A la campaña contra el Apruebo se ha sumado, explícitamente, el BCI (conocido antes como Banco de Crédito e Inversiones), con un “estudio” sobre el costo económico de la propuesta constitucional.
El argumento básico del banco –según informa la prensa– es que la nueva Constitución implica incertidumbre jurídica, lo que impacta en la inversión y mayor conflictividad laboral, todo lo cual llevaría a un deterioro del PIB tendencial del 2,2% actual a un 1,2% (pero nada dice respecto de las causas que llevaron a que el PIB tendencial haya caído a un 2.2% en los últimos años) y un aumento del desempleo desde 7,5% a 9,5%.
El banco elude preguntarse sobre las causas que llevaron a una amplia movilización social, ya desde hace más de una década, y que culminaron en el estallido social del 18-O.
De haberlo hecho, los analistas se habrían dado cuenta de que la sociedad chilena se encontraba extremadamente insatisfecha con la grave desigualdad existente, con la gran concentración de la riqueza y el ingreso, con las pensiones miserables que entregaban las AFP después de 40 años de funcionamiento, con la grave crisis medioambiental, el deficiente y desigual sistema educativo, todo lo cual generó una movilización social que puso en cuestión los fundamentos básicos del funcionamiento de la sociedad chilena.
Se llegaba así al punto máximo de “incertidumbre jurídica y política”.
El acuerdo del 15 de noviembre del 2019 constituyó el primer paso para superar la incertidumbre al abrir el proceso constituyente.
El rechazo por parte del 80% del electorado a la Constitución del 80; la opción por una Convención Constitucional completamente elegida fue un nuevo paso hacia una situación de mayor certidumbre. La grave fractura social y política que se venía generando desde hace más de 10 años, la radicalización de la derecha, cuyo sector mayoritario votó Rechazo y se negó a participar constructivamente en la Convención, y la incorporación de grupos excluidos del sistema político y económico, dificultaron el funcionamiento de la instancia a la cual los chilenos y chilenas confiaron la elaboración de la nueva Constitución (NC).
El banco ignora también en su informe la incertidumbre creada por la campaña de fake news que, desde antes que siquiera se hubiesen alcanzado los primeros acuerdos sobre la NC, desataron medios de prensa y los propios constituyentes de la extrema derecha.
No obstante, fue posible construir mayorías superiores a los 2/3, logrando con ello ofrecer un proyecto constitucional que mira al futuro y responde a los más graves problemas que enfrenta el país y el mundo, dando así un paso más para superar las incertidumbres. El reciente acuerdo de los partidos por el Apruebo, explicitando el real contenido de artículos, ayuda también a este proceso. Todo esto es conocido.
Menos abordados son los problemas metodológicos que enfrentan los “estudios” respecto de los presuntos impactos fiscales y económicos de la nueva Constitución, al basarse en “disquisiciones” y al eludir toda referencia a la lógica económica de la NC que, justamente, apunta a superar los problemas que ha venido acumulando el modelo económico vigente. яндекс
El estudio sobre los costos fiscales de la NC
Es el caso del estudio encabezado por Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés y otros, sobre los costos fiscales de la NC y publicado a fines del mes de julio. Cabe saludar el estudio, pues ayuda a cuantificar la magnitud del esfuerzo necesario para satisfacer los derechos sociales (DDSS) que la NC compromete, y deja en evidencia que la “Constitución de los Derechos” va en serio. Cabría, sin embargo, en primer lugar, recalcar que la implementación de estos compromisos estará sujeta al principio de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, taxativamente especificado en el artículo 183 de la NC.
Es necesario señalar que el estudio presenta limitaciones graves que acotan su relevancia. Aplica la metodología utilizada para estimar el costo de las leyes en circunstancias que la Constitución formula solo principios y los costos de implementación dependerán de la legislación que los desarrollen y de las orientaciones políticas de los distintos gobiernos que entenderán de manera diversa el contenido de los derechos.
Tan importante como lo anterior, es que el estudio no considera el impacto positivo de los DDSS en el crecimiento de la economía y la productividad, lo cual impide determinar la proporción que representan los costos estimados, en el PIB de los próximos 10 años. Esto es crucial, pues en la NC subyace el convencimiento de que la inversión en DDSS y en especial en educación, salud y cuidado, más allá de su impacto en el bienestar social, tiene un impacto positivo significativo en la capacidad de crecimiento.
Piénsese, por ejemplo, en el impacto del sistema de cuidado en el incremento de la tasa de participación de la mujer y, en consecuencia, en la capacidad productiva del país y en los ingresos fiscales. Los resultados de países como Dinamarca en este campo son extraordinarios. O el impacto de una educación de calidad en una economía basada en el conocimiento.
Tan importante como lo anterior es que en la NC subyace la idea de que solo una economía basada en la innovación, articulada con la protección del medioambiente y el compromiso del Estado con el desarrollo de nuevas actividades productivas y que aprovecha las oportunidades que abre la transición a una economía global verde, en la cual el país tiene muchas ventajas, favorece el acelerado crecimiento del PIB, reduciendo el costo de la inversión en los DDSS que promueve la nueva Constitución, como porcentaje del PIB.
Lo que omite el estudio del BCI: la lógica económica de la NC
El debate sobre la dimensión económica de la nueva Constitución (NC) ha omitido el análisis de la lógica que orienta a las normas específicas, con lo cual se hace imposible realizar cualquier estimación sobre su impacto en la actividad económica. El estudio del BCI pierde toda validez al no incluir el análisis de la lógica económica de la NC.
Cinco son los principios que estructuran el orden económico constitucional: el Estado social y democrático de derecho; la estructuración de una sinergia positiva entre la economía y el medioambiente; la apuesta por una economía basada en el conocimiento y la innovación; la descentralización y el rol protagónico de las regiones en el desarrollo; y el nuevo rol del Estado en la innovación y la promoción de la iniciativa privada.
El Estado social y democrático de derecho es crucial para la economía. Al comprometerse con un sistema de salud de calidad para todos, con el derecho a la vivienda y la seguridad social, crea condiciones para una mayor integración y paz social, con lo que disminuirá fuertemente la incertidumbre.
El énfasis en la educación contribuye a un modelo de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Una salud de calidad se traduce en menos ausencias y trabajadores más productivos. La paridad y el compromiso con un sistema nacional de cuidados releva la necesidad de que la mujer asuma un rol directivo en la vida económica y aumenta su tasa de participación y, con ello, se da un fuerte impulso a la producción de bienes y servicios. Así mejorará el ingreso de las familias.
El cuidado genera, además, más actividad económica. El fortalecimiento de los derechos laborales implicará que los trabajadores se sentirán más respetados en su dignidad y derechos, mejorando la convivencia y la productividad de las empresas. La investigación científica ha dejado en evidencia, también, la importancia de los trabajadores en la innovación.
La atención preferente al medioambiente responde a las preocupaciones por la sobrevivencia del planeta, pero también es una respuesta a las amenazas que enfrentan nuestras exportaciones por la utilización de combustibles fósiles en su producción y, con ello, nuestra forma actual de inserción internacional. Es también una buena base para impulsar nuevas actividades, consistentes con un mundo sin energías fósiles.
Es una opción inteligente, pues la demanda global exige productos limpios y energía verde, en todo lo cual Chile tiene fuertes ventajas competitivas, como lo muestra el potencial de producción de hidrógeno verde asociado a nuestra capacidad en la generación de energías eólica y solar.
La NC orienta también la decisión de transitar desde la propiedad de los derechos de agua (que mantiene su vigencia hasta que el Congreso dicte las leyes correspondientes), que está generando graves dificultades sociales y económicas, hacia un sistema de autorizaciones administrativas sustentado en la plena vigencia del Estado de Derecho y administrado por los Consejos de Cuencas constituidos democráticamente y la Agencia Nacional del Agua, órgano autónomo, que vela por el uso razonable de dicho recurso.
Atraviesa la NC la preocupación por la cultura, por la educación, por la libertad de enseñanza y de impulsar diversos proyectos educativos y exige del Estado, en su artículo 97, estimular, promover y fortalecer la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, todo lo cual tiene como motivación las debilidades de nuestro estilo de crecimiento.
El Estado regional responde a la demanda de las regiones por asumir el rol protagónico que les corresponde en la marcha del país y a la convicción de que no habrá un crecimiento económico dinámico si las regiones no asumen el protagonismo en su desarrollo.
De ahí los elementos de descentralización financiera que incluye la NC, como son atribuciones en la fijación de tasas, creación de empresas públicas y capacidad de endeudamiento.
Todo ello estará regulado por leyes y guiado por el artículo 183, que señala taxativamente que “las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”, y en el inciso siguiente indica que “El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz y eficiente en beneficio de las personas y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan”.
En relación con el nuevo rol del Estado, la nueva Constitución lo responsabiliza del combate al cambio climático y sus consecuencias sobre la capacidad productiva del país; lo obliga a desarrollar políticas públicas para la actividad minera y sus encadenamientos productivos; y le exige fomentar la innovación en la economía en general.
También, prevenir y sancionar los abusos de poder de mercado, cuestión clave para la competencia, y abre la posibilidad de crear empresas públicas que impulsen actividades relevantes para el país en colaboración estrecha con el sector privado. Promueve un nuevo pacto social, con el cual se comprometan los distintos agentes económicos.
(*) Doctor en Economía, Coordinador Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.
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