Con votos de los senadores Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza y Jaime Quintana; y la contra de los senadores Felipe Kast e Iván Moreira, la Comisión de Seguridad Pública aprobó la idea de legislar del proyecto que propone un indulto a los presos políticos de la revuelta, por razones humanitarias.
La iniciativa, que ya fue respaldada en la Comisión de Derechos Humanos, ahora deberá ser estudiada por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El proyecto tiene origen en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro quienes señalaron que se fundamenta «en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social».
En a sesión, expuso el sacerdote Felipe Berrios quien abogó por los detenidos y entre otros ejemplos, citó el criterio adoptado con los camioneros que infringieron la ley, buscando una salida política a un tema político.
Vea aquí la sesión
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2021-05-25/210520.html
El presidente de la instancia, senador Francisco Huenchumilla, señaló que el encarcelamiento de los presos del estallido «es una situación política y por lo tanto son presos políticos» y agregó que «las instituciones públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar los hechos no como una situación de normalidad, sino de excepción».
En tanto los senadores Insulza y Quintana plantearon que se debe diferenciar entre los manifestantes y los reales delincuentes, mientras que el senador Latorre -uno de los autores del proyecto- valoró que se haya puesto en tabla y se tramitara con sentido de urgencia.
Latorre valoró que la comisión haya tramitado el proyecto con carácter de urgencia, además de explicar su importancia previo a la instalación de la Convención Constituyente:
“El proceso constituyente lo abrió el pueblo de Chile en un proceso de protesta social masiva, de revuelta popular y de masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Ese es el contexto de este proyecto de indulto general para los presos de la revuelta, por lo tanto valoro que se haya aprobado la idea general de legislar y espero que se tramite pronto en la Comisión de Constitución del Senado”.
Otro de los impulsores de la iniciativa, el senador Alejandro Navarro, sostuvo:
“Si queremos escribir una nueva Constitución que reconcilie a los chilenos, no puede ser con presos de la revuelta encarcelados con montajes. Están pagando de manera injusta una situación que apoyó todo Chile”.
Agregó:
“Hay que hacer un esfuerzo y mi llamado es a una derecha que comprenda que, si no cerramos esa herida, esta puede profundizarse en la discusión de la nueva Constitución, y todos queremos una Constitución que una a los chilenos y no que los divida”.
“Ningún país que se considere democrático y que ya está viviendo un proceso constituyente puede permitirse tal nivel de injusticia e impunidad. Ad portas de instalar la Convención Constitucional para que inicie su labor, no es posible eludir las injusticias cometidas contra jóvenes que, cansados de una vida precaria e indigna, dieron el puntapié inicial a todo este proceso”, señalan.
“Hacemos un llamado a las y los constituyentes electos a sumarse a esta exigencia. La triste y dolorosa historia de nuestro pasado reciente ha demostrado con creces que no es posible construir un país sano sobre cimientos tan poco sólidos, como lo son la injusticia y la impunidad”, finalizan.
Por su parte, el senador Felipe Kast calificó la aprobación del proyecto como «un hecho lamentable» y consideró que la iniciativa «le entrega amnistía total a quienes recurrieron a la violencia y están siendo juzgados por los tribunales».
En una línea similar, el senador Moreira señaló que el proyecto es «contradictorio y sesgado» y que es «una bofetada para miles de víctimas del estallido social».
Por lo visto, la paliza del 15-6/M les enseñó nada. No importa. Si las dos oposiciones actúan coordinadas en este tema, tienen mayorías suficientes para aprobar el proyecto, y en consecuencia, la libertad de los presos está erca de lograrse.
Claro que el 14 de diciembre pasado, Piñera anunció que en caso de aprobarse el proyecto, lo vetará:
“Entre los delitos que se pretende indultar, se encuentran delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al Metro y al transporte público, las lesiones graves carabineros y muchos más. Todas las personas que hoy están privadas de libertad por los graves delitos que el proyecto que un grupo de senadores intenta indultar, están privados de libertad no por decisión del Gobierno ni de la fiscalía, están privados de libertad por decisión de los Tribunales de Justicia, del Poder Judicial que es un poder autónomo e independiente”.
Pero lo dijo antes de la derrotas en el TC por el tercer retiro, y en las elecciones del 15-16/M.
Hoy, Piñera no tiene fondo político para vetar la libertad de los presos de la revuelta; sobretodo, si es verdad el aforismo de que la historia rara vez la escriben los perdedores.
Y si de historia se trata, hay que aclarar el papel de la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quién el 5 de enero pasado, redujo a 26 personas en prisión preventiva por delitos vinculados al estallido social, ocurridos entre el 16 de octubre de 2019 y 16 de marzo 2020.
Los autores del proyecto mencionan 700, el ex defensor nacional, Andrés Mahnke, señaló que son 69, y un informe de la Fiscalía Nacional, de octubre de 2020, establece que 648 se encuentran en prisión preventiva, mientras que 725 ya fueron condenados.
Manifestación por la libertad de los presos de la revuelta
Unos dos centenares de manifestantes se reunieron en el frontis de La Moneda, el miércoles 27, por la mañana.
Carabineros los reprimió con brutalidad y detuvo a 11 personas; que no protagonizaron el menor incidente, y ejercían el derecho constitucional a la reunión pacífica. .
