por Amnistía Internacional.
La ley de inteligencia, tal como existe hoy en día, ya viene siendo utilizada de formas que vulneran los derechos humanos.
Especialmente, para dar seguimiento y vigilancia a activistas o personas que protestan e incluso a sus abogados/as defensores/as, y al utilizarse evidencia obtenida a través de ésta en juicios penales.
El ejemplo más patente de esto fue en 2017, en el marco de la llamada “Operación Huracán”, en que se utilizó la ley para interceptaciones telefónicas masivas por parte de carabineros, con un control judicial extremadamente débil.
Esto incluyó teléfonos de comuneros mapuche, alcaldes de origen mapuche, abogados/as defensores/as de personas mapuche e incluso figuras públicas que habían apoyado la causa mapuche.
La modificación a la ley de inteligencia que se está discutiendo actualmente no contribuye a mejorar estas preocupaciones.
Por el contrario, la inclusión de grupos nacionales como posibles objetivos de contrainteligencia, y una ausencia de normas que fortalezcan los controles desde el poder judicial y/o del Congreso, centrando el rol en el ejecutivo, hace que se acreciente la posibilidad de que se utilice como herramienta de persecución a grupos que disientan del gobierno de turno, incluyendo a defensores/as de derechos humanos.
Lo anterior se hace más preocupante dado el contexto en el que se está discutiendo este proyecto de ley. Una reforma al sistema de inteligencia nacional requiere de un análisis en profundidad, para asegurar que existan los adecuados contrapesos y salvaguarde el pleno respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, el gobierno ha optado por persistir en darle suma urgencia, en medio de la actual pandemia y crisis sanitaria, a un proyecto de ley que puede tener efectos permanentes en el respeto a los derechos de todas las personas y afectar la labor de defensores/as de derechos humanos.
Esto se vuelve un obstáculo que dificulta un debido análisis para asegurar que la ley no tenga este impacto inaceptable.
Llamamos al gobierno a quitarle la urgencia al proyecto de ley, permitiendo un debate transparente, profundo y adecuado, que incluya un análisis del impacto en derechos humanos que pueda tener la futura ley.
Fuente: Amnistía Internacional
