En septiembre de 1973, 19 trabajadores de La Papelera y ferrocarriles de Laja, habitantes de ese pueblo y de San Rosendo, fueron detenidos y llevados a la Tenencia de Laja. Como pasó con cientos de chilenos, su rastro se perdió y sus familiares no supieron hasta seis años después dónde estaban: enterrados en el cementerio de Yumbel. El hallazgo abrió una investigación que llevó al ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, a establecer que habían sido carabineros de la zona quienes los asesinaron. Sin embargo, el juez Martínez no llegó hasta el final: por tratarse de uniformados, en marzo de 1980 se declaró incompetente y le pasó la investigación a la justicia militar, que sobreseyó la causa tres meses después.
Transcurrieron 27 años antes de que un magistrado volviera a ver la causa. El año 2010, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del Interior, pidieron la reapertura de la causa a la Corte de Apelaciones de Concepción. Esta vez fue el ministro Carlos Aldana quien tomó la información en sus manos y dejó sin efecto el sobreseimiento.
Desde el año 2011 que el juez no solo ha tomado declaraciones a los principales involucrados, sino a la red –que incluye a los trabajadores de la CMPC– que permitió que estos crímenes quedaran impunes durante tantos años. De hecho, antes de ser encontrados en el cementerio de Yumbel, se estableció que las 19 personas fueron ejecutadas y enterradas en el Fundo San Juan, de propiedad de la Forestal Mininco, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) que ahora es dueña del terreno.
Sin embargo, las declaraciones de testigos e involucrados en la masacre de Laja dan pistas que escalan en el nivel de responsabilidad que tuvo la CMPC –de propiedad del grupo Matte– en el encubrimiento de las muertes.
En ese contexto es que en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Aldana, será citado a declarar Roberto Izquierdo Menéndez, uno de los empresarios más importantes del sector forestal, miembro del directorio de Yadrán S.A., director de Almendral S.A. (Controladores de Entel) –donde los Matte tienen 32,07%–. Presidió la Sociedad Nacional de Pesca A.G. Es director de Alimentos Marinos S.A, Petroquim S.A, Forestal y Papelera Concepción y vicepresidente de Diario Financiero. Entre otros cargos, se desempeña como Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Corporación de la Madera.
En los años en que ocurrieron los hechos, Izquierdo tenía un cargo gerencial en la Forestal Mininco, de los Matte. Es una hebra que lleva directamente a la CPMC, ya que su nombre ha sido mencionado en testimonios recientes que intentan develar la masacre de Laja.
A la sombra de los cuervos
El periodista Javier Rebolledo investigó durante varios meses la responsabilidad que le cabría a la CMPC en los crímenes de la Octava Región. En el libro A la sombra de los cuervos –que se presenta este sábado– recoge las últimas declaraciones que intentan explicar las responsabilidades en la masacre. “¿Quién elaboró en la Papelera la lista exacta para determinar a quién detener?”, se pregunta Rebolledo en el libro (Ceibo Ediciones) y continúa: “… Previo al golpe, un patrulla militar comandada por un oficial de inteligencia del Regimiento de Los Ángeles alojó por cerca de un mes en terrenos de la Papelera.
El 11 de septiembre, la patrulla partió de vuelta donde sus jefes. Acto seguido, el comandante del regimiento viajó a Laja para ordenarles a los carabineros que detuvieran a ciertos dirigentes ‘conflictivos’ de la CMPC. Los carabineros ‘obedecieron’”.*
Este también recoge las últimas declaraciones ante el juez Aldana, donde se menciona a Izquierdo Menéndez, quien –según información confirmada por El Mostrador– sería citado a declarar la próxima semana:
“A fines de 2014, con la reapertura de la causa, la Policía de Investigaciones siguió la hebra a un antecedente que el camionero Cifuentes (José Sebastián Cifuentes, uno de los primeros en encontrar los restos), le había proporcionado al ministro Martínez Gaensly en 1979. Según él, antes de dar con las fosas y antes también de que sus compañeros le indicaran dónde se ubicaban, su jefe de labores, ‘el señor Reyes’, le señaló que cuando llegara al fundo con sus compañeros para recoger la madera y cargarla en los camiones, ‘nos encontraríamos con una sorpresa’.
Cifuentes no recordaba su nombre, solo que era el encargado de aprobar la cantidad de madera cargada antes de partir a dejarla a la Papelera en Laja. La sorpresa, entendió el ministro Carlos Aldana, eran los cuerpos. Por ende, ‘el señor Reyes’, una autoridad de la compañía, tenía que necesariamente conocer el hecho criminal. El 21 de noviembre de 2014 ubicó al ‘señor Reyes’, Guillermo Florencio Reyes Contreras, que declaró ante el prefecto Sergio Claramunt, jefe de la Brigada de Homicidios.
Hoy es dueño del aserradero Poco a Poco, ubicado a doce kilómetros de Los Ángeles, uno de los más grandes de la región, y, además, es vicepresidente del Departamento de Aserraderos y Remanufacturas de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) de Bío Bío.
Para octubre de 1973, recién iniciada su carrera, Reyes era empleado de la Forestal Mininco. Su función, según declara, ‘era controlar las faenas y que las maderas obtenidas se despacharan en forma correcta y sin demora. En otras palabras, yo controlaba la salida de madera desde los fundos Los Perales, San Vicente, San Ignacio, San Juan, entre otros’.
Según Reyes, ese mes, mientras aprobaba las cargas de camiones que partirían a la planta celulosa Laja, habló con el supervisor de la empresa contratista, encargado de manejar el fundo San Juan, Pedro Toledo, y otro empleado. Ambos le dijeron que habían dado con ‘un par de fosas con cadáveres que estaban a la vista por efecto de la lluvia’ y porque los perros habían escarbado en el lugar. Reyes lo puso en duda, así que partió a cerciorarse.
Se encontró con ‘cuerpos enterrados, ya que vi parte del abdomen de un cuerpo, con grasa y vísceras; también reconocí un chaquetón de Castilla, que comúnmente era utilizado por el personal de la fábrica, además de unos zapatos’. Posterior a este hallazgo siguió trabajando. Reyes identificó el lugar como el fundo San Ignacio, separado solo por un camino cortafuegos del vecino San Juan.
“Quince días después, Reyes volvió al fundo con un grupo de camioneros y trabajadores para cargar madera hacia la celulosa de Laja, entre los que se encontraba Cifuentes, el hombre que lo identificó, advirtiéndole en esa ocasión que cuando se internara a buscar la madera para llevar a Laja, ‘se encontraría con una sorpresa’.
Muchos funcionarios de La Papelera se habrían enterado de lo recién ocurrido. Interrogado en 2014 por segunda vez, el camionero Cifuentes declaró que ‘se supo al interior de la Papelera por comentarios. Al saberse, llegó gente de la Papelera y particulares del pueblo a ver la situación’.
En 2015 amplió su declaración al recordar cómo el hecho se conoció al interior de la empresa. Dijo que, luego de encontrar los cuerpos, impactado, partió de vuelta a la planta de celulosa en su camión:
‘Al llegar a este lugar, tanto yo como los cargadores comenzamos a comentar esta situación a los demás trabajadores y así sucesivamente se fue corriendo la voz, por lo que la misma gente de esta comuna, así como trabajadores de la CMPC, concurrieron al lugar para verificar que lo que estábamos contando era cierto’.
Cifuentes agregó que él mismo le comentó del hallazgo al encargado de contabilizar los kilos de madera llegados a la empresa: ‘De igual forma, tienen que haberlo hecho los cargadores y otros choferes que trabajaban en el mismo fundo’”.
El texto de Rebolledo da más detalles:
“Según Guillermo Reyes, el aviso que le dio a los camioneros respecto de las fosas con cadáveres –entre ellos a Cifuentes– tuvo un costo para él. Ese mismo día volvió a la planta de celulosa y fue hasta el casino de la población, ubicado dentro del complejo de la empresa. Eran poblaciones destinadas a alojar a los trabajadores e instalaciones para su esparcimiento. Reyes pernoctaba ahí cuando trabajaba en los bosques aledaños, aunque su jefatura estaba en Concepción, donde se ubicaban las oficinas de la Forestal Mininco.
Dos carabineros vestidos de civil, a quienes identificó como los funcionarios de la tenencia de Laja Gerson Nilo Saavedra y el suboficial Pedro Rodríguez Ceballos, lo tomaron detenido y lo llevaron al cuartel para interrogarlo. Ahí habría sido amenazado con ser trasladado a la isla Quiriquina, centro de detención para presos políticos instalado por la naciente dictadura.
Uno o dos días después del interrogatorio, Reyes contó esta situación a la gerencia general de Mininco:
‘Me comuniqué telefónicamente con mi jefe, de nombre Roberto Izquierdo, dándole a conocer que había sido trasladado a Carabineros, por cuanto yo sabía del hallazgo de unos cuerpos en uno de los campos que controlaba’.
En su declaración, Reyes dijo no recordar bien qué le dijo a Roberto Izquierdo. De lo que estaba seguro era ‘que este me dijo que me quedara tranquilo y callado’”.
Pese a que en ese momento Reyes no dio más datos respecto a quién sería Roberto Izquierdo, hace pocas semanas la investigación determinó que a quien se refería era a Roberto Izquierdo Menéndez, parte del clan familiar también conocido como Grupo Izquierdo Menéndez, compuesto fundamentalmente por él y sus diez hermanos.
Uno de ellos es Diego Izquierdo Menéndez, uno de los autores del crimen del general René Schneider, quien no estuvo jamás en la cárcel por este hecho y fue favorecido por la Ley de Amnistía a fines de los 70.
Tal como destaca el nuevo libro de Rebolledo, Roberto Izquierdo Menéndez es también controlador de Alimentos Marinos S.A. (Alimar), matriz de sus inversiones pesqueras y una de las empresas importantes dentro del rubro.
Es por esto que ha figurado recientemente por su participación en la polémica Ley de Pesca, aprobada en diciembre de 2012.
“Izquierdo Menéndez pertenece a uno de los clanes familiares empresariales beneficiados por el cuerpo legal que les otorgó entre el 85 y el 100% de las cuotas de la gran industria y el goce monopólico de la renta pesquera, estimada en 740 millones de dólares anuales. La denominada Ley Longueira de privatización pesquera ha sido calificada como la mayor expropiación de bienes nacionales y recursos naturales”, recordó Rebolledo.
Los lazos entre Carabineros y La Papelera
La relación entre la CMPC y los carabineros de la zona ha quedado suficientemente documentada en el proceso investigativo. Tanto, que testimonios indican que para el traslado de los rehenes se utilizaron automóviles de la empresa y que el principal responsable de los crímenes, quien comandaba la patrulla y responsable de trasladar a los rehenes y ejecutarlos –el teniente (r) Alberto Juan Fernández Michell– incluso vivió en una de las casas del predio de la CMPC.
El periodista Javier Rebolledo también destaca que, previo al Golpe, la Papelera tuvo dentro de sus instalaciones a una patrulla militar de inteligencia perteneciente al Regimiento de Los Ángeles y que ellos –probablemente– “ayudaron a hacer las listas de detenidos”.
El mismo martes del golpe, esta patrulla volvió a Los Ángeles y, acto seguido, el comandante del regimiento e intendente, Alfredo Rehren Pulido, viajó a Laja donde le dijo a Carabineros que detuvieran a personas. Dentro de estas, están los 19 detenidos de Laja y San Rosendo, y también otras que fueron torturadas.
Años después, Rehren Pulido, el jefe del regimiento e intendente zonal, y hombre que elaboró las listas, pasó a trabajar como empleado de la Papelera en Puente Alto. “Ese fue su premio”, señala Rebolledo.
El periodista también relata que este mismo regimiento y Rehren Pulido están involucrados en las matanzas de toda la zona, pues desde el Regimiento de Los Ángeles se digitó la masacre que cayó sobre el sector.
Son todos estos detalles los que llevan a pistas que involucran a los asesinos con los encubrimientos de la CMPC.
Pese a los llamados de El Mostrador a Alimentos Marinos (Alimar), donde se encuentra la oficina de Izquierdo, este no respondió.
El miércoles, ante las cámaras del programa ‘En La Mira’ de Chilevisión, el magistrado Aldana señaló, sin embargo, que las pesquisas llevaban a caminar por buena ruta:
“Todos son antecedentes que, unidos a otros, pueden tener fuerza para muchas cosas que se puedan adoptar en el proceso”.
Fuente: El Mostrador
