Hoy en día nos encontramos en un proceso altamente dinámico en cuanto a planificación urbana se trata.La Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) tiene solo un año de promulgada y el Informe de la Propuesta de la Política de Suelo Para la Integración Social, en adelante Informe, elaborado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en adelante Consejo, fue publicada el 5 de Mayo del presente.
Esto significa que en términos de instrumentos de planificación, objetivos, metodologías, instituciones y leyes, podríamos afirmar que se empieza a gestar una nueva etapa. En definitiva, lo que está puesto en debate por parte del Informe es una nueva forma de entender y hacer ciudad, en donde esperamos que el espíritu del consejo se mantenga a la hora de legislar sobre ello, enfocándose a la integración social (1). Un punto en esa dirección es lo señalado por la Presidenta Michelle Bachelet en su reciente discurso del 21 de mayo, en donde plantea que “el Estado recupere su rol estratégico en el desarrollo de las ciudades con herramientas que disminuyan la segregación socio-espacial que caracteriza nuestros territorios”.
El Informe no aparece azarosamente en el debate político nacional y mucho menos es producto del impacto mediático de bullados casos de especulación de suelo. Más bien responde a un largo proceso de revisión de políticas urbanas en Chile, que durante años se vino gestando desde actores de la sociedad civil, el mundo académico, representantes políticos, el mundo privado (particularmente de la industria de la construcción) y organismos internacionales. Sobre esto último, el ingreso de Chile en la OCDE marco un punto de inflexión para agilizar este proceso (2), asumiendo desafíos transversales y con visión de Estado en el desarrollo urbano del país. El Informe se entiende como la materialización de este largo proceso.
Aun así, parte importante de la prensa ha insistido en centrar la atención de la opinión pública en la relación del Informe con el Caso Caval (3). Si bien efectivamente el Informe propone regular la especulación por varios mecanismos, quedarse solo en ello es minimizar el aporte que ha logrado sistematizar el Consejo.
El documento está articulado en tres ejes fundamentales:
– Un nuevo marco normativo para la integración social urbana: que regula las atribuciones actuales, asegura la disponibilidad de suelo de interés público y propone normas que revierten la tendencia de desigualdad y segregación urbana.
– El nuevo rol del Estado en la generación de la ciudad segregada: se plantea la intervención del Estado a través de obras públicas y gestión del suelo para subsanar la deuda de planificación integral de las ciudades y el hábitat de las familias chilenas.
– El nuevo rol de la sociedad civil en la construcción de ciudad: una participación real, efectiva (4) e informada para una planificación integral, que supere banderas localistas con miras a una visión más colectiva del desarrollo.
Las disputas por el desarrollo urbano.
A pesar de los consensos en los diagnósticos y propuestas con miras a futuro, la comisión no estuvo exenta de conflictos y disensos en su interior (5), es aquí que se evidencian los intereses que los diferentes consejeros defienden a la hora de elaborar las propuestas, propio de las Comisiones Asesoras Presidenciales.
Dichas contradicciones internas de la Comisión se extrapolaron a diversos actores de la sociedad, la cual no tardo en amplificar esas diferencias a niveles comunicacionales. En este sentido, la Cámara Chilena de la Construcción se ha mostrado opuesta a algunos de estos puntos. Los seis disensos expresados en el documento están avalados por el representante del gremio en el Consejo.
La Cámara critica el rol del Estado en la restricción del suelo para el libre desarrollo inmobiliario. Lo que busca este poderoso gremio es regular de forma más periódica y flexible los límites del área urbana, aumentando su extensión y liberalizando la urbanización del país, Es decir, que sean las mismas inmobiliarias quienes sigan haciéndose cargo del desarrollo urbano.
La medida cinco del Informe establece normas de integración social al desarrollo inmobiliario, se propone ampliar las cesiones desde los proyectos inmobiliarios a otros usos de interés social. Medida que no fue tomada con agrado por el gremio.
Otro punto de disenso es la férrea defensa del derecho a la propiedad y la certeza jurídica que requieren para invertir, viendo con peligro la medida ocho que propone crear Servicios Regionales de Desarrollo Urbano (SRDU), una institución descentralizada, que entre otras facultades podría comprar suelo, licitar construcción de viviendas, más atribuciones sobre regulación urbana y posibilidad de expropiar terrenos vía compra forzada con miras al bien común.
Por su parte la medida doce plantea un Sistema Integrado de Suelos Públicos Urbanos, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo urbano y transparentar la gestión, donde la prioridad de uso de suelo será de interés social, limitando la venta de terrenos fiscales y confiriendo derecho prioritario al Estado para comprar paños de interés público. Estas medidas generaron rechazo tanto de la Cámara Chilena de la Construcción, del ex ministro de Piñera, Pedro Errazuriz y del consejero de la Asociación de Municipalidades.
Finalmente destaca en su discurso el afán de limitar el rol del Estado en el desarrollo inmobiliario, dejando la exclusividad al mundo privado. Desde la cámara de la construcción ven las medidas 8, 9 y 12 como amenaza a la libertad de su rubro económico.
En definitiva, lo que está puesto en tensión es el rol del Estado, el mercado y la sociedad civil en la planificación y desarrollo urbano. El Consejo determinó a través de sus propuestas darle un mayor rol al Estado (en sus diversos estamentos) regulando la actividad inmobiliaria, aumentando impuestos y fortaleciendo su capacidad de planificación.
Por otro lado aumenta las atribuciones y vinculaciones de la sociedad civil a la hora de decidir, cambiando el estado informativo de la participación, a una rol más propositivo e incidente. Son finalmente ellos quienes habitaran lo que se planifica, es por tanto evidente que su opinión nos sea simbólica y sea un ejercicio soberano de ciudadanía.
El espíritu del Informe busca restringir las leyes del mercado en el desarrollo de la ciudad, que hasta el día de hoy han sido las principales determinantes en el desarrollo urbano del país. ¿Será el fin de una etapa en donde la ley de oferta y demanda (optimizando las ganancias de las inmobiliarias) regula el cómo y dónde se vive, se trabaja y usa el tiempo de ocio? El Informe por sí solo no asegura eso. Dependerá de las discusiones y movimientos por parte de los diversos actores involucrados en el tema para determinar finalmente que postura asume el Ejecutivo, la de continuar con un desarrollo urbano basado en el mercado y la desigualdad social, o uno que efectivamente tienda una reorganización e integración social urbana.
En esa batalla, es necesario entender que quien decide el cómo se desarrollan nuestras ciudades es quien decide también nuestro modo de vida. La justicia territorial y la justicia social están estrechamente relacionadas. En ese sentido se espera que las indicaciones del Consejo sean recibidas en forma y fondo por los legisladores, entendiendo que este debate está lejos de acabarse, pues aun queda por ver la postura que tomaran los diferentes diputados y senadores a la hora de discutir, ahí se verá también cuales son los intereses que defienden.
(*) Encargado Programa Municipio y Territorio. ICAL
Fuente: ICAL
http://www.ical.cl/2015/05/los-intereses-detras-del-desarrollo-urbano/
(1) MINVU (2014), Política Nacional de Desarrollo Urbano P. 23
(2) OCDE (2011), Mejores políticas para el desarrollo: Perspectivas OCDE sobre Chile, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264095755-es
(3) Revisar algunos ejemplos: Ecos del caso Caval: Bachelet promete fin a especulación inmobiliaria. La Tercera 5 de mayo 2015; Bachelet saca lecciones del caso Caval y propone conjunto de normas. El Mostrador 5 de mayo 2015; Reforma a la ley de impuestos para bienes raíces busca frenar la especulación inmobiliaria. La Nación 5 de mayo 2015; Bachelet se compromete a enviar propuesta para evitar especulación inmobiliaria tras caso Caval. Economía y Negocios El Mercurio 5 de mayo 2015; Bachelet promoverá ley para evitar especulación inmobiliaria en Chile. Agencia de Xinhua 6 de mayo 2015,
(4) El informe conceptualiza la participación efectiva como la generación de vínculos con los resultados, es decir, que las decisiones acordadas en un proceso participativo se vean reflejadas en el plan o proyecto. Con esto se evita las polémicas que trae consigo el concepto de “participación vinculante”.
(5) En el informe final de la “propuesta para una política de suelo para la integración social urbana” cuenta con 11 observaciones y 6 disensos por parte de los concejeros de la comisión realizados a las a las 20 propuestas del informe.
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