¡A este país se lo está llevando el diablo! Esa fue la expresión de un chileno indignado refiriéndose a la actual situación de abuso de las empresas de servicios contra los consumidores. Sin embargo, parece ser que esta expresión típica del campesino chileno acerca de hechos desgraciados por los que culpa al diablo, refiere no sólo a esos casos, sino a que Chile sería hoy un país ahogado por la desconfianza, por las ambiciones de poder, el individualismo, consumismo, y por la guinda del pastel, corrupción.
Se hace necesario entonces reflexionar sobre este diagnostico que pareciera ser generalizado, pero del cual no serían claras sus causas, su origen y reproducción histórica. En síntesis, no se puede apreciar con nitidez la razón de la abrumadora preponderancia de la corrupción que ha emergido y que lidera el debate de la actual coyuntura política.
Debido a esto, creo necesario plantear que esta situación de desconcierto, desconfianza y descomposición moral, tiene antecedentes verificables y que deben ser atendidos, pues responden a la matriz autoritaria y neoliberal consagrada en la Constitución Política de 1980.
En otras palabras, para ponerlo en positivo, los graves hechos de corrupción, fundamentalmente provocados por el sometimiento de la política al mundo empresarial y de negocios, debiera marcar el fin de esta relación, la cual fue fraguada en los articulados de la Constitución de 1980, que más ni menos sirvió – inaugurando las prácticas corruptivas – para institucionalizar de forma fraudulenta una de las dictaduras mas oprobiosas experimentadas por la humanidad en el Siglo XX.
Hoy ello queda en evidencia, la situación no da para más; se impone entonces la necesidad de una nueva carta fundamental que cambie desde los cimientos y desde la participación popular, la institucionalidad chilena.
Crónica de una Muerte Anunciada. . . y Esperada
En coherencia con la introducción, podemos señalar que las huellas de la corrupción se apreciaron ya en la instauración misma del terrorismo de estado en 1973, que genero terror, desconfianza, incertidumbre, abusos de los poderosos y vulnerabilidad absoluta e impotencia para los que no lo son, como nunca antes se vivió en nuestro país a tal nivel.
Esto refleja la acción en la práctica de la relación entre conocimiento, disciplina y poder que Michel Foucault identificó y conceptualizó teóricamente, y que ha sido tan clara y radical en la realidad, cuando el fascismo gozó del poder total en nuestro país.
Horripilantes violaciones a los derechos humanos a través de las desapariciones de miles de compatriotas; de crímenes en ejecuciones políticas, de horrorosas torturas; violaciones que también sumaron a la lista a cientos de miles de exiliados. Todo esto bajo el efecto panopticon: soplonaje en los barrios, en las instituciones educacionales y en los lugares de trabajo.
El panopticon penitenciario creado por Jeremy Bentham para vigilar a los convictos y luego a los obreros en las fábricas inglesas, en la emergencia de la revolución industrial, fue en Chile vigilancia total a lo largo y ancho del país. Así fueron esos 16 años de locura dónde el estado fue el terrorista. Eso quedó grabado en nuestra memoria, en nuestra alma y en nuestros cuerpos.
Segundo, el actual cuadro de desolación moral de una sociedad odiosa, agresiva y desconfiada, del aprovechamiento del ‘otro’ en su máxima expresión, en un cuadro de desintegración social, de falta de sentido de nuestras vidas, de desigualdad e injusticia social, de oportunismo, ‘de cómo voy ahí’, de todo ese pobre repertorio, responde a la aplicación del modelo neoliberal de acumulación y concentración de capital, aplicado en ese contexto de represión brutal del Estado como terrorista y continuado por los gobiernos de la Concertación y de la Derecha.
Que el neoliberalismo tiene que ver en todo esto queda claro si revisamos brevemente los antecedentes teóricos de la re estructuración del capitalismo en Chile después del golpe militar.
Tres principios rectores de la ideología de Frederick von Hayek, importados a Chile por él mismo junto a Milton Friedman y, por los tristemente célebres creadores del tristemente célebre ‘Ladrillo’, alojados en la Escuela de Economía de la Universidad Católica, sucursal de la Universidad de Chicago, fueron: libertad individual, catalaxia -o el libre movimiento del mercado – y paz social.
Ellos fueron plasmados, hecho carne en la práctica en tres políticas económicas que llegaron a ser las fundaciones de los tres pilares conceptuales de la política neoliberal ya enunciados: privatización de industrias y servicios; liberalización del mercado interno, esto es, viraje hacia una economía extrovertida, a tarifa 0; y desregulación laboral, o sea, intensidad y flexibilidad laboral, pérdida de derechos de los trabajadores, que además quedaban sin capacidad de defensa por la represión desatada contra el movimiento sindical.
Que mejor tinglado para la corrupción, el robo a destajo del gran empresariado ahora transnacionalizado, quienes bajo la partitura de la libertad individual en su movimiento mercantil bajo una régimen político que garantizaba la ‘paz social’ para actuar a destajo, privatizaron y saquearon las industrias energéticas del Estado: agua, electricidad, gas, a la que agregan las comunicaciones y la infraestructura vial. Al son de la misma melodía, pauperizaron la universidad y la escuela pública, mercantilizaron la educación y fomentaron su privatización.
Fin al rol docente del estado que es reemplazado por el rol subsidiario. Los próceres civiles del fascismo, de ayer y de hoy, no se cansaron de tomar posesión de riquezas y de ceder, a cambio de millones de dólares, los bienes del estado al capital extranjero, acumulando ellos inmensas fortunas (para ratificar lo anterior, basta con leer los valiosos y elocuentes trabajos del economista Hugo Fazio, de María Olivia Monckeberg, y de Francisco Herreros respecto a la concentración de la riqueza).
Pero los saqueadores del estado no fueron ingenuos, no des – nacionalizaron el cobre, que sería la reserva estratégica con la que el ‘papito estado’ los sacaría de cualquier contrariedad económica, como lo hizo a principios de los años 80s con la quiebra de la banca nacional producto de los ajustes estructurales a la economía chilena por parte de los neoliberales.
Y la corrupción se perpetró en esos años de impunidad. Para muestra un botón, por qué no hay mejor argumento que el ejemplo.
El propio Dictador Pinochet, a su ya desgraciada reputación mundial como uno de los más sanguinarios dictadores del siglo XX, primer responsable de crímenes de lesa humanidad en Chile, se le sumó haber sido un ladrón internacional, con probada fortuna proveniente de fraudes y robos que lo llevaron a depositar millones de dólares en bancos extranjeros para él y su familia. El modelo entonces, bajo el paraguas del terror, desató la acumulación, concentración de capital y corrupción más grande en la historia del país. Según Berdegué:
En Chile tenemos cuatro multi-billonarios en dólares, según el ranking de la revista Forbes. Tres de ellos dentro de los top 100. De menor a mayor: el ex Presidente de la República Sebastian Piñera ($2,4 billones de dólares), los hermanos Matte ($10,4 billones), Horst Paulmann y su familia ($10, 5 billones) y la familia Luksic ($19,2 billones). Cuatro familias tienen una fortuna personal de $ 42,5 billones de dólares.
Los cuatro países Nórdicos, con una población total de 25 millones de personas y un Producto Interno Bruto (ajustado por poder de compra) cuatro veces mayor que el de Chile, tienen el mismo número de familias que Chile en la lista Forbes de los 100 más ricos multi-billonarios. No es que sean rascas: es que son desarrollados.
La fortuna de estas cuatro distinguidas familias chilenas equivale al ingreso anual del 80% de la población de Chile. Sí, 80%. ¿Difícil de creer? Saque usted las cuentas, los datos están en Forbes.com, y en los resultados del ingreso por decíles de la encuesta CASEN en la página web de MIDEPLAN.
¿A alguien le podría caber alguna duda de que la actual desigualdad social y corrupción provocada por el poder del dinero empresarial sobre la política, no es heredera de la corrupción generada en dictadura y luego institucionalizada por una Constitución Política fraudulenta?
Pero eso no es todo, porque en tercer lugar, debe atenderse a la reproducción de este saqueo a través de los gobiernos de la Concertación, muy temerosos de la derecha empresarial, amarrados, obligados o no, por una política de los acuerdos. Esto llevó a profundas transformaciones culturales, que se hacen posible por el carácter ideológico del neoliberalismo que hacen de muchos de nosotros personas enajenadas, que han experimentado formas y representaciones de conciencia coherentes con los postulados y expectativas de tal modelo de actividad y representación del capital: consumismo hedonista, egoísmo, individualismo, clasismo, homofobia, racismo, entre otros males.
Pero la famosa libertad individual para supuestamente darle la oportunidad a todos de navegar en los inmensos confines del mercado en un contexto de paz social, justificó ideológicamente que en los 80s fueran expulsados cientos de miles de trabajadores a la cesantía, a la marginalidad. Navegaron desde la actividad laboral formal en el país, a la fantasmagórica libertad del trabajo informal. Lo que significó a su vez, un fenómeno de desintegración social inmenso, más del 40 % pasaron a la economía informal en los 80s.
Esa fue su libertad individual, hermana bastarda de la desregulación laboral neoliberal. Este es ‘el jaguar de América’.
Pero a la vez, este era y es ‘el país de los cien pesos’, él que nos piden a diario miles de informales, marginados en la calle. Cierto, la Concertación exhibió altos índices de crecimiento económico del país, mayor acceso a los bienes de consumo, entramos a una etapa de gran modernización que se homologó con desarrollo humano.
El espejismo fue centralmente representado por una de las últimas maravillas del capitalismo, el ‘Mall’. Todo esto fue así, pero con bajos sueldos, en muchos casos, con precarias condiciones laborales y desregulación del trabajo.
Sin duda que esto contribuyó, en el afán de regir desde las elites, al intento de ‘despolitizar lo social’ y ‘des socializar lo político’. En el 2006 los pingüinos les demostraron que no tuvieron éxito. Más tarde el 2011, lo hizo todo el movimiento por la educación, hasta ahora. La hegemonía neoliberal se sacudió, lo que fue un gran avance que desnudó el exitismo y el efecto placebo del neoliberalismo.
Por lo tanto, aparece como indispensable e impostergable no sólo dar cuenta de este fenómeno y de sus causas, sino de cómo superar tan pesada, cansadora y repetitiva monserga de la corrupción aparentemente sin antecedentes históricos, sin sujetos identificables, sin distinción de los actores y de sus actos, y de sus responsabilidades.
El problema entonces parece ser estructural, mientras estemos bajo el efecto placebo del neoliberalismo, en la ‘cueca larga del Rey desnudo’, como le llama Francisco Herreros, estamos condenados a repetir el saqueo, el despojo del capital, la corrupción, la apropiación indebida de la riqueza por parte de la clase dominante que bajo la anuencia de un sistema jurídico político creado para generar esta dinámica de acumulación, esta es, la Constitución política, ha arribado a esta miserable procesión de empresarios y políticos por los tribunales y cárceles del país.
En consecuencia, plantear políticas y proyectos de ley para regular la relación entre empresariado y política, y respecto de quienes ejerzan representación popular o ‘ciudadana’ – como se le suele decir hoy – parecieran ser medidas de contención necesarias, pero a la vez meramente temporales, pues de no atacar la matriz de reproducción de la actual corrupción, desconfianza y des legitimización de la autoridad política, cual es la matriz neoliberal, la reproducción de la descomposición moral será inevitable, pues tampoco se están renovando las formulaciones éticas que desde la filosofía pudieran emerger como crítica al status quo, pues la ética no debe considerarse como esencialista, pues ésta se recrea y reconfigura en el devenir histórico.
Por lo anterior, se requeriría de un cambio de tal matriz neoliberal y de la ética que la acompaña, que es manifiesta y respaldada política y jurídicamente por la actual Constitución del Estado de Chile, promulgada en condiciones de terrorismo de Estado y que se erigió como guardiana del nuevo orden social del país y de la acumulación de riqueza por y para una minoría en desmedro del bienestar de la gran mayoría. Para tal cambio, se haría necesario promulgar una nueva constitución política.
Respecto a esto, lo de las formas, de cómo se procede, no es una cuestión baladí. Las actuales instituciones políticas han perdido su legitimidad y, si bien para algunos actores como el Partido Comunista, el actuar políticamente en ellas por un tiempo llegó a ser algo necesario, luchar dentro de las fauces del monstruo no puede tampoco llegar a ser eterno. La mayoría de los ‘constituyentes’ de la próxima carta fundamental no pueden ser sólo los actuales actores políticos e instituciones políticas y judiciales derivadas de la Constitución de 1980.
Esto por su origen y también por su finalidad, por lo que fueron en los períodos durante y pos dictadura; por lo que han llegado a representar, incluso para el sentido común hoy, que en otras palabras es llegar a ser los reproductores del modelo y de sus secuelas como la corrupción. La ‘Nueva Mayoría’, si quiere distinguirse de la Concertación, que reprodujo el neoliberalismo en tiempos de transición, debe poner al centro la participación popular, llamar al pueblo a participar y a transformarse en agente de cambio en favor de sus necesidades e intereses.
Un plebiscito vinculante por una Asamblea Constituyente pareciera ser el camino más eficaz y transparente para reemplazar la matriz de acumulación y corrupción por una nueva carta fundacional, que garantice la defensa y promoción de los derechos de la mayoría del país, y provea una nueva estrategia de desarrollo sostenible que apunte a garantizar la justicia social, la equidad y las oportunidades de progreso humano, cuestiones no sencillas de lograr dados los apetitos de algunos conspicuos representantes de los grandes negocios y de la mal llamada ‘clase política’.
Pero junto a la mancha imborrable de la dictadura en la actual institucionalidad, es indispensable que los mismos que actualmente son representados y rasgan vestiduras contra sus representantes – a quienes han elegido por más de 25 años – deben generar su propia capacidad crítica y superar las actuales formas de conciencia que a muchos de ellos los retratan como individualistas, consumistas, competitivos y oportunistas. Como diría Gramsci, hegemonizados por el capital. Deben asumir por lo tanto su papel de sujetos de transformación histórica, activos participantes críticos del status quo, fieles representantes y actores de lo que es una Asamblea Constituyente, que sólo con sujetos conscientes en esa calidad, podrá llegar a ser y adquirir su condición de legítimo instrumento de transformación social e institucional.
Asamblea Constituyente, Nueva Constitución para una Sociedad Democrática, Pluralista, Justa y Equitativa
Una verdadera reformulación de la sociedad requiere de un cambio en la conciencia de muchos individuos ¿Para qué? Para que lleguen a ser sujetos social y culturalmente conscientes que superen las formas de conciencia neoliberal limitada, para que dejen de ser hegemonizados, para que lleguen a ser sujetos constructores de un instrumento colectivo y participativo de un cambio social, económico y cultural profundo.
Que en definitiva atienda al carácter político, de clases, de género y de raza que tiene este proceso que en primer lugar es de lucha, de transformaciones estructurales de la sociedad chilena. Una nueva Constitución política debe reflejar esas transformaciones que han traído y traerán la articulación de esas relaciones sociales señaladas previamente. La inevitable interacción, formación y deformación de ellas, se constituye en causa y efecto de los cambios estructurales que este movimiento histórico podría llegar a significar.
En consecuencia, una nueva Constitución Política debe reflejar el cambio de la institucionalidad actual, de ser una carta fundamental que cauteló los intereses de los sectores más privilegiados y minoritarios, beneficiados por la acumulación extrema del capital por más de 40 años, a ser una Constitución que garantice la democracia en el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y no en el de los intereses de los grandes negocios, la cual garantice a su vez la expresión de la voluntad popular y cautele la responsabilidad política de sus representantes (que en idioma ingles tiene un término menos general, más exacto, podría decirse, accountability).
En segundo lugar, una carta basada en la interacción de las relaciones antes expuestas debe consagrar, desde el punto de vista de las relaciones de clase, una ley tributaria que si bien ya ha sido promulgada, debe superar sus actuales cortapisas de clase, para así distribuir en función de las necesidades e intereses de la mayoría; que a la vez estimule la inversión y la producción por sobre el chantaje que dice que si el estado regula, no hay interés en la inversión.
Es cosa de revisar los impuestos a la inversión extranjera y Royalties en Escandinavia, Australia y Canadá, por nombrar sólo algunos ejemplos. Una ley tributaria que proteja sus recursos naturales, su medio ambiente, sus riquezas básicas, sin desentender sus relaciones económicas globales y particularmente la centralidad de las relaciones internacionales en el contexto latinoamericano.
Se requieren a la vez leyes laborales que sin desincentivar las ansias por el emprendimiento y por la creación y renovación de las empresas en concordancia con el desarrollo científico técnico y el progreso humano y técnico, sostengan relaciones laborales justas y condiciones de trabajo dignas, que el producto llegue a ser menos enajenado desde sus productores a como lo es hoy.
De esto se ha avanzando, pero aún queda mucho trecho y en él, grandes obstáculos, propios de la contradictoria naturaleza de la relación entre capital y trabajo en que estas leyes transitan.
Que la educación sea para todos, que su gratuidad esté garantizada por el estado, esto es, por el trabajo de todos y por los impuestos que deben pagarse en correlación con el nivel de participación en la economía de los individuos de acuerdo a su ubicación en la relación entre las clases.
Ligado indisolublemente a lo anterior, se requiere una carta fundamental que contenga los avances actuales en las relaciones de género, pero que los catapulte para integrar a la mujer chilena, a la mujer indígena, y a la diversidad sexual, al mundo del trabajo, a la actividad cultural y recreativa en forma más equitativa, a la superación definitiva del contrato social liberal que creó e intenta perpetuar la dicotomía entre la esfera pública y privada (o de lo doméstico).
En definitiva, que se rompa con la ‘masculinidad hegemónica’ que suponía como ‘natural’ al orden de género que nos ha acompañado por siglos y que tenía y aun tiene a la mujer subordinada al hombre, a lo masculino, al proveedor, al racional, al abusador, al sexualmente superior, al jefe omnipotente.
Sin embargo, es necesario enfocar un poco más estos planteamientos. Más que a esa idea general de un orden regido por una ‘masculinidad hegemónica’ abstracta, sin sujetos, una nueva institucionalidad debe enfocarse en dilucidar que esta aparente transversalidad del machismo y la homofobia, tiene que ver fundamentalmente con un movimiento que relaciona género y clase. Lo que se conoce como la ‘masculinidad de los hegemónicos’, hombres ricos y con poder, reproducida en formas culturalmente diversas a través de las clases, pero que tiene un mínimo común denominador: la subordinación de la mujer, la homofobia, la explotación de mujeres y hombres sin poder, y también, la xenofobia.
Es por lo último que también una nueva Constitución Política debería entender a la sociedad como pluri – nacional, como multicultural, pero lo multicultural como contenido, no como artefacto, y que discrimine positivamente con los pueblos originarios para no condenarlos a vivir en el fondo del mercado laboral.
Pueblos originarios concebidos como tal, no como etnias sin raíces culturales o geográficas, asimiladas a la cultura y al poder occidental dominante. Pueblos reconocidos como tal, con identidad, con tierra, con educación, cultura y tradiciones milenarias que deben ser recreadas y reproducidas por ellos mismos como auto – determinación en sus comunidades territoriales y en sus relaciones interculturales con el resto de los chilenos, lo que debiera estar también en una permanente negociación con el estado al que se integrarán como pueblos, con su identidad y cultura, y no desde la individualidad de su aparente origen ‘étnico’.
En síntesis, la corrupción, tema central de la actual coyuntura, nos trae a la memoria lo vivido en los últimos 40 años, que las cosas no pasan en vano, que lo ocurrido tiene hoy también su temporalidad y vigencia por ser el origen, el hilo conductor de una forma de capitalismo, como es el neoliberal, que lo mercantiliza todo, que lo corrompe todo, que se convierte en el diablo que estaría llevándose el país, como en esos cuentos del campo.
Sin embargo, en este caso, el diablo y sus discípulos están perfectamente identificados, se trata entonces de cambiar el tinglado, el escenario y las reglas que se inventaron para reproducirlo, la Constitución del 80, y debe hacerse desde el pueblo. Para ello, éste debe reconocerse como tal, como un sujeto del cambio social que la actual coyuntura parece plantearnos, y no como un mero testigo de algo que muchas veces estimula en los individuos pensamientos egoístas y enajenados, incapaces de dar cuenta de las estructuras sociales, de sus agentes y de la contingencia que los contienen y los determinan.
(*) Doctor en Sociología, Universidad de Wollongong, New South Wales, Australia
