En medio del recrudecimiento de los contagios de Covid-19 y de la caída en la aprobación del gobierno debido a su fracaso en resolver la pandemia, el Parlamento aprobó el proyecto de ley que posterga las elecciones a los días 15 y 16 de mayo, junto a la suspensión de la campaña hasta fin de mes.
Es dramáticamente real el aumento vertiginoso de los contagios y fallecimientos, como resultado de la irresponsabilidad del gobierno, que descuidó el reclamo de medidas preventivas. En vez de ello se abrió un espacio permisivo a las vacaciones, se decretó la vuelta a clases y se aumentó el proceso productivo.
La gente, a la cual ligeramente se responsabiliza, no tiene la culpa. Miles y miles de personas, de una u otra forma, tienen que salir a buscar el sustento, porque las ayudas del gobierno son absolutamente insuficientes.
No se puede someter a la ciudadanía a una cuarentena estricta sin otorgar más ayuda a las familias, un ingreso universal a todo evento y sin un mejoramiento de los servicios de salud que están colapsados, con mayores inversiones en personal, camas críticas, descanso y atención sicológica a los funcionarios cuya labor es reconocida por todos y todas.
A estas alturas no resulta descabellado pensar que al menos un sector de la derecha ha querido ganar tiempo para remontar una votación desfavorable, que según un estudio del propio Chile Vamos, le da “un tercio frágil” en la Convención.
Por lo pronto, las justificadas restricciones de la cuarentena, en la que está sumido prácticamente todo el país, son y serán más que nunca aprovechadas por la derecha y el gobierno lograr mejorar su desempeño electoral. Y considerando que no es seguro que en mayo disminuya la pandemia, el debate de una nueva postergación puede crear mayor inestabilidad institucional y política que legitime más medidas autoritarias y represivas, y al mismo tiempo, mayor rechazo popular.
Junto con ello, se intensifican los dramáticos efectos de la crisis económica, el desempleo, el alza del costo de la vida -los precios de los alimentos más que duplican el IPC-, la proliferación de los campamentos: 969 en todo el país y un aumento de 74% de familias en ellos después del estallido y la pandemia, 2,3 millones de personas de clase media que han caído en la vulnerabilidad según un informe del Banco Mundial, 71.000 hogares que sufren inseguridad alimentaria severa según la Encuesta Social Covid-19.
La encuesta Criteria Research de marzo señala que un 79% de las personas consultadas considera que Piñera ha actuado peor de lo esperado, mientras un estudio del Colegio Médico y de la Universidad de Chile arroja que el 83% de las personas no cree que las medidas del gobierno puedan protegerlas.
El economista estadounidense Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, al intervenir en la tercera jornada del Congreso Futuro en enero de este año, sostuvo que la pandemia “es resultado de 40 años de políticas neoliberales, y de ignorar la importancia de los gobiernos. Y hoy todos acuden a los gobiernos, ante la crisis económica y ante la pandemia».
Criticando al gobierno de Estados Unidos por su falta de políticas de protección social, afirmó que la pandemia dejó en evidencia «la enorme desigualdad y el mal funcionamiento del mercado».
Comparando la evolución de la pandemia, señaló que es necesario preguntarse qué funciona en países como Nueva Zelandia, Taiwán, Corea del Sur y Vietnam «y por qué es un desastre completo en Estados Unidos y Brasil».
El PC y Chile Digno, más otros sectores opositores, que exigen más y mejores medidas de protección social para contener la pandemia, han logrado que con su presión avancen proyectos tan legítimos como el impuesto a los superricos, 8 de los cuales en plena pandemia aumentaron en 73% sus fortunas, entre ellos Piñera y Ponce Lerou.
Ese impuesto ha sido aprobado en Argentina, y está siendo propuesto en otros países, incluyendo Estados Unidos, a pesar de lo cual el gobierno amenaza con detenerlo en el Tribunal Constitucional. También avanzan el royalty a la gran minería privada del cobre y el tercer retiro del 10% de las AFP`s.
Paralelamente, el gobierno endurece la represión. Han barajado el Estado de Sitio para la Araucanía, usan el alargue del Estado de Excepción como mecanismo de control social y político, allanan las poblaciones populares, asesinan a un joven malabarista en Panguipulli durante un control de identidad, desmontan el programa de ayuda a las víctimas de traumas oculares, despliegan montajes para justificar la represión.
¿Unidad antineoliberal de la centroizquierda?
En medio de la continuidad de las movilizaciones como la del 8 de marzo y otras, y del predominio de un sentimiento antineoliberal mayoritario en el país, los sectores populares han ido apoyando crecientemente el Pacto Apruebo Dignidad, que integra a los partidos y movimientos de Chile Digno y Soberano y del Frente Amplio, además de candidaturas independientes y de organizaciones de Unidad Social.
Justamente en el momento en que el gobierno planteaba su proyecto de postergación de las elecciones se sucedieron dos reuniones importantes.
La convocada por la nueva presidenta del Senado a todos los partidos opositores para consultar su opinión sobre la postergación, y la convocada por el presidente del Partido Radical a los abanderados presidenciales opositores para conversar acerca de una primaria única de la oposición.
En la primera se planteó la necesidad de condicionar la postergación a la implementación de medidas sanitarias y sociales efectivas de parte del gobierno. En la segunda se coincidió en seguir conversando acerca de las posibilidades de unir a la oposición para impedir un nuevo gobierno de derecha, colocando el acento los comunistas en acordar en primer lugar un programa antineoliberal, planteamiento que se reiteró en la reunión realizada el 5 de abril.
Por cierto, ello concita la crítica y el rechazo de la derecha y otros sectores habituados a conciliar con ella.
Gutenberg Martinez ha advertido que tal unidad opositora está siendo arrastrada por un polo de izquierda, y sectores de Unidad Constituyente han rechazado las opiniones críticas del PC a su conducta proclive al modelo neoliberal.
Paralelamente, a pesar de la rabiosa campaña contra el alcalde Daniel Jadue, aumenta el apoyo y simpatía a la figura y planteamientos del alcalde de Recoleta como resultado de su gestión alcaldicia en favor de la gente de su comuna, y de su sintonía con las demandas nacionales del pueblo.
Esto es reconocido por políticos como Girardi, quien señala que “los que representan la demanda de la sociedad con más fuerza son los comunistas”, y por El Mercurio, que señala que luego de años de marginalidad política, el PC se ha instalado como actor político relevante.
La cuestión de fondo es que hay una nueva situación en el país. El levantamiento popular de octubre de 2019 reconfiguró el cuadro político, y así lo entienden los partidarios del modelo.
Es para contener este nuevo cuadro que se estableció el acuerdo del 15 de noviembre alcanzado con la derecha, que influye negativamente para impedir una adecuada representación de los representantes del movimiento social. Con el mismo objetivo se siguen y seguirán impulsando nuevas maniobras.
Ante este nuevo cuadro, los comunistas han manifestado con claridad que no quieren ser parte nuevamente de un gobierno cuyo programa sea boicoteado desde su interior, y consecuentemente exigen hoy el compromiso de quienes se pronuncian por la unidad opositora, de un acuerdo programático en sintonía con las demandas mayoritarias de transformaciones estructurales al modelo, y garantías de su cumplimiento. En ese marco, defienden legítimamente su derecho a expresar con toda independencia su política y a criticar la postura de otros partidos.
Dialécticamente, para asumir en toda su complejidad el nuevo cuadro político, los comunistas están obligados a exigirse mucho más en su sintonía con las demandas populares, en su despliegue político y de masas, en su cohesión en torno a las orientaciones políticas surgidas de octubre de 2019.
Ello implica que, ante la postergación electoral que ha comprimido el tiempo político que media entre las elecciones de mayo y las de noviembre, hay que poner mayor urgencia a la articulación de todas nuestras candidaturas, incluida la única candidatura presidencial que surge desde la base popular, la de Daniel Jadue.
(*) Sociólogo, integrante del Taller Análisis de Coyuntura y Tendencias.
