Uno de los reportajes más comentados del año 2014 fue el que incluía un detalle de las 242 sociedades que aportaron dinero a la política durante 2013. En el trabajo de los periodistas Francisca Miranda y Francisco Artaza se puede leer una nómina liberada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que contenía a las empresas que se acogieron a los beneficios tributarios derivados de las donaciones a la actividad política en virtud del código 793 de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta. En el reportaje se hace explícita mención a Inversiones Santa Cecilia S.A. El propietario de esta sociedad anónima cerrada es el ex Presidente Sebastián Piñera y, junto a Bancard S.A., son sus dos principales vehículos de inversión. La conducta de Piñera es sorprendente: parece reinventar los límites de lo que conocíamos. N. de la R: a modo de «bonus track«, usted también puede leer el reportaje «Empresas que financian la política», de los periodistas Miranda y Artaza.
En el reportaje se hace explícita mención a Inversiones Santa Cecilia S.A. El propietario de esta sociedad anónima cerrada es el ex Presidente Sebastián Piñera y, junto a Bancard S.A., son sus dos principales vehículos de inversión. Según la información disponible, el fideicomiso ciego establecido por el ex Presidente consta de cerca de 1.700 millones de dólares y está en manos de cuatro operadores financieros: BTG Pactual, LarrainVial, Moneda y el Banco BICE, que operan como mandatarios de las sociedades, y del propio Piñera como persona natural. Estas entidades administran los dineros habidos por la venta de LAN y Chilevisión, entre otros, aunque existe una importante parte del patrimonio de Piñera que se encuentra fuera del fideicomiso.
La República y sus leyes
No existe ninguna norma legal que prohíba que un Presidente de la República financie campañas electorales. No hay tampoco inhabilidades constitucionales ni preceptos administrativos que puedan invocarse para poner a Piñera en situación de ilegalidad. Sin embargo, el estándar legal no agota las preguntas ni responde todos los problemas. Resulta al menos poco razonable que el Presidente en ejercicio financie campañas electorales sobre la base de su propio patrimonio privado.
En primer lugar, Piñera mezcla la esfera de lo público y de lo privado, actuando como Presidente en un lado y como financista electoral en el otro. En segundo lugar, Piñera deja ver una nítida preferencia política al elegir candidatos a los cuales apoyar y otros que no. Esta preferencia se ejecuta no mediante instrumentos públicos, como en los llamados casos de intervención electoral, sino mediante instrumentos privados: la fortuna personal que ostenta el ex Presidente. En tercer lugar, Piñera concentra poder de manera desmedida al financiar campañas que en buena medida se trataron sobre efectuar un diagnóstico de su propio gobierno.
Dicho de otro modo, pese a que a la Ley 19.884 sobre financiamiento electoral no establece reglas específicas relativas a los funcionarios públicos, el buen juicio indica que estos deben abstenerse de financiar campañas electorales. Más aún si se trata del Presidente de la República. La información disponible no permite saber a qué candidatos financió el Presidente Piñera ni si sus donaciones se limitaron al campo parlamentario o también se extendieron al campo presidencial. Sobre este último punto, desde el día siguiente de la segunda vuelta circula la información referente a que el ex Presidente habría aportado dinero a la campaña de Evelyn Matthei. De ser cierto, esto último es una cuestión muy seria que debe ser expuesta ante la opinión pública.
Al ser consultado su entorno, estos responden que las donaciones reservadas efectuadas por Inversiones Santa Cecilia S.A. son completamente legales y ajustadas a derecho. Ni el Presidente Piñera ni sus subordinados reconocen otro estándar más que la ley. En este sentido, es importante reivindicar que las leyes son un piso de convivencia civilizada y democrática, que permiten el respeto al igual valor de todos los ciudadanos. Ni el Presidente ni nadie pueden tener más derechos y atribuciones que el resto de los mortales. Piñera se excede en sus conductas al operar como financista de campañas electorales mientras ejerce el cargo. Todavía más, sería útil para la opinión pública el poder conocer a qué candidatos financió el Presidente, quiénes fueron aquellos hombres y mujeres que contaron con su respaldo económico personal. Piñera, sin embargo, también nos niega esa información.
Este caso constituye una rareza en nuestra historia. No hay registro de presidentes financiando campañas, ni en Chile ni en el extranjero. Con el tiempo este podría volverse un caso de estudio, una situación impensada que nos entrega una lección gráfica y sencilla sobre lo que se está viviendo, es la mezcla sistemática del poder económico y el poder político.
Y nadie dice nada
La conducta de Piñera es sorprendente, parece reinventar los límites de lo que conocíamos. Más sorprendente es la reacción de los medios, del columnismo-leninismo y de los editoriales. Nadie dice nada al respecto. A ninguno de los vociferantes que escriben en 600 palabras en los diarios principales les resulta inquietante la información publicada sobre el ex Presidente. En los viajes de turismo-aventura a Ranco tampoco se conversa del tema.
A todos les parece de lo más natural que el Presidente financie campañas. Total, dicen, financiar campañas es una conducta privada más, otra forma de gastar el dinero, tal como comprar parques, clubes de fútbol, canales de televisión, acciones “B” de empresas eléctricas, y un largo etcétera. Cuál es el escándalo, preguntan, antes de seguir hablando de eso que hablan ahora: “las ideas”. Pareciera que la derecha no tiene ninguna incomodidad con las formas desplegadas por Sebastián Piñera y están dispuestos a justificarle y celebrarle todas sus innovaciones. Incluso ese grupo de dirigentes que pretende formar una “derecha liberal”, esos mismos son los primeros en aplaudir a su jefe.
Da la impresión de que en la Nueva Mayoría nadie tiene ganas de decirle nada tampoco, porque para qué andar metidos “en peleas chicas” que “en nada sirven” al mejoramiento de la “imagen de la política”. Ni siquiera el adalid de las buenas prácticas ha bajado de su nube impoluta para separar blanco de negro. En los matinales de radio, dedicados todos a desmenuzar el acontecer político, no han tenido tiempo de analizar este punto. Las personas con micrófono, que clavan su raciocinio en la prudencia y la búsqueda de consensos, ellos tampoco han notado nada irregular en que un Presidente en ejercicio financie campañas electorales. Hay otros asuntos más importantes, claro está. Ni siquiera la edición de “Informe Especial” dedicada a este tema mencionó a Inversiones Santa Cecilia.
Los empresarios, preocupados todos de que exista un “buen clima” para los negocios y de cuidar la “reputación” de Chile, ellos tampoco tienen nada que decir sobre la materia. En los foros de gente inteligente que organizan, donde se escuchan ponencias informadas y coloridas, allí no ha habido espacio para remarcar los hechos conocidos. Valga repetir que la conducta de Piñera no tiene antecedentes ni en Chile ni en ninguna parte. Ni siquiera Berlusconi tiene un récord comparable, aunque anduvo cerca, debe agregarse.
El año 2014 significó un paso adelante, pues han salido a la luz elementos que han permitido empujar una agenda legislativa sobre financiamiento de la política. Sería ingenuo creer que estamos cerca de un modelo ejemplar y de una lógica menos dañina, creer que pronto habrá consuelo y que podremos recuperar la ingenuidad que en alguna parte hemos perdido.
Nada de eso ocurrirá pronto, habrá que seguir empujando un carro que del otro lado es sostenido por prácticas insólitas y por sujetos convencidos de que no han cometido ningún delito y que solamente ese es el estándar que importa.
En este año 2014 se ha conocido información que ha permitido cuestionar los dogmas y poner de manifiesto que la relación entre la política y el dinero es insana y antidemocrática. Para poder mantener esas posiciones ganadas con sudor y lágrimas, se debe estar dispuesto a no dejar pasar inadvertidas las cuestiones que constituyen un atentado a la convivencia republicana. Para que quede claro: un Presidente de la República en ejercicio de su cargo no debe financiar campañas electorales.
(*) Estudiante de la Universidad de Oxford. Investigador Centro de Análisis e Investigación Política CAIP.
Fuente: El Mostrador
Empresas que financian la política
por Francisca Miranda y Francisco Artaza
Un documento liberado por el SII, a través de la Ley de Transparencia, revela por primera vez la identidad de 242 empresas que habrían postulado a beneficios tributarios por aportes a la actividad política durante el 2013, el año de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Primero fue la Cámara de Diputados la que aprobó, en agosto, dos indicaciones para eliminar el sistema de aportes reservados y prohibir a las empresas la posibilidad de donar a campañas políticas -discusión que radica ahora en la Comisión de Constitución del Senado- y luego, la investigación del Ministerio Público por posibles donaciones políticas irregulares relacionadas con el grupo Penta. Ambos eventos reflotaron el debate por la relación entre política y dinero y pusieron el foco en el sistema de financiamiento electoral, esquema que el gobierno se propone reformar.
Reportajes solicitó al SII, con fecha 1 de septiembre, a través de la Ley de Transparencia, la lista de empresas que se acogió en 2013, para el año tributario 2014, a los beneficios impositivos que establece la ley para las donaciones a la actividad política.
El SII liberó el “Listado de empresas, personas jurídicas, que solicitaron franquicias tributarias en el año comercial 2013, con su RUT, razón social y rubro” por ese concepto, las que incluyen financiamiento a candidatos, partidos y centros de formación política.
La información entregada por el SII incluye, además, la cifra total de los gastos declarados por las empresas bajo el código 793 de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta, que corresponde a los “Gastos por Donaciones para fines políticos”.
Esta última contempla $ 13.700 millones declarados por donaciones realizadas en 2013, pero advierte que, de ese total, $ 2.900 millones fueron considerados como “gastos rechazados” por el servicio bajo el código 812. El SII puede rechazar estos gastos cuando, entre otras razones, el contribuyente realizó donaciones en especies o servicios, ya que sólo pueden optar a franquicia tributaria los aportes realizados en dinero.
También puede rechazar la solicitud de descuentos tributarios cuando los montos declarados por las empresas superen el límite legal del 1% de su renta líquida imponible.
Así lo explica el director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, quien señala que es habitual que existan solicitudes de beneficios tributarios rechazados, ya que las empresas hacen una estimación de su renta líquida imponible al momento de realizar una donación, la que al cierre del año puede ser menor a la proyectada y la donación, con ello, sobrepasa el límite exigido por la ley.
La nómina del SII contabiliza 242 contribuyentes que realizaron donaciones políticas. En marzo, el Servicio Electoral informó que eran cerca de 300 las personas jurídicas que realizaron aportes reservados durante 2013. El Servel no divulga la identidad de los donantes.
La diferencia entre ambas cifras podría ser explicada, según abogados consultados, porque muchas de las empresas registradas en el Servel no hicieron uso de las franquicias tributarias que permite la ley y, por ende, no aparecen en la información de Impuestos Internos.
El Servel informó en marzo, además, que 12 personas naturales materializaron aportes reservados el año pasado. El SII no entregó el detalles de particulares en virtud de la ley de protección de datos personales.
Para la confección de la nómina completa, el SII consultó sus registros el 25 de septiembre. Además, aclaró que las cifras son preliminares, ya que pueden ser rectificadas por los contribuyentes. El SII no detalló, por secreto tributario, el monto de cada donación. En la lista se incluyen empresas de diversos rubros y grandes grupos que realizan aportes a través de varias compañías. De las 40 empresas más transadas de la Bolsa, que componen el Indice Ipsa, 19 de ellas -directamente o vía filiales- realizaron aportes.
Y aun cuando varias de las compañías contactadas confirmaron haber realizado aportes, el Colegio British Royal School, incluido en la lista, negó haber realizado donaciones de este tipo y anunció gestiones para rectificar los datos del SII.
Seis firmas del grupo Penta
Fue a fines de agosto que la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Santiago Oriente por el llamado caso fraude al FUT tomó un cariz diferente, luego que el ejecutivo de Empresas Penta, Hugo Bravo, involucrara en la causa a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Además de los antecedentes que entregó sobre supuestas facturas ideológicamente falsas, Bravo denunció aportes fuera de la ley a algunos dirigentes políticos.
La arista que investiga el fiscal Carlos Gajardo, tras la denuncia del Servicio de Impuestos Internos, abrió un fuerte debate sobre las falencias del actual sistema de financiamiento político.
Al margen de la investigación judicial, en la lista de empresas elaborada por el SII en base a la declaración de impuestos de cada contribuyente, seis sociedades ligadas al holding que encabezan Délano y Lavín aparecen acogiéndose al beneficio tributario por donaciones a campañas o partidos políticos durante el año 2013.
Délano y Lavín son dueños de Penta, que controla, junto al empresario Eduardo Fernández León, el holding Banmédica. Dos filiales de esta última -la Isapre Vida Tres y la Clínica Santa María- hicieron aportes en 2013. A ellas se suman la inmobiliaria Penta Propiedades; las sociedades Penta Corredora de Bolsa y Penta Administradora General de Fondos, ambas vinculadas al banco Penta; y la administradora de fondos de inversión Penta Las Américas, que el grupo controla en un 70%. El restante 30% está en manos de su gerente general, Horacio Peña.
Sociedad de Piñera donó a campañas
Entre las personas jurídicas que solicitaron este año beneficios tributarios por donaciones para fines políticos figura Inversiones Santa Cecilia S.A.
La sociedad anónima cerrada pertenece al ex Presidente Sebastián Piñera y a los miembros de su núcleo familiar más cercano y es uno de los vehículos de inversión -junto a Bancard Inversiones- a través de las cuales controla gran parte de su patrimonio.
En abril de 2009, casi un año antes de asumir la presidencia, Piñera entregó la administración de parte de sus inversiones, bajo la forma de un fideicomiso ciego, a cuatro compañías financieras: LarrainVial, Celfin Capital (ahora BTG Pascual), Bice y Moneda Asset Management, con las cuales firmó una serie de mandatos de administración discrecional. Piñera mantuvo en Bancard, fuera de los fideicomisos, la gestión de casi US$ 1.700 millones conseguidos con la venta de Lan, Chilevisión, Clínica Las Condes y Blanco & Negro.
Al directorio de Inversiones Santa Cecilia entraron en 2010, cuando Piñera llegó a La Moneda, el abogado Fernando Barros y el empresario José Cox. Sobre la presencia de esta sociedad en la lista del SII, en la fundación del ex mandatario recalcaron que estos aportes tienen carácter de reservados.
“Los aportes reservados son legales y se debe respetar la letra y el espíritu de la ley, por lo que no corresponde dar a conocer ni los montos ni los destinatarios”, señaló la ex vocera de gobierno y actual vicepresidenta del directorio de la Fundación Avanza Chile, Cecilia Pérez.
Los grandes grupos económicos
Del ranking de grupos económicos en Chile que prepara la Universidad del Desarrollo, los 10 primeros controlan directa o indirectamente sociedades que aparecen en la lista del SII, que no detalla los montos donados a la actividad política.
El mayor grupo local es el encabezado por la familia Luksic. En la nómina del SII figuran al menos siete sociedades. Entre ellas, las empresas mineras Esperanza y Los Pelabres; el Banco de Chile y su corredora de Bolsa y su Administradora General de Fondos; y dos sociedades relacionadas al grupo, Inversiones Río Azul y Unitron (ex VTR). Los montos de estas donaciones se mantienen en reserva. Los dineros que sí hizo públicos el grupo son los de la matriz de los negocios mineros del grupo, Antofagasta Plc. En su reporte anual, el año pasado aportó US$ 2,3 millones para las elecciones “presidenciales y locales”. En 2012 había donado US$ 1,2 millón para las las elecciones municipales.
“Antofagasta PLC como compañía radicada en Londres, refleja en su reporte anual de finanzas las contribuciones realizadas por la empresa y sus filiales en el marco de la ley de Trasparencia, Límite y Control de gasto electoral. En relación a las diferentes elecciones del año 2013, en primera y segunda vuelta, el aporte fue de $ 1.006 millones. En Chile existe una ley que regula estas donaciones y por lo tanto, su transparencia, y en ese contexto, las empresas estimaron conveniente contribuir al financiamiento de las correspondientes campañas con un criterio de equidad en su distribución”, señaló a Reportajes Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals. El ejecutivo agregó que “los aportes han sido siempre hechos como un apoyo a la democracia en Chile. Las empresas son parte activa de la sociedad, colaboran en la construcción del país y valoran la solidez de su institucionalidad y democracia. Nos parece relevante aportar en el debate de ideas y la generación de políticas públicas que vayan en beneficio del progreso y desarrollo de Chile, respetando estrictamente los marcos legales vigentes en nuestro país”.
El segundo lugar en el ránking de la UDD lo ocupa el grupo Angelini. En el reporte del SII figura aportando a campañas políticas a través de siete RUT distintos. Entre ellos, figuran Celulosa Arauco y sus filiales Aserraderos Arauco y Paneles Arauco; Abastible, la pesquera Corpesca, la Compañía Minera Paso San Francisco -todas ellas ligadas al holding Empresas Copec.
El grupo Falabella -la empresa con mayor capitalización bursátil de Chile, con un valor de US$ 16.500 millones-, también figura con dos filiales en la lista del SII: la cadena Sodimac y la sociedad relacionada Servicios e Inversiones Falabella. A ellos se suma la sociedad Bethia, controlada por Liliana Solari y sus hijos Carlos y Andrea Heller.
Del grupo Yarur aparecen dos filiales del banco BCI: la corredora de bolsa y la administradora general de fondos BCI Asset Management. La familia Said, quinta en el ranking UDD, aparece en el listado del SII a través de Parque Arauco.
La familia Cueto aparece con Latam Airlines Group -la mayor aerolínea latinoamericana, nacida de la fusión de Lan y TAM- y su filial Lan Cargo, en la lista del SII.
Security, controlado entre otros por los empresarios Francisco Silva y Renato Peñafiel, declaró ante el SII aportes para fines políticos, a través de dos sociedades integrantes de su grupo empresarial: Inversiones Seguros Security e Inversiones Invest Security.
Horst Paulmann, otro top 10 en el ránking de grupos económicos, integra la lista del SII con cinco sociedades: Cencosud Administradora de Tarjetas S.A.; Cencosud Retail S.A.; Cencosud Shopping Centers S.A.; Easy; y Comercializadora Costanera Center Spa.
El grupo que encabeza Juan Hurtado Vicuña aparece con varias sociedades ligadas a dos de sus negocios más relevantes: Entel y Consorcio Financiero. El décimo conglomerado de la lista de la UDD es CGE, eléctrica controlada por las familias Marín, Hornauer y Pérez Cruz y que aparece con varias filiales (ver otros recuadros).
El grupo Matte, en tanto, uno de los más influyentes del país, ha aportado al financiamiento de la política a través de más de una docena de sociedades, entre ellas, CMPC, Colbún y Puerto Lirquén. La forestal CMPC declaró en su Reporte de Desarrollo Sostenible 2013 que los aportes a las campañas electorales ascendieron a US$ 1,3 millones.
Otro de los conglomerados que ha divulgado sus cifras es el grupo Saieh -controlador de Copesa, que edita La Tercera-, que en documentos relacionados con la fusión con el brasileño Itaú reveló que el año pasado contribuyó con $ 1.005 millones a actividades políticas a través de CorpBanca ($ 866 millones) y tres filiales del banco.
Firmas de telefonía y educación
Importantes empresas de telecomunicaciones también integran el registro del Servicio de Impuestos Internos de contribuyentes que donaron en 2013 a la actividad política. Al mando del grupo Hurtado Vicuña, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) es una de las compañías de telecomuicaciones que -junto a su filial Entel Telefonía Local S.A.- realizaron aportes a campañas políticas durante el año 2013.
Asimismo, las empresas Claro Chile y Claro Infraestructura 171, también integran el listado del SII. Ambas compañías son controladas por el mexicano Carlos Slim. Otras empresas de telecomunicaciones son GTD Internet S.A. y GTD Teleductos S.A., ligadas al empresario Juan Manuel Casanueva.
Por otro lado, dueños de instituciones de educación superior, como la Red Educacional CEG, también son parte de quienes realizaron aportes a campañas políticas. En su caso, a través de: Cepech S.A. e Instituto Profesional de Chile S.A., dos de los planteles educacionales adminsitrados por el conglomerado que además incluye la red de colegios Terra Austral y la administración de la Universidad de Ciencias de la Información (UCINF).
Tal como destaca el sitio web del IP Chile, las cuatro insitituciones concentran cerca de 76 mil estudiantes en todo el país. Fuentes de la empresa confirmaron que las donaciones fueron realizadas a través de aportes reservados de acuerdo a la ley vigente y por tanto optaron por no cambiar la naturaleza de la reserva transparentando los montos y destinatarios.
Las otras empresas del Ipsa
De las 40 empresas del Ipsa, casi la mitad figura en el reporte del SII como donantes en forma directa o indirecta. Una de ellas es SQM, la minera no metálica controlada por Julio Ponce Lerou, el empresario multado en US$ 70 millones por la SVS por infraciones a la Ley de Mercado de Valores. Sus sociedades SQM Industrial S.A. y SQM Nitratos S.A. integran el grupo de aportantes a la política.
Otra de las empresas más transadas en la Bolsa chilena que también ha registrado gastos por donaciones para fines políticos es la acerera CAP, compañía presidida por el empresario Roberto de Andraca.
También del Ipsa, la mayor empresa vitivinícola del país, la Viña Concha y Toro, controlada por la familia Guilisasti, reporta aportes políticos en el registro del SII. A ellas se suman, entre otras, Parque Arauco, Colbún, Enersis y Lan Airlines.
La lista de las 242 personas jurídicas incluye a otras empresas abiertas en Bolsa. Por ejemplo, Molibdenos y Metales S.A., firma donde participan las familias Gianoli, Mustakis y Matte.
También figuran empresas ligadas al grupo Enjoy, el mayor operador local de casinos, valorado en Bolsa en más de US$ 250 millones y controlado por la familia Martínez. Entre ellas se cuentan las sociedades Campos del Norte S.A., Inmobiliaria Proyecto Integral Coquimbo S.A. e Inversiones Inmobiliarias Enjoy Spa. No es el único casino de la lista: también aparece Casino de Juegos de Iquique S.A. de la familia Fischer (Grupo Dreams).
Empresas de electricidad y pesqueras entre principales donantes
Dos rubros que marcan importante presencia entre quienes solicitaron acogerse a beneficios tributarios por aportes políticos son las compañías eléctricas y las empresas pesqueras.
En el área energética, según consigna la lista entregada por el SII, destaca la multinacional Enersis S.A., la que -según una publicación de Ciper- decidió en septiembre de 2013 donar cerca de US$ 2,5 millones en aportes políticos de carácter reservado. También el reporte del SII incluye a Endesa, filial de Enersis y la mayor generadora eléctrica local. Es presidida por Jorge Rosenblut, a quien la semana pasada José Antonio Kast emplazó por supuestas donaciones de esa firma a la campaña de Michelle Bachelet en 2013. El directorio de Endesa decidió el 30 de agosto del año pasado donar US$ 1 millón a campañas.
Otras empresas del rubro energético solicitaron acogerse a beneficios tributarios por donaciones políticas. Uno de ellos es el grupo CGE, cuyos controladores acordaron la semana pasada venderlo a Gas Natural Fenosa. En el SII aparecen sus filiales Empresa Eléctrica de Arica; Empresa Eléctrica de Talca; Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule; y Transnet.
También es posible identificar en la lista a la empresa de transmisión de energía eléctrica Transelec Norte Grande y una filial de la empresa del grupo Matte: Colbún Transmisión. Esta última, según registra un acta del directorio de septiembre de 2013, aportó $ 215 millones a campañas electorales a través de dos filiales.
Por otro lado, entre las aportantes destacan grandes pesqueras: por ejemplo, la empresa Blumar S.A., cuyos dueños son la familia Sarquis y el grupo Yaconi-Santa Cruz.
Entre las pesqueras, además figura el grupo Fernández y la familia Stengel a través de Camanchaca Pesca Sur y su filial Pesquera Bío Bío S.A.
La empresa pesquera ligada al grupo Angelini, Corpesca, también está en los registros entregados por el SII.
Según consignó Ciper, las donaciones de las empresas anteriormente mencionadas en las últimas elecciones corresponden a $ 80 millones por parte de Blumar S.A., $ 45 millones de Camanchaca Pesca Sur S.A., $ 30 millones de Pesquera Bio Bio S.A. y $ 25 millones de Corpesca.
Tras ser consultada por Reportajes, Camanchaca Pesca Sur S.A. sostuvo que la empresa “consideró oportuno contribuir al proceso político y democrático del país llevado a cabo en las elecciones recientes, y en virtud de ello efectuó aportes según los procedimientos establecidos en la ley”.
Según la lista del SII, la empresa Pesquera Grimar, Pesquera Hernández Limitada, la Sociedad Pesquera Coloso S.A. y la Sociedad Pesquera Landes S.A. también realizaron donaciones políticas durante el año pasado.
Fuente: La Tercera
 que contenía a las empresas que se acogieron a los beneficios tributarios derivados de las donaciones a la actividad política en virtud del código 793 de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta. En el reportaje se hace explícita mención a Inversiones Santa Cecilia S.A. El propietario de esta sociedad anónima cerrada es el ex Presidente Sebastián Piñera y, junto a Bancard S.A., son sus dos principales vehículos de inversión. La conducta de Piñera es sorprendente: parece reinventar los límites de lo que conocíamos.){kind=link}