De 67 causas presentadas en Santiago y Los Ríos, se han han resuelto 13, y de ellas, sólo en cinco el fallo ha favorecido a las comunidades afectadas. Una prueba irrefutable de la debilidad de las institucionalidad ambiental en el país.
Luego de las duras protestas de los vecinos de Tiltil, en la Región Metropolitana, por la instalación de un relleno que recibirá desechos peligrosos, se abrió el debate sobre la judicialización de este tipo de conflictos.
Para ello, quienes se oponen al proyecto deben, por norma, recurrir a los tribunales ambientales. Estos fueron creados, entre otros fines, para resolver demandas por el presunto daño a los ecosistemas.
Los tribunales de Valdivia y Santiago se constituyeron en 2013, mientras que los ministros de Antofagasta fueron designados recién este año, aunque la entidad aún no inicia sus operaciones formalmente.
En cuatro años de funcionamiento, esta instancia ha dictado 13 resoluciones por daño ambiental. El balance indica que, a la fecha, cinco casos han tenido una sentencia en favor de los vecinos que se consideran afectados.
El resto de las presentaciones ha sido rechazada. Estas instituciones también han tramitado un total de 37 demandas en la capital y otras 30 en Los Ríos. En tanto, las reclamaciones en análisis, que sirven para impugnar las decisiones de la autoridad en materia ambiental, alcanzan las 213.
De acuerdo al registro de los tribunales, las cinco causas acogidas fueron interpuestas por daños a la flora y fauna, por contaminación de metales o desechos en zonas cercanas a poblaciones. Los dictámenes emitidos contemplan la recuperación de los ecosistemas perjudicados, la restauración de la calidad de las aguas, suelo, aire o aguas, entre otros.
Los abogados que han participado en la tramitación de estas causas, junto a organizaciones ambientales, plantean que cuando han perdido las demandas se debe a lo complejo que resulta probar los daños al medioambiente en un juicio. Álvaro Toro, quien ha asesorado a comunidades que se han sentido afectadas, afirma:
«Resulta muy complejo o casi imposible ganar en causas como estas, pues se pide comprobar que la presentación tiene base”.
Es así como se deben entregar estudios científicos sobre las áreas afectadas, los que tienen un alto costo. En contraste, señala que las empresas aludidas poseen recursos para pagar diversos peritajes.
Sin embargo, para otros sectores, la creación de estas instituciones implica un avance en cuanto al acceso a la justicia en este ámbito. El ex subsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez señala que estas instancias son especializadas, por lo que “han permitido tecnificar la resolución de los conflictos ambientales. Si bien se ha reclamado respecto de los plazos que se toman en resolver, creo que eso poco a poco se ha ido ajustando de mejor manera, para lograr decisiones oportunas”.
Sin embargo, al igual que ocurre con los otros tribunales de primera instancia, los fallos de estos juzgados pueden ser apelados ante las instancias superiores. En caso de una resolución desfavorable para una de las partes, indica la normativa vigente, lo que corresponde es presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema.
Fuente: La Tercera
