La comisión que revisa el libelo acusatorio contra el Presidente Sebastián Piñera, realizó su primera sesión, que tuvo hitos relevantes para determinar las responsabilidades políticas por las vulneraciones de los derechos humanos que dieron origen a la acusación. Por lo pronto hubo unanimidad de que existieron.
En la comisión de acusación constitucional, los diputados Carmen Hertz y Jaime Naranjo entregaron los argumentos de los dos capítulos que contiene el libelo acusatorio contra el Presidente Piñera. A continuación, expusieron en esta primera sesión de audiencias el constitucionalista Jorge Correa Sutil y la directora de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
En su primera sesión de audiencias, la comisión de acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera recibió a los acusadores, la diputada Carmen Hertz (PC) y el parlamentario Jaime Naranjo (PS), quienes detallaron las dos causales del libelo: la responsabilidad del jefe de Gobierno en las graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los DDHH cometidas por agentes del Estado en el último mes; y haber comprometido gravemente el honor de la nación, dada la preocupación expresada por la comunidad internacional.
El documento incluye el detalle de casos de violaciones de DD.HH. por parte de agentes del Estado, con las querellas que se han presentado por muertes, torturas y heridos, principalmente con traumas oculares y la pérdida de la visión. Lo que respaldaron con un registro audiovisual presentado en la comisión.
El diputado Naranjo dijo que la acusación se sustenta en la necesidad de responder por las violaciones a los DD.HH. que se han cometido en democracia, ya que ninguna autoridad está por sobre la ley y la Constitución:
“Yo creo que lo más importante de todo este proceso de la acusación constitucional es, justamente, que la gente que ha vivido los abusos, los excesos, los horrores; y el ciudadano común y corriente en Chile que no los ha vivido, pero los ha visto, se pregunta ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Va a haber algún responsable que va a pagar por esto? ¿O va a ser sentado en el banquillo de los acusados, a lo menos, para que pueda responder? Y yo creo, justamente, que esta acusación constitucional responde a eso. Excesos. Porque una cosa es la responsabilidad jurídica».
En tanto, la diputada Hertz señaló que las violaciones de DD.HH. no son fruto de la casualidad y que ha existido violencia estatal grave y generalizada durante y después de los nueve días de Estado de Emergencia. Agregó que el Presidente avaló públicamente la actuación de las FF.AA. y Carabineros.
Constitucionalista Correa Sutil
Posteriormente, expuso el profesor constitucionalista Jorge Correa Sutil, quien señaló que, pese a no existir sentencias judiciales, las evidencias presentadas en el libelo son indicios suficientes de que hubo uso excesivo de la fuerza en las calles y trato cruel, inhumano y degradante contra los manifestantes.
Consideró que algunas decisiones del Presidente como declarar Estado de Emergencia, declarar la guerra y citar al Cosena, son errores, pero que, sin embargo, ejerció sus deberes constitucionales.
Correa recomendó rechazar la acusación e invitó a la comisión a responder la pregunta de si las acciones del Presidente se tomaron con el deliberado propósito de que se violaran los derechos humanos, punto del que no existe evidencia alguna en el libelo.
La integrante de la comisión, diputada Sofía Cid (RN) valoró la recopilación de antecedentes para evaluar la procedencia del libelo acusatorio.
“Estamos revisando la acusación y escuchando a las personas con sus distintas ideas al respecto. Fue muy interesante la presentación de Jorge Correa Sutil, bastante objetiva, que eso también ayuda mucho. Pero también nos envió bastantes señales de lo que deberíamos hacer como Congreso, de ser un gran aporte a lo que está ocurriendo hoy día”, señaló.
Indicó que les sirvió esta segunda reunión para tener un poco más de orden a futuro.
Amnistía Internacional
Finalmente, Amnistía Internacional, por intermedio de su directora, Ana Piquer, y la investigadora en contextos de crisis, Pilar Sanmartín, se refirieron a las conclusiones y recomendaciones preliminares del informe que presentaron el jueves pasado.
En la investigación realizada entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, la organización documentó y recopiló evidencias de violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado, principalmente, militares y Carabineros, poniendo el foco en el atentado a la vida e integridad física y síquica de las personas.
Ana Piquer explicó que no son hechos esporádicos los múltiples actos de violencia en contra de manifestantes y los ataques a la población.
“Lo que en definitiva concluimos es que, actualmente, sí se han cometido graves y generalizadas violaciones de los DD.HH., que no se puede hablar meramente de casos aislados, que estamos hablando de un patrón de conducta que se está repitiendo en muchos lugares de Chile y que, por lo mismo, esto puede significar una responsabilidad no solo de las personas que están cometiendo esos actos; sino también, una responsabilidad de mando”, informó.
En ese sentido, dijo que las recomendaciones apuntan, por una parte, a tomar las medidas efectivas que se necesitan para detener lo que está pasando porque sigue sucediendo, en términos de los ataques que están viviendo las personas que se manifiestan pacíficamente y, por otro, las medidas necesarias para asegurar que todo lo que está pasando se investigue y se lleve a las personas responsables ante la justicia, incluyendo la línea de mando según corresponda”, enfatizó.
Además, el organismo propone una reforma seria y profesional a Carabineros y que las autoridades aseguren que las legítimas demandas de la población sean atendidas.
Responsabilidades por violaciones a DDHH y denuncias por amenazas de muerte
“Esta primera reunión significó recibir a Amnistía Internacional y los fundamentos de su informe. Escuchamos a Jorge Correa Sutil que ha participado en numerosas defensas de Acusaciones Constitucionales. Creo que ha sido una sesión muy interesante en la que se han entregado muchos antecedentes y se ha ilustrado a los comisionados sobre el alcance y el carácter de la acusación”, sostuvo la diputada Carmen Hertz.
Un elemento que se destacó en la intervención del abogado invitado por Chile Vamos, Jorge Correa Sutil, fue que éste no descartó la existencia de violaciones a los Derechos Humanos.
En ese sentido, el jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, valoró que Correa Sutil haya reconocido que el actuar de Carabineros es de responsabilidad directa del Presidente de la República.
Barrera afirmó:
«En su intervención el constitucionalista no descartó que se violaron los Derechos Humanos. También dijo que el Presidente se demoró en prohibir el uso de perdigones y que el actuar de carabineros es de responsabilidad directa del Presidente”.
En la intervención realizada por la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, denunció una amenaza de muerte tras publicar el informe sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas sociales, en el que se determina que hubo intencionalidad al lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes.
«Yo personalmente recibí a mi correo electrónico un correo con contenido amenazante. Hasta aquí ha sido el único incidente, estamos haciendo las gestiones para hacer la denuncia del caso», dijo ante la comisión que revisa los argumentos de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera.
Sobre la presentación de Amnistía Internacional (AI), el diputado Barrera dijo:
“Fue categórico y demoledor el informe que nos dieron de todas las violaciones a los derechos humanos y de las responsabilidades del Estado en no hacer nada. No solo al dar la orden sino también al omitir el que se violen los derechos humanos”.
Además, Barrera valoró que la directora de AI, Ana Piquer, haya denunciado ante la Comisión que fue amenazada de muerte luego de dar a conocer el informe de DDHH de este período:
“Le llegó un correo electrónico que dice que si sigue en esa misma línea va a terminar en un ataúd. O sea, la desesperación máxima de la derecha reaccionaria que quiere frenar todo lo que tiene que ver con la lucha por el respeto a los DDHH a través del terror y con amenazadas de muerte”.
