Hace ya un par de semanas que estamos siendo bombardeados por todos los medios, especialmente la televisión, con documentales, fotografías no vistas, reportajes y series que se suman a artículos, libros nuevos y reeditados, respecto del golpe de Estado que se produjo en nuestro país hace cuarenta años y sus diecisiete años de terror. Si hacemos memoria, cuando recordamos lo sucedido en la conmemoración las décadas anteriores, podemos notar que las informaciones de esta naturaleza, progresivamente revelan más detalles de la represión y muestran casos que a muchos chilenos aún sorprenden. También es necesario reconocer que algunos personajes se atreven a admitir responsabilidades por el silencio guardado frente a los crímenes cometidos por el Estado en contra de su propio pueblo.
Sin negar en absoluto el valor que tiene este tipo de información, fundamentalmente en lo que respecta a la memoria histórica y la necesidad que las personas se enteren que nos encontramos aún lejos de establecer una verdad más completa y la aplicación de justicia, es necesario precisar que el clima en que se encuadra el oficialismo, los canales de televisión y algunos políticos, apresurándose en pronunciar palabras como perdón o reconciliación, generándose una especie de empate moral constituye una banalización de la realidad de hace cuarenta años, es decir, insistir en cuestiones que se encuentran en la superficialidad, como las discusiones que buscan establecer equilibrios en la responsabilidad del golpe, o hablar de la necesidad de restaurar el orden.
En definitiva ocultan que la duración de la dictadura tiene relación con la construcción de la arquitectura necesaria para consolidar el poder arrebatado a quienes son los creadores de la riqueza, es decir los trabajadores.
La dictadura es hoy
La lectura y la observación de lo ocurrido durante la dictadura, carece de sentido cuando nos referimos al trabajo. Trabajo al que hace cuarenta años, se le desconoce sistemáticamente su importancia en la creación de valor y es legal y culturalmente supeditado al capital.
Este proceso es complejo, pero intentaremos explicar en estas líneas al menos dos aspectos y sus consecuencias socioeconómicas:
El proceso de transformación de la administración liberal del capitalismo, hacia la conducción tardo-capitalista (neoliberalismo) que se inicia en la década del setenta del siglo pasado, implica el desplazamiento de las cadenas de valoración, es decir la industria de bienes finales se traslada mayoritariamente al Asia.
Situación que afectará a América Latina, pero especialmente a Chile que había preparado la institucionalidad, mediante el uso de la fuerza; lo cual significó una severa transformación del trabajo en Chile, relegando a los trabajadores productivos a otras funciones relacionadas con los servicios y otras actividades improductivas.
Estas actividades se suman al incremento de la tercerización en todos los ámbitos en el país, que no sólo afecta a los ingresos de los trabajadores, sino que fragmenta sus organizaciones y contribuye a la formación de distintos tipos de trabajadores que en muchos casos colisionan entre ellos mismos.
Toda esta situación está dirigida a provocar la pérdida de la centralidad del trabajo, cuyo discurso desde el poder se refuerza con la aplicación legal del Plan Laboral redactado por José Piñera en 1979, aún vigente cuando se acota la negociación colectiva al sindicato de tipo empresa (siempre que la empresa lo acepte), no permitiéndose a los sindicatos interempresa, independientes y transitorios. Respecto de la huelga se permite el reemplazo de trabajadores, configurándose así un atropello a derechos de carácter universal.
Todo esto configura un gran mercado de trabajo en nuestro país, donde efectivamente existe una baja tasa de desempleo. No obstante estas son algunas de sus características:
De los siete millones 552 mil 830 ocupados en el trimestre abril-mayo-junio, 861mil 700 trabajan en el sector Industria; en cambio dos millones 249 mil 570 lo hacen en comercio, sector inmobiliario e intermediación financiera. De estos casi ocho millones de ocupados solo cinco millones 784 mil 280 son asalariados de los cuales el 16.9 % tiene trabajo a través de un contratista o “enganchador”.[1]
La presencia de la dictadura hoy, se manifiesta en la absoluta discrecionalidad del empleador para dejar sin empleo a cualquiera de sus trabajadores, consagrada en el actual Código del Trabajo y en las prácticas antisindicales amparadas en un rol de la Dirección del Trabajo que se manifiesta en que las respectivas Inspecciones del Trabajo son reemplazadas por los sindicatos en su papel fiscalizador y se limitan a la búsqueda de “acuerdos” entre las partes.
La propia Dirección del Trabajo, frente a la inestabilidad, desmiente los triunfalismos del gobierno cuando se refiere al empleo: la séptima encuesta laboral de la Dirección del Trabajo (ENCLA 2011) señala:
”Muchas veces, los contratos indefinidos no necesariamente significan mayor estabilidad laboral para el trabajador que aquellos de duración limitada. En este sentido, uno de cada cinco contratos indefinidos, existentes en el país en el universo de empresas bajo estudio, tienen una antigüedad menos de un año y un 44,6% una antigüedad menos de tres años…”
La consecuencia más importante de este atropello del poder, que habían conquistado legítimamente los creadores de la riqueza, es decir la clase que vive de su trabajo, es sin duda la forma en que se distribuye la riqueza que se produce en el país.
Tal como informa el Banco Central de Chile, la participación de las remuneraciones en el total pan de la riqueza (PIB) en 2011 fue de un 37.2%, lo que contrasta significativamente con el más del 60% que los que viven de su trabajo capturaban de la riqueza en 1971.
La injusta distribución de la riqueza que ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas, producto de términos de intercambio favorables, a propósito del crecimiento en Asia y que ha mantenido un excelente precio del cobre, continúa produciendo pobreza y dificultades para enfrentar la vida, precisamente entre quienes viven de su trabajo y las soluciones en esta dictadura de hoy se disfrazan de bonos a cambio de planes como el PEM y el POJH.
(*) Sociólogo del área Laboral, ICAL
[1] Encuesta NENE del INE, trimestre Abril-Mayo-Junio del 2013
