Desde el Golpe de Estado militar en Chile (1973) hasta hoy (2014), las universidades del Estado de Chile, han sufrido un ataque y un deterioro brutal de parte de las autoridades de la dictadura, de la Concertación y del gobierno de Sebastian Piñera. Tales políticas se enmarcan en un proyecto destinado a frenar o a contener la conciencia crítica que históricamente provenía de estas universidades y reemplazarla por una industria de producción de profesionales no siempre de buena calidad. Se debe replantear absolutamente toda la orientación de las políticas universitarias que le den a la educación pública un rol protagónico en todos los ámbitos, para darle garantías a la sociedad chilena que se iniciará un proceso efectivo de vigorización de la enseñanza pública, sin letra chica.
Esto ha generado un desplazamiento sistemático del rol de las universidades estatales en el país y una pérdida de su aporte específico a la sociedad chilena, mientras, simultáneamente, se ha privilegiado –con recursos crecientes del Estado- a las universidades privadas movidas por el mercado y el lucro, que en su inmensa mayoría solo se ocupan de la docencia, sin importar la investigación y la vinculación con el medio.
Hoy la cobertura de los servicios a la docencia de las universidades privadas, es mayor que la de las Universidades del Estado de Chile. Es el resultado de 40 años de política privatizadora en Chile. Y este es el panorama que enfrentará el nuevo gobierno de Michelle Bachelet.
Sin embargo, a pesar de estas políticas de destrucción desde el propio Estado, sus universidades irresponsablemente abandonadas (16), han logrado sobrevivir gracias a la confianza que siempre le han entregado las familias bien informadas del país, los estudiantes responsables que las prefieren y sostenida por la gestión de las comunidades universitarias, que superando la burocracia, se han adaptado a las nuevas condiciones, pero el desgaste es profundo y no reconocerlo es un tremendo error.
El desgaste tiene como principal consecuencia la pérdida de la capacidad propositiva de estas comunidades universitarias en el plano del desarrollo social y tecnológico. Ahora nadie se extraña que sean organismos fuera de la universidad, consultoras, expertos, los que diagnostican y asesoran las políticas públicas y las universidades prácticamente no tienen nada que decir.
Toda la política de investigación científica de los gobiernos de la Concertación, por ejemplo, estuvo centrada en promover los proyectos de los académicos de manera independiente de las políticas institucionales, desarticulando cualquier posibilidad de pensar desde la universidad los problemas sociales, tecnológicos o científicos.
Lo mismo ocurrió con los recursos del Estado para el proceso formativo. Las becas y numerosos recursos fueron dadas a los estudiantes de buenos puntajes y no a las instituciones que los formaban con el fin de darle más oxigeno a las universidades privadas y como una manera de subvencionarlas.
Ahora que se viene la principal reforma de educación gratuita, de calidad y sin fines de lucro, prometida por el programa de la Nueva Mayoría, la tarea no será solo de asignarle más recursos a las universidades del Estado, de controlar y de eliminar definitivamente el lucro en las universidades, sino que se debe replantear absolutamente toda la orientación de las políticas universitarias que le den a la educación pública un rol protagónico en todos los ámbitos, para darle garantías a la sociedad chilena que se iniciará un proceso efectivo de vigorización de la enseñanza pública, sin letra chica.
Las recientes declaraciones del Senador RN Andrés Allamand, que sin duda busca liderar la oposición de derecha al nuevo gobierno electo, muestra lo importante que es oponerse a la “universidad gratuita para los ricos “ (El Mercurio. 4/01/2014. A 2 ), y es un claro anuncio que la derecha se organizará contra esta propuesta educativa y pondrá todo su poder para retardar, torcer, desvirtuar la reforma educacional de la Nueva Mayoría.
Por tanto, el escenario previsible es de un clima social efervescente con una tensa polémica que se instalará en la sociedad chilena, que exigirá el máximo de potencialidad de la sociedad civil y de sus autoridades.
La democracia interna de las universidades estatales debe renacer con más vigor en los próximos años, de manera que el trabajo colectivo sea la principal fuente de la gestión y se salga de los personalismos y de los proyectos rectoriales que terminan cuando estos dejan sus cargos. Igualmente se debe exigir a las universidades privadas que quieran hacer un servicio público, no solo garantizar que no se están lucrando de alguna manera, sino que viven y gobiernan sus recursos como universidades públicas donde la participación democrática de los académicos, funcionarios y estudiantes sean efectiva y no una simulación.
Ahora una tarea fundamental de los universitarios de las entidades estatales es la de levantar propuestas, proyectos, ideas, debates que lleguen al gobierno, a los organismos técnicos, a los parlamentarios, a los medios y a la sociedad en su conjunto para que Chile recupere las universidades tradicionales, con un rol claro de apoyo al desarrollo nacional que las convertían en líderes hasta el año 1973, con un reconocido prestigio continental, lo que estaba asentado en el respeto y en la participación activa de sus comunidades en la gestión de los procesos de formación, investigación y vinculación con el medio.
Si el gobierno de Michelle Bachelet comenzara por escuchar con detenimiento y seriedad a los universitarios de las entidades estatales, sería un paso necesario para evitar un brutal fracaso que viene de la mano de las propias esperanzas que tendremos, en esta nueva etapa de la Nueva Mayoría, de una mejor educación universitaria estatal en Chile.
(*) Periodista (Universidad de Concepción ). Doctor en Comunicación Social (Université Catholique de Louvain. Bélgica). Director del Magister en Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago.
Fuente: El Dínamo
