La reciente aprobación de la admisibilidad de la solicitud de anulación Ley de Pesca 20.657 (Ley Longueira) por parte de la Cámara de Diputado, abre de nuevo el debate sobre la forma de cómo debemos administrar y ordenar nuestros recursos pesqueros.
La ley vigente desde febrero de 2013, tuvo un largo y nutrido proceso de análisis y discusiones por parte de organizaciones empresariales y laborales, seminarios científicos, presentaciones en las comisiones de pesca en la cámara de diputados y senado, mesas de trabajo y comisiones de estudios lo que se podría entender como un proceso netamente democrático en el cual todos los interesados tuvieron oportunidad de opinar.
Sin embargo, en este verdadero festival de corrupción con boletas ideológicamente falsas, colusiones, cohechos, sobornos, informantes secretos y otros delitos, la legalidad de la Ley Longueira que fue aprobada de acuerdo a lo establecido en la constitución, y por lo tanto es legal, ha perdido toda su legitimidad, al salir a la luz pública, los entretelones desconocidos de las presiones ejercidas sobre los parlamentarios para votar en favor o en contra de la modificaciones propuestas por el Gobierno de Piñera.
Ahora se ve que en cambio a los argumentos con ideas, datos, información científica, consideraciones sociales, gran parte del sector empresarial pesquero prefería usar el poder del convencimiento del dinero. La validez de la ley 20.657 se defiende indicado que fue aprobada democráticamente por más de 100 votos a favor; sin embargo, hoy existe un gran manto de dudas si dicho apoyo fue realmente después de un análisis de los pro y contra de la ley en beneficio de todos los chilenos o sólo de algunos, considerando el gran desprestigio de confianza que existe con los parlamentarios.
La discusión va también por el lado si corresponde derogarla o anularla, pero ello es una controversia semántica. El sector empresarial defiende a ultranza sus “derechos de propiedad” de los recursos que les asignó la nueva ley y la forma de cómo licitar las cuotas en los casos que correspondan. No hay que olvidar que apenas instalado el Gobierno de Piñera, el exministro Fontaine propuso una modalidad de licitación para los recursos pelágicos que no fue del agrado de los empresarios pesqueros, siendo rápidamente reemplazado por Longueira, quién con su habilidad política alineó importantes sectores de la pesca artesanal tras su propuesta de ley.
Llama la atención que se habla de derogar o anular la ley. ¿Es la única solución? ¿Por qué no se modifica que lo que corresponde modificar? Las alternativas de derogar o anular significan volver al punto cero, es decir, la ley anterior. ¿Qué otros juegos de intereses se ocultan en esta discusión? ¿Eliminar la importante función que tiene los Comité Científicos Técnicos en la aprobación de cuotas de pesca?¿Volver a las cuotas de pesca de juveniles de jureles en la zona norte?
(*) Biólogo Marino, Ph.D. Miembro Titular Consejo Nacional de Pesca
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