En los últimos 27 años, hemos vivido una transición a la democracia muy sui generis, llena de limitaciones, amarres constitucionales, consensos forzados y pactos de impunidad, producto de cómo se originó el fin de la dictadura, a través de acuerdos políticos que establecieron una ruta transicional cargada de contradicciones y gestos “gatopardistas”.
Ya se sabe: ”si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”.
Analizado en perspectiva crítica los gobiernos de la Concertación por la Democracia, (Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet I), aparte de avances en el enfoque de las políticas sociales, los sucesivos gobiernos se dedicaron a administrar el modelo neoliberal legado por el pinochetismo.
Hubo una negación a intervenir en las áreas de salud, vivienda, electricidad, agua, sanitarias o cualquier otro servicio esencial, a favor de la mayoría de la población. Por el contrario, se privatizaron actividades que ni la dictadura se atrevió a tocar.
La Concertación, a pesar de haber logrado bajar sustantivamente los índices de pobreza y extrema pobreza, fue tremendamente timorata en adoptar políticas de reducción de los desniveles de acumulación de riqueza existentes en el país; la desigualdad estructural siguió siendo nuestra mayor vergüenza.
Por otro lado, durante este ciclo concertacionista hubo una negación rotunda a completar el proceso de democratización; se nos dijo que nada se podía hacer, porque había leyes de amarre, leyes con quórum calificado que inmovilizaban cualquier cambio sustantivo, y con esa verdad nos quedamos durante años.
Igualmente en este tiempo, la Concertación se negó a profundizar en la aplicación de justicia por violaciones a los Derechos Humanos, y en la mayoría de los casos en que hubo resultados positivos, fue por la tenacidad de determinados jueces que tuvieron la valentía de sentenciar a los culpables de crímenes, desapariciones o torturas.
Sin duda que la coalición gobernante aprovechó a su favor la infausta herencia de Pinochet, en la despolitización, la atomización social y la parálisis de la sociedad civil. El resultado fue desastroso, la Concertación terminó perdiendo el Gobierno, dando paso a la restauración empresarial – derechista bajo Piñera.
Durante la administración de Piñera, esta situación marchó sin variaciones importantes hasta que estallaron las movilizaciones sociales de 2011, que con fuerza inusitada, hicieron tambalear el poder salvaguardado con tanto esmero por los socios neoliberales como por las castas oligárquicas.
Las agitaciones masivas generaron un quiebre en el camino sin tropiezos de la Concertación y la Derecha.
Las manifestaciones sociales mostraron que la situación de inmovilismo era posible alterarla radicalmente, no solo desde una perspectiva meramente reivindicativa, sino desde la gestión del poder político.
Al finalizar el gobierno de Piñera profundamente desgastado, el ambiente político nacional da un vuelco generando mayores expectativas de transformaciones.
En esa nueva coyuntura se origina la Nueva Mayoría, que nace de la necesidad ineludible de promover cambios fundamentales a todo nivel en la sociedad chilena. Es así como, por primera vez se trabaja en la elaboración participativa de un Programa de Gobierno, que es ofrecido a la ciudadanía y que ésta lo apoya. Lo novedoso de esta nueva etapa es que desde el Gobierno y desde la ciudadanía se asumía la obligación de trabajar por generar cambios fundamentales en el país.
Es así como se forja un pacto social entre el Gobierno y la Ciudadanía. Este cambio cualitativo en la coalición de Gobierno se grafica en una nueva correlación de fuerzas más amplia y democrática con la incorporación activa del Partido Comunista.
El PC consecuente con su historia fue capaz de incorporarse a una alianza pluriclasista, de orígenes diversos en lo ideológico, lo político y cultural, que aglutina al socialismo, vertientes laicas, socialdemócratas, social cristianas y marxistas.
En este contexto el Partido Comunista, de frente al pueblo afirma que asumirá responsabilidades de gobierno, sin renunciar a su permanente política de defensa de los intereses de las clases trabajadoras.
“Con un pie en La Moneda y otro en la Alameda”, fue la frase que graficó el ingreso del PC al gobierno.
La responsabilidad era inmensa, mejorar las condiciones de vida de la gente, sentar las bases de una nueva institucionalidad para alcanzar mayores de grados de igualdad y más derechos para las personas, y así construir un mejor futuro para todos y todas. Obviamente el camino como era de esperarse, no fue fácil; la derecha política y económica, dispuso de todo su arsenal para impedir que se concretaran los cambios propuestos.
Sumado a la operación derechista, estallan múltiples escándalos de corrupción político empresarial, que afectan no solo a personeros de la oposición, sino a miembros de la Nueva Mayoría, junto a desvergüenzas de orden personal en el círculo cercano a la Presidenta, y a incompetencias operativas, contradicciones interna; todo lo cual infringe al Gobierno una herida que ha sido difícil de remontar.
Pero a pesar de esos hechos funestos, el Gobierno presidido por la Presidenta Bachelet, en una mirada objetiva, ha demostrado su capacidad para generar los cambios más importantes realizados desde el retorno a la democracia.
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En un estudio realizado por la Fundación Ciudadano Inteligente, sobre los niveles de cumplimiento del Programa de Gobierno al finalizar el tercer año de gestión, se puede afirmar que este Gobierno con todos los pronósticos en contra, con la inmensa y despiadada campaña adversaria y con errores dentro del propio gobierno, alcanza un 48 % de cumplimiento total.
Destacan hitos importantes que tienen un cumplimiento mayor a 50%, como son las áreas de: Educación con 73%; Energía con 73%; Equidad de Género con 68%; Salud con 67%.; Democracia con 57%; Desarrollo Social con 54%; Economía con 56%; Obras Públicas con 53%; Trabajo y Previsión Social con 53%.
Hay otros temas que claramente están al debe como son, Infancia y Juventud con 20%; Pueblos Indígenas con 20%; Medioambiente 35%; Justicia y DDHH con 32%; Vivienda y Urbanismo con 33%; y Transporte y Telecomunicaciones con 8%. En todo caso estos niveles de cumplimiento son superiores al gobierno de Piñera.
Proyectos como la Reforma Tributaria, La Reforma Educacional, la Reforma al Sistema Electoral; el Ministerio de la Mujer; el Acuerdo de Unión Civil, son cambios estructurales que determinan un camino de progreso difícil de revertir.
Sin duda que aún queda mucho por desarrollar, y hay proyectos que están entrampados en el Congreso como la Ley sobre Derechos Integrales de la Infancia, el proyecto de interrupción del embarazo por tres causales, el proyecto de identidad de género, o proyectos que ni siquiera se han presentado como el Proyecto de Ley de Migraciones.
Durante este año se avanzó en construir un país más democrático y participativo. La ciudadanía levantó la voz e hizo valer sus propuestas por una nueva Constitución, instancia en la que se reunieron más de 200 mil compatriotas en territorio nacional y en el extranjero. Sus ideas hoy son parte de las Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente.
Al comenzar el Gobierno las expectativas eran muy grandes, se prometió un sello reformador importante. Al transitar el último año de gestión, se acumulan un conjunto de sensaciones respecto a que se pudo avanzar más rápido y lograr mucho más, esa desazón origina pesimismo y desconfianza.
Pero desde la perspectiva de la “historia de larga duración”, con una mirada estratégica, brota la convicción de haber estado en el camino correcto y que lo que hoy está en el debate es perseverar y profundizar una agenda de cambios aún más amplios. El país exige una Nueva Constitución, un nuevo Sistema de Pensiones, una Salud más eficiente, una Educación Gratuita y de Calidad.
Frente a las próximas elecciones no puede haber dos miradas. Se trata de avanzar y no retroceder. Todos los Partidos políticos de la Nueva Mayoría, sin exclusiones, tienen esa responsabilidad sobre sus hombros, y se les juzgará por eso. No hay cabida para titubeos ni lisonjas con el inmovilismo.
En este periodo, igualmente producto de las complejidades político sociales de los últimos años, ha surgido el Frente Amplio, que abre posibilidades de contar con otras fuerzas organizadas que pongan su mirada y esfuerzo en los cambios y transformaciones.
Pero el inconveniente que se vislumbra hasta ahora, es que esta fuerza aún emergente, no tiene una clara definición política, y por su composición de clase, emanada desde la pequeña burguesía y las elites radicalizadas, puede transformarse en un escollo para el avance real de las fuerzas progresistas y no en un aporte a una común voluntad de cambios.
Lo que aún vemos en esta fuerza incipiente es que más que la búsqueda de sumar energías, todavía están en la etapa adolescente de auto afirmación de su identidad, y por lo tanto de tener la necesidad imperiosa de diferenciarse del resto, y su centro de atención es aquello que advierten como lo más competitivo, la Nueva Mayoría, el Partido Comunista, no así la Derecha.
Por eso su discurso obstinado de autoafirmación progresista está plagado de consignas: “Somos distintos al duopolio reaccionario, la Nueva Mayoría es la nueva derecha, enfrentaremos electoralmente al Partido Comunista en todo el país, somos la verdadera izquierda…”
Sin embargo desde una posición política comprometida y madura, lo que se requiere es aunar afanes con responsabilidad y sin asomo de sectarismos. Eso es lo que la sociedad chilena hoy nos demanda a todos y a todas.
