El sistema en sus primeros años tuvo que echar mano de los excedentes que cobraban las AFP por los seguros de las pensiones de invalidez y sobrevivencia. De no haber hecho aquello habrían quebrado. Es decir, la autoridad de la época permitió que se cobraran elevadas sumas a los afiliados para contratar los seguros, que las AFP conseguían a mucho menor precio quedándose con la diferencia como utilidades.
Esto motivo una querella de los dirigentes sindicales bancarios señores Miguel Allende y Mariano Muratori que patrocinamos junto con Adolfo Zaldívar y Ricardo Hormazábal y que se presentó el 5 de junio de 1985, pero que no llegó más allá a pesar de los esfuerzos que hizo un gran juez del segundo juzgado del crimen de Santiago don Alejandro Solis. El asunto no prosperó porque rápidamente se cambiaron las reglamentaciones para que todo apareciera reglamentado.
En segundo lugar es bueno recordar que las AFP no podían originalmente invertir en acciones y que dicha prohibición se eliminó cuando comenzó el proceso privatizador masivo de las empresas eléctricas, telefónicas, siderúrgicas y demás que poseía la Corfo.
Para lograr el control de dichas sociedades diversas, personas afines al régimen de Pinochet consiguieron que se cambiara la norma y así las AFP pudieron comprar acciones y en un proceso asociativo algunas personas desde fuera y otros desde dentro de las AFP construyeron el poder político y económico para desarrollar y mantener el control de las compañías que antes eran estatales. Algunos de ellos las vendieron logrando enormes utilidades.
Este último aspecto se debatió incluso ante la Fiscalía Económica mediante denuncia presentada el 4 de julio de 1990 y en virtud de ello se hicieron correcciones a las normas sobre la necesaria independencia que debían tener los directores de las AFP de los grupos controladores. Esa norma no ha servido en definitiva casi de nada atendido el carácter endogámico de quienes controlan el poder económico en Chile y no hizo diferencia alguna que algunos concertacionistas participaron en los directorios como ocurre hasta la fecha.
Desde otra perspectiva las AFP obtuvieron un gran logro cuando se reconoció la existencia del fracaso gigantesco respecto de las pensiones de los más pobres, tarea que debió asumir el estado mediante una modificación legal que creó el pilar solidario y que significa un gran aporte permanente del estado y que constituye en la practica un subsidio al sistema de capitalización individual.
Dicho lo anterior hoy día se descubre, adicionalmente, que el 40% restante que podría jubilar en las AFP tendrá jubilaciones muy exiguas lo que se traducirá en que un alto porcentaje de los que no pertenecen al pilar solidario, tendrán que ser subsidiados directa o indirectamente nuevamente por el estado. Por lo anterior, parece conveniente recordarle a los lectores que el sistema de AFP si bien cumplió un rol clave para buscar una solución a la existencia de múltiples cajas de previsión y sistemas jubilatorios, francamente discriminatorios que existían en Chile, nos ha llevado a través del nuevo sistema a rentas de reemplazo de casi el mismo orden de los pensionados del antiguo sistema y obligando al estado a efectuar aportes estatales altamente significativos, por muchos años.
Desde esta perspectiva la AFP estatal que hemos venido proponiendo desde hace muchos años y en particular desde el 2007, podría constituir solo una solución parcial al poder económico y eventualmente podría facilitar que los trabajadores participaran en el sistema si se establece algún mecanismo de participación de los afiliados de la AFP estatal y de las privadas mediante comités de auditorías, o derechamente mediante designación de los dueños de los fondos en los directorios al estilo que lo ha hecho exitosamente Codelco.
Esta puede ser una solución intermedia mientras se analiza en profundidad el problema que tiene el sistema que es la falta de solidaridad, y de las lagunas legales por las bajas cotizaciones de los trabajadores chilenos, cuestión endémica y que exigirá del estado y de sus sistemas de fiscalización una actitud muy superior a la débil capacidad regulatoria y sancionatoria mostrada hasta ahora y casi con seguridad un aumento del esfuerzo empresarial en los montos a cotizar, lo que debe compatibilizar con el aumento de impuestos.
Estamos ciertos que el modelo financiero de las AFP sólo ha terminado en definitiva por beneficiar a los conglomerados económicos que los controlan. Debe crearse un nuevo sistema de pensiones que exprese la solidaridad social, mientras se comience a estudiar mejor
Fuente: El Mostrador
