Dos años antes que se conocieran detalles sobre las boletas ideológicamente falsas de la minera de Julio Ponce Lerou, tanto el entonces ministro de Econ´mía, Pablo Longueira, como el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner defendieron la adjudicación de la explotación de litio a Soquimich, diciendo que “no era un traje a la medida”, que las críticas eran “de provincia” y que estaba todo en regla. “Nosotros hicimos un proceso abierto, amparado en la Constitución, bajo todas las leyes y que por lo tanto, también la Concertación lo utilizó en el pasado”, agregó Wagner, hoy en prisión preventiva imputado por cohecho y lavado de activos. N. de la R.; estos antecedentes demuestran que el litio debe ser devuelto al patrimonio de todos los chilenos.
Fue el 2 de octubre de 2012, en la inauguración de la Feria Arriba Mipyme en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, cuando el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, se refirió a la resolución de la subsecretaría de Minería de invalidar la adjudicación del contrato de explotación del litio a Soquimich.
El ex candidato presidencial de la Alianza, lamentó que se haya declarado desierta la licitación “porque Chile ha perdido un gran negocio”, exactamente una semana después que había sido adjudicada a la minera de Julio Ponce Lerou, hoy investigada por la Fiscalía y denunciada por el Servicio de Impuestos Internos por un listado de 237 facturas falsas, por un monto de $2.202 millones; 609 boletas de honorarios presumiblemente falsas, por otros $2.145 millones; y 31 boletas de honorarios falsas, por $134 millones; todos emitidos entre 2009 y 2014.
En esa oportunidad Longueira dijo que la licitación era una medida de la Agenda del Impulso Competitivo del Gobierno, por lo que a su juicio “la licitación permitía mantener a nuestro país en el liderazgo del mundo y, lamentablemente, fruto de esta decisión que se tomó porque no se cumplió con las bases, nos puede llevar a que perdamos la oportunidad de haber podido explotar 100 mil toneladas durante 20 años”.
“No creo que haya existido falta de prolijidad, lo importante es que hagamos un proceso impecable y transparente, las bases así lo decían. A algunos los escuché decir que esta licitación estaba hecha como traje a la medida. El Gobierno ha demostrado con esta decisión que se trataba de un proceso claro, transparente. Algo que era importante para Chile, como mantener el liderazgo mundial en la industria del litio, por la comercialización del mineral, lamentablemente como no hubo ofertas que cumplieran las bases, Minería declaró desierta la licitación”, agregó.
Poco antes, el propio Longueira defendió la licitación señalando que a través de ella “estamos vendiendo Chile” y argumentó que SQM en esa oportunidad ofreció $19.301 millones, más del doble de lo que ofertó la más cercana realizada por Posco Consortium por $8.256 millones.
Una semana antes, el 25 de septiembre de 2012, el propio ministro Longueira había enfrentado las críticas por la adjudicación a Soquimich diciendo: “hemos hecho un gran negocio todos los chilenos”.
La defensa de Pablo Wagner
En esa misma oportunidad, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, hoy en prisión preventiva y enfrentando cargos por lavado de dinero en el grado de consumado y cohechos consumados y reiterados, también defendió el negocio ante las preguntas de si SQM no haría efectiva la explotación del mineral.
“Es totalmente absurdo (que SQM no explote). El mercado del litio se va a triplicar en los próximos tres años. Existen 20 empress que van a poder ejecutar proyectos y alguien que se adjudica una licitación por US$40 millones ¿no la la va a ejecutar?. Lo que va a suceder tal como lo dijo SQM ayer es que en un plazo de 12 meses van a dar a conocer su plan de producción y se van a poner a producir”, dijo en esa ocasión. Una semana después renunció tras detectarse que la empresa Julio Ponce Lerou no cumplía con las bases de licitación por encontrarse demandada por el Estado.
Un día antes, cuando se había hecho público que SQM se había adjudicado la licitación, Wagner respondió a las críticas, tras un recurso de nulidad interpuesto por senadores de la entonces oposición (hoy Nueva Mayoría) diciendo que estaban “amparados en la Constitución y porque la Contraloría, cuando tome razón de las bases, no sólo lo hace desde el punto de vista administrativo, sino que también lo hace desde el punto de vista jurídico. Es decir, toma razón jurídica de ella y quiere decir que nosotros estamos actuando conforme a derecho, lo que ya se ha ido demostrando en las resoluciones que el ministro ha tomado”.
Junto a eso, fustigó las declaraciones de la senadora Isabel Allende, quien señaló que la operación constituía una “concesión encubierta”. “Este es un proceso normado en el artículo 19 número 24 de la constitución en el código de minería y que la Concertación utilizó en el pasado con el caso de los hidrocarburos. Nosotros hicimos un proceso abierto, amparado en la Constitución, bajo todas las leyes y que por lo tanto, también la Concertación lo utilizó en el pasado”, aseguró.
Fuente: The Clinic
