A pesar de los $52 mil millones que acumulan en ganancias hasta septiembre de este año, las isapres no han pagado la deuda que mantienen con el sistema público de salud, donde se han atendido pacientes que cotizan en aseguradoras privadas. No contentas con eso, prosiguen su sistemática labor de zapa contra cualquier modificación al sistema, en el que con el 15% de las atenciones, obtienen más del 50% del gasto público y privado en salud. Es hora de parar tanto abuso.
Hasta septiembre de este año, las isapres habían incrementado en un 50% nominal sus ganancias en comparación con el 2013, llegando a los $52 mil millones de pesos. Sin embargo, el jugoso negocio de las aseguradoras de salud no ha impedido que mantengan una millonaria deuda con el Estado, originada por sus afiliados que se atienden en hospitales públicos.
Según un oficio que el Ministerio de Salud hizo llegar al Congreso, esa deuda asciende a $2.183 millones, los que se les deben específicamente a los servicios de salud encargados de la administración de los hospitales que el Estado mantiene a lo largo de Chile.
De la lista de isapres morosas, la que más adeuda es Consalud –propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción–, con $591 millones. Además de esta isapre, los mismos controladores son dueños de las clínicas Tabancura, Magallanes, Iquique y La Portada, además de los centros de salud Megalab, Avansalud y Megasalud. También tienen el control de la AFP Habitat. Consalud lidera el mercado de las isapres en Chile, logrando una participación en el mercado del 21,5% durante el 2013.
La isapre Banmédica la secunda en la lista de morosidad, llegando a $389 millones adeudados al sistema público. En la propiedad de Banmédica aparece el grupo Penta en sociedad con el grupo Fernández León, y como empresas relacionadas aparecen las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Biobío y Ciudad del Mar, además de los centros de salud Vidaintegra y Home Medical. Asimismo, los mismos controladores son los dueños de la empresa Help, dedicada al socorro de pacientes.
Banmédica es solo una de las isapres propiedad de Penta y Fernández León, la otra es Vida Tres, que en la lista del Ministerio de Salud aparece con una deuda de $25 millones. En cuanto a participación de mercado, Banmédica es una de las más grandes, con 20,8% el 2013, mientras que en el mismo periodo Vida Tres alcanza un 4,4%.
Otra de las gigantes del negocio de la salud que también mantiene una deuda millonaria con el fisco es Cruz Blanca, la que le debe $302 millones a los hospitales públicos. Esta aseguradora tuvo una participación de 21,2% el 2013, y es propiedad del grupo español Bupa Sanitas, que en febrero de este año le compró la mayoría accionaria al grupo Said, que de todas formas se mantiene en la compañía y que, además, es dueño de las clínicas Reñaca, Antofagasta y San José de Arica, y de los centros de salud Integramédica y Sonorad. También tienen participación en Perú con las mismas marcas.
La isapre Masvida aparece con una deuda de $291 millones. Sus dueños son varios médicos accionistas que además poseen una red de clínicas a lo largo del país, entre las que se cuentan Las Lilas, Universitaria, El Loa, Providencia y Los Andes. Su participación en el mercado durante el 2013 alcanzó a 15,2%, siendo la quinta más importante del país.
Colmena es la cuarta más grande, con una participación del 16,1% el año pasado. Su deuda con el Estado llega a $124 millones. Desde el 2013, Colmena es propiedad del grupo Bethia –de la familia Solari Heller–, el mismo tras Falabella, Homecenter, Tottus, el Club Hípico y el canal de televisión Mega.
Otra de las isapres vigentes que aparece en el listado es Óptima –ex Ferrosalud-, con una deuda de $23 millones.
Llama la atención la aparición de isapres ya quebradas, como Vida Plena, que tiene una deuda vigente de $135 millones, o de Promepart, que registra una mora de $180 millones.
El oficio del Minsal también detalla cuáles son los servicios de salud –encargados de administrar los hospitales– a los que más dinero les deben las isapres. Al Metropolitano Occidente –a cargo de los hospitales San Juan de Dios, Félix Bulnes, Peñaflor, Talagante, San José de Melipilla, Curacaví y del Instituto Traumatológico–, las aseguradoras le deben $315 millones. Al segundo servicio que más le adeudan es al de Atacama, con $292 millones.
En el Ministerio reconocen que en los servicios existe un problema, debido a que no siempre cuentan con los profesionales encargados de facturar y cobrar los montos a las isapres.
La misma inquietud manifiesta el diputado Luis Rocafull (PS), quien señala que “lo que llama la atención es que ningún servicio de salud ha realizado alguna diligencia, a la vista al menos, que tenga que ver con el cobro inmediato de estas deudas”.
Su par del PS, e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Manuel Monsalve, complementa que de todas formas las isapres deben hacerse cargo:
“El concepto de isapre, que debería estar asociado al concepto de seguridad social en salud, persistentemente se ha ido asociando al concepto de abuso, y esto vuelve a refrendar la imagen que los chilenos se han ido haciendo de las isapres, que son instituciones que, más que prestar una seguridad social, han establecido una serie de prácticas que son abusivas”, afirma.
Monsalve agrega que en la Comisión de Salud tomarán acciones al respecto:
“Vamos a solicitar invitar al presidente de la Asociación de Isapres para que explique cuál es la justificación de esto, y además para que se tomen acciones de carácter administrativo para garantizar el pago oportuno de las deudas que se mantienen con el sistema público”.
Desde la Asociación de Isapres ponen el acento en la falta de cobro por parte del Estado de estos montos:
“Podemos observar que en la nómina de empresas, hay tres que no son Isapres y 13 que llevan extintas diez y más años, lo que quiere decir que hay facturación emitida hace más de diez años sin cobrar… Incluso llegando a 25 años”, aseguran a El Mostrador.
La organización que agrupa a las aseguradoras agrega que de todas formas los montos adeudados son menores si se comparan con el total de prestaciones que sus afiliados utilizan en el sistema público: “Teniendo en cuenta que las Isapres entregaron coberturas a sus afiliados durante el año 2013 por más de $ 30.000 millones, si la cifra mencionada fuera la expuesta en el oficio, la deuda correspondería a sólo 20 días de compra dentro del sistema. Adicionalmente, de las cifras expuestas, hay montos que pueden corresponder a pagos pendientes pero dentro de plazos normales”.
En el Minsal explican que no está claro el tiempo que esas deudas llevan sin pagarse, debido a que son los servicios de salud los encargados de cobrar, por lo que anuncian que iniciarán un levantamiento de información para tener mayores claridades al respecto, y así poder sanear las deudas del sistema, que representan un 66,65% del total de ingresos de los servicios de salud correspondientes a este 2014, los que hasta octubre llegaron a $3.276 millones.
“La cobranza en los hospitales es una debilidad. Desde hace poco se han instalado funcionarios con la exclusiva función de cobrar. No en todos, pero en varios se han comenzado a implementar”, aclara un funcionario del Ministerio.
Otra deuda que mantienen las isapres con el sistema público, aunque por montos muy menores, son los reembolsos por las licencias que los hospitales pagan anticipadamente a sus funcionarios –producto de negociaciones internas–, las que luego debieran ser reembolsadas por las isapres.
Según información entregada por el Minsal, este 2014 las isapres le deben al sistema público más de $3 millones, aunque también recalcan que esa deuda se explica por dos factores: no pago de las isapres y falta de cobranza por parte de los hospitales.
Fuente: El Mostrador
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/12/01/la-millonaria-deuda-de-las-isapres-con-los-hospitales-publicos/
Presidente de las Isapres tiene el descaro de poner condiciones
El presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, criticó el rol de la Superintendencia de Salud en el contexto de la discusión de la reforma del sistema privado de salud.
«Si no se hace un cambio legal, se va a complicar la subsistencia del sistema», advirtió Doren en entrevista con el diario El Mercurio.
«La actuación de la Superintendencia ha sido negativa, porque hay una disposición -que no sé si aún se mantiene- de no hacer nada para que el sistema desaparezca», denunció.
Si bien reconoce que el organismo ha aumentado las fiscalizaciones, «también debe cumplir otro rol, que es permitir que el sistema funcione, tomar las medidas para que subsista».
En ese sentido, señaló que «hasta ahora hemos visto una serie de disposiciones que van sólo a favor de los afiliados, pero eso debe ir aparejado con una actuación que ayude a que el sistema funcione bien».
subir Preocupación por «caricatura»
Doren indicó que hasta el momento no ha podido reunirse con la ministra de Salud, Helia Molina, por diversas razones, por lo que aún no ha habido mucha interacción con las autoridades.
«Cuando hay gente que quiere que esto se termine me preocupa, sobre todo cuando quienes quieran entrar al sistema van a estar en una situación desmejorada. La caricatura de que esto afecta o no afecta a los ricos hay que superarla, porque ellos van a a solucionar su problemas de salud igual», enfatizó.
Y advirtió que los más perjudicados serán las personas que hacen sacrificios para tener una cobertura de salud razonable.
subir Preexistencia y denuncias
Doren además indicó que actualmente no existen las condiciones legales para solucionar integralmente la preexistencia, sobre todo porque «las instituciones no podrían llenarse de personas de alto costo», lo que perjudicaría al resto de los afiliados.
«Habría un incentivo perverso hacia éstas: reducir coberturas, colas de espera, los mismos problemas que hoy tiene el sistema público (…) No se entiende por qué un organismo técnico, como la Superintendencia, ha mantenido el criterio jurídico aplicado por los tribunales al momento de fallar reclamos por alzas de planes», indicó.
Y añadió que «hay más de 300 casos que ha fallado la Superintendencia de Seguros (…). Todos los recursos de protección han ido a la forma y no al fondo».
Por esta situación, aseguró que abogados les han recomendado demandar a los afiliados que no acepten las alzas, de modo que la justicia se vea obligada a ver el fondo de la situación.
«Ahora nos vamos a un organismo técnico que tiene todos los antecedentes, y el criterio es mantener una posición que no es técnica, sino jurídica. Estamos en serios problemas», finalizó.
