El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el procurador de Justicia, Iñaky Blanco, confirmaron que se encontraron varias fosas clandestinas en Iguala, donde hasta anoche se han rescatado los cuerpos de un número indeterminados de personas, entre los cuales estarían los 43 estudiantes desparecidos desde hace más de diez días. Los restos mostraban señales de tortura, y de haber sido quemados vivos. Los primeros informes apuntan a la responsabilidad de un cartel del narcotráfico, en connivencia con la policía.
Blanco informó que por este caso ha sido consignada una treintena de personas, incluidos los 22 policías municipales aprehendidos por los hechos contra normalistas de Ayotzinapa. El funcionario local reveló que en los hechos está involucrado el cártel Guerreros Unidos.
Aseveró que derivado de las detenciones de policías, halcones y gatilleros se pudieron localizar las fosas clandestinas.
Sin embargo, ambos se negaron a confirmar si los cadáveres tienen alguna relación con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado fin de semana.
Aguirre Rivero dijo que las víctimas fueron halladas en diversas fosas de los parajes de Pueblo Viejo y en Loma del Coyote, en Iguala, con señas de haber sido “salvajemente masacrados”.
La PGR atrajo la investigación por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y un grupo de peritos de la dependencia analiza la identidad de los cuerpos hallados en las fosas de Iguala. Rodrigo Archundia, titular de la SEIDO, dijo que se ha puesto a disposición del Ministerio Público a implicados en el caso.
Localizan fosas en Iguala
El gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y el fiscal general de la entidad, Iñaky Blanco Cabrera, confirmaron ayer el hallazgo de fosas clandestinas en Pueblo Viejo y Luna del Coyote, comunidades de la colonia La Villa Guadalupe, ubicada a las afueras de Iguala.
Asimismo, en voz del fiscal, el gobierno de Guerrero confirmó que por este caso ha sido detenida una treintena de personas, incluidos los 22 policías municipales aprehendidos a principios de semana, y el involucramiento de miembros del crimen organizado, especialmente del grupo delictivo Guerreros Unidos. Habrá más detenciones, precisó.
Derivado de estas capturas fue como se pudieron localizar las fosas clandestinas, explicó Blanco Cabrera.
No obstante, no pudieron confirmar si los cadáveres tienen alguna relación con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el viernes 26 y el sabado 27 de septiembre en la madrugada.
Explicó que peritos, expertos en genética forense, criminalística y fotografía efectúan las pruebas periciales para determinar si los restos óseos descubiertos “corresponden con los perfiles genéticos de las víctimas indirectas de los hechos”.
Previamente, el gobernador de Guerrero expresó “a los familiares y amigos de quienes fueron salvajemente masacrados, ofrezco toda mi solidaridad y apoyo”.
Hizo asimismo dos veces “un llamado a todos los guerrerenses a mantener la concordia, la no confrontación, la armonía y evitar por todos los causes la violencia en todas sus expresiones”.
Más tarde, en un comunicado, el gobierno de Aguirre informó que “hasta las 20 horas de este sábado (…) se han hallado ocho cuerpos, a los cuales se hacen los estudios correspondientes para su posterior identificación”.
Dispositivo estatal y federal
En el sitio del hallazgo a las afueras de Iguala se montó ayer un dispositivo en el que participaron efectivos de la policía estatal, la Marina y el Ejército que montaron retenes y realizaron patrullajes por la zona.
Las inspecciones por tierra fueron apoyadas por aire por helicópteros de la autoridad estatal y de la Armada, que realizaron sobrevuelos en la zona.
Al lugar arribó por la mañana el procurador Blanco, quien se negó a confirmar el número de cadáveres hallados y su posible relación con los normalistas.
En calles de Iguala se realizó la cuarta manifestación de personas vestidas de blanco, quienes con globos blancos pidieron el regreso de la paz al municipio.
Asimismo, en la Tierra Caliente se mantiene un operativo, cuyo objetivo es ubicar a los jóvenes aún desaparecidos.
En las calles de Iguala se puede corroborar que no hay un solo policía municipal en funciones; los agentes de Vialidad y de la Preventiva no detenidos, que son 180 aproximadamente, simplemente no realizan sus labores.
La PGR atrae desaparición de normalistas
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo las investigaciones de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque hay indicios de actuación del crimen organizado.
En conferencia de prensa, Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), anunció que los elementos y pruebas aportadas por la Procuraduría estatal son “pruebas suficientes del actuar del crimen organizado en la desaparición de los estudiantes”.
Dijo que la Procuraduría estatal ha remitido al Ministerio Público federal a diversas personas vinculadas con los hechos.
De acuerdo con fuentes de la PGR, las personas que declaran desde el mediodía de ayer están vinculados con los Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, que tienen su base de operaciones en Iguala, Arcelia y Altamirano.
De la treintena de personas que declaran por los hechos de violencia y muerte de normalistas, en su mayoría son policías municipales vinculados con el grupo delictivo.
En su turno, Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, destacó que un grupo de investigadores y agentes expertos del MP se trasladaron a Guerrero para determinar la identidad de los restos óseos localizados.
Refirió que personal de la Agencia de Investigación Criminal ya se encuentra en las comunidades donde se ubicaron las fosas clandestinas para realizar las indagaciones correspondientes.
Zerón de Lucio dejó en claro que “el Estado mexicano no puede permitir que un hecho lamentable quede impune; queremos ser enfáticos en el hecho de que habremos de poner toda la fuerza del Estado para esclarecer esto”.
Sicario de «Guerreros Unidos» ordenó asesinar a normalistas
El fiscal general del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo hoy que un funcionario público de Iguala ordenó detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas y que un sujeto del grupo delictivo Guerreros Unidos dispuso el asesinato de los jóvenes.
En una conferencia de prensa en este puerto, Blanco subrayó, sin embargo, que aún no está comprobado que los 28 cadáveres hallados en fosas clandestinas cerca de Iguala sean del grupo de 43 normalistas reportados como desaparecidos desde hace una semana.
Indicó que, según las averiguaciones de la Fiscalía, quedó esclarecido que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detener a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se encontraban en aquella ciudad el pasado 26 se septiembre.
Añadió que, de acuerdo con las mismas indagatorias, se sabe que un individuo conocido como El Chuky, del grupo delictivo Guerreros Unidos, habría ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes.
Un testigo dijo haber visto a 17 jóvenes detenidos en el patio de la comandancia de la policía de Iguala, quienes luego fueron trasladados en patrullas. Cámaras de seguridad confirman este hecho.
Blanco Cabrera resumió que se han detenido 26 probables responsables y se ha consignado a 29 integrantes de Guerreros Unidos. De los detenidos, 22 son policías de Iguala, a quienes ya se les dictó formal prisión por homicido calificado y se encuentran en el penal de Las Cruces. Está confirmado que estos 22 elementos dispararon sus armas contra los estudiantes de Ayotzinapa y los futbolistas, en hechos que dejaron seis personas muertas el pasado 26 de septiembre.
El fiscal expresó que por los ataques de esa noche en Iguala se encuentran detenidas cuatro personas, a las que se liga con Guerreros Unidos. Se trata de Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, quienes ya fueron remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada. Según sus testimonios 17 estudiantes fueron trasladados al paraje de Cerro Viejo, donde se hallaron las fosas clandestinas con 28 cadáveres.
En las fosas localizadas en Pueblo Viejo, municipio de Iguala, se encontraron los cuerpos de 28 personas, algunos completos, otros fragmentados, los cuales fueron calcinados. Los restos fueron colocados sobre ramas y troncos a los que se roció un combustible (diésel, gasolina o petróleo) y se les prendió fuego, dijo.
La identificación de las víctimas tardará entre 15 días y dos meses, señaló, y explicó que peritos deberán determinar la temporalidad de la muerte. El fiscal recalcó que “debemos esperar a las pruebas periciales de genética forense” para saber si se trata de los normalistas desaparecidos. En la identificación de cuerpos participan nueve especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.
Al sitio donde se hallaron las fosas acudió personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para observar el levantamiento de cuerpos.
Indicó que se desconoce el paradero del alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez, así como el secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores, por lo que se solicitó colaboración de fiscalías del país y la Procuraduría General de la República para localizarlos.
Iñaki Blanco subrayó que oficialmente siguen reportadas 43 personas desaparecidas, que son buscadas por un total de mil 800 personas entre fuerzas federales, estatales y voluntarios.
