Los pescadores artesanales han levantado la voz para protestar en contra de esta ley, manifestándose dispuestos a radicalizar sus demandas e iniciar las acciones que sean necesarias, desde intervenir con sus manifestaciones en el marco de la Copa América hasta un llamado a la desobediencia civil en contra de la norma. El país percibe con indignación que un recurso tan importante para la economía nacional como es la pesca, que reporta más de 3 mil millones de dólares anuales, esté en manos de 7 familias gracias a una ley injusta.
Ley de Pesca: «Hija de la corrupción»
La Ley de Pesca vigente, patrocinada por el gobierno de Sebastián Piñera y su ministro de Economía Pablo Longueira, construyó un marco normativo para la actividad que benefició a unos cuantos grupos económicos con licencias cuasi perpetuas y transables, que prácticamente han concentrado la totalidad de la capacidad de captura industrial en el país, sin pagar nada, debiendo haber cancelado al Estado un mínimo de 900 millones de dólares anuales.
Las pesqueras de las 7 familias solo aportan al PIB un 0,4% siendo que este sector es uno de los más ricos del país.
Para el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, «durante el gobierno de Piñera, sin un mínimo respeto a la débil institucionalidad y sus procedimientos, se produjo un nuevo asalto al aparato estatal por parte del empresariado (…) pesquero y de acuicultura intensiva. Adecuan y debilitan las regulaciones ambientales, sanitarias y laborales, en función de maximizar sus beneficios de corto plazo. Profundizan el modelo extractivista exportador, basado en la producción de materias primas con bajo valor agregado, junto a los procesos de concentración económica, eliminando sistemáticamente a los pequeños y medianos productores», sostuvo.
La Ley Longueira mediante la profundización del proceso de fusiones corporativas y de concentración económica y a través del sistema de entrega gratuita de licencias indefinidas y cuotas individuales plenamente transables -las cuales pueden vender, arrendar, comprar, hipotecar, dejar en garantía, e incluso heredarlas-, el cartel de la pesca industrial en Chile ya controla el 94% de las cuotas de pesca.
Las licencias entregadas graciosamente por 20 años, son renovables contra la sola voluntad del beneficiado en un negocio que genera anualmente más de tres mil millones de dólares a partir de la extracción y comercialización de los recursos del mar nacional y que por ende, son de todos los chilenos. La nueva norma derogó el antiguo artículo primero que establecía que los recursos marítimos eran de todos los chilenos.
Cómo se hicieron de la propiedad del mar
La gran industria pesquera y aquellos que son dueños de embarcaciones artesanales o armadores, tienen derecho a cuotas de pesca. La gran masa de los 97.000 pescadores de pequeña escala quedó al margen y carecen de todo derecho a acceder y usar los recursos marinos que ellos mismos producen con su esfuerzo. Incluso los pescadores pertenecientes a pueblos originarios, muchos de los cuales tienen internalizadas en sus culturas la pesca, fueron excluidos. Tal situación afecta a lafkenches, mapuche, huilliches, kaweskar y rapa nui.
Quienes se apropiaron del mar, son antiguas familias y grupos económicos que explotan los recursos marinos con sus flotas pesqueras y que a partir de 2001, comenzaron a fusionar empresas, a concentrar sus riquezas y sus poderes de captura. Hasta ahora las industrias pagan patentes, pero no por lo que explotan de los recursos del mar. Comparativamente pagan menos recursos por patentes que un suplementero en relación a su trabajo y ganancias.
Hasta el año 2001 -cuando se repartieron las cuotas individuales de captura-, existían en Chile 78 pesqueras dedicadas a la extracción del jurel. Se redujeron a sólo 26, producto de la concentración de capitales. Luego las 7 familias entraron en escena cooptando el mercado y creando mediante fusiones 4 grandes conglomerados que controlan el 92 por ciento del sector pesquero. Ellos son: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo), Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobío) y Marfood (fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp).
Estos 4 grandes grupos no son otra cosa que las mismas siete familias del cartel de la pesca: Angelini, Sarquis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz, a quienes les interesa que nada se modifique, pues solo quieren seguir haciendo crecer sus fortunas y para ello apelan a derechos históricos sobre los recursos. Y les ha ido bien: los pescadores aún esperan que el gobierno cumpla su promesa del discurso presidencial del 21 de mayo de 2014: revisar la Ley de Pesca, entre otras medidas.
Las 7 familias del Cartel de la Pesca
Lecaros: Sergio Lecaros es su rostro visible y opera en el mundo pesquero a través de la Sociedad Coloso, donde aparecen relacionados el grupo Angelini y el exsenador de RN Carlos Larraín. Lecaros es miembro del directorio de Orizon y Corpesca. También participa con importantes intereses en los Hoteles Holiday Inn Express, Alifrut SA (Minuto Verde – Cambaña) e inmobilarias en Chile y Buenos Aires. Posee participación además en Corpesca y Orizon.
De hecho esta empresa Pesquera Orizon es una de las más grandes del país y se crea en noviembre de 2010 a partir de la fusión de SouthPacific Korp (SPK) de Angelini y Pesquera San José, de la familia Lecaros. Ellos controlan el 80 por ciento de la pesca de jurel y sardinas del norte del país.
Yaconi – Santa Cruz: La pesquera estrella de este grupo es Blumar S.A., que nació de la unión de pesquera El Golfo y pesquera Itata (Sarquis) el año 2011, en y con ocasión de la Ley Longueira. Se trata de un grupo económico que data de los años 70 integrado entre otros por Manuel Santa Cruz, Hugo Yaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Tienen inversiones en Lipigas, ABCDin, Mall Paseo Estación e Inmobiliaria Las Lilas, entre otras.
Blumar posee un capital de poco más de 124 mil millones de pesos y es la empresa que individualmente considerada concentra el derecho a explotar la mayor parte del recurso pesquero en Chile. La pesquera es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola. Esta es una de las tres pesqueras más grandes de Chile, controlada por la familia Sarquis, en un 33,3%, y el grupo Yaconi-Santa Cruz-Vinagre-Noguera en un 44,7%.
No ha estado exenta de polémicas: El 1 de febrero de 2012, mientras se tramitaba la Ley de Pesca, el entonces ministro Pablo Longueira, llevó a trabajar a honorarios por más de 4 millones de pesos mensuales al Ministerio de Economía, a Juan Manuel Santa Cruz Campaña, hijo de Juan Manuel Santa Cruz Munizaga y nieto de Manuel Santa Cruz López, ambos socios de Blumar. Además el funcionario era compañero de colegio (Cumbres) del hijo del ministro. Longueira además es investigado por haber recibido de las pesqueras importantes sumas de dinero mediante boletas de terceros.
Sarquis: El holding está encabezado por Rodrigo Sarquis Said, quien además de participar en la pesca industrial con Blumar SA, lideró la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). Participa de la dirección de la Pesquera Itata, compañía especializada en la pesca extractiva y el cultivo de salmones, lo que incluye las filiales Bahía Caldera y Salmones Itata S.A. La empresa es controlada por su familia a través de la Sociedad de Inversiones Petrohué, y es presidida por su progenitor, Sergio Sarquis Menassa, (quien por años dirigió la Fundación Pinochet).
Entre las actividades empresariales en otros negocios, se encuentra la industria del aceite de oliva, una plantación de un total de 1.300 hectáreas planas de olivos en Villa Prat, localidad de la Región de Biobío. Ha formado parte del grupo de 30 empresarios que conformaron el primer Consejo Asesor Empresarial formado por la Universidad del Desarrollo.
Las Pesqueras Itata y El Golfo, vinculadas a la familia Sarquis y al grupo Yaconi-Santa Cruz, también se unieron y juntas extraen el 20% del jurel y facturan al año 400 millones de dólares anuales. La propiedad de Blumar se reparte en un 54,69% para la familia Sarquis y un 45,31% para el grupo Yaconi-Santa Cruz.
Blumar acaba de ser multada por Serrnapesca por la suma de 1.513 UTM, es decir más de 65 millones de pesos, luego de que finalizara el proceso judicial que Sernapesca Araucanía inició porque esa empresa realizó actividad de pesca sobre el recurso sardina común en periodo de veda biológica, en febrero de 2011, frente a la costa de Toltén.
Stengel: Grupo liderado por Jan Stengel y fundador de Pesquera Biobío. Sus inicios datan de 1977 cuando se dedicaban a la pesca de arrastre y a la venta de pescado al interior del mercado nacional. Formó Congelados Pacífico y una Planta de Harina y Aceite de Pescados. Con la Pesquera Biobío se fusionaron con la Compañía Pesquera Camanchaca, de la familia Fernández, en 2011.
Participa asimismo en Congelados Aitué, Unfishing Canning, Stengel es actualmente el vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales Pesqueros (Asipes). Es director de Camanchaca Pesca Sur. En enero de 2011, Compañía Pesquera Camanchaca S.A. anunció que se fusionaría con Pesquera Bío Bío S.A., de la familia Stengel (la misma que fundó Pesquera El Golfo S.A.).
La nueva firma dedicada a desarrollar la pesca de recursos pelágicos en la zona centro sur (desde la V a la X Región), posee la participación de mercado conjunta de 18,4% del jurel que se pesca industrialmente en Chile, transformándose en la tercera empresa más importante en el mercado, después de Blumar S.A. y Orizon S.A.
La unión se hizo operativa a través de Camanchaca Pesca Sur S.A. en diciembre de 2011, cuando ésta absorbió a Pesquera Biobío Sur S.A., sociedad de la compañía de los Stengel. La nueva empresa forma parte de las empresas que controla Compañía Pesquera Camanchaca S.A., como una de sus filiales. Su licencia para pescar le permite capturar anchoveta, sardina y jurel desde Valparaíso hasta la Región de Los Lagos.
Fernández: Relacionada con Stengel, tiene en la dirección de la Compañía Pesquera Camanchaca a Jorge Fernández Valdés. Ambas familias poseen el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
Camanchaca se encuentra relacionada a la investigación en contra de la exdiputada UDI Marta Isasi, como consecuencia del intercambio del mail en 2010 entre la exparlamentaria y el gerente de Camanchaca, Cristian Mardones, en que éste le pide a la parlamentaria que «use sus buenos oficios con la autoridad para que le adelanten la cuota de jurel, ya que sólo le quedan poco más de 800 toneladas». Dos días después, el 19 de mayo de 2010, la Subsecretaría de Pesca del gobierno de Sebastián Piñera le concedió el anhelado adelanto a Camanchaca y de paso también a Corpesca, del grupo Angelini.
Giorgio Carrillo ex asesor de la otrora parlamentaria gremialista, denunció a Camanchaca junto a la Minera Collahuasi como otras de las empresas que habrían financiado ilegalmente a marta Isasi. Camanchaca, independiente de sus operaciones en el norte del país, continúa con sus operaciones de cultivo de salmones en las regiones X y XI, cultivo de abalones y ostiones en el norte y cultivo de choritos en la X región.
Izquierdo: Con años en la industria del mar, los hermanos Izquierdo Menéndez controlan buena parte de la cuota pesquera nacional y tienen activa participación en Alimentos Marinos S.A y San Antonio SA. También tienen interés en Kidzania, Universidad de las Andes, Forestal y papelera de Concepción, Entel PCS, entre otras.
Uno de los hermanos, Roberto Izquierdo, Ingeniero Forestal, es parte de la directiva de Asipes y miembro de los directorios de Yadrán S.A. y Almendral S.A. (Controladores de Entel). Presidió la Sociedad Nacional de Pesca A.G. Es Director de Alimentos Marinos S.A, Petroquim S.A, Forestal y Papelera Concepción y Vicepresidente de Diario Financiero. Entre otros cargos se desempeña como Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Corporación de la Madera.
Las inversiones pesqueras de la familia Izquierdo Menéndez se canalizan a través de Alimentos Marinos S.A. (ALIMAR) y la Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA). El total de las cuotas asignadas de ambas empresas por la Ley Longueira, otorga a los Izquierdo un control sobre el 9,9% de la sardina común, el 9,14% del jurel que pescan las empresas industriales y el 9,24% de la merluza de cola.
Angelini: Se trata de uno de los grupos económicos más influyentes del país y de gran gravitación en nuestra economía y que es liderado por el empresario Roberto Angelini. Su capital se calcula en más de 1200 millones de dólares y de acuerdo a la revista Forbes, se ubica dentro de los cinco grupos o personas más ricas del país y la 1015 del mundo.
Sus inversiones se ubican estratégicamente en distintos sectores del país: Combustibles (Copec, Abastible y Metrogas), Forestal (Celulosa Arauco), Energía (Guacolda, Colbún), Minería (Isla Riesco), Tecnología (Sigma), Seguros (Cruz del Sur), Agrícola (Siemel y Valle Grande) y Pesca, donde interviene de manera gravitante mediante Corpesca y Orizon, que resultó de la fusión de Pesquera San José y South Pacific Korp. AntarChile es su matriz principal de negocios.
Corpesca se encuentra relacionada como matriz, coligada o posee como accionistas, entre otras compañías a Empresas Copec, Igemar, Serenor (Servicios de Refinerías del Norte S.A.), Línea Aérea Costa Norte Limitada, Nutrition Trade Corp, MPH Marine Protein Holdings GMBH & CO. KG., Instituto de Investigación Pesquera del Norte S.A. Inpesnor S.A., Golden Omega, etcétera. Accionistas aparecen AntarChile, Eperva y Coloso, entre otros menores.
Su caballito de mar: Corpesca
Es una de las empresas del grupo Angelini en el rubro pesca más importante de Chile y que opera en el norte del país manteniendo un 51,5% de participación de mercado. Se encuentra en el ojo del huracán como consecuencia de las acusaciones de soborno que habría efectuado en parlamentarios durante la tramitación de la Ley Longueira. Tres son las acusaciones concretas que hasta la fecha la tienen en el banquillo de los acusados.
En mayo de 2013, se conoció la primera denuncia por el pago ilegal por Corpesca de $25 millones en el marco de la votación de la Ley de Pesca, a un asesor de la exdiputada Marta Isasi (UDI), Georgio Carrillo, quien se encuentra confeso y formalizado por estafa. La exparlamentaria, también está imputada pero por cohecho. Isasi será formalizada el 19 de mayo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de fraude al fisco por $ 143 millones.
La segunda denuncia en contra de la empresa de Angelini, se dio el 22 de abril de 2015 mediante una querella por cohecho parlamentario, por la entrega de $500 millones (1 millón de dólares de la época) bajo la figura de «gastos reservados» a los senadores miembros de la Comisión de Pesca, que aprobaron la Ley Longueira: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag. La querella se encuentra acogida a trámite.
La tercera denuncia en contra de Corpesca dice relación con el caso del senador Jaime Orpis (UDI), acusado de aceptar soborno cometiendo cohecho, al recibir mediante boletas ideológicamente falsas emitidas por funcionarios suyos, pagos mensuales durante años de distintos montos que superan los 80 millones de pesos. El senador reconoció los pagos pero negó que ello influyera en la votación. «Déjeme decirle que es un chiste, eso no se la cree nadie, ni él se la cree», asegura el dirigente pesquero Hernán Machuca, presidente de la Condepp.
La colusión sube los precios
Para Hernán Machuca, presidente de la Confederación Nacional por la Defensa del Patrimonio de la Pesca de Chile (Condepp), «la Ley Longueira es el niño símbolo de la corrupción, el cohecho y el soborno en nuestro país. Tanto por lo que pasó con la exdiputada Marta Isasi que está acreditado, como por el reconocimiento que hace el senador Jaime Orpis de haber recibido dinero por parte de la industria pesquera y por último por los dineros que se entregaron a los parlamentarios de la Comisión de Pesca del Senado (500 millones de pesos) que se está investigando», afirmó a Cambio21.
«Con Longueira se rebajó el porte del Jurel a 24 cm a 21,5 cm, si ahora hay 8 recursos colapsados por el sector industrial mediante la nociva pesca de arrastre. Se repartieron con la actuación del Ministro Longueira los pescados de Chile y ellos no son los dueños de los pescados, es el país, ¿entonces por qué se los repartieron?, se pregunta Machuca.
«Con esta ley, a los pescadores artesanales les prohibieron pescar y a los chilenos y chilenas les prohibieron comer pescados de nuestro litoral, por los precios abusivos, pues los pescadores artesanales producimos para el consumo humano y no generamos harina de pescado como las grandes industrias para alimentar cerdos, pollos y salmones», asegura.
«A la gente le afecta en el precio del pescado porque cuando no hay nuevos actores que entren al mercado, existe una concentración, colusión, porque las empresas pesqueras se coluden para pagar a los pescadores. Quieren administrar el patrimonio de Chile para alimentar pollos, salmones y chanchos y no para el consumo humano y por lo tanto la gente cuando va al supermercado, la feria o al mercado, encuentra que los recursos del mar cuestan mucho y optan por comprar pollo que es más barato», se queja.
Pescadores en píe de guerra
Los pescadores de Arica argumentan que ha habido una baja en su actividad laboral de 40%, debido a los conflictos con países vecinos, pues tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que en enero de 2014 fijó nuevos límites marítimos entre Chile y Perú. El presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Arica, Sergio Guerrero, sostuvo a Cambio21 que «antes éramos más de 1.800 trabajadores, hoy no superamos los 1.500. La actividad ha caído en 40%. Han sido bastantes las pérdidas».
Estas serían las consecuencias que ha sufrido parte de la población de Arica, según algunos de sus ciudadanos, debido a las condiciones en la relación bilateral de Chile con Perú y Bolivia. «Ya no podemos salir a pescar en línea recta. Ahora debemos descender unas 40 millas al sur, a la altura de Pisagua, y recién ahí adentrarnos al mar para extraer el recurso. Lo que antes nos tomaba siete días, hoy nos toma 12. Si antes gastábamos 600 mil pesos en cada ida a pescar, hoy nos cuesta un millón», explica.
Por su parte los pescadores de jibia amenazan que «Incluso estamos planificando intervenir durante Copa América». Los pescadores que se dedican a la extracción del recurso exigen que la cuota sea 100% artesanal. «Es hora que las autoridades y el Gobierno cumplan con sus promesas adquiridas y elimine la pesca de arrastre y modifique la Ley de Pesca. Nosotros no nos detendremos hasta lograr nuestros objetivos, ya que los pescadores artesanales de la jibia estamos en una profunda crisis, con graves problemas económicos y sociales», subrayaron los dirigentes a Cambio21.
Desobediencia civil
«Si el Estado no investiga a fondo la corrupción político-empresarial en el ámbito de la Ley Longueira, y los responsables y encubridores no reciben sanciones ejemplificadoras -entre ellas el cese de funciones parlamentarias-, los ciudadanos, pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios organizados, tendrán derecho a realizar acciones de desobediencia civil, como forma de rechazo a una ley corrupta e injusta, expropiatoria de bienes comunes de la Nación, y de derechos de acceso y uso a las pesquerías, la que además violó acuerdos internacionales ratificados por el Estado, relacionados con los derechos de los pueblos originarios», asegura Juan Carlos Cárdenas director de Ecoceanos.
«En el movimiento social y sectores más vulnerables se están dando complejos procesos de politización caracterizados por un fuerte componente de autonomía frente al Estado, los partidos políticos y el sector empresarial. Dicho pensamiento lo podemos ver graficado en una de las recientes manifestaciones de pescadores artesanales contra la Ley Longueira, donde un lienzo señalaba ‘Sólo la lucha nos dará lo que la ley nos niega'», señalan dirigentes de pescadores.
Fuente: Cambio 21
