El pacto de la transición buscó adoptar una política militar basada en el principio respecto al cual las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública son actores, según declara la Constitución vigente, “esencialmente obedientes y no deliberantes”. Sostiene, por consiguiente, que estas fuerzas para estar subordinadas deben tener un determinado grado de autonomía respecto al desenvolvimiento interno del poder civil.
De modo que el tipo de interacción política entre lo civil y lo militar ha sido resultado de una negociación entre la “clase política” y el “cuerpo armado” (o “familia militar”), con el fin de satisfacer los intereses particulares tanto de uno –electorales– como del otro –corporativos– a partir de los noventa.
Este pacto definió el grado de control del poder civil sobre el militar, y a su vez el grado de autonomía de este respecto a aquel, para luego ser institucionalizado legal y constitucionalmente, asumiendo las fuerzas militares el rol de garantes del orden público de la Nación.
Hacia el 2005 distintas iniciativas legales vinieron a consagrar la política militar de la transición, al eliminar, entre otros, la inamovilidad de los altos mandos, subordinándolo a la voluntad presidencial y parlamentaria, y al quitarle a las Fuerzas Armadas –en el papel– la facultad exclusiva de ser “garantes de la institucionalidad”, pese a que a la luz de la historia éstas constantemente han actuado como tal.
Sin embargo, tal concesión al poder civil producto de la ruptura con la tradición pinochetista de insubordinación institucional fue acompañada de una política de continuidad respecto a los intereses corporativos de autonomía de las fuerzas de defensa y orden sobre asuntos que se conservan desde la dictadura: gasto, justicia, previsión, educación y doctrina militares. La perspectiva que fundamenta esta política militar está basada en una concepción liberal de entender la relación entre lo cívico y lo militar, la cual se opone a la concepción democrática respecto a la función social y política que se cree que deben cumplir las fuerzas armadas en un Estado.
Gramsci plantea que el análisis político de las relaciones de fuerzas en un determinado contexto se construye en base a la correlación de tres instancias: lo social, lo político y lo militar.
La conceptualización y relación entre estas nos brinda una esquema categorial que nos permite definir una concepción democrática de la función de las fuerzas armadas. Lo social hace referencia a la “relación de fuerzas sociales” como expresión de una estructura social objetiva y medible, en la que existen distintos grupos sociales con una función y posición determinada en la producción.
Lo político alude a “la relación entre las fuerzas políticas”, es decir, al grado de “homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos sociales”, expresando así una conciencia política colectiva que tiene manifestaciones graduales desde ‘económicas-corporativas’ hasta aquellas de alcance ‘universal’ en las que un grupo social tiene hegemonía sobre otros y se constituye en Estado.
Finalmente, lo militar responde a la “relación de las fuerzas militares”, en las que está contenido el máximo grado de intensidad y antagonismo político entre diferentes grupos sociales o Estados, pues su posibilidad de enfrentamiento adquiere alcances existenciales.
Así, es posible distinguir un sentido “técnico-militar” y otro “político-militar”; este último opera como proveedor de sentido a la praxis, que se desenvuelve anclado al desarrollo que adquiere el conflicto de clases. Por tanto, del modo como estas instancias son comprendidas y relacionadas depende si la política militar adoptada es liberal o democrática.
Como ejercicio histórico podemos contraponer la política militar liberal del pacto de la transición –desde los noventa a la actualidad– con aquella desplegada durante la Unidad Popular. La pregunta por la razón del Golpe militar de 1973 tiene parte de su respuesta contenida en el tipo de política militar que se decidió aplicar en el gobierno socialista de Salvador Allende.
Parte de la mitología histórica consiste en sostener que la caída del gobierno de la Unidad Popular se debió a la ausencia de una política militar para evitar el Golpe, o bien en creer que la intervención de las Fuerzas Armadas se explica en la creencia del ‘enemigo interno’, alimentada por una ideología anticomunista introducida por la influencia norteamericana.
La historiadora Verónica Valdivia plantea, por el contrario, que la política militar de Salvador Allende y la Unidad Popular se debe comprender como una que buscaba darle una nueva función social a las fuerzas armadas, enmarcadas en un proyecto socialista y revolucionario.
Para hacer posible el objetivo de modernización de estas fuerzas militares en relación a la transformación del Estado y al desarrollo social del país en clave popular, se consideró necesario perseguir la subordinación del poder militar al mando civil a través de su lealtad al texto constitucional, y la incorporación de las fuerzas armadas al proyecto transformador del gobierno y, por tanto, al movimiento popular en ascenso.
La posibilidad de éxito de la apuesta de Salvador Allende descansaba en su alianza con aquellos sectores de la oficialidad no cooptados completamente por la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense, y que respondían a una tradición emparentada al “ibañismo”, con elementos de un discurso nacionalista y antiimperialista, y que se encarnaba en oficiales como René Schneider y Carlos Prats.
En el caso de este último se ha planteado que, basado en su “doctrina de soberanía geoeconómica”, cargaba con un discurso de índole populista, y que no siendo proclive al discurso marxista de la Unidad Popular, estaba comprometido con la modernización estructural y la aplicación de justicia social como factor catalizador de la cohesión social del país.
Alineado a esta doctrina, Allende intentó avanzar en el cumplimiento del programa de gobierno, blindado por el despliegue del movimiento popular y convencido de la necesidad de evitar toda intervención militar subversiva. Tomando distancia de la concepción liberal de las fuerzas armadas, asumió el desafío de incorporar a las fuerzas militares al movimiento popular a través de la conformación de gabinetes ministeriales con presencia militar, o bien de la asignación de oficiales a cargos administrativos de relevancia como en la dirección de empresas estatales y de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP).
Por lo anterior, no es comprensible la tesis liberal que afirma que el fenómeno de politización de lo militar durante la Unidad Popular se debió a un anterior proceso de militarización de la política, toda vez que durante este periodo no logró conformarse un cuerpo armado popular como modalidad militarizada de los partidos de izquierda, y que pusiera en peligro el monopolio de la violencia en manos de las fuerzas armadas.
La relación inextricable entre lo social, lo político y lo militar que se hacía evidente en la puesta en práctica de la política militar de Allende, se expresa aquí en la convicción de que es siempre falsa la aplicación del principio de autonomía de las fuerzas militares, en tanto siempre se posicionan políticamente en relación al momento histórico de la lucha de clases, es decir: o alineado al interés particular de la clase dominante o al interés universal de las clases subalternas.
Por tanto, el falso aislamiento que sostiene la concepción liberal entre lo social, lo político y lo militar, como campos independientes unos de otros, los cuales interactúan mediante negociación, es impugnada por la concepción democrática de las fuerzas armadas en las que la relación entre el mundo civil y militar no es contradictoria ni instrumental si acaso las fuerzas militares conforman junto a las fuerzas políticas y sociales un movimiento único y coordinado con la causa de las clases subalternas, es decir, del pueblo.
Cuando las fuerzas armadas operan como una corporación militar autónoma que negocia las condiciones del trato con otras instituciones del mundo civil, entonces están alineados a los intereses de la clase dominante. Cuando en cambio su relación está basada en una lógica de control democrático desde la sociedad, entonces están cuadrados con el interés popular.
A la luz de lo planteado se puede entonces formular una respuesta a la pregunta por la razón histórica del Golpe militar. Sin embargo, se abre con ella un espectro de factores a considerar para problematizar la derrota de la Unidad Popular que es al mismo tiempo el fracaso de su política militar. Allende contaba con una delicada alianza con un sector de las fuerzas militares que no operaba en la misma trayectoria que marcaba el proyecto socialista de la Unidad Popular.
Al punto que luego de la renuncia de Carlos Prats a su cargo político ministerial, estando en su más alto nivel el grado de intensidad del conflicto de clases, la política militar de Allende se queda sin sustento, y por tanto la oficialidad subversiva cuenta con amplio espacio para asestar el golpe.
Queda pendiente, por ahora, la discusión sobre la pertinencia para entonces de haber optado por otra política militar que asegurara la victoria del movimiento popular.
En definitiva, la cuestión que se le plantea a la izquierda actual es comenzar la complejísima tarea de prefigurar una política militar democrática, que superando la que resulta de una perspectiva liberal como la actual, sea capaz de alinear a las fuerzas militares ya no con los de arriba, sino con los de abajo.
En esta línea, se vuelve oportuno repensar la modalidad corporativizada actual de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, con el fin de eliminar aquellos elementos antidemocráticos que legitiman su estado actual. Se trata, por tanto, de instalar paulatinamente una perspectiva no liberal de la función militar, que no insista en la supuesta neutralidad frente al poder civil y en la falsa obediencia de las fuerzas armadas a la soberanía popular, cuando en la práctica es leal al mandato oligárquico.
Dicho de otro modo, hoy en vez de ser autónomas respecto al interés elitario, son, por el contrario, indiferentes a las necesidades del pueblo.
Una de las consecuencias institucionales de este mandato oligárquico se expresa en el grado de independencia entre las ramas en cuanto a su política de modernización, la cual no se despliega a través de un plan conjunto, orgánico y anclado a las necesidades del país y la región.
La justificación liberal de la corporativización de las ramas ha buscado ocultar el hecho de que pese a que las fuerzas militares son actores esencialmente públicos, operan bajo una lógica privada. No es casual que este escenario genere condiciones idóneas para cometer acciones de corrupción como ha ocurrido en relación, por ejemplo, a la compra de armamento.
Contra esta realidad es necesario instalar una perspectiva democratizadora de las Fuerzas Armadas, que tome distancia de antiguas estrategias de infiltración en sus filas o de pactos con la oficialidad progresista. En cambio, se requiere que el poder civil tenga la facultad de tomar control democrático sobre aquellos asuntos que desde la dictadura son considerados como intocables.
En este sentido se hace urgente problematizar la política de formación y doctrina de las fuerzas militares. Su grado de autonomía hace inviable que su formación esté orientada por una visión democrática desde la sociedad civil, y sea enriquecida contundentemente con los aportes del conocimiento científico crítico producido en las instituciones universitarias civiles.
De modo tal que tanto la suboficialidad como la oficialidad puedan cargar con el sentido común democratizador que surge con fuerza a partir de las movilizaciones sociales del 2011, sobre todo el que motoriza al movimiento estudiantil. Se trata que a largo plazo se construya una conciencia en su interior que defienda la necesidad de democratización radical de la sociedad, la cual requiere como condición de posibilidad un compromiso institucional con la urgencia de la justa distribución del poder político y el valor social.
Para lo anterior, parece pertinente establecer una Escuela Matriz Única por rama de las Fuerzas Armadas, que sea pública y gratuita, y así eliminar las barreras de clase en su admisión y permanencia.
Asimismo, se vuelve necesario establecer el Escalafón Único por rama de las Fuerzas Armadas, para así eliminar el candado de cierre que implica el escalafón doble, que segrega a los de arriba, la oficialidad elitaria, de los de abajo, la suboficialidad subordinada a la orgánica verticalista de las fuerzas militares. Por consiguiente, se requiere reformar la Ley reservada del Cobre para su financiamiento, y la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.
La relevancia de tematizar hoy las Fuerzas Armadas se acentúa ante el rol que cumplirán en el próximo proceso constituyente anunciado por el actual gobierno. Históricamente las fuerzas militares han intervenido en la reformulación de los textos constitucionales y esta no será la excepción.
A la hora de redefinir la forma del Estado, han observado con atención el discurso del poder civil en relación a la función que a las fuerzas militares estos quisieran imprimirles.
Los márgenes de la posición ideológica de las Fuerzas Armadas y de Orden se harán públicos en este proceso y operarán hacia adelante como indicador y factor de las posibilidades que tiene la sociedad para democratizarlas.
Se trata de preparar el camino para que a partir de este escenario se comience a proyectar un próximo pacto democrático entre las fuerzas militares y el pueblo.
Fuente: Red Seca
