Los temas de la libertad de expresión y de la libertad de información, derechos fundamentales en un Estado democrático, han de ser tratados necesariamente teniendo en cuenta un conjunto de factores en un país como el nuestro que soportó una dictadura feroz que cerró toda posibilidad de libre expresión e información, clausuró medios de comunicación, se incautó de sus bienes y detuvo, torturó y asesinó a varios periodistas por el solo hecho de pensar de modo diferente al neofascismo impuesto por las armas.
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Intentarlo de modo sesgado, ignorando el momento histórico concreto, es no sólo hipocresía pura sino burda deformación de la realidad. Dice el refrán popular que “para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”, pero no siempre suelen tener ese cuidado aquellos que, convencidos de la superioridad de su poder político, no se fijan en detalles a la hora de llevar adelante determinados propósitos.
Este medio en que escribo tiene una historia singularmente digna en materia de defensa de los derechos humanos y de valiente denuncia de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. Por cierto no fue el único medio que así actuó, pero tampoco fueron muchos y su papel fue especialmente relevante.
Hoy, en tiempos diferentes, este mismo medio radial abre este espacio escrito como una tribuna al pensamiento diferente, a la confrontación de ideas, más allá de lo que piensen quienes sostienen al medio. Este es sin duda un ejemplar ejercicio democrático.
Lamentablemente, no es una realidad generalizada en Chile y menos todavía cuando se trata de medios de comunicación cuyo pasado histórico deja tanto que desear.
Me refiero a lo que sucede como consecuencia de la publicación de la revista “Qué Pasa”, editada por el grupo Copesa, la que aludió con evidente mala intención a la Presidenta de la República quien, como era lógico, justo, procedente y necesario, inició una querella judicial por las injurias y calumnias recibidas.
El episodio ha sido objeto de variadas reacciones y declaraciones, muchas aplicando una lógica del más añejo purismo juridicista como si el mundo real no existiera, otros entornando los ojos con las manos juntas para proclamar angelicalmente el sagrado derecho a la libertad de información haciendo la vista gorda de su propio pasado.
Sostengo que analizar lo sucedido sin considerar el entorno político nacional y regional, ocultando los graves hechos desencadenados en nuestro país a partir de septiembre de 1973, conduce a visiones intencionadamente injustas y falsas. Afortunadamente, quienes así actúan no constituyen mayoría, pero causan serios daños y deforman la realidad.
Por mi parte reitero que juzgo necesaria una visión más amplia y desde luego tener en cuenta los intereses políticos que representa el medio que agredió a la primera mandataria.
Para nadie es un misterio el papel jugado en la sedición que condujo al golpe del 73 por diversos sectores económicos, sociales y políticos chilenos bajo la gestión de la poderosa central de inteligencia norteamericana, la CIA, encomendada al efecto por el gobierno de Richard Nixon y bajo la atenta mirada de su principal asesor, Henry Kissinger.
Esos sectores criollos pusieron sus medios de comunicación a disposición primero del derrocamiento de la Unidad Popular y luego de la brutal gestión de la dictadura.
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No es casual entonces que entre los principales inductores al alzamiento armado contra el gobierno constitucional del presidente Allende en 1973, delito contemplado en los artículos 121 y 122 del Código Penal chileno, figuren los propietarios de determinados medios de comunicación de la época.
En el brutal genocidio desatado – y que hasta hoy investigan nuestros tribunales- los instigadores del golpe resultan por tanto igualmente responsables.
Uno de ellos, propietario de El Mercurio, inculpado en la querella criminal rol 12– 2013, ha reconocido su encuentro con el director de la CIA norteamericana en septiembre de 1970, pocos días después del triunfo electoral de la izquierda en las presidenciales de ese año.
Esta participación además encuentra antecedentes en la actuación de El Mercurio en 1954 cuando el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Se trata de datos objetivos de la historia latinoamericana.
El otro medio escrito consentido por los golpistas fue La Tercera. Son los dos periódicos que no defendieron ni la libertad de información ni ninguno de los derechos fundamentales de todo ser humano por el solo hecho de serlo.
Callaron crímenes horribles, muchos de ellos en contra de trabajadores de la prensa y no dijeron una sola palabra por el cierre de los demás medios escritos, el saqueo de sus bienes y la persecución a los periodistas.
Numerosos críticos de la querella presentada por la Presidenta Michelle Bachelet carecen de un pasado democrático y no han sido contribuyentes a la llamada paz ciudadana.Otros se engolosinan en preciosismos formales.
Con esto no pretendo sostener de ningún modo que el desempeño del gobierno sea perfecto. Debe reconocerse errores, contradicciones internas, como en toda gestión política. Pero eso no excusa la crítica impresentable.
Fuente: Radio Cooperativa
