martes, noviembre 5, 2024
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L@s Niñ@s como Mercancía

Tomando en cuenta lo expuesto tanto por nuestra plataforma como por las denuncias aparecidas en Ciper Chile sobre el real funcionamiento del sistema proteccional de niños y niñas en Chile, me parece imperativo reflexionar acerca de cómo es que este sistema no queda exento de la lógica del sistema mercantil. Antes, me parece preciso hacer una acotación: el desastre que muestra cómo se llevan a cabo las políticas públicas en torno a la infancia denunciado por la “Comisión Jeldres”, lleva a una posible línea reflexiva apresurada y sesgada.

En paralelo a poner la vista sobre cómo es que se llevan a cabo las intervenciones con los niños y niñas que el sistema “protege”, hay que pensar por qué esos niños y niñas caen en dicho sistema. Como ya ha sido puesto sobre la mesa por diferentes escritos, existe el mito de que los niños y niñas que allí se encuentran están en abandono (ver Morales en LaPala). Históricamente se ha impregnado una imagen de que ésta es la causal de ingreso, sin embargo, ésta corresponde al 3,1% durante el año 2012 (ver La Ley de Adopción y sus gravísimas Vulneraciones de Derechos. Un análisis necesario).

La siguiente pregunta entonces es: ¿cómo es posible que un gran número de niños permanezcan años internados en estas instituciones o bien sean declarados susceptibles de ser adoptados?

Si se supone que los lineamientos técnicos derivados de la ratificación que Chile tiene con la Convención Internacional de los Derechos del Niño desde 1990, definen que el derecho a vivir en familia es prioritario, ¿cómo se está trabajando con la familia de origen? Si el foco es la restitución de este derecho, es decir, que los niños y niñas pasen menor tiempo posible en una residencia o una familia de acogida, mientras se trabaja y resuelve su retorno a su familia de origen o su ligazón a una familia adoptiva ¿dónde realmente se están poniendo los esfuerzos?

Si consideramos llamar “esfuerzos” al diseño y ejecución de proyectos de intervención multidisciplinarios, podemos analizarlo desde la lógica mercantil, donde ese esfuerzo se traduce en dinero. Dinero que se traduce en sueldos para quienes en este sistema trabajan. Somos profesionales y técnicos del área social que hemos pasado años por aulas de universidades o institutos que nos han formado en una carrera que tiene por objeto común el trabajo con lo humano, con un otro. Cae sobre nuestras espaldas entonces, una responsabilidad enorme, en tanto nuestro quehacer tiene injerencia directa en el devenir a corto, mediano y largo plazo en la vida de otro: de un niño o niña y su familia.

Como ejemplo, el 19 de julio aparece el siguiente anuncio en una bolsa de trabajo comunitario online:

“Estimados/as:

Junto con saludarles, les informo llamado a concurso para cubrir cargo de profesional de las ciencias sociales para integrase a Programa de Adopción Internacional en la REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO.

La persona debe residir en Santiago, y DEBE EXISTIR DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR TODO EL PAIS.

Requisitos:

-Manejo del Idioma Italiano (REQUISITO INDISPENSABLE)

-Preferentemente Titulo profesional de psicólogo/a, asistente social,

abogado o profesor.

-Preferentemente experiencia laboral en área de protección de derechos o

infancia vulnerada.

-Flexibilidad

-Tolerancia a trabajar bajo presión.

Horario: Flexible

Renta bruta : 400.000 CLP al mes + 1.000.000 CLP para cada proceso de adopción

Para postular, deben enviar:

-Curriculum Vitae

-Copia simple de certificado de titulo

Se realizará entrevista personal en la ciudad de Santiago, en donde se debe acreditar el idioma italiano hablado.”

Como ex usuaria de este tipo de bolsa, he estado resiganada y acostumbrada a ver cómo se valora este tipo de trabajo profesional. Ver que jornadas completas oscilan entre los 400 y 600 mil pesos mensuales -ergo el trabajo con un promedio de 30 casos a cargo-, era algo usual. Pero ver cómo es que en un acto descuidado, pero por lo mismo, genuino, se valora el trabajo relacionado a la adopción a un millón de pesos por proceso de adopción -es decir por cada niño o niña adoptado y su consecuente nueva familia- no me queda más que reafirmar lo que dolorosamente fui descubriendo durante mi ejercicio profesional en este sistema por más de 5 años.

En el sistema proteccional se descuida al niño, se descuida a las familias, se descuida a los profesionales. Se nos insta a trabajar por la restitución de derechos y por la “reparación” del daño. Pero ¿cuál es la raíz de ese daño? El simple lugar donde toca nacer.

Nacer pobre implica venir al mundo a un lugar donde la igualdad es un ideal, donde la vulneración comienza en la prehistoria de cada uno de estos niños y niñas que han de crecer en una familia ya dañada por su historia, ya vulnerada por estar condenada a la sobrevivencia en un mundo de “competencias” de las cuales, por definición, carecen. Familias que son miradas por el lente sesgado de dicha ideología neoliberal, donde se les categoriza en base las lógicas mercantiles como las competencias, las habilidades, las capacidades, perdiendo de vista que dicha condición está determinada por un sistema total y no por la voluntad particular.

Desde aquí, que este lente nos hace muchas veces caer en ver a las familias como las negligentes, como las vulneradoras y culpables; con ello en vista, se llevan a cabo intervenciones que solo vuelven a ratificar esta óptica que los condena en su intento ficticio de “reparación”. Desde aquí se les condena y el trabajo manifiesto y latente tiene por base muchas veces la idea de “sacar” a ese niño de ese lugar.

Volviendo al inicio: si en el sistema proteccional se vulnera a los niños, la línea lógica nos dice que es preciso sacar a los niños de ese lugar. ¿Cómo? Apurando, en vez de la proclamación de una Ley de Protección Integral de Derechos, una Ley de Adopción. ¿Qué hace esta ley de adopción entonces? Desgarra a los niños de sus vínculos de origen para llevarlos a otra familia en otro estrato social que se le supone con ello una mejor vida.

Los niños en los hogares no están abandonados, sino que están siendo intervenidos de modo tal que ese abandono se produce como consecuencia de intervenciones institucionales llevadas a cabo por profesionales que terminan muchas veces por sumarle a esta causal, la idea de una inhabilidad parental de aquéllos que se oponen a entregar a sus hijos en adopción. Si esto se logra, si el niño es declarado susceptible de ser desligado y desafiliado de su familia de origen y enlazado a una familia adoptiva, en muchos casos incluso extranjeras, el profesional a cargo de trabajar desde que este proceso está acabado, puede aspirar a un sueldo como el expuesto en dicho anuncio.

¿Cuál es el costo que se paga por el sistema mixto que también recae sobre el ámbito de la protección?

La mayoría de estos programas funcionan con financiamiento mixto público-privado. Lo público, se traduce en cierta cantidad de presupuesto calculado por caso atendido, sumado a los lineamientos técnicos básicos de intervención. Lo privado, trae el presupuesto complementario, de la mano de la incidencia ideológica a la base de las personas que conforman la cabeza de estas instituciones: directorios compuestos por personas naturales que en un afán “altruista” ponen su dinero y/o capacidad gestionadora de recursos al “servicio” de aquellas temáticas “sensibles” de la humanidad.

Todo entre comillas en tanto estos conceptos se unen como el eje que mantiene en pie la idea del modo de compensar la desigualdad, pero que en la práctica tiene al menos dos consecuencias visibles: en primer lugar, al canalizar parte de los patrimonios personales a causas sociales, se les permite disminuir la taza de impuestos a pagar, ergo, no existe en sí tal aporte directo.

El rico no pierde nada, sino que por arte de magia, el dinero que deben pagar por el lugar social y económico que ocupan en la estructura no cae en un fondo común donde el Estado o mejor, la sociedad civil, define su posterior finalidad, sino que en sus propias manos e intereses, ahí queda definido dónde se pondrá ese dinero. La segunda consecuencia se desprende de la primera: en ese “desembolso” se camufla una ideología y una ética particular, un modo de pensar y de valorar al otro, ya sea en este caso el niño o niña y sus respectivas familias, sumado a quienes trabajan directamente con este objeto. Objeto digo, ya que si bien se trata de sujetos, éste de igual forma cae en el espiral del sistema. Conclusión: el niño como mercancía.

Venta de niños

Le pregunto a mis colegas: ¿quién está dispuesto a ganar dinero por la venta de un niño? Le pregunto a todos: ¿cómo es posible que se le pueda atribuir esta distribución de dinero a un trabajo tan delicado como éste?

Se vuelve a condenar a la pobreza. Se vuelve a retraumatizar. Son los profesionales los que vuelven a abandonar. Los bajos sueldos en este sistema de protección, terminan por pagar trabajos de profesionales cargados con todas estas dramáticas historias, donde siempre, siempre el dolor existe, en los niños y en las familias.

Dolores que se hacen insoportables y que provocan renuncias, cuya consecuencia cae directamente sobre las personas con quienes trabaja, generando procesos discontinuos y/o acotados en el tiempo. El sistema de protección chileno carece de una ética que le permita ver al otro –a TODO otro- como un semejante. Por esto, es que se intentan establecer cambios en los modos de vinculación de esos niños y niñas y sus familias, sin vincularse con ellos, por ende, sin acompañarlos en lo que significa realmente “reparar” un dolor, ya que éste siempre implica atravesar un duelo.

Sin duda, es la estructura la que permite que este sistema funcione de este perverso modo. Pensar la historia de la infancia chilena nos lleva a mirar cómo es cómodo y es posible que esto ocurra. Es posible mirar solo en la superficie y comprender cómo es que esto se ha entretejido.

Un último ejemplo; el reportaje del martes 30 de julio de la Revista Ya, sobre la adopción de niños mayores. Allí una mujer refiere haberle dicho a su marido que adoptasen a uno de esos niños “que nadie quiere”, así, al paso de un tiempo, fueron los padres adoptivos de dos hermanos que habían sido declarados susceptibles de serlo por inhabilidad parental. De modo evidente se pone en la superficie una contradicción: la inhabilidad es precisamente que aquella familia de origen no deseaba ceder a esos niños en adopción, por ende sí se les quería. Con todo respeto, ¿qué historia de origen de esos niños -que legalmente ahora son sus hijos- conocen estos padres?

Finalmente el sistema proteccional total termina vulnerando a todos con quienes ha de trabajar: los niños, niñas y jóvenes, sus familias de origen y, también, las familias adoptivas, en tanto el esfuerzo por tapar la historia de estos niños, termina por otorgarles una fantasia que se transforma en calma hoy y tempestad mañana. No podemos seguir permitiendo que el síntoma chileno gozoso de reverberar en el intento por abolir la historia y someterla al olvido, recaiga tambien sobre nuestros niños y niñas.

(*) Psicóloga, y Coordinadora de la Línea de Investigación de Infancia y Niñez del Centro de Estudios Abierto LaPala.

Fuente: La Pala

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