A pesar de que el informe de Human Rights Watch incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes; y también recomendaciones orientadas a prevenir abusos de las Fuerzas de Orden y Seguridad, el gobierno, a diferencia del informe de Annistía Internacional, lo valoró.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, la misma que rechazó categóricamente el informe de Amnistía, no pud menos que referirse a los graves atropellos evidenciados, ahora, por la ONG norteamericana. Sin embargo, esta vez su postura fue diferente, su temple distinto y así también sus palabras:
“Human Rights Watch ha desestimado la existencia de una política sistemática con la intención de dañar a los manifestantes. Queremos ser muy claros en esto, nuestra política ha sido siempre el resguardo de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la integridad física de nuestros compatriotas, junto a la mantención del orden público, como componentes fundamentales de nuestra democracia”.
O sea, aun en materias tan sensibles y delicadas, estos miserables mienten y hacen retorcidos cálculos políticos.
En efecto, el informe de HRW va en la misma línea del discurso del Gobierno desde el día en que estalló el movimiento social y su postura frente a las violaciones de los derechos humanos; es decir, desligarse de su responsabilidad, señalar que no habrá impunidad, que los antecedentes se pondrán en manos de tribunales y que serán éstos los que determinarán responsabilidades.
Human Rights Watch, a diferencia de Amnistía, no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades a cargo, sino que apela a la Justicia para hacer un llamado a la no impunidad.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, marca el trato diferenciado que el Gobierno le ha dado a ambas organizaciones y, por supuesto, a sus conclusiones.
“Por supuesto que esto es lo que finalmente uno podría especular que lleva al Presidente de la República a darle un tratamiento desigual a ambas organizaciones de derechos humanos que tienen la misma o similar composición. Y entonces volvemos sobre el punto inicial, que lo que está intentando el Estado, aparentemente, es validar aquellar posiciones que finalmente blinden al Presidente de la República sobre su eventual responsabilidad política“.
Una conclusión similar manifestó el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta:
«Human Rights Watch es el regalón de los gobiernos de derecha de la región. Su informe libera de toda responsabilidad a los responsables, que han permitido en su condición de autoridad esta verdadera política de violaciones a los derechos humanos. Entonces es por eso que claro, se valora. Porque al final de cuentas hay un corte entre las autoridades y los autores materiales”.
Human Rights Watch no siempre se llamó así. Nació bajo el nombre de ‘Helsinki Watch’ en Washington D.C., en 1978, tres años después de la firma de la Declaración de Helsinki, un acuerdo no vinculante en que 35 países comprometían, entre otras cosas, el respeto a los derechos humanos. ‘Helsinki Watch’ se conformó en Estados Unidos para vigilar que los países pertenecientes a la Unión Soviética cumplieran los compromisos del acuerdo, pero a medida que el conflicto entre las dos súper-potencias se fue acrecentando, en los ‘80 decidieron crear la división Americas Watch, para luego expandirse a todo el mundo y finalmente, en 1988, evolucionar a su nombre actual.
Con su sede en Nueva York, Estados Unidos, y con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington, hoy Human Rights Watch es una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más grandes del mundo.
Más allá de la oportunista «valoración» del gobierno, es indiscutible que también establece, de modo, contundente, las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, desde el inicio del estallido social, el 18 de octubre pasado.
Este es el texto del informe
Chile: Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas
Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas, señaló hoy Human Rights Watch.
Human Rights Watch se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión.
Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.
Las protestas comenzaron como una reacción frente al aumento en las tarifas del transporte público y han continuado durante más de un mes, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica.
El 18 de octubre, el Presidente Piñera declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a los militares para asegurar su cumplimiento.
El estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre.
Si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarias con piedras y bombas Molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados. El 21 de noviembre, la Dirección General de Carabineros indicó que 1.896 agentes resultaron heridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre, y que 127 de estos presentaban lesiones graves.
Human Rights Watch entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso en noviembre. Algunas víctimas fueron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios; otras señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles o en comisarías.
Human Rights Watch también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como a médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil y altas autoridades, incluidos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros, y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.
Human Rights Watch recabó pruebas consistentes de que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas https://www.minsal.cl/reporte-de-lesionados-y-heridos/ en relación a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, informó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. De estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.
Una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto, indicó Human Rights Watch.
La escopeta antidisturbios fue la principal causante de más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses.
El 19 de noviembre, Carabineros suspendió en forma provisoria el uso de escopetas antidisturbios durante manifestaciones, mientras no se determine la composición de los perdigones. Debido a la falta de precisión propia de estas armas, su impacto indiscriminado y las pruebas de las graves lesiones que han causado, su uso debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias, hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan, sostuvo Human Rights Watch.
Miembros de Carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales.
La Fiscalía Nacional está investigando 26 muertes. Entre ellas está el caso de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza de carabineros en la calle, tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por militares y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de Marina, según información de la Fiscalía Nacional.
Personal médico indicó que un manifestante con una afección cardíaca murió al no recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo. La Fiscalía Nacional también está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de carabineros, que actualmente considera suicidios.
Human Rights Watch tomó conocimiento de al menos otras 18 personas que murieron en incendios durante los saqueos, fueron atropelladas por vehículos particulares durante las manifestaciones, o murieron por otras causas sin que haya pruebas, hasta el momento, de que estuvieran implicados agentes del Estado.
Carabineros detuvo a más de 15.000 personas y cometió abusos contra algunas de ellas.
De las 442 querellas presentadas por el INDH en representación de víctimas de abusos, 341 se refieren a señalamientos de torturas y trato inhumano, y 74 a denuncias de abusos sexuales. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente por carabineros.
Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones.
Los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch. Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa.
Según información de la Fiscalía Nacional, existen investigaciones preliminares pendientes sobre abusos sufridos por 2,278 presuntas víctimas, en las cuales se identificaron 203 miembros de fuerzas de seguridad como presuntos responsables, incluyendo 173 carabineros. Solo nueve — cuatro carabineros y cinco miembros de las Fuerzas Armadas — han sido formalizados; esto es, han pasado a un próximo paso en la investigación penal, en la cual existe intervención del poder judicial.
Antes de las protestas, el gobierno impulsó la adopción de un protocolo sobre el uso de la fuerza. Durante las protestas, según información proporcionada por el gobierno a Human Rights Watch, este adoptó otras medidas tales como el envío de oficios a las fuerzas de seguridad instando a la aplicación de estos protocolos y la incorporación de 250 instructores de derechos humanos de Carabineros en las calles durante los operativos.
Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes, observó Human Rights Watch.
Reformas recomendadas
– Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas, y que haya rendición de cuentas por su uso;
– Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros;
Reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos;
– Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados;
– Hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica;
– Instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo;
–
Suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos;
– Estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones;
– Reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras; y
– Cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.
Además, el Ministerio Público y la Defensoría Pública deberían monitorear de cerca y regularmente el papel de Carabineros, por ejemplo, instruyéndoles a fiscales y defensores que inspeccionen periódicamente las comisarías y entrevisten a los detenidos.
Uso indiscriminado e indebido de armas de fuego
Desde el 18 de octubre, al menos 1.015 personas resultaron heridas por impacto de perdigones en el contexto de las protestas contra el gobierno. Según el INDH, estas heridas afectaron tanto la parte superior como inferior del cuerpo.
Entre las heridas más graves se incluyen las lesiones oculares. En el Hospital del Salvador, donde se ha atendido a la gran mayoría de esos heridos, al 19 de noviembre el 77 % de las lesiones oculares habían sido causadas por perdigones, conforme indicó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. La segunda causa más frecuente fueron impactos de cartuchos de gases lacrimógenos.
Marlene Morales Canales, de 33 años, se aproximó a una multitud cerca de su vivienda en Santiago el 19 de octubre acompañada de su hija de 14 años, según contó a Human Rights Watch. Vio carabineros a unos 20 metros de distancia, escuchó disparos y sintió el impacto de un perdigón en el ojo derecho. “Perdí la visión inmediatamente. Había mucha sangre”, afirmó. Tras los disparos, los carabineros también empezaron a usar gases lacrimógenos. Los médicos le dijeron que no hay posibilidades de que recupere la vista en el ojo derecho.
Marlene Morales el 15 de noviembre. © 2019 César Muñoz Acebes
Algunos de los heridos fueron alcanzados por múltiples perdigones, lo que sugiere que les dispararon de cerca debido a que los perdigones se dispersan luego del disparo.
Ronald Barrales, de 36 años, contó que participaba en una manifestación en el centro de Santiago el 11 de noviembre cuando un grupo de personas empezó a arrojarle piedras a un furgón de Carabineros. Barrales intentaba pasar caminando por allí cuando un carabinero abrió la puerta del acompañante del vehículo, le apuntó con un arma desde una distancia de ocho metros y disparó. Los perdigones le dieron en el abdomen, el pecho y el ojo izquierdo. Los médicos le dijeron que no hay posibilidades de que recupere la vista en ese ojo.
Ronald Barrales al llegar al Hospital Santa María Hospital el 11 de noviembre. A la derecha, en una radiografía el perdigón que le impactó en el ojo se observa como un objeto redondo brillante.
El 29 de octubre, carabineros hirieron a Jorge Ortiz, director de la Unidad de Finanzas del INDH, mientras monitoreaba las protestas en la Alameda. Ortiz llevaba un chaleco y un casco amarillos, ampliamente reconocidos en Chile como el uniforme del equipo del INDH. Recibió seis heridas de perdigones en la espalda, los glúteos y la parte trasera de la pierna izquierda, mientras se alejaba corriendo de los carabineros, que disparaban hacia una zona donde había manifestantes, cerca de donde se encontraba el equipo del INDH, señaló Ortiz.
Jorge Ortiz fue alcanzado por seis perdigones pese a que vestía el chaleco y el casco amarillo que distinguen al equipo del Instituto, elementos que son ampliamente reconocidos. © 2019 Cortesía de Jorge Ortiz
Carabineros ingresaron al Liceo 7, en Santiago, el 5 de noviembre, luego de que los alumnos votaran a favor de participar en las manifestaciones. Dos niñas resultaron heridas, una de ellas por más de 10 perdigones, indicó la Defensoría de la Niñez. La fiscalía ha acusado a un mayor de Carabineros por el delito de trato inhumano en relación con este caso.
El 19 de octubre, un niño de 16 años se encontraba con amigos en su edificio, cuando carabineros entraron y le dispararon mientras corría hacia su departamento, según indicaron la Defensoría de la Niñez y el INDH. Recibió al menos 10 impactos de perdigones en la espalda y las costillas.
El general Mario Rozas, Director General de Carabineros, señaló el 13 de noviembre que los carabineros usan escopetas antidisturbios de 12 mm que disparan cartuchos con 12 perdigones de 8 mm y que se les permite abrir fuego cuando se encuentre “en peligro de su vida o cuando hay un civil en peligro”.
Los carabineros las han usado en respuesta a agresiones de manifestantes que arrojaron piedras u otros proyectiles, según señalaron carabineros y testigos. Para estar autorizados a disparar el arma, los carabineros deben completar un curso de dos semanas y renovar su certificación cada año.
Si bien al momento del disparo los perdigones están concentrados, se van separando unos de otros y pueden alcanzar un radio de varios decímetros a pocos metros de haber sido disparados.
Un análisis publicado en el Medical Journal British de estudios que examinaron el uso de clases similares de armas menos letales en seis regiones entre 1990 y 2017 documentó lesiones infligidas a 1.984 personas con estas armas, que en 53 casos tuvieron consecuencias letales.
Entre los heridos, el 71 % presentaba heridas que se consideraron graves y 300 personas sufrieron algún tipo de discapacidad de por vida. Entre estas, el 84 % presentaba daño ocular permanente.
Un informe interno elaborado en 2012 por Carabineros, que difundieron medios locales el 21 de noviembre, concluyó que las personas heridas por perdigones disparados con estas escopetas a una distancia de 25 metros o menos podían sufrir graves heridas o perder la vida. Incluso a una distancia de 30 metros los perdigones podrían generar una lesión ocular que podría implicar la pérdida del ojo, según el informe.
Carabineros dijeron a Human Rights Watch que se les indica usar el arma a una distancia mínima de 30 metros y apuntar a la zona entre la rodilla y el tobillo, para evitar afectar áreas vitales de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, a más de 45 metros, disparan en línea recta para asegurase de que los perdigones alcancen a los manifestantes, indicó un capitán del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), la fuerza de elite.
Pero las escopetas antidisturbios no tienen mira y, por ende, cada agente debe estimar la distancia de disparo en circunstancias que, por lo general, son estresantes y caóticas.
Las autoridades de Carabineros admiten que el uso de un arma con tan poca precisión conlleva un “alto riesgo”. “No es un arma para hacer puntería”, expresó el general Rozas. El general Jorge Ávila, jefe de las Fuerzas Especiales, indicó que “el que la usa no controla la trayectoria de los perdigones”.
Debido a los diversos factores que afectan la trayectoria de los perdigones, incluso cuando los carabineros disparan hacia las extremidades inferiores, es casi imposible cerciorarse de que los perdigones no impacten en la parte superior del cuerpo, lo cual eleva el riesgo de lesiones graves o posiblemente letales.
Un cartucho abierto y perdigones de 8 mm. © 2019 César Muñoz Acebes
Sin embargo, los altos mandos de Carabineros no parecen haber transmitido ese riesgo a los agentes en la calle.
Human Rights Watch entrevistó a tres carabineros que minimizaron el daño que podían provocar los perdigones.
Un capitán expresó que es “muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso si [si se dispara] de muy cerca”, y un cabo señaló que era “imposible [que los perdigones causen] daño ocular grave”.
La Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile publicó un informe el 18 de noviembre tras una investigación que concluyó que los perdigones estaban compuestos en un 80 % por sílice, sulfato de bario y plomo, y un 20 % de caucho.
En una escala de rigidez, tienen el mismo grado de dureza que la rueda de un carro de supermercado. Otro estudio realizado por peritos médicos del Hospital Carlos Van Buren llegó a conclusiones similares tras analizar perdigones extraídos de pacientes.
El 19 de noviembre, luego de que se difundiera el informe universitario, Carabineros suspendió el uso de estas escopetas antidisturbios durante protestas, hasta tanto concluyera un análisis externo de la composición de los perdigones. Se indicó que sólo podrán usarse “como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”. No obstante, incluso en esas circunstancias extremas, debido a la falta de precisión de las escopetas antidisturbios, los carabineros no pueden asegurarse de que impacten únicamente en el blanco.
Un capitán de carabineros con un arma que lanza cartuchos de gas lacrimógeno. Al costado derecho carga una escopeta antidisturbios de perdigones. © 2019 César Muñoz Acebes
Otras lesiones causadas por carabineros
Los carabineros también necesitan entrenamiento especial y una certificación anual para usar el arma antidisturbios de 37mm que lanza cartuchos de gas lacrimógeno.
Se les indica que deben disparar hacia el cielo, para que la trayectoria del proyectil tenga un arco descendiente y caiga en el suelo detrás de la multitud, expresó un capitán de GOPE. No obstante, hubo señalamientos creíbles de que carabineros han disparado cartuchos de gases lacrimógenos directamente hacia los manifestantes, lo cual puede ser letal.
Juan Gabriel García Barco, de 25 años, pasaba por una zona donde había una manifestación en el centro de Santiago el 11 de noviembre, mientras se dirigía a su vivienda. Llegó a un puente donde manifestantes arrojaban piedras contra vehículos de carabineros que bloqueaban el paso, cuando un proyectil lo golpeó en el rostro. Sintió dolor y notó que le corría sangre por la cara.
Cree que fue un cartucho de gas lacrimógeno, pues vio a un carabinero sacar lo que creyó ser un lanzador de gas lacrimógeno desde uno de los vehículos, y escuchó un estruendo justo antes del impacto. También pudo oler el gas lacrimógeno, contó.
Un testigo dijo haber visto a un carabinero que apuntaba a García Barco desde una distancia de apenas 5 metros. García Barco no tenía visión en el ojo izquierdo cuando Human Rights Watch lo entrevistó tres días después del hecho.
Juan Gabriel García Barco en el Hospital de Santa María en Santiago el 14 de noviembre. © 2019 César Muñoz Acebes
El 21 de noviembre, Claudio Inda, de 26 años, estaba parado frente a un autobús cerca del Congreso, en Valparaíso, durante una manifestación, según informó su pareja a Human Rights Watch. Cuando el autobús se fue, vio que había carabineros al otro lado de la calle.
Los carabineros dispararon un cartucho de gas lacrimógeno directamente hacia donde estaba él. Human Rights Watch pudo ver una grabación de video realizada por un transeúnte que según Inda se filmó en ese momento. Los médicos que atendieron a Inda en el Hospital Van Buren dijeron a Human Rights Watch que el impacto le fracturó la mandíbula.
Imágenes de la mandíbula fracturada de Inda tomadas en el Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. 21 de noviembre de 2019.
Los carabineros también parecen haber disparado cartuchos llamados “bean bag”, una pequeña bolsa de tela que contiene perdigones de plomo, contra manifestantes. Están diseñados para ser disparados a las extremidades con el fin de reducir la posibilidad de lesiones. Sin embargo, ha habido al menos un caso en que la persona alcanzada por estas municiones en una manifestación sufrió heridas graves.
El 28 de octubre, médicos en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central) operaron a un paciente que llegó con una de estas municiones dentro del cráneo. Un médico que lo atendió indicó que la munición había fracturado el cráneo del paciente y que tal herida generaba un “riesgo de vida”. Las posibles consecuencias de este traumatismo deben seguir siendo evaluadas a lo largo de un año, aclaró.
Radiografía de un paciente alcanzado por un cartucho de impacto de tipo “bean bag” e imágenes de la munición extraída del cráneo del paciente el 28 de octubre de 2019. © 2019 Cortesía de Fernando Fu Padgett
También hubo varios casos de policías que embistieron a manifestantes con vehículos o motocicletas.
El 14 de noviembre, Agustín Gómez Pérez, de 19 años, se dirigía con su hermano a Viña del Mar para tomar fotografías de una manifestación cuando carabineros intentaron detenerlo cerca de una estación de metro en Valparaíso.
Gómez Pérez intentó escapar, pero varios agentes lo interceptaron con sus motocicletas.
Fue atropellado por una motocicleta de Carabineros, como se advierte en un video al que tuvo acceso Human Rights Watch. La víctima fue ingresada en el Hospital Gustavo Fricke, donde se le diagnosticó trauma abdominal, según el INDH.
Amplias facultades de detención
Conforme al derecho chileno, además de detener a personas en flagrancia mientras cometen un delito o a personas contra quienes existe una orden de detención, hay otros supuestos legales en los cuales los carabineros pueden realizar detenciones, incluidos los siguientes:
Control preventivo de identidad:
El artículo 12 de la Ley 20.931, adoptada en 2016, permite a los funcionarios policiales verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, como centros comerciales. Los funcionarios policiales podrán detener a personas durante un máximo de una hora para verificar su identidad.
Control investigativo de identidad:
El artículo 85 del Código Procesal Penal concede a los funcionarios policiales amplias facultades para detener a una persona cuando exista algún “indicio” de que hubiere cometido o intentado cometer un crimen o falta; de que se dispusiera a cometerlo; de que pudiera suministrar informaciones útiles para la indagación de un delito o en el caso que la persona ocultara su rostro o identidad. La policía podrá proceder al registro de la persona, sus vestimentas, equipaje o vehículo y exigir una identificación adecuada. La policía debe completar el proceso de identificación en un máximo de 8 horas.
Según ambas disposiciones, la persona detenida debe ser liberada a menos que la policía determine que intentó ocultar su identidad o proporcionar una identidad falsa, o que existen pruebas de que ha cometido un delito.
A falta de un seguimiento riguroso sobre cuándo y cómo se ejercen estas facultades, este sistema podría contribuir a que ocurran detenciones discriminatorias y abusivas.
A las personas a las cuales se detiene por períodos de hasta ocho horas con fines de identificación se las registra, pero nunca se las designa como “detenidas”, afirmó el responsable de una comisaría de Carabineros.
Human Rights Watch solicitó a altas autoridades judiciales información sobre cuántas personas habían arrestado los carabineros para controlar su identidad en el contexto de las manifestaciones. Tal información no está disponible.
En los casos en que los carabineros tienen intención de detener formalmente a una persona, deben comunicárselo a los fiscales dentro de las 12 horas posteriores a su aprehensión. Luego, los fiscales deciden si los detenidos serán liberados incondicionalmente, liberados pero con una audiencia programada para una fecha posterior, o si permanecerán detenidos hasta ser llevados ante un juez dentro de un plazo máximo de 24 horas del arresto.
En general, la policía se comunica con los fiscales sobre estos casos en forma telefónica o electrónica, por lo que los fiscales no suelen ver personalmente a los detenidos, según defensores entrevistados por Human Rights Watch.
Según datos oficiales compartidos por Carabineros con un medio de comunicación local y revisados por Human Rights Watch, los carabineros llevaron a cabo más de 3,1 millones de controles de identidad en 2017 y 4,8 millones en 2018.
En ambos años, cerca del 90 % fueron controles preventivos de identidad. Solamente 182.000 personas quedaron detenidas tras estos arrestos.
Según el derecho chileno, los fiscales pueden investigar delitos, incluyendo aquellos cometidos por carabineros, ya sea de oficio o a solicitud de parte. No obstante, en la práctica, en general no visitan comisarías de Carabineros para controlar las condiciones de detención ni los registros policiales de detención y verificación de identidad, indicó la Defensoría Penal Pública.
Según consta en la documentación del INDH, al menos 6.972 personas fueron detenidas formalmente en comisarías en el contexto de las manifestaciones entre el 17 de octubre y el 21 de noviembre.
Sin embargo, la cantidad real de personas privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones es mucho mayor. Según datos oficiales proporcionados a Human Rights Watch, los carabineros detuvieron a más de 15.000 personas entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre, y “retuvieron” a otras 2.000 por incumplir el toque de queda durante el estado de emergencia.
El Defensor Nacional indicó a Human Rights Watch que los carabineros no están habilitados para detener a personas que incumplan el toque de queda y solamente pueden imponer una multa. Por ende, señaló, esto sugiere que aquellos que fueron retenidos por carabineros por transgredir el toque de queda habrían sido víctimas de arrestos arbitrarios.
En el derecho chileno hay cierto margen de interpretación con respecto a la facultad de retener a una persona que haya incumplido el toque de queda hasta que este termine. Sin embargo, varios juristas indicaron a Human Rights Watch que los carabineros no pueden sancionar con detención a aquellos que transgredieron el toque de queda.
Xiomara Aguilar, de 18 años, se dirigía a su vivienda en Santiago con una amiga cuando fueron detenidas cinco minutos después del horario de inicio del toque de queda, a las 7 de la tarde, afirmó.
Los carabineros les torcieron bruscamente los brazos, les jalaron el cabello y las llevaron al laboratorio de criminalística de Carabineros, contó. Permanecieron cinco horas sentadas allí en un pasillo, con las manos esposadas.
A medianoche, las trasladaron a una comisaría, donde las obligaron a desvestirse y hacer sentadillas completamente desnudas. Las retuvieron en una celda sin darles agua ni comida hasta las 6 de la mañana, cuando terminó el toque de queda.
Conforme al derecho chileno, los detenidos que enfrenten cargos deben ser llevados ante un juez que evalúe la legalidad de su detención dentro de las 24 horas siguientes a su arresto.
La Defensoría Penal Pública indicó que, en la primera semana de manifestaciones, casi se cuadruplicó la cantidad de detenciones que en esas audiencias se declararon ilegítimas, pasando de ser el 2 % de las detenciones al 7,6 %, debido a que no había pruebas de que se hubiera cometido un delito y, en algunos casos, porque los detenidos habían sufrido abusos cometidos por carabineros. Desde el 29 de octubre, esa cifra se ha reducido, pero los jueces todavía siguen detectando el doble de detenciones ilegales, un 4,5 %, que las observadas en los meses previos a las protestas, cuando eran un 2 %.
Maltratos, abuso sexual y torturas durante la detención
Desde el inicio de las manifestaciones hasta el 21 de noviembre, el INDH presentó 442 querellas ante el Ministerio Público en representación de víctimas de presuntas lesiones provocadas por carabineros, tratos crueles, torturas, abuso sexual, tentativa de homicidios y homicidios.
Desde que empezaron las protestas, el INDH ha presentado 341 denuncias vinculadas con señalamientos de tortura y tratos inhumanos, y 74 relacionadas con abusos sexuales.
Una de las denuncias más comunes fue que los detenidos, incluidos niños, eran obligados a desvestirse y hacer sentadillas desnudos en comisarías. Los protocolos de Carabineros prohíben expresamente esa práctica, sin excepciones.
Sin embargo, varios agentes indicaron que está permitida cuando se sospecha que la persona detenida puede llevar droga o algún arma oculta en cavidades corporales.
Lo cierto es que hay carabineros que han ordenado el desnudamiento de personas en un contexto que sugiere discriminación contra mujeres y niñas y no se advierte que hayan tenido siquiera la creencia equivocada de que estas personas estuvieran intentando ingresar objetos de contrabando al lugar de detención.
Según datos del INDH, es más probable que los carabineros obliguen a mujeres y niñas a desvestirse que a hombres.
Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres.
A su vez, mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa. El INDH también documentó casos de amenazas de violación, así como la violación de cuatro hombres.
La Defensoría de la Niñez ha recabado información sobre 327 casos de posibles violaciones de derechos de niños y niñas cometidas durante las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre. De ellos, 118 presentaban lesiones físicas vinculadas con golpizas y 54 tenían lesiones causadas por perdigones y balas.
Claudio Muñoz, de 18 años, dijo que dos personas vestidas de civil lo detuvieron y lo golpearon mientras se alejaba corriendo tras arrojar una piedra contra un camión de carabineros en Santiago el 20 de octubre. Lo entregaron a carabineros, que también lo golpearon y lo trasladaron a una comisaría cercana.
Allí dentro, más de 10 agentes le dieron puntapiés y puñetazos y lo golpearon con un bastón policial. Más tarde los carabineros lo llevaron a otra comisaría más grande, y allí volvieron a golpearlo en dos ocasiones. Los agentes hicieron que él y otros tres detenidos, incluido un niño de 14 años, se desnudaran e hicieran sentadillas, dijo Muñoz.
Claudio Muñoz el 21 de octubre, el día que fue liberado. © 2019 Cortesía de Claudio Muñoz
Fue llevado a una celda de 3×3 metros con otros 14 hombres. La madre de Muñoz, que pudo verlo fugazmente en la comisaría, dijo que notó que tenía cortes, la boca y la oreja ensangrentadas y contusiones en la cabeza.
Aproximadamente a medianoche, un guardia roció a Muñoz y a los demás hombres en la celda con una manguera de agua fría a través de los barrotes, contó. Cerca de las 2 de la mañana, los carabineros metieron a otros 15 hombres en la celda donde estaba. El hacinamiento era tal que tenían que permanecer de pie, apoyados unos sobre otros, afirmó Muñoz. Los carabineros lo liberaron 18 horas después de su detención, sin llevarlo en ningún momento ante un juez.
Josué Maureira, de 21 años, ingresó en un supermercado que había sido saqueado en Santiago el 21 de octubre después del toque de queda, pues creyó haber escuchado a una mujer que pedía ayuda, contó. Los carabineros lo encontraron y lo golpearon en el lugar, luego en el furgón y más tarde en la comisaría, indicó. “Me hacían gritar muy fuerte, ‘soy maricón’”, contó Maureira, que llevaba las uñas pintadas y pantalones ajustados.
Un grupo de cinco carabineros lo violaron con un bastón policial y luego lo llevaron a una celda, contó Maureira.
A la mañana siguiente, los carabineros lo obligaron a firmar una confesión que habían preparado de antemano, en la cual admitía haber participado en el saqueo, afirmó.
Maureira dijo que nunca le informaron cuáles eran sus derechos y que pidió ver un abogado pero no le asignaron uno ni se le permitió contactar a un abogado por sus propios medios.
En la audiencia, el defensor público denunció que Maureira había sufrido malos tratos y el fiscal fijó una fecha posterior para entrevistarlo sobre esta denuncia. El juez dispuso que permaneciera en prisión preventiva.
Maureira contó al médico en la cárcel que había sido torturado, pero este únicamente le proporcionó analgésicos, aseveró. Maureira fue liberado el 25 de octubre luego de que el INDH apelara la orden de detención.
Se sometió a una revisión médica ese día que, según señaló su abogado, documentó que presentaba lesiones anales y de otros tipos.
El 21 de octubre, infantes de Marina detuvieron a Juana Molina (seudónimo), de 39 años, cerca de un supermercado en Valparaíso que había sido recientemente saqueado, junto con otras 11 personas que estaban en la zona, según testimonios recabados por la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
Los agentes jalaron el cabello de Molina, la arrojaron al suelo y le propinaron golpes en la espalda con sus armas. Le ordenaron que “caminara como un perro”, mientras le apuntaban con sus armas, hasta llegar a una parte de la calle donde corría agua, y allí le dijeron que se arrastrara “como [un] gusano”.
Más tarde la llevaron al supermercado que había sido saqueado, donde los agentes la pusieron contra el piso, que estaba cubierto de vidrios rotos, y le pisaron la cabeza y los pies.
Los agentes no llevaban placas identificatorias y tenían sus rostros cubiertos, dijo Molina a los abogados de la clínica jurídica. Más tarde fue llevada a una comisaría de Carabineros, donde no se le permitió hablar con su familia ni con un abogado, y luego los funcionarios allí la obligaron a firmar un documento que, según dijo, no pudo leer con atención pero decía que “no tenía lesiones”.
Mientras estuvo detenida esa noche junto con otras mujeres, los agentes las despertaron en dos oportunidades y no les permitieron ir al baño. El 22 de octubre, fue acusada de robo y liberada pendiente de investigación, con la condición de no acercarse al supermercado.
El 18 de octubre, Jaime Guevara (seudónimo), de 17 años, fue detenido por carabineros cerca de la estación de metro Elisa Correa en Santiago. Contó a Human Rights Watch que fue detenido por un carabinero mientras se alejaba corriendo después de que los carabineros intentaran dispersar una manifestación pacífica.
Un carabinero que no llevaba placa con nombre le esposó una mano a su motocicleta, lo que le provocó una quemadura. A continuación, el carabinero puso en marcha la motocicleta, lo cual obligó a Guevara a correr detrás.
Guevara dijo que fue retenido con otro niño de 17 años y que, durante la detención, que duró toda la noche, los agentes los obligaron a desnudarse y hacer sentadillas, y les propinaron golpes y puntapiés brutales. Los agentes también golpearon la cabeza del otro niño contra la pared, según Guevara.
La ausencia de uso sistemático de cámaras en las dependencias de carabineros y la falta de almacenamiento de las grabaciones obstaculizan la investigación de abusos en dependencias de carabineros. Apenas cerca de la mitad de las comisarías en el país cuentan con cámaras, indicó la coronel Karina Soza, titular de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de Carabineros.
En una comisaría de Santiago donde supuestamente hay cámaras “en todos los lugares”, según lo indicó un carabinero, Human Rights Watch identificó una extensa zona no alcanzada por las cámaras en la parte donde están las celdas.
Asimismo, tampoco hay un archivo centralizado de las imágenes que registran las cámaras. En otra comisaría en Santiago, el mayor a cargo dijo que las grabaciones se borraban automáticamente luego de siete días por falta de capacidad local de almacenamiento.
Al igual que en el caso de Molina, varias personas que afirmaron haber sufrido abusos durante la detención dijeron que los agentes no llevaban placas con su nombre. La coronel Soza dijo que algunos carabineros usaban nuevos chalecos sin sujetadores para los nombres.
Las condiciones en las que se realiza la constatación de lesiones a los detenidos son también preocupantes. Diversos carabineros indicaron que la ley les exige preguntarles a los detenidos si tienen lesiones y trasladar a los que digan que sí a centros médicos cercanos. Allí, se supone que los médicos hacen una evaluación independiente de las lesiones en un informe que puede usarse en un proceso judicial.
No obstante, los carabineros reconocieron que a menudo la revisión se realiza en cubículos sin suficiente privacidad. A su vez, los carabineros admitieron que a veces el mismo carabinero que realiza el arresto —y que podría haber maltratado al detenido— es quien lo lleva al centro médico para su revisión.
Muñoz dijo que un carabinero estuvo parado junto al cubículo donde le realizaron el examen, a una distancia a la que podía oír lo que se dijera; Maureira afirmó que un médico lo revisó mientras estaba esposado y un agente lo sujetaba por el cuello, y Guevara contó que un carabinero permaneció a su lado en todo momento.
En el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), el mayor centro médico cerca del lugar donde se produjeron las manifestaciones más multitudinarias en Santiago, el personal médico señaló que a menudo los carabineros intentaban observar los exámenes periciales y se resistían cuando los médicos les decían que se alejaran.
Insuficiente rendición de cuentas interna
Los carabineros cuentan con un procedimiento disciplinario interno que prevé sanciones administrativas para aquellos que cometan abusos, incluida la expulsión de la fuerza, pero el sistema carece de independencia y transparencia.
Las posibles irregularidades son investigadas por una subdirección de asuntos internos integrada por cerca de 400 personas, indicó el Contralor General. No obstante, los investigadores de asuntos internos pueden ser trasladados a otros sectores de Carabineros y terminar trabajando junto a los mismos agentes a quienes antes investigaron, o incluso podrían quedar subordinados a ellos.
Una vez que se investiga una irregularidad, los resultados se envían a “fiscalías administrativas”, a cargo de coroneles. Estos coroneles no siempre cuentan con formación de abogados, señaló el contralor. Por lo general, trabajan en esa función unos tres a cinco años, y luego son transferidos a otras funciones dentro de Carabineros.
Los coroneles emiten una recomendación de medida disciplinaria, pero la decisión final la toma el superior inmediato del carabinero que está siendo investigado.
El gobierno de Chile indicó a Human Rights Watch que, al 19 de noviembre, había 273 casos administrativos en trámite contra carabineros por incidentes relacionados con las protestas, y otros 73 casos eran objeto de investigación preliminar.
Human Rights Watch no pudo encontrar información pública sobre estas u otras investigaciones de asuntos internos, ni sobre su resultado.
Condiciones de trabajo extenuantes para carabineros y violencia por parte de manifestantes
Las manifestaciones han obligado a muchos carabineros a trabajar turnos mucho más prolongados de lo normal
—jornadas de hasta 16 horas, en vez de 8— sin tomar días de descanso ni remuneración por horas extra, explicaron comandantes de carabineros.
Carabineros movilizó a 20.000 de los 60.000 miembros de la fuerza para responder a manifestaciones en todo el país, indicó el general Rozas.
De estos, apenas 1400 son miembros de las Fuerzas Especiales, la unidad que está preparada para estas tareas. Sin embargo, ante la magnitud de las manifestaciones, las autoridades movilizaron incluso a agentes que hacen tareas administrativas, tras recibir una capacitación de apenas un día, contaron varios carabineros.
En las calles, los carabineros se toparon con decenas de miles de manifestantes pacíficos, pero también con grupos que provocaron disturbios extremadamente violentos. Entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, 1.896 carabineros resultaron lesionados en el contexto de las manifestaciones, indicaron autoridades de Carabineros.
Según datos oficiales, 127 sufrieron lesiones graves, incluidos cinco que perdieron parcial o totalmente la visión. Al menos dos sufrieron quemaduras por efectos de cócteles Molotov y otros sufrieron fracturas, indicó el médico Alberto Naranjo, jefe de urgencias del Hospital de Carabineros en Santiago.
El teniente Leandro Veloso Soto, de 33 años, manifestó que estaba con un grupo de otros ocho carabineros indicándoles por megáfono a 200 manifestantes que despejaran las calles de Paine el 12 de noviembre cuando los manifestantes empezaron a arrojarles piedras.
Veloso, que no llevaba visor porque no había suficientes, escuchó disparos y luego sintió un impacto en el ojo derecho. Los médicos le dijeron que un proyectil le había desgarrado las venas dentro del ojo y que solo tenía posibilidades de recuperar la visión parcialmente.
Estándares sobre el uso de la fuerza
Chile ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene la obligación de respetar derechos fundamentales como el derecho a la vida (artículo 4), a la integridad física y a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 5) y a la libertad (artículo 7), así como la obligación de investigar y castigar las violaciones de derechos humanos.
El apego riguroso a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza es un elemento esencial para respetar los derechos a la vida y a la integridad física.
Un protocolo de Carabineros sobre uso de la fuerza (Circular 1.832) exige que su empleo sea proporcional a la amenaza que represente una persona o un grupo, o al delito que esté por cometerse.
Estos estándares son consistentes con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que exigen que los agentes de seguridad pública, al desempeñar su tarea, recurran en la mayor medida posible a medios no violentos y a desactivar la situación antes de usar armas de fuego.
Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios de seguridad pública deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del riesgo que enfrentan.
Deberían priorizar el uso de equipos menos letales para asegurarse de que el objetivo legítimo se logre reduciendo al mínimo el riesgo de causar daños y lesiones y preservando la vida. El uso deliberado de la fuerza letal solamente es permisible cuando resulta estrictamente necesario para proteger una vida.
Aunque el gas lacrimógeno en general no constituye un arma letal, puede causar graves problemas de salud a las personas expuestas, incluso si se usa limitadamente.
Como método antidisturbios, el gas lacrimógeno solo debería usarse cuando resulte necesario como respuesta proporcionada para contener la violencia. No debería usarse en espacios cerrados y los cartuchos no deberían dispararse apuntando de manera directa hacia personas, así como tampoco a quemarropa. Las fuerzas de seguridad deberían dar la alerta antes de lanzarlos.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley exigen que las autoridades informen e investiguen oportunamente todos los incidentes en los cuales agentes de seguridad pública maten o lesionen a personas con armas de fuego, a través de un proceso administrativo o penal independiente.
Fuente: Human Rights Watch
Diputada Carmen Hertz sobre informe de HRW: “la responsabilidad política es sin duda de la más alta autoridad civil”
El martes 26 de noviembre, Human Rights Watch entregó un contundente informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile desde el inicio de la movilización social. La diputada Carmen Hertz adelantó que los antecedentes expuestos por el informe donde se evidencian violaciones a los derechos fundamentales, sucesivos y/o simultáneos y cometidos por agentes del Estado, “configuran crímenes contra la humanidad”.
El informe elaborado por HRW y entregado por su director, José Miguel Vivanco, al Presidente Sebastián Piñera la mañana de este martes 26 de noviembre establece “graves violaciones a los DD.HH.”, que incluyen “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones”.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó Vivanco.
En ese marco, la diputada Carmen Hertz, sostuvo que los antecedentes aportados por el organismo dan cuenta de “violaciones a los derechos fundamentales, sucesivos y/o simultáneos, como ha ocurrido en nuestro país, cometidos por agentes del Estado”.
Para la diputada, estos elementos configuran crímenes contra la humanidad y respecto a ese gravísimo crimen internacional, “la responsabilidad política es sin duda de la más alta autoridad civil y por eso hemos interpuesto la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera”.
La diputada hizo especial énfasis en la distinción entre violaciones generalizadas y sistemáticas, pues a su entender “esa semántica es tras la que el Gobierno quiere esconderse para no asumir su responsabilidad. La generalización es uno de los elementos que configura los crímenes contra la humanidad no solo de acuerdo al Estatuto de Roma, sino que de acuerdo a nuestra propia legislación”.
Hertz concluyó que los informes de organizaciones de derechos humanos evidencian la responsabilidad política de Piñera;
“Una responsabilidad política que algunos aquí en el parlamento pretenden eludir, no usar esta herramienta y señalan que esta herramienta (Acusación Constitucional) fuera prácticamente un golpe de estado. Quiero denunciar esta campaña del terror que se ha hecho contra la Acusación Constitucional y el que algunos parlamentarios quieran inhibirse por conveniencias electorales o políticas de ejercer lo que deben hacer. No es posible que la impunidad en este país, la impunidad política, social, moral de las elites, que es parte de lo que ha significado el estallido social”.
