En la renuncia de Tamara Agnic a la Superintendencia de Pensiones no está el fin de esta historia. El Servicio de Impuestos Internos, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía y al menos dos tribunales tienen mucho paño que cortar. La pregunta del millón: ¿logrará el fisco recuperar los 130 millone de dólares ahorrados por el consercio Principal, por un beneficio tributario no sólo malhabido, sino facilitado por temeraria actuación de la Sra. Agnic?.
Los flancos abiertos en la fusión de las AFP Cuprum y Argentum
Claudio Reyes
Nadie pronosticaba, al menos públicamente, la tormenta que se produciría cuando, el 26 de enero de 2015, AFP Cuprum informó que la fusión con otra administradora, Argentum, daría origen a un beneficio tributario -goodwill- por unos US$ 130 millones. “No estaba dimensionado”, dice una fuente que ha conocido el caso. “Lo informaron por transparencia”, agrega.
Un día antes de cumplirse un año de esa comunicación, el lunes 25 de enero de este año, Tamara Agnic presentó su renuncia como titular de la Superintendencia de Pensiones (SP). Esa entidad autorizó la existencia de Argentum y la absorción de Cuprum, ambas de la estadounidense Principal Financial Group. La salida de Agnic se produjo tras los cuestionamientos contenidos en una opinión de la Contraloría General de la República (CGR) y, también, luego de inéditas divergencias con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón.
Aunque la secretaria de Estado le señaló en un oficio que se abstuviera de autorizar movimientos similares, Agnic dio su venia a una operación semejante: Metlife creó Acquisition para fusionarla con Provida, generando un goodwill tributario por unos US$ 288 millones. “La ministra no se aguantó el desafío”, dice una fuente, y presentó más tarde dos informes en derecho que respaldaban su oposición. En su carta de renuncia, la ex superintendenta apuntó que la SP no merece estar sometida a la “inédita situación” de que la ministra no respete su autonomía.
Pero la dimisión de Agnic y esas polémicas están lejos de ser el punto final del caso. Aún hay flancos abiertos. Varios. Una vez que finalice la Operación Renta de este ejercicio, el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá que evaluar el goodwill. Hasta ahora se desconoce si, en la arista penal, habrá formalizaciones por parte del Ministerio Público; también se ignora si el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hará parte en esa indagatoria. Por último, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados retomará en marzo su trabajo.
Está pendiente, asimismo, un segundo pronunciamiento de la CGR. La subcontralora Patricia Arriagada -el contralor, Jorge Bermúdez, se abstuvo por haber sido consultado profesionalmente, previo a asumir, por la operación de Metlife- deberá responder a un recurso en el que Agnic pidió dejar sin efecto la primera opinión. Mientras, en la justicia civil recientemente fue acogida una medida prejudicial que busca la entrega, por parte de la SP, de 32 oficios, resoluciones y cartas vinculadas al proceso para, si procede, solicitar la nulidad de derecho público de la operación.
El sí o no del SII
Esta semana retomó protagonismo el Servicio de Impuestos Internos. El senador UDI Víctor Pérez afirmó a través de una carta a El Mercurio que esa repartición debiera cuestionarse si Argentum existió realmente o si fue una persona jurídica simulada. Dijo también que esa AFP nunca tuvo la finalidad de gestionar fondos de pensiones; se preguntó si en Chile hay contribuyentes de primera y segunda clase, e instó a que se efectúe una “investigación seria”.
El goodwill fue eliminado de la legislación con la reforma tributaria de 2014. Pero estableció una ventana de uso para las fusiones en marcha hasta el 31 de diciembre de ese año. Esa herramienta consistía en amortizar -imputarlo como gasto- en 10 años la diferencia entre el valor contable de una empresa y el mayor valor pagado por la adquirente de la misma. En el caso de Cuprum y Argentum, el beneficio ascendió a US$ 130 millones.
El SII inició una fiscalización de la fusión. Así lo afirmó el director de la institución, Fernando Barraza, cuando asistió a la comisión investigadora en octubre del año pasado. “Hasta ahora, por los antecedentes que hemos visto, por lo menos dentro de los tiempos que la norma transitoria estableció, esos plazos se han cumplido”, dijo.
A petición de La Tercera, el SII explicó que Barraza también señaló en la comisión que la obligación tributaria de primera categoría de la empresa, relacionada con los hechos expuestos, se ha devengado al 31 de diciembre de 2015. “Y deberá ser declarada en abril próximo (Operación Renta 2016), posterior a lo cual se podrá establecer de manera fehaciente y concreta la situación tributaria definitiva del caso”, complementó.
“Este servicio no puede anticipar los efectos tributarios que la operación de fusión tendría, sólo puede actuar con posterioridad a que la obligación tributaria haya sido determinada y declarada por el propio contribuyente”, manifestó el SII. Consultado por si la eventual simulación de persona jurídica era parte de la investigación, afirmó que el deber de reserva de los antecedentes tributarios le impide referirse al tema. El organismo no contestó si los ojos del servicio están también sobre la fusión de Provida y Acquisition, de Metlife.
“El SII ha tenido más bien un rol pasivo sobre el accionar del grupo Principal”, destacó Alejandro Navarro, senador del MAS, quien abrió la arista civil al patrocinar una medida prejudicial que fue acogida en tribunales. “En junio del año pasado entregamos los antecedentes de la fusión, a fin de que evalúe una querella por el delito de simulación administrativa. Sin embargo, a la fecha no hemos tenido ninguna señal”, consignó.
“Comparto con el senador Víctor Pérez respecto de que hoy existen contribuyentes de primera y segunda categoría. Me gustaría que el SII actuara con los grandes contribuyentes con la misma vara con que proceden sus fiscalizadores todos los días con pequeños y medianos que son clausurados por no dar una boleta”, dijo Navarro.
L aseverado por Pérez, de la UDI, tiene también otra lectura: la transversalidad política de los cuestionamientos a la operación. El ex senador DC y presidente de la agrupación Acusa AFP, Ricardo Hormazábal, planteó en ese sentido que es “muy importante que, en un momento de cuestionamientos del rol de los partidos, donde la UDI saca la peor parte, haya dos gestos valiosos. Uno es la actitud de los diputados de esa tienda de aprobar la comisión investigadora y, dos, lo dicho por Pérez (…). Le encarga la tarea al SII; le dice que tiene un examen pendiente”.
Se ha cuestionado, asimismo, otra autorización. Tras la fusión, la empresa absorbente, Argentum, conservó el nombre de Cuprum y, mediante la venia del SII, también mantuvo, hasta el 31 de enero de este año, el RUT de la misma.
Pero ese permiso tenía una explicación técnica, consignaron fuentes cercanas al caso. Se requería una transición, pues el cambio del RUT presentaba riesgos que, de haberse concretado, pudieron afectar a la compañía, a los fondos de pensiones, a los afiliados y a los empleadores. El origen de esas dificultades estaba en la variedad de actores involucrados en el funcionamiento de una AFP y en que el nuevo número fuera informado y ejecutado simultáneamente por todos.
Como sea, desde febrero Cuprum opera con el RUT nuevo, y ello, apuntaron las fuentes, no tiene relación ni es impedimento para comenzar a ejecutar el goodwill tributario en la próxima Operación Renta.
La comisión y la fiscalía
El martes 1 de marzo, a las 15 horas, la comisión investigadora de la Cámara retomará su trabajo. Ese día asistirán como invitados, nuevamente, Barraza, del SII, y Carlos Pavez, superintendente de Valores y Seguros (SVS).
Hay más. El diputado RN Leopoldo Pérez, miembro de la comisión, pedirá convocar a Osvaldo Macías, quien fue designado de manera transitoria como superintendente de Pensiones, luego de la dimisión de Agnic: “Voy a proponer que se invite, porque, cuando se supo de su nombramiento, la comisión ya había sesionado”, expuso.
El plazo de esa instancia termina el 11 de marzo. Sin embargo, se requirió una prórroga de 30 días. Posterior a ello, se procederá a la redacción del informe.
La llegada de Macías a la SP, el 1 de febrero, no fue en solitario. Lo acompañaron Andrea Soto y Cristóbal Huneeus, asesores del Ministerio del Trabajo. Es a través de esa cartera que la superintendencia, que tiene carácter de autónoma, se relaciona con el gobierno. Con todo, tras la renuncia de Agnic hubo otra salida de esa entidad. Se trata del jefe de gabinete de la ex superintendenta, Tomás Koch. A la institución arribó, además, Andrés Culagovski como nuevo fiscal, cargo provisto por Alta Dirección Pública (ADP).
Otro flanco abierto está radicado en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público. La fiscal Tania Sironvalle acumula unos 33 tomos en la investigación, tras la querella de los diputados Fuad Chahín y Ricardo Rincón contra Agnic, por prevaricación administrativa culposa. En la etapa de declaraciones participaron ejecutivos de Cuprum y Principal, como Pedro Atria y Cristián Edwards Gana. Agnic también lo hizo, en dos ocasiones.
Sironvalle no sólo tomó declaraciones. Ofició al CDE y al SII preguntándoles si se harían parte. En sus últimas declaraciones sobre el tema, tras el pronunciamiento de la CGR, en diciembre, Juan Ignacio Piña, presidente del CDE, sostuvo que analizaría ese dictamen y un requerimiento de los diputados Chahín y Patricio Vallespín para que demande en tribunales, apuntando a conseguir la nulidad de derecho público de la fusión.
La indagación de la fiscalía continúa desformalizada. No obstante, Esteban García Nadal, abogado y socio del bufete García Magliona & Cía., planteó que existen caminos para una actuación de la entidad liderada por Piña. “El CDE podría eventualmente ejercer acciones en contra de la ex superintendenta Agnic, en el entendido de que si bien los actos de la administración gozan de una presunción de legalidad, esta es una presunción que puede desvirtuarse cuando aparecen vicios que hacen que se cuestione esa legalidad”, explicó.
Y agregó: “Existen potenciales vías de impugnación de actos administrativos en las que el consejo, eventualmente, también puede participar por iniciativa propia, siempre y cuando se trate de actos de la administración y no de un privado”.
Las partes siguen esperando una segunda opinión de la Contraloría. Es más, según trascendidos, ese pronunciamiento se esperaba para los días siguientes a la renuncia de Agnic. Esa dimisión, advirtieron fuentes del sector, habría sido una anticipación a un dictamen que se preveía adverso. En todo caso, la tormenta generada por el goodwill está lejos de amainar.
Fuente: La Tercera
