La dudosamente célebre trampa del juicio abreviado lo hizo de nuevo. En su mérito, los ejecutivos de La Polar se declararon culpables, pero por lo mismo, garantizaron pasar sus condenas en libertad, previo pago de multas ridículas e irrisorias, en relación a los millonarios perjuicios causados. ¿Qué gana la sociedad con ello? Ejemplo emblemático de la justicia de clase.
Lo habían advertidos algunos abogados querellantes que participan en distintas causas que investiga el Ministerio Público, respecto al financiamiento irregular de campañas políticas.
El caso de Jovino Novoa, el ex presidente de la UDI y primer condenado del Caso Penta, sentó un precedente para futuras negociaciones respecto de la posibilidad de negociar un juicio abreviado y asegurar, al menos en su situación, cumplir una pena remitida, es decir, en libertad.
Precisamente un juicio abreviado es lo que consiguieron las defensas de tres ex ejecutivos de la empresa La Polar: Pablo Alcalde, ex presidente del directorio y ex gerente general; Julián Moreno, ex gerente de productos financieros; y María Isabel Farah, ex gerenta de administración. Esto, luego de la autorización del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.
Tres imputados que reconocieron su participación en delitos financieros de lavado de activos e infracciones a la Ley de Mercado de Valores, así como a la Ley General de Bancos, accediendo a un proceso judicial que les permitirá evitar el juicio oral y rebajar sus futuras condenas.
Delitos que fueron descubiertos en 2011, cuando se constataron las repactaciones unilaterales de deudas que afectaron a alrededor de un millón de clientes, las que comenzaron a aplicarse en 2006.
Por su parte, el fiscal José Morales, a la cabeza de la investigación del Caso La Polar, manifestó su satisfacción con la decisión del tribunal:
“Se han acogido todas las solicitudes que hemos hecho, sin perjuicio que falta por conocer el monto de las penas y el monto del comiso, que esperamos que sea el monto solicitado”.
Asimismo, destacó, «son delitos inéditos en la legislación chilena, nunca antes se había condenado por infracción al Mercado de Valores ni este delito de la ley de Bancos, así que obviamente debemos estar conformes y satisfechos”.
¿Hablará en serio el señor fiscal, o habrá fumado algo?
En cuanto a las multas, cada uno de los ex ejecutivos debería, en principio, pagar 20 mil UTM, es decir, alrededor de 900 millones de pesos. A esto se agregaría una suma de 220 millones de pesos en el caso de Alcalde, quien además ofreció otros 150 millones como indemnización para los clientes perjudicados.
Respecto de Moreno, la multa llegaría a los 258 millones de pesos, mientras que 228 millones en el caso de Farah.
Otro aspecto a considerar es que los procesados quedarían inhabilitados durante dos años para desempeñarse como directores de empresas.
En el caso del ex gerente de finanzas Santiago Grage, el Segundo Juzgado de Garantía decretó la suspensión provisional del proceso durante dos años. Sin embargo, el ex ejecutivo deberá cumplir con 60 horas de trabajo comunitario, así como la prohibición de relacionarse con los otros procesados.
La sentencia será conocida en su integridad el próximo 18 de diciembre a las 12:00 horas, mientras que el 7 de marzo el mismo tribunal decidirá la situación de los 150 millones ofrecidos como indemnización por la defensa de Alcalde.
Diputado Chahin exige urgencia a proyecto que aumenta penas a delitos de cuello y corbata
Un llamado al Gobierno a poner urgencia al proyecto de ley que tipifica el delito de fraude masivo y que aumenta las penas para los delitos de «cuello y corbata» realizó hoy el diputado Fuad Chahin (DC), integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, ello en el contexto del caso de La Polar que, después de cuatro años, terminó sin la aplicación de penas de cárcel y con un fuerte debate sobre el destino de los dineros y bienes de los condenados.
«Lamentablemente, después del juicio abreviado del día de ayer, ha quedado claro que para los ejecutivos de la empresa La Polar el fraude masivo que hicieron a millones de consumidores, donde además afectaron a miles de accionistas minoritarios, a millones de trabajadores en sus fondos de pensiones de las AFP, fue simplemente llegar y llevar», remarcó el legislador.
Sostuvo que multas de 900 mil pesos y penas remitidas «terminan siendo una bofetada para los millones de chilenos que fueron afectados por el fraude financiero más grande que ha conocido nuestro país».
«Por eso yo llamo al Gobierno a ponerle urgencia al proyecto de ley que tipifica el delito de fraude masivo y que aumenta las penas para los delitos de cuello y corbata, para que nunca más estos señores se sientan con el derecho a defraudar a millones de chilenos y que después terminen cumpliendo la pena en libertad tranquilamente en sus mansiones, pagando además multas que son simplemente ridículas», puntualizó.
