Papeles de Coyuntura y Tendencia
PROTESTAS Y ARTICULACIÓN OPOSITORA AGUDIZAN LA CRISIS POLÍTICA.
“EL GOBIERNO TERMINÓ”
Documento Nº 17
Julio 2020
El pueblo sufre, y el gobierno y los grandes empresarios se sacan la careta
Según las estadísticas del DEIS –las más serias del país–, la pandemia ha significado hasta ahora más de 330.000 contagiados y más de 11.000 muertos, debido a la deliberada política criminal y genocida del gobierno, que justifica con creces la querella criminal interpuesta por el alcalde Daniel Jadue, y que comienza a replicarse en otros municipios como el de Conchalí.
En el ámbito económico-social, el FMI anticipa que el PIB este año puede llegar a –7,5%, la Cepal habla de –7,9%, y otras estimaciones de –9% o –10%, con las consecuencias en extensión del desempleo y el hambre por las mezquinas medidas del gobierno. El Partido Comunista, usando las estadísticas oficiales, sitúa la cifra de desempleo en 2.930.000 trabajadores, alrededor de 31%, siendo las más afectadas las mujeres. Hoy el hambre es “cosa viva” en vastos sectores populares.
El segundo acuerdo entre el gobierno y un sector opositor fue insuficiente, tardío y mezquino. El economista Andrés Solimano señala que debió destinarse 15.000 millones a 20.000 millones de dólares en vez de los 12.000 millones anunciados, de los cuales solo el 6% se dirige a gasto social; mientras el IFE de $100.000 por debajo de la línea de la pobreza, deja fuera a 1,2 millones de familias, unos 3 millones de chilenos, pertenecientes al 40% más vulnerable.
A pesar del consenso transversal sobre la eliminación del corte de servicios básicos debido a la situación de emergencia, y a la petición expresa de 43 alcaldes, Piñera vetó la ley aprobada por el Parlamento. Se agrega el hecho que el publicitado plan del gobierno para la clase media se reduce a aumentar la pesada carga de deudas que agobian a la mayoría de los chilenos.
De otra parte, el gobierno sigue con su arremetida autoritaria. Aunque se vio obligado a no vetar la ley que limita la reelección de alcaldes, concejales, diputados y senadores por más de 3 periodos, sigue coartando las libertades democráticas y aumentando el control social, en el afán de crear condiciones para una salida a la crisis vía reforzamiento del modelo.
En esa línea, prolongó el Estado de Emergencia hasta septiembre, envió militares a la Araucanía, impuso restricciones a los medios de comunicación alternativos, controla las personas a través de los celulares, e intenta aprobar una ley sobre la Agencia Nacional de Inteligencia que criminaliza aún más la movilización social.
Asimismo, Piñera in- tentó constituir una supra comisión de “expertos” para decidir sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley, y si bien se rebajó la dieta parlamentaria, insiste en disminuir la cantidad de parlamentarios, lo que constituye una vuelta atrás al sistema binominal. Todo ello en el marco de una fuerte ofensiva para que no haya plebiscito constituyente, cuya fecha es ampliamente respaldada por la opinión pública, incluyendo las sociedades médicas.
Movilización popular impone retiro de fondos de las AFP y agudiza crisis política
Ante la inminente aprobación del proyecto de ley de retiro de fondos de las AFP´s, la derecha y los grupos empresariales desataron una gigantesca campaña del terror que sigue en aumento.
Algunos de sus dichos fueron: es “regalar plata a personas que no lo necesitan” (senador Andrés Allamand), “es muy peligroso … no los toquemos” (Vittorio Corbo), “son bienes sagrados” (el presidente de la CPC), “es muy mala idea” (ministro Briones).
Los gremios empresariales sacaron una declaración conjunta rechazando la medida, el Banco Central indicó que el retiro de fondos subiría las tasas de interés, el ministro Blumel ha dicho que no se podrá financiar el acuerdo de plan de emergencia si se aprueba el retiro de los fondos de las AFP´s, y durante el debate en la Cámara los ministros advirtieron que la reforma “puede marcar el comienzo de una crisis institucional”.
El 14 de julio Piñera anunció, después de desconsiderar sistemáticamente las transferencias directas, que fortalecería el plan clase media con un bono de $500.000 a los trabajadores de “clase media” con ingresos entre $500.000 y $1,5 millones mensuales, un préstamo estatal solidario, la postergación de 6 meses del pago de dividendos hipotecarios, un subsidio de arriendo de 3 meses y la postergación de las contribuciones de bienes raíces del segundo semestre.
El anuncio fue hecho con el exclusivo propósito de alinear a los parlamentarios y partidos de Chile Vamos en el rechazo a la ley de retiro de los fondos de pensiones, por tanto, es difícil creer que se aplique. De todas maneras, ha sido calificado de insuficiente hasta por el alcalde Lavín.
Sin embargo, a pesar de todas las presiones, la Cámara aprobó el proyecto de ley que autoriza el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP´s, en una decisión de carácter histórico que fue votada por 13 parlamentarios de Chile Vamos, que ahora debe ser ratificada por el Senado. La encuesta Pulso Ciudadano indicó que el 82,8% de las personas prefiere retirar fondos de las AFP´s en vez del plan de clase media, y para el registro histórico, antes de la votación hubo caceroleos y movilizaciones, incluyendo una paralización de los trabajadores portuarios, apoyando la medida.
Si el gobierno terminó, ¿quién llena el vacío?
¿Cuál es el carácter de la crisis económica mundial que enfrentamos? Todos los antecedentes apuntan a que se trata de una crisis igual o mayor que la del 29, que fue una verdadera debacle, y que además dio paso a trascendentales cambios políticos en el escenario mundial. A partir de ese momento, la burguesía internacional se vio obligada a hacer jugar un mayor papel regulador al Estado y entregar concesiones a los sectores populares en materia de protección de derechos sociales, instalándose el llamado Estado de bienestar.
De otra parte, surgió el fascismo en varios países, entre ellos Alemania, Italia, España, Japón, y en respuesta se constituyeron gobiernos de Frente Popular en varios países, incluido el nuestro.
Como referencia histórica, en medio de esa crisis, en Chile cayó la dictadura de Ibañez en 1931, y más tarde ganó en las elecciones en 1938 el gobierno del Frente Popular encabezado por Pedro Aguirre Cerda, que impulsó un plan nacional de industrialización, creando empresas esta- tales que fueron señeras en el desarrollo económico nacional, hasta que fueron privatizadas durante la dictadura.
Hoy, a la crisis económica global se suma la crisis política y de gobernabilidad del régimen derechista empresarial de Piñera. Ya las cosas estaban muy tensionadas desde hace un buen tiempo. La UDI, a través de su presidenta, había señalado que crecía la desafección por el gobierno en sus filas, declaración que fue respaldada oficialmente por la directiva en pleno.
Lo que vino a colmar el vaso fue la aprobación en la Cámara del pro- yecto de ley de retiro del 10% de los fondos de las AFP`s, con votos de parlamentarios de derecha, provocó un terremoto y un quiebre en las filas de Chile Vamos. Renunciaron 10 diputados a la bancada de RN consti- tuyendo un comité autónomo llamado “Acción RN”, y el gobierno está haciendo esfuerzos desesperados por alinear a sus parlamentarios para la votación en el Senado del miércoles 22. También renunció el presidente de Evopoli “porque en Chile Vamos necesitamos demostrar con hechos que parte un nuevo ciclo”.
Ante el anuncio de que serían pasados al Tribunal Supremo por votar a favor del retiro, renunciaron a la UDI los diputados Alvaro Carter, Virginia Troncoso y Sandra Amar. Al mismo tiempo, los senadores Moreira, Castro, Ossandón y Durana han anunciado que votarán a favor del retiro en el Senado. Por su parte la diputada Sepúlveda (FRVS), ante la posibilidad de que el gobierno vete el retiro de fondos, que ya ha sido planteado por la presidenta de la UDI, declaró que “si eso ocurre, el presidente tiene que renunciar”.
Es evidente que la derecha está quebrada. Ante la protesta de los trabaja- dores y de sectores medios, ha reaparecido la demagogia de la derecha social –o derecha pragmática como la llama Ernesto Aguila– que Ossandón levantó en su campaña electoral de primarias y que luego abandonó. La defensa de la llamada clase media, cada vez más precarizada, harta de deudas y promesas incumplidas de Piñera, es la bandera que toma con fuerza Mario Desbordes, en abierta confrontación con Allamand y con la UDI, por lo cual lo acusan de llevar RN a la izquierda.
Al mismo tiempo, pone al descubierto la desintegración de un importan- te componente del entramado ideológico del régimen: el del mundo de oportunidades para la clase media.
Según un análisis de Deutsche Welle, el gobierno está debilitado, “Piñera sigue en su puesto pero ya renunció a gobernar”. El intelectual derechista Pablo Ortuzar señala que “no tengo claridad de que Piñera pueda terminar su mandato; el presidente está solo, aislado en un Estado que se está cayendo a pedazos”. El politólogo Daniel Mansuy asegura que el proce- so constituyente, el cuestionamiento a las AFP y la potencial ruptura de la coalición derechista podría dejar a Piñera como “el sepulturero del presidencialismo en Chile”. Otros sectores hablan derechamente que el gobierno terminó.
Las urgencias de hoy en la organización y la lucha del pueblo. El desafío actual de los sectores populares es impulsar la confluencia, en un solo torrente, de la lucha sindical, municipal, electoral, por una nueva Constitución en torno al plebiscito del 25 de octubre, entendiendo que la acumulación de fuerzas pasa por las batallas electorales y por la elevación de la movilización popular.
Ante el aumento del hambre y la cesantía, crece la organización y la lucha solidaria en los territorios, instalando ollas comunes y comités de cesantes. Las necesidades de la gente superan la capacidad y los recur- sos de las municipalidades, que hoy mayoritariamente sufren un déficit agudo debido a la pandemia. Además del accionar solidario del pueblo, a las ollas comunes está llegando también la derecha con asistencialismo y demagogia para articular apoyo, los sectores opositores conciliadores con el gobierno, las propias FF.AA., en el mismo propósito.
Lo real es que una gran cantidad de trabajadores cesantes y no cesantes habita en cada territorio, esta es una realidad y no se agota en la CUT. El territorio comunal, zonal y regional es hoy, más que ayer, un espacio preferente de lucha y organización del pueblo, donde deben actuar coordinadamente todos los actores territoriales: trabajadores, pobladores, estudiantes, pequeños comerciantes y feriantes, pequeños empresarios, profesionales, y sus organizaciones, acumulando fuerzas para las batallas zonales, regionales y nacionales que vendrán, en la perspectiva de la continuidad del levantamiento popular de octubre, que es vox populi que tendrá continuidad.
En ese marco, es muy probable que una importante forma de lucha serán los Paros ciudadanos a nivel zonal, regional y nacional, de los trabajadores y demás sectores de la comuna, zona o región, con el objetivo de paralizar la actividad económica y exigir solución a plataformas reivindicativas.
Revisando la experiencia histórica, en los años 20 estuvo la huelga grande del carbón y de toda la región del Bío Bío, en que actuaron los Consejos federales locales de la FOCH, equivalentes a las CUT provinciales y zonales de hoy, y también la experiencia de la huelga del carbón en 1960.
Asimismo, de manera similar a las “mesas de 3 patas” durante la dictadura, hoy han surgido las mesas de unidad social o asambleas territoriales como formas de coordinación social y política en los territorios, y a nivel nacional.
El movimiento popular en la disputa para llenar el vacío
En el contexto del aumento de la movilización y la protesta social, que ha tenido manifestaciones entre los portuarios y pescadores artesanales, en 26 comunas de la Región Metropolitana el 2 y 3 de julio, a 34 años del 86, en diferentes regiones del país, va creciendo al mismo tiempo la oposición antineoliberal, obligando a los sectores opositores conciliado- res a sumarse al rechazo al gobierno y al respaldo de algunas demandas sociales.
Mientras en Chile se impone la mezquindad, en muchos países se toman medidas más a tono con la emergencia. Un grupo de expertos, en el que se encuentra Stiglitz, propuso aplicar un impuesto a las grandes sociedades para invertir esos recursos en aliviar la crisis, lo propio ha hecho un grupo de 80 multimillonarios –ninguno de Chile– que aboga por un impuesto a las grandes fortunas.
Al pacto político electoral de Unidad para el Cambio se suman sectores del bloque opositor Chile Digno, provenientes de desprendimientos del Frente Amplio, y organizaciones sociales que se incorporaron a la rebelión social de octubre.
Recobra fuerza la izquierda, Salvador Allende es la figura histórica más popular según encuestas, y ha estado presente junto a Gladys Marín y Víctor Jara en las movilizaciones populares. Se instalan ideas fuerza que levantan las actividades de celebración de los 50 años de la victoria de la Unidad Popular, que impulsó en su tiempo la aplicación de un Proyecto Nacional de Desarrollo, que hoy adquiere toda su importancia en medio de la disputa por el carácter de la salida a la crisis. Igualmente surge la necesidad de contar con una fuerza política de izquierda más fuerte.
En ese sentido, un hecho destacado es que en las encuestas, Daniel Jadue, reconocido alcalde comunista, se pone a la par con Lavín como presidenciable. La radicalidad de la explosión social se sintoniza con un liderazgo que es percibido logrando realizaciones en beneficio del pueblo: farmacias populares, escuela abierta, librería popular, salud en el barrio, la inmobiliaria popular, gestión de medicamentos para el coronavirus; y que al mismo tiempo comunica de manera clara y directa un planteamiento de ruptura y transformación del modelo neoliberal.
Ello revela un cambio sustancial en la subjetividad popular, como lo señalamos en informes anteriores. A pesar del ocultamiento, falseamiento y manipulación de la realidad por parte del régimen, y de los acuerdos y negociaciones en las alturas entre la derecha y la oposición que le ayuda, en la base del pueblo importantes sectores manifiestan su rechazo al modelo e impulsan una idea de sociedad alternativa.
La percepción de la gente acerca de los medios de comunicación también es un ejemplo. Un 68% opina que las redes sociales informan mejor que la televisión, el 86% piensa que se gobierna para los grupos poderosos, un 88% se siente parte de la clase trabajadora, según la encuesta de Barómetro Laboral del mes de junio, y un 50% piensa que la sociedad necesita reformas profundas, y un 79% cree que habrá otro estallido social.
Si bien es cierto en la rebelión social iniciada en octubre hubo insuficiencias en la conducción, también es cierto que ésta tuvo diferentes momentos. Hay que distinguir el 12 de noviembre, cuando se realiza el Paro Nacional convocado por la CUT, cuando se produce un salto en esa dirección, y también en las movilizaciones nacionales del 8 de marzo de este año.
La salida de la crisis está en disputa, todo depende de lo que se haga hoy. La crisis puede conducir al reforzamiento del modelo neoliberal si tienen éxito los esfuerzos de la derecha y de la ex Concertación para contener, desviar y mediatizar el descontento social acumulado, que puede derivar en más apoliticismo y en descontento político y electoral con la izquierda y los sectores progresistas.
O puede conducir a una salida antineoliberal de la crisis, si el accionar de la izquierda y las fuerzas políticas y sociales progresistas, las organizaciones de los trabajadores, pobladores, estudiantes, profesionales, sectores medios, crean condiciones para una salida de esa naturaleza.
La salida antineoliberal básicamente implica un proyecto nacional de desarrollo, con propuestas inmediatas para paliar la dramática situación de los trabajadores y sectores populares, y al mismo tiempo con propuestas de transformaciones estructurales al modelo, que encaminen al país a una democracia avanzada con vistas al socialismo. En términos más concretos significa elevar el rol del Estado en el desarrollo económico y social, nacionalizar los recursos naturales y servicios estratégicos, constituir em- presas públicas comunales y regionales, como Smapa, o como la que proponen en Conchalí para gestionar servicios básicos.
Está la oportunidad histórica de propinar una derrota estratégica a la derecha.
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