“Después de matricular a mi hijo en la U con gratuidad lloré todo el camino de alegría” escribe Marcelo, inspector de colegios de Maipú. A mi también me da muchísima alegría, pero también indignación, puesto que ideologismos y mezquindad impidieron que aquella llegase junto con la democracia.
Me indigna más que por los mismos motivos esta alegría alcance hoy sólo a un cuarto de los nuevos matriculados, y a la mitad de los que ya estudian en universidades estatales, en circunstancias que con los fondos asignados en el presupuesto 2016 a becas y crédito con aval del Estado (CAE), podría alcanzar hoy a casi tres cuartos de todos los estudiantes de educación superior.
No entiendo porqué no lo hacemos.
Tal como CENDA e ICAL vienen insistiendo desde el año 2014, los recursos del presupuesto público destinados a “ayudas estudiantiles” –becas, CAE y ahora por fin gratuidad– son suficientes para dar gratuidad a más del 60 por ciento de todos los estudiantes de instituciones de educación superior (IES) acreditadas.
El cálculo es simple y cualquiera lo puede entender: los recursos asignados en el presupuesto 2016 para gratuidad ($0,54 billones), becas ($0,23b) y CAE ($0,67b) suman casi $1.440.000 millones (poco menos de $1,5b), lo cual alcanza para un aporte de gratuidad de más de 2 millones de pesos en promedio para 700 mil estudiantes, que son más el 60 por ciento del total matriculado en todas las IES acreditadas.
Pues bien, el aporte que van a recibir las universidades que han optado voluntariamente por adscribirse a la gratuidad es de poco más de 2,3 millones de pesos por alumno. Pero se trata de las mejores universidades del país, las que tienen los aranceles más elevados. Sin duda, las restantes instituciones de educación superior acreditadas, la mayor parte de las cuales son institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), pueden acceder con ventajas a la gratuidad con aportes mucho menores.
De este modo, resulta conservador afirmar que si se termina con las becas y el CAE, y se redestinan esos recursos del presupuesto 2016 a gratuidad en todas las IES acreditadas, bien pueden alcanzar para cerca de tres cuartas partes del estudiantado, o por ahí. ¡Ahora mismo!
No entiendo porqué no lo hacemos.
Es verdad que el CAE aparece hoy en el presupuesto no como un gasto sino como una “inversión”, puesto que se supone que los que reciben el beneficio lo van a reembolsar con intereses. Pero esto no es más que una ficción, puesto que de partida los fondos públicos se desembolsan hoy día, y también porque lo más probable es que nunca sean reembolsados.
Sería de lo más injusto que así se exigiera cuando al mismo tiempo se está implementando la gratuidad. Por lo tanto el mantener esta ficción no tiene el menor sentido. HAy que reasignar los recursos del CAE a gratuidad. No entiendo porqué no lo hacemos.
Lo anterior no constituye ninguna exageración, error de cálculo o medida populista incompatible con las difícil situación económica que enfrenta el país. La lógica de estas cifras es implacable. Se trata de los mismos fondos que hoy se gastan, ni un sólo peso más.
Así ha sucedido en las instituciones que ya accedieron a gratuidad, donde el dinero que antes recibían como becas, crédito solidario y CAE se les entrega mediante el nuevo mecanismo de gratuidad. El compromiso del gobierno con todas ellas fue que iban a recibir exactamente lo mismo que antes.
¿Porqué les conviene?
Muy sencillo, porque se trata de recursos estables y, en el caso del CAE que son los más, no tienen que firmar avales ante los bancos, los que terminan pagando en más de la mitad de los casos por morosidad de los alumnos. ¿Que compromisos deben adquirir? Esencialmente sólo uno: No cobrar nada a los alumnos que ameriten este beneficio.
El asunto entonces no es de dinero, sino de decisión política. La Presidenta ha declarado que lo desea, mientras visitaba a Grace París, una de las beneficiadas. No entiendo porqué no se hace.
Lo siento, pero a mi me indigna que dos tercios de las ayudas estudiantiles sigan entregándose sin control alguno a IES privadas en forma de becas y CAE. Me indigna que la alegría de los miles de estudiantes que ya han logrado acceder a la gratuidad no se haga extensiva de inmediato a todos sus compañeros que deben seguir sometidos a la indignidad de las becas —que les exigen copago y además un promedio 5.0 que no se demanda al resto— y del infame CAE ¡financiados ambos con fondos públicos!. No entiendo porqué no se hace.
Confío que las federaciones estudiantiles y organizaciones políticas juveniles ahora sí se pondrán las pilas y demandarán ¡gratuidad ya! Imagino que sus principales dirigentes y exdirigentes hoy en el Parlamento, estarán planificando ir a los lugares donde se están matriculando sus compañeros para organizarlos y salir a la calle a exigir de las autoridades terminar con las becas y el nefasto CAE de inmediato y que cumplan con el deseo de la Presidenta de extender la gratuidad a la mayoría de los estudiantes ¡Ahora!.
NO entiendo porqué no se hace.
En razón de su justificada desconfianza con el sistema político en general, hasta el momento las organizaciones estudiantiles y políticas juveniles así como sus ex dirigentes, se han mantenido en buena medida al margen de este debate, a la expectativa. Nunca creyeron que era posible alcanzar este beneficio de inmediato para sus compañeros.
Tampoco les gustaba, ¡como nó! que accedieran al mismo IES privadas con fines de lucro y cuya calidad es muy discutible, aunque estén acreditadas. Sin embargo, al parecer no sabían que dichas IES ya están recibiendo este dinero público, sólo que en forma de becas y CAE y no rinden cuenta a nadie por ello.
Cambiarlas al mecanismo de gratuidad significa que deben rendir cuentas, como ha dicho hasta el Contralor General de la República. Tanto o más importante, significa que la educación gratuita deja de ser una mercancía, eliminando así la base del lucro, y pasa a ser un derecho, como dice la Presidenta. La gratuidad objetivamente cambia el carácter de las IES que se adscriben a ella, llámense como se llamen, sean de quién sean, aunque no lo deseen.
El resto de las exigencias a las IES gratuitas, calidad, no lucro efectivo, libertad de cátedra, no discriminación, exigencia de contratar a sus académicos a jornada completa, y todas las demás que corresponden a un sistema de educación pública moderno, se determinarán en la discusión en el Parlamento de la nueva Ley de Educación Superior, con protagonismo de los exdirigentes estudiantiles que hoy felizmente son diputados.
Pero muy especialmente estas exigencias se harán efectivas mediante la participación triestamental en las elecciones de sus autoridades, puesto que ésta es la única manera de alinear IES autónomas con los objetivos públicos.
Terminar con las becas y el CAE ahora es una gran batalla que será ganada sin duda y yo al menos desearía y me parece posible que se gane de inmediato. Este año 2016 no debe exigirse a ningún alumno más que se someta a las exigencias de una beca o firme un CAE, para traspasar de esa forma a recursos públicos que bien se pueden entregar a su institución bajo el esquema de gratuidad.
La gratuidad se ha logrado, y su extensión se logrará, ojalá ahora mismo. Pero confieso que me llena de indignación que para ello haya debido transcurrir un cuarto de siglo, la movilización pingüina y la de los universitarios el 2011. Esta enorme alegría para el pueblo debería haber llegado junto con la democracia.
Si no lo hizo fue por la conjunción de los “Hijos de Pinochet”, que han venido utilizando el dinero de becas y CAE para financiar sus cuadros políticos en las “universidades” que mantienen bajo su control obscurantista, con venerables instituciones nacionales y muchos especialistas que aportaron mucho en la lucha contra la dictadura, pero se vieron envueltos en el mismo entramado de intereses mezquinos. Todos ellos adhirieron con entusiasmo a la ideología denominada “economía de la educación”, que justifica la privatización de la misma.
Algunos siguen en ello hasta ahora, con tozudez que raya en la majadería en algunos casos connotados. Es de esperar que dejen de hacerlo.
