo en la educación superior, quiénes participan y a qué universidades abarca?
“Desde la derecha no me cabe duda que no hay ningún ánimo de cambio, porque es justamente esa gente, básicamente de la UDI, la que diseñó y luego está en algunas de las principales universidades privadas. Si hubiera que resumir la presencia de la red de la UDI hoy, habría que partir por la Universidad del Desarrollo (UDD) -que los estudiantes apodan “Udiversidad- que dentro de las privadas cae en una categoría que yo clasifico de mixta, porque lucra y a la vez influye ideológicamente. Para ellos es importante la carrera de Economía y las escuelas de gobierno, porque garantizan la preservación del modelo neoliberal.
Lo que es muy importante es que sus fundadores y hasta ahora dueños de las sociedades relacionadas, son todos militantes activos de la UDI. La UDD fue creada en febrero de 1990, claramente como un proyecto político de la UDI, y estuvo fundada entre otros por Cristián Larroulet, cuya trayectoria incluye, a partir del retorno de la democracia, además del decanato de Economía de esa universidad, la dirección ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), que es el centro ideológico de la UDI, y durante todo el periodo de Sebastián Piñera ha sido ministro Secretario General de la Presidencia, puesto clave en el gobierno. Antes, había sido jefe de gabinete de Hernán Büchi, el último ministro de Hacienda de Pinochet. De eso uno concluye que eventualmente, porque alguna vez el habló de que tenía en fideicomiso sus bienes, lo veamos volver en la UDD o a otra universidad.
Joaquín Lavín, que también fue uno de los fundadores, salió del Mineduc luego de reconocer que había vendido sus pertenencias de las sociedades ligadas a la UDD. Otros de los fundadores son Federico Valdés Lafontaine, que es el actual rector, y su padre, Alfredo Valdés.
Un caso muy sintomático, ya que hoy día ha adquirido mucha vigencia este personaje, es el hijo de Ernesto Silva Bafalluy, fundador, dueño y durante largo tiempo rector. Él se suicidó en agosto de 2011, y dejó a sus herederos sus bienes, incluida la UDD. Quien representa a esa familia y está en el directorio es Ernesto Silva Méndez, el reelecto diputado de la UDI por el distrito 23 de Barnechea, Las Condes, Vitacura, el único en que dobló la derecha. Se habla que hoy día, en la crisis en que está la UDI, podría ser uno de los nombres importantes, incluso para asumir dirección. Él tiene un fuerte interés creado en el mundo de las universidades, y concretamente en la UDD.
Otros dueños que se incluyeron en el camino, a comienzos de los noventa, es el grupo Penta, que forman Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, un grupo que surgió al amparo de las privatizaciones de la dictadura, y tienen intereses en la banca, en los seguros, en el área médica. Partieron como dueños de los terrenos donde está la gran sede de la UDD en Santiago, en San Carlos de Apoquindo, y luego participan en todas sus sociedades.
Y nada menos que Hernán Büchi, ex ministro de Pinochet, ex candidato presidencial de la derecha en 1989, es uno de los gurués económicos de la derecha, del modelo neoliberal.
Pese a que no estudió en Chicago, es ingeniero, no economista, fue uno de los promotores de las privatizaciones de las grandes empresas del Estado. Es muy influyente en la gente de derecha sobre todo a través de sus columnas en El Mercurio y La Tercera, clave en la fundación del Instituto LyD, y miembro de la junta directiva de la UDD. También si uno baja a los decanos, jefes, se va a encontrar con personajes como Gonzalo Müller, cientista político casado con María José Hoffman, diputada UDI. Antes hizo clases Ena Von Baer. Te encuentras con muchos, hay una marca UDI”.
-¿Qué otras instituciones privadas tienen vínculos con ese partido?
“En la San Sebastián no hay personajes tan nítidos. Pero ahí pasa algo bien curioso, porque en sus sociedades e inmobiliarias entró gente que estaba en la Andrés Bello, y mantiene intereses en ambas universidades. Ahí hay dos situaciones que llaman la atención: una, el pro rector, que es Luis Cordero Barrera, era hombre de Longueira en lo que se denominaba la UDI Popular.
Él dejó de militar pero probablemente sus ideas son las mismas. Después hay una sociedad que se llama Copra, que está detrás de estas inmobiliarias y de la San Sebastián, fue creada el año 86 y sus fundadores originales, que aparecen en el Diario Oficial, fueron Pablo Longueria, Andrés Chadwick, el actual ministro del Interior, y Andrés Serrano Gutiérrez, que creo que hasta hoy es miembro del tribunal de disciplina de la UDI. Por eso te digo que son de perfil menos conocido. Después pasó un poco de tiempo, y en la sociedad aparecieron sus esposas.
En la Santo Tomás el principal dueño es Juan Hurtado Vicuña, una persona de derecha ligada a la UDI, pero que a la vez es presidente de Entel y del Consorcio Nacional de Seguros, y es accionista de la minera Pucobre, entre otras cosas. Su grupo representa también las inversiones de sus hermanos, y ahí hay un link directo con Renovación Nacional, puesto que también es accionista su hermana, Victoria Hurtado, esposa de Carlos Larraín, presidente de RN. En la Santo Tomás también fue rector durante mucho tiempo y después asesor muy cercano Aníbal Vial Echeverría, que también fue uno de los fundadores del gremialismo”.
-Esas instituciones y otras, como la Universidad de las Américas, la Autónoma, Uniacc, son investigadas por la justicia: ¿podrán comprobar algo los tribunales?
“Lo que está haciendo la fiscalía es muy importante, porque hay un poder del Estado que está mirando con ojos muy críticos, como hemos visto con la CNA. Ya hay por ejemplo informes de la PDI sobre los dineros que estaría desviando al exterior el grupo Laureate.
Entonces, por lo menos yo creo que se va avanzar en corroborar que el lucro existe, que es también un objetivo del libro. No se estaba exigiendo a las universidades entregar los datos financieros, lo que ahora ocurre con toda la presión que ejerció el movimiento estudiantil. Y al analizar, tú te encuentras con que hay préstamos que se hacen a entidades relacionadas, sin interés o reajuste, o sin las condiciones del crédito. Eso ocurrió en la Uniacc y la Universidad San Sebastián. Cuando hablamos de cifras altas, se van sumando y significa que la universidad está traspasando dinero a la inmobiliaria o a otra sociedad relacionada”.
Hacia un nuevo sistema educacional
María Olivia Monckeberg es reacia a extenderse sobre un nuevo sistema que restituya la educación como un bien público, ya que sostiene que su rol como periodista es investigar, no proponer parámetros para establecer un modelo de educación superior que termine con el lucro y entregue educación pública de calidad. Sin embargo, su experiencia en el tema, que además de su última obra incluye los libros “La privatización de las universidades” y “El negocio de las universidades privadas en Chile”, le permite referirse a ciertos criterios básicos para un proceso que el próximo gobierno enfrentará desde marzo.
-¿Qué medidas permitirían avanzar hacia cambios estructurales en educación superior?
“El financiamiento por la demanda crea problemas, y creo que va haber que cambiarlo. Primero que nada hay que ponerle término al lucro, no sólo con fondos estatales, sino en toda la educación superior. Para eso, la fiscalización debe ser un tema central, y debe ser muy minuciosa, porque siempre esta gente va encontrando martingalas. También hay que legislar para establecer los delitos y reglamentos pertinentes. No se ha tomado el toro por las astas en el sentido de cambios legislativos serios, porque hay intereses creados de algunos legisladores. Las cosas ahora han cambiado. No creo que antes haya habido un escenario en el que uno pudiera tener más esperanzas, pero habrá que estar con los ojos muy abiertos, empujando para que eso ocurra. Yo creo que los cambios hay que hacerlos ojalá escuchando a los estudiantes, de la mano con ellos, que no sean antagonistas sino protagonistas.
Se podría crear una superintendencia, pero no el proyecto que actualmente está en el Congreso, que legitima el lucro, sino una superintendencia con más facultades que las actuales, que están concebidas con una lógica empresarial. Es muy importante ese ente fiscalizador. Debe haber reformas al sistema de financiamiento. Para recibir crédito, las universidades privadas tendrían que cumplir con muchos más requisitos que ahora.
Desde luego la acreditación, pero que se supervise con criterios académicos, éticos y financieros. A Patricio Basso, cuando fue secretario ejecutivo de la CNA, le costó el puesto el pedir minutas financieras, y generó gran polémica porque detectó que había lucro en los traspasos que se estaban efectuando en la Corporación Santo Tomás; y Aníbal Vial se cruzó contra Basso por esa situación. Las minutas financieras son sumamente importantes porque ayudan a ver un poco que está pasando, y son muchas las universidades que han tenido problemas en ese sentido.
Entonces, es una tarea bastante ardua, pero para que resulte bien tiene que considerar muchas aristas y no puede ser de a poco, como algunos creen, porque durante mucho tiempo no había apoyo legislativo. Al final solucionaban un problema, o creían solucionarlo, y surgía otro. Fue el caso de la ley de acreditación que fue promulgada junto con el CAE, que probablemente se hizo con buena intención, pero la mezcla entre las dos y la posibilidad de cohecho y de coimas y todo lo que se produjo en la CNA es lo que hizo reventar el sistema, y transformar el CAE en una cosa espantosa, que en el caso de la Universidad del Mar es patético cómo traficaban con el CAE y las ´carteras` de estudiantes. Y eso no pasó sólo en la del Mar, estas universidades empiezan a operar como financieras que reciben estos recursos del Estado”.
-¿Es fundamental fortalecer la educación superior pública?
“Las políticas para el fortalecimiento de la educación pública estatal, a mí me parecen claves, porque han sido demasiadas las décadas con regímenes de autofinanciamiento. Si muchos de los recursos que se destinaron al CAE, se hubieran incluido en el diseño de una política de educación pública que permitiera a las universidades estatales abrir más matriculas, éstas se habrían fortalecido. Entonces, no basta con perseguir el lucro, hay que modificar el sistema, y en eso los criterios de calidad pasan a ser sustanciales.
Hay que hacer reformas profundas, si se quiere realmente llegar a cambios estructurales, porque se trata de un modelo completo, que no es que estuviera mal diseñado: estuvo diseñado para privatizar en la práctica la educación universitaria en Chile. El hecho de que hubieran menoscabado, ya en dictadura los presupuestos de la Universidad de Chile, demuestra eso.
Hoy hay universidades que tienen ese título pero no aportan nada al país. Cualquiera que entiende de verdad el tema educacional y que no tiene una venda en los ojos, sabe y reconoce que hay problemas gigantescos y que hay entidades que no merecen llamarse universidades”.
Fuente: Semanario El Siglo, edición N° 1698
