La derecha levanta hoy a empresarios como candidatos presidenciales en varios países del continente, a pesar de los desastrosos efectos en los sectores populares de los gobiernos que han encabezado, como lo muestran el de Sebastián Piñera en Chile, Horacio Cartes en Paraguay, Pedro Kuczynski en Perú y Mauricio Macri en Argentina.
Se suman el de Michel Temer en Brasil, instalado por un golpe de estado, y los de Enrique Peña Nieto en México y José Manuel Santos en Colombia.
Sus elementos comunes son las políticas de ajuste económico, las privatizaciones de empresas estatales, su concepción sobre el rol subsidiario del Estado, la represión de las movilizaciones populares y su dependencia de la política estadounidense, de lo cual da prueba el presidente peruano al calificar a los países latinoamericanos de “perritos simpáticos que no dan problemas” a Estados Unidos.
Aunque a veces hay situaciones contradictorias, como en el caso del gobierno de Santos, que siendo parte de las acciones desestabilizadoras contra el gobierno de Venezuela, acuerda la paz con las FARC-EP y el ELN, con la tenaz oposición del sector de Alvaro Uribe, impulsor del paramilitarismo.
Macri en Argentina
La primera medida de Macri en Argentina fue liberar el precio del dólar, o que provocó una devaluación de la moneda y una fuerte transferencia de ingresos al sector exportador, que además se benefició por la disminución de las retenciones a la exportación de soja. Claudicó de inmediato frente a los fondos buitres pagándoles en efectivo 9.300 millones de dólares. Aumentó las tarifas de luz y gas, en casi 600% en algunos casos, anunciando en febrero nuevos aumentos para los usuarios de Edesur y Edenor entre 60% y 148%. Procedió al despido masivo de empleados estatales, dando pie a despidos en el sector privado, y vetó una ley aprobada por el congreso para prohibir los despidos y defender las fuentes de trabajo y su poder de compra.
Según el estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la Universidad Católica Argentina, titulado “Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2016”, la pobreza aumentó de un 29% en 2015 a un 32,9% en el tercer trimestre de 2016, lo que equivale a 13 millones de personas, y la indigencia pasó del 5,4% a un 6,9%, afectando a 2,7 millones de personas, 600.000 más que al término de 2015. La causa principal fue el shock recesivo del primer trimestre de 2016 y la devaluación en diciembre de 2015.
En su segundo discurso anual ante el Congreso, Macri confirmó el rumbo antipopular de su política económica, mientras crecen los episodios de corrupción en los que se ha visto envuelto, como la autocondonación de la deuda de 300 millones de dólares que una de sus empresas mantenía con el Estado argentino, lo que generó tanta crítica y rechazo en la oposición, entre sus partidarios y en el 80% de los argentinos, que se vió obligado a retroceder. De otra parte, la Fiscalía pidió imputarlo por favorecer económicamente a la aerolínea Avian Líneas Aéreas, propiedad de la familia Macri, en detrimento de la estatal Aerolíneas Argentinas.
Según el sondeo del Centro de Estudios de la Opinón Pública (CEOP), el apoyo a Macri cayó en febrero por debajo del 40%, y el rechazo se ubicó en 57%. Entre diciembre y la segunda quincena de enero, quienes se consideran opositores pasaron del 45% al 49% y los oficialistas bajaron del 33% al 24%.
El Indice de Satisfacción Ciudadana muestra que los satisfechos son un 15,8%, los indiferentes un 23,0% y los insatisfechos son un 61,2% (Telesur, 6 marzo)
Mientras se aproximan las elecciones parlamentarias en octubre, las 5 federaciones docentes, con la adhesión de los sindicatos de las 23 provincias y la Capital Federal, desarrollaron el lunes 6 de marzo un paro nacional de 48 horas en medio de multitudinarias movilizaciones populares en rechazo a la reducción de salarios. El malestar social se ha traducido también en el anuncio de reunificación de las dos facciones de la Central de Trabajadores Argentina, CTA, y en el anuncio de la CGT de próximo paro nacional.
Temer en Brasil
En Brasil, después de los programas sociales del gobierno de Lula, gracias a los cuales pudo reelegirse, elegir a su sucesora y reelegirla, la derecha brasileña buscó el atajo del “golpe blando”, valiéndose de una mayoría parlamentaria, del monopolio de los medios de comunicación y de la pasividad complaciente del Poder Judicial. Apenas asumió Temer, comenzó a aplicar medidas de ajuste fiscal, cuya expresión más exacerbada fue la aprobación de una reforma constitucional en el Senado que congela por 20 años el gasto público, cercenando recursos para políticas sociales. Un congresista manifestó que si se tratara realmente de resolver el déficit, la reducción a un cuarto de los R$ 508 mil millones [USD 149 mil millones] de evasión fiscal resolvería el problema.
El gobierno de Temer además intenta desmontar el patrimonio público, con un proceso radical de privatizaciones, como en Río de Janeiro al privatizar la empresa de agua potable. El desempleo alcanzó en enero un 12,6%, equivalente a 12,9 millones de personas. Quedó claro que el “juicio político” a Dilma solo perseguía terminar con las medidas contra la pobreza implementadas por los gobiernos del PT y servir descaradamente los intereses del gran empresariado, todo ello en medio de graves hechos de corrupción y de tráfico de influencias protagonizados por Temer y sus colaboradores, y del intento de criminalizar a Lula para detener su candidatura a la Presidencia en las próximas elecciones.
Ecuador
En Ecuador, en las elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional realizadas el 19 de febrero, Lenin Moreno, el candidato presidencial de Alianza PAIS -el partido del presidente Rafael Correa- obtuvo la primera mayoría con el 39,36% de los votos, por sobre el 28,09% de su más cercano competidor, el banquero Guillermo Lasso, militante del Opus Dei y admirador declarado de Sebastián Piñera y del modelo neoliberal. El partido de Correa ganó además la mayoría en la Asamblea Nacional, y obtuvo una mayoría de 54,53% a favor de la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales a quienes postulen a cargos de de elección popular.
La Revolución Ciudadana obtuvo una gran victoria, pero debe realizarse una segunda vuelta el 2 de abril de acuerdo a la ley electoral, frente a la cual la derecha está recurriendo a todo tipo de calumnias y presiones para intentar regresar al gobierno. Ya en la primera vuelta desplegó acciones terroristas e intentó posicionar un supuesto fraude, a pesar que observadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA) verificaron la transparencia en el proceso electoral.
El triunfo en la segunda vuelta electoral significará la continuidad de las políticas en favor de los sectores populares y un gran espaldarazo a la mantención de gobiernos democráticos y progresistas en América Latina.
Piñera en Chile
“Piñera no necesita de ningún gobierno para ganar plata”, señaló un ex ministro, sin embargo, el historial del ex presidente y actual candidato muestra lo contrario.
Durante la dictadura de Pinochet, Piñera fue encargado reo por los delitos de estafa y apropiación indebida de cientos de millones de dólares del Banco de Talca, y permaneció prófugo hasta que la Corte Suprema, adicta a la dictadura, le salvó de la cárcel.
Al pasar por Citicorp, con su socio Juan Bilbao, realizaron diversas operaciones con sus empresas “Santa Cecilia” e “Inversiones Las Condes” en el marco del proceso privatizador de la dictadura, lo que se tradujo en sanciones por compras ilegales, venta de acciones a su custodia, información privilegiada, etc.
En 1992 protagonizó el llamado “Piñeragate”, cuando Ricardo Claro, dueño de Megavisión, dio a conocer la grabación de una conversación privada para afectar a su contraparte, Evelyn Matthei, en un debate televisivo. Más tarde, en 2007, la Superintendencia de Valores y Seguros lo multó en $363 millones por adquisición de acciones con información privilegiada.
En febrero de 2013 fue promulgada la ley de pesca que entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces del mar de Chile a siete familias empresariales, con participación destacada de su ministro de economía y ex candidato presidencial de la derecha, Pablo Longueira -razón por la que está sometido a juicio-, de Jacqueline Van Rysselberghe, actual presidenta de la UDI, Jovino Novoa, Jaime Orpis, y Ena von Baer, todos ellos colaboradores de su gobierno.
También estuvo involucrado en la emisión de boletas falsas para obtener financiamiento ilegal para la política desde las grandes empresas, junto con los socios del grupo Penta y sus esposas, Ponce Lerou y Jovino Novoa. A pesar de su gran fortuna personal, ha cobrado religiosamente como ex presidente la dieta presidencial y los viáticos respectivos. En 2016 se conoció el pago de coimas por parte de Lan en Argentina cuando él era uno de sus propietarios.
Hoy está en curso la investigación judicial por la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar a través de Bancard, de su propiedad, mientras era presidente y shablae desarrollaba el litigio con Perú sobre territorio marítimo ante La Haya.
Varios de sus cercanos ya han declarado, incluido su hijo, y ahora debe hacerlo Piñera como imputado. Al mismo tiempo, el tribunal aceptó incorporar a la investigación la situación de la Minera Dominga, rechazando el intento de Piñera de frenarla.
Por su parte, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Exalmar acordó citar al hijo de Piñera el 5 de abril, y está pendiente que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de la querella en su contra.
Al comprar las acciones de la pesquera Exalmar, Piñera ha dejado claro que prefiere mantener su dinero en depósitos de paraísos fiscales –de donde ha retirado los recursos para ello- que en generar riqueza y trabajo en Chile.
Recuérdese que fue el propio Piñera quien ideó y puso en práctica, mediante la reforma tributaria implementada en su gobierno, el mecanismo que permite que empresas parásitas ganen gigantescas utilidades sin aportar un solo peso para financiar al Estado chileno.
Para fabricar la imagen de candidato y ocultar ante la opinión pública todas estas fechorías, el empresario y ex presidente cuenta con el apoyo de los medios de comunicación y de al menos dos encuestadoras a su servicio.
Una es Adimark GFK Chile, cuyo presidente es Roberto Méndez, del entorno piñerista; y la otra es Cadem, cuyo propietario y director, Roberto Izikson, trabajó en el Ministerio Secretaría General cuando gobernó Piñera.
No se explica de otra manera que mientras la encuesta CEP de enero indica que solo un 15% de los chilenos tiene confianza en las empresas privadas, y un 81% les tienen poca o ninguna, la última encuesta Cadem ubique a Piñera en el primer lugar del ranking presidencial.
A la derecha no le está yendo bien en sus gobiernos.
Sus presidentes y candidatos se desprestigian debido a los escándalos de corrupción, su aspiración a nuevos tratados de libre comercio choca con las políticas proteccionistas de Trump, y sus programas de ajuste son rechazados por multitudinarias protestas y movilizaciones populares, y por la mayoritaria convicción ciudadana de la necesidad de un rol creciente del Estado para garantizar los derechos de las personas.
En Chile, los intentos de Piñera y la derecha están condenados al fracaso. Ahora deberá enfrentar a una mayoría popular cansada de la corrupción empresarial y de la desigualdad generada por el modelo, más empoderada de sus derechos y que ha quedado con sabor a poco después de las reformas llevadas a cabo por este gobierno.
Esta mayoría quiere que ¡Vamos por más!
(*) Sociólogo y analista político
