Este año se cumplieron 40 años de los golpes de Estado en Uruguay (27 de junio) y en Chile (11 de setiembre), que iniciaron el ensayo de lo que luego serían las políticas neoliberales. Estas adquirieron carta de ciudadanía global con la restauración conservadora de los tories británicos y los republicanos yanquis. Thatcher y Reagan, contra los mineros ingleses y los controladores aéreos estadounidenses, otorgaron vía libre a la ofensiva mundial del capital. Una ofensiva que anticipó el terrorismo de Estado en el Cono Sur de América, inaugurando una cooperación transnacional de la internacional del terror: el Plan Cóndor.
El capital había llegado hacia fines de los años sesenta al límite de su retroceso en la lucha de clases, construido desde la emergencia de la teoría y práctica de la revolución con el Manifiesto Comunista, El Capital, y la organización proletaria en la Asociación Internacional de los Trabajadores, junto a experiencias e intentos de poder obrero desde la Comuna de París y especialmente la Revolución de Octubre.
Con El Capital se consolidaba un enfoque teórico de crítica a la Economía Política y al capitalismo, con asiento en la Teoría del valor y el plusvalor, que explicaba el origen del excedente económico y su apropiación por la burguesía, originando el análisis central según nuestro entender, de la relación entre el trabajo y el capital como núcleo esencial para entender la realidad. Con esa contradicción asociada a la ley tendencial de caída de la Tasa de Ganancia, Marx aportaba elementos esenciales para discutir las crisis en su momento y en la actualidad.
Son cuestiones imprescindibles para intentar analizar las políticas de los Estados contemporáneos, la presión sobre ellos del capital hegemónico y las contradicciones al interior de los procesos de cambio como los que vive Nuestramérica y sus gobiernos “progresistas”.
Esta historia de la lucha de clases contemporánea que ubicamos luego de 1848 ofrece un proceso social donde los trabajadores organizados y en lucha ponían en jaque al capital, que contestaba recurrentemente con mayor agresividad y violencia. Por si alguien duda sobre la violencia del capital, solo basta registrar la matanza en la lucha por la hegemonía y la dominación imperialista manifestada entre 1914 y 1945.
La respuesta del capital a la crisis capitalista del 30´ había sido a la defensiva, con concesiones a la lucha y el poder de los trabajadores. El Estado benefactor sería una respuesta transitoria, hasta que se pudiera derrotar la ofensiva popular y de los trabajadores, la que se presentaba hacia mediados de los 70´ con el contundente triunfo militar, político y cultural del pueblo de Vietnam sobre Estados Unidos, claro que con la solidaridad mundial.
Pero también se manifestaba en la acumulación de fuerzas social, económica y política de los trabajadores y los pueblos, puesta de manifiesto en la Carta de los Deberes y Derechos de los Pueblos, votada en 1974 por Naciones Unidas, más conocida por la demanda de un Nuevo Orden Económico Mundial, obviamente rechazada por Estados Unidos y el selecto grupo de países que luego conformarían el G7 y algún asociado más.
Ese era el límite que establecía el capital a la ofensiva de los trabajadores y los pueblos. La lucha de clases imponía modificar la situación, y como siempre, la partera de la historia capitalista se reiteró con la violencia del terror del Estado capitalista. El punto de partida de la experiencia represiva se concentró en el Cono Sur de América, uno de los territorios donde la lucha popular amenazaba seriamente el orden capitalista.
No solo Cuba y su experiencia insurgente y Chile con su propuesta electoral para la construcción del socialismo eran los proyectos a derrotar, sino también Argentina, Brasil y Uruguay. La ofensiva popular utilizando todos los métodos -acción de masas y/o presencia electoral y/o lucha armada– confrontaba con el orden mundial, desde la territorialidad específica de Nuestramérica.
Era una práctica acompañada por reflexión teórica, crítica, desde el desarrollo de la teoría de la revolución, en el camino de Marx y el pensamiento revolucionario clásico, con rupturas y ensayos que suponía la teoría de la dependencia, o los teólogos de la liberación, articulando procedencias diferentes para un rumbo común anti-capitalista.
Con financiamiento de Estados Unidos y las grandes transnacionales de ese origen, junto a las clases dominantes locales se habilitó un nuevo ciclo de ofensiva del capital sobre el trabajo que recorrió la historia contemporánea por 40 años hasta la crisis capitalista en curso.
1.- La caída de la tasa de ganancia y la respuesta del capital
Desde la segunda guerra mundial hasta principios de los setenta, las economías de los países centrales vivieron una de las épocas de mayor certidumbre y estabilidad en la historia del capitalismo. El alto nivel de empleo favorecía el consumo de la producción en masa y el Estado recaudaba lo suficiente para sostener cierto grado de bienestar de la población.
A fines de los años sesenta en el capitalismo mundial se presenta una aguda manifestación de la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia, que recién se recuperará a comienzos de los ochenta y como consecuencia de la ofensiva neoliberal del capital transnacional.
En los setenta se produjo un fuerte crecimiento de los precios del petróleo y las materias primas y una creciente inestabilidad de los tipos de cambio. En esa década las políticas keynesianas y sus instrumentos fiscales y monetarios para incidir sobre la demanda efectiva no pudieron superar la estanflación (inflación con estancamiento).
La prioridad de los gobiernos se desplazó de la búsqueda del pleno empleo al control de precios y salarios con atención privilegiada para el déficit público. Luego se sucedieron los procesos de desregulación de la economía, de privatización de las empresas y servicios propiedad del sector público (de hecho o de derecho) y el consiguiente desmantelamiento, progresivo e incesante, de la arquitectura de redes que sostenía el Estado de bienestar, con los límites que este presentaba en Nuestramérica.
El fuerte cambio en las políticas económicas fue producto de una crisis estructural del capitalismo asociada a la reducción de la tasa de ganancia. La prioridad de los gobiernos se concentró entonces en recuperar una rentabilidad que los empresarios consideraran satisfactoria.
Los avances científicos produjeron cambios tecnológicos que aumentaron la capacidad productiva reduciendo el ciclo de vida útil de máquinas y productos, se destacan la difusión de las computadoras en el manejo de la información; la automatización del proceso de producción; la transmisión instantánea de la información a cualquier punto del planeta; la estandarización del transporte (contenedores) que reduce los costos y agiliza la distribución a escala mundial.
Es así que el desarrollo de las fuerzas productivas entró en contradicción con un mundo fragmentado en mercados nacionales, y su resolución transitoria se dirigió a la promoción de acuerdos bajo la celosa vigilancia de los principales organismos multilaterales: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) primero y la Organización Mundial de Comercio (OMC) después.
Con base en ese proceso se construyó, estableció y operó el nuevo orden mundial que tiene como uno de sus ejes la liberalización comercial multilateral. Es bajo la egida de estas condicionantes que tuvo amparo física y legalmente la penetración de las empresas transnacionales en los mercados globales, eliminando fronteras económicas nacionales y los altos costos de transacción e instalación para dichas empresas.
La liberalización de la circulación de capital condujo a la globalización de los mercados financieros y al crecimiento exponencial del capital ficticio, potenciado éste último por un proceso de desregulación en Estados Unidos que permitió al capital financiero participar libre y conjuntamente en las áreas de crédito y especulación, incluyendo los mercados de derivados. A partir de la crisis de las hipotecas “sub prime” quedo al descubierto la fragilidad del sistema y la colusión entre las instituciones financieras y las instituciones que deberían regularlas.
En la economía real las empresas transnacionales fueron el motor y las principales beneficiarias de un mercado mundial, construido a su medida, en el que desarrollaron su actividad lo que explica el gran crecimiento del comercio (dominantemente entre sus filiales), potenciándose enormemente las rentas tecnológicas y las economías de escala.
Tales empresas explotan todos los espacios legales en cualquier parte del mundo para conseguir capital, trabajo y todo tipo de recursos e insumos que reduzcan sus costos apuntando a un triple proceso de reducción de los mismos: relocalización de sus plantas productivas; centralización de sus procesos administrativos y financieros; tercerización de los aspectos logísticos.
Sin olvidar, por supuesto, la conversión necesaria del poder de mercado en poder político estratégico acorde a sus planes de expansión y de control de la producción y del comercio mundial. Se agudizó, en tal contexto, la tendencia dominante de la economía capitalista en el proceso de concentración de la propiedad y las alianzas estratégicas.
La apertura comercial y financiera operada y señalada con anterioridad, estuvo acompañada por cambios institucionales tendientes a reducir el papel del Estado como productor en la economía, siendo la privatización de empresas públicas uno de los aspectos más notables. En Gran Bretaña y Estados Unidos se privatizaron empresas y servicios a partir de los ochenta, como forma de ampliar espacios para la acumulación capitalista.
La creciente explotación de la fuerza de trabajo es el principal factor contra-restante de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. A partir de los ochenta hay un incremento de la explotación de los trabajadores en el mundo, no sólo en la periferia sino también en los países centrales: es la época en que Margaret Thatcher en Gran Bretaña reprime y derrota una huelga nacional de mineros, y donde Ronald Reagan hace lo mismo en Estados Unidos contra los controladores aéreos.
El efecto es el aumento de la plusvalía absoluta, por medio de la extensión e intensificación de la jornada de trabajo en el marco de una desregulación de las relaciones laborales; aumenta la plusvalía relativa debido a los avances de la tecnología que incrementan la productividad del trabajo y lo intensifican. Para imponer este aumento de la plusvalía fue necesario eliminar las conquistas que los trabajadores habían obtenido en el pasado, lo cual implicó destruir o, al menos, debilitar sustancialmente, a los organizaciones sindicales y sus aliados.
El capital que no encuentra espacios para su valorización en el área productiva o en el área comercial busca la rentabilidad deseada en la especulación. Eso produce una dificultad significativa desde el punto de vista de la contradicción entre producción y apropiación en los siguientes términos: el capital ficticio exige rentabilidad alta, pero no contribuye para la producción del excedente y de la plusvalía. La ganancia ficticia es ganancia del capital que no tiene origen en la plusvalía y se obtiene especulando en el sistema financiero.
El capital productivo crece, pero a mucho menor velocidad que el capital especulativo, lo que provoca que esa contradicción se amplifique y agudice. Lo que en principio es una solución para capitalistas individuales -que encuentran espacios para obtener ganancias- agudiza la inestabilidad del sistema en su conjunto. Es una solución temporal que genera crisis más agudas y recurrentes porque al crear ganancia ficticia, crean más capital ficticio que exige nuevos espacios de inversión en el ámbito especulativo o en la economía real.
El capital que obtiene sus beneficios en la economía real interactúa con el capital que obtiene sus ganancias en el proceso especulativo buscando -asociados o compitiendo entre sí- formas de aumentar y preservar su valor. Los recursos naturales, tierras, inmuebles y empresas de los países periféricos son un objetivo fundamental del capital como lo demuestra el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa en los países periféricos. Lo que hemos llamado neo-colonización, se explicaría por este fenómeno de preservación y expansión del capital.
Es un proceso que no se puede entender sin identificar a los sujetos organizadores del orden contemporáneo: las corporaciones transnacionales, expresión concentrada del desarrollo del capital, los principales Estados del capitalismo y las organizaciones mundiales que inducen un orden global para sustentar el régimen del capital, la explotación.
2.- Cuatro décadas de ofensiva estratégica del capital en el cono sur
Las etapas que se describen a continuación identifican diferentes formas de dominación política y son partes de la ofensiva del capital para implantar un nuevo modelo de acumulación. Las características de cada etapa, en tanto son procesos sociales contradictorios conllevan complejidades, avances y retrocesos propios del desarrollo de las tendencias del capital y de la correlación de fuerzas en cada país.
Sin postular que hay una especie de dominio de los organismos multilaterales que imponen una acción deliberada y programada en nuestros países, se debe analizar para mejor comprender la importancia que han tenido en nuestro continente los lineamientos del Consenso de Washington y las reformas institucionales de segunda generación que ellos han impulsado.
En la primera etapa, a través de dictaduras militares y/o gobiernos autoritarios, se buscó destruir la capacidad de resistencia de los trabajadores, ilegalizando sus organizaciones sindicales y las fuerzas políticas que los representaban. La mayor parte de los dirigentes y los cuadros intermedios fueron torturados, encarcelados y muchos asesinados y/o desaparecidos.
Sobre la “tierra arrasada” se impusieron medidas económicas que hubieran sido inviables si se hubiera mantenido la democracia. En estos períodos autoritarios se redujo el salario real, se bajan los impuestos al capital y los países abrieron sus economías al exterior.
La segunda etapa, se produjo con la restauración democrática cuando los gobiernos de derecha (Brasil y Uruguay) y los mimetizados (la Argentina menemista y la concertación en Chile) aplican las recetas del Consenso de Washington. Las medidas de privatización y desregulación fueron resistidas, retardadas, incluso frenadas parcialmente con medidas de democracia directa en el caso uruguayo, aunque el resultado final fue, igualmente, un avance importante del neoliberalismo.
Las políticas económicas implementadas en este período toman como punto de referencia al llamado Consenso de Washington, un modelo económico con fundamentos neoclásicos, que expresa una clara orientación de mercado con apertura externa (asumiendo la teoría de las ventajas comparativas por la cual el libre mercado llevaría a la convergencia de las economías).
El Consenso propone disciplina fiscal para evitar que el déficit impulse una “excesiva presión de la demanda”, lo que repercutiría en los niveles de inflación o en un déficit de pagos insostenible. Se propone un recorte en los “subsidios, especialmente los indiscriminados (…) los gastos militares y de administración pública”.
En lo que refiere a la política tributaria, aconseja no aumentar los impuestos y aplicar un sistema de amplia base, reglas simples y con bajas tasas de impuestos marginales. Recomienda la privatización de empresas públicas, a partir de la creencia de que la propiedad privada agudiza los incentivos para un manejo eficiente y, por lo tanto, mejora el desempeño (…) Un objetivo complementario sería el de aliviar la carga de las finanzas públicas”.
En lo relativo a la apertura de la economía, plantea la liberalización financiera con “tasas de interés determinadas por el mercado”, rechazando que se trate a las tasas de interés reales como una variable de política.
Dado que entiende que el único crecimiento viable es el crecimiento hacia afuera, propone “un tipo de cambio competitivo (…) que promueva una tasa de crecimiento en las exportaciones capaz de permitir que la economía crezca (…) y da por sentado que un tipo de cambio unificado es preferible a un sistema de tasas múltiples”.
Lo anterior debe encuadrarse en la liberalización del comercio, en una política orientada hacia el exterior. Entendido esto como una liberalización de importaciones y el reemplazo de la complicada estructura arancelaria por una tarifa uniforme. En esa misma dirección, plantea la importancia de captar inversión extranjera directa como aporte de capitales, conocimiento y tecnología.
Por último, se proponen medidas de tipo institucional en defensa de los derechos de propiedad. La privatización y la desregulación implican un cambio sustancial en las relaciones entre el Estado y el mercado, que son acompañadas con la desmonopolización y las tercerizaciones de servicios. Todo lo cual busca una mutación significativa en las estructuras productivas
La tercera etapa, comienza a fines de los noventa y es aplicada en general en todo el continente, aunque no deja de ser sorprendente que los gobiernos progresistas asuman las llamadas reformas de segunda generación del Banco Mundial (BM), como si fueran un programa anti-neoliberal. En efecto, en los últimos años de la década de los noventa era notorio que el Consenso de Washington no daba los resultados que se preveían.
La idea central sostenía que los magros resultados eran consecuencia del marco institucional creado para implementar el modelo de desarrollo anterior, por lo cual era inadecuado para llevar adelante las políticas del nuevo modelo. Las reformas de segunda generación se encuadran en esa concepción.
Para el BM el proceso de desarrollo perdió impulso por el bajo nivel de inversión y esto se explicaba porque los inversionistas privados se abstenían de invertir, por la desconfianza en las políticas públicas y en la firmeza de los dirigentes.
Una de las principales hipótesis del BM es que el sector público determinó: el desplome de las economías dirigidas, la crisis fiscal del estado de bienestar, el desmoronamiento del Estado en varias partes del mundo y la multiplicación de las emergencias humanitarias. A la vez, que sostenía que las privatizaciones eran el telón de fondo del milagro económico de algunos países de Asia.
El BM sentencia: “Un Estado eficaz es imprescindible para poder contar con los bienes y servicios y las normas e instituciones que hacen posible que los mercados prosperen. En su ausencia, no puede alcanzarse un desarrollo sostenible ni en el plano económico ni en el social.»
La propuesta es, en esencia, aumentar la capacidad estatal mediante la revitalización de las instituciones públicas. Pero no es cualquier revitalización: es un conjunto de reformas alineadas con las orientaciones de los organismos multilaterales en las últimas décadas; se proponen cambios institucionales y de reforma del Estado acordes con el libre funcionamiento del mercado. En ese sentido los objetivos fundamentales son dos: a) implantar un orden jurídico que garantice la propiedad privada; b) lograr la estabilidad macroeconómica que facilite la inversión.
No es nada menor señalar que el enfoque que se utilizó para definir y evaluar la importancia de las tareas del Estado se fundamentó en la opinión de los empresarios, recabada a través de una encuesta realizada en 69 países. Si bien el Estado es considerado esencial, su función se re-direcciona dado que se excluye su papel como productor y agente directo del crecimiento y se lo acota al papel de socio, elemento catalizador e impulsor de un proceso de desarrollo en el que los mercados y las empresas son los protagonistas principales, mientras que el Estado debe pasar de productor de bienes en mercados monopólicos a promotor y regulador.
Las políticas económicas, la estructura impositiva y las normativas para la inversión deben responder a los requerimientos del actual sistema globalizado, dejando estrecho margen para acciones fuera de los parámetros internacionales impuestos por las empresas transnacionales y el sistema financiero.
El modelo de desarrollo que impulsa está tercera etapa de la ofensiva capitalista profundizó la apertura de la economía bajo el supuesto de que la competencia con el exterior permitiría eliminar las ineficiencias a través del sistema de precios, a la vez que se va a facilitar el ingreso de capitales y de tecnología. La apertura indiscriminada y asimétrica entre los países centrales (alta productividad, el progreso técnico se difunde con gran rapidez en forma homogénea y es endógeno al proceso de desarrollo) con los países periféricos (baja productividad e incorporación del progreso técnico de manera exógena y sin irradiación al conjunto de la economía) amplió las brechas entre ambos polos económicos.
Estas reformas han pretendido expulsar el poder político de la economía, sustituyéndolo por unidades reguladoras “técnicas” independientes de los gobiernos, lo cual favorece a las corporaciones transnacionales y sus aliados locales.
Tanto el ALCA, rechazado en Mar del Plata en noviembre del 2005, como los tratados de Protección de Inversiones y de Libre Comercio, que siguen proliferando, intentan una profundización del proceso de globalización que adjudica a nuestro continente el papel de proveedor de materias primas en bruto o con poco valor agregado. En este proceso, «las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma, la política comercial, que apunta a complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta».
La ofensiva del capital impulsa un proceso de «neo-colonización». Debe entenderse por ello la ocupación física de los territorios para sostener una división internacional del trabajo que dé continuidad y permanencia al histórico papel del continente como proveedor de materias primas (con o sin algo de valor agregado), pero regresando al saqueo directo que permita la ocupación económica: algo así como una colonización sin banderas.
En este marco se inscriben los megaproyectos de la «Iniciativa de Integración de la Infraestructura Suramericana» (IIRSA), impulsados como complemento del ALCA, pero que se mantiene como meta en el marco de los tratados binacionales de protección de inversiones que firman los gobiernos progresistas.
La IIRSA busca unir varios países y sectores productivos para canalizar, en forma rápida y económica, los flujos comerciales mediante el mejoramiento en infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones. Está dirigida, fundamentalmente, a los complejos y cadenas productivas con grandes economías de escala y capacidad exportadora, mayoritariamente en manos extranjeras. Su meta esencial es la extracción, rápida y económica, de nuestros recursos naturales, a la vez, que facilitar la instalación de las llamadas «industrias sucias».
En este proceso de cuatro décadas aumentó sustancialmente la brecha tecnológica y productiva entre los países centrales y los periféricos, lo que se refleja en el carácter primario de la economía latinoamericana. Todos los cambios estructurales señalados implican un incremento en la capacidad del capital a escala internacional para eludir regulaciones provenientes de los Estados, lo que implica un aumento del poder de las ET, cuya magnitud e implicancias deben ser analizadas en profundidad.
El proceso de regionalización y globalización en el que se acentúa la influencia de las grandes unidades económicas trasnacionales, pone en jaque los espacios de autonomía de los Estados nacionales. Este fenómeno opera con mayor fuerza en los pequeños países de la periferia capitalista, debido, entre otros aspectos, a su retraso relativo en rubros decisivos para una inserción dinámica y competitiva en el mercado mundial, tales como la incorporación del conocimiento científico-tecnológico y el desarrollo industrial.
Lo paradójico es que estos proyectos y la determinación de diseñar y avanzar en las obras reúnen a gobernantes que supuestamente tenían diferencias ideológicas muy importantes con estas concepciones y en la actualidad entre sí.
3. El papel del estado y su relación directa con el proyecto del capital
Comencemos por señalar que la ofensiva del capital tiene como sujeto principal al capital transnacional, cuya estrategia de expansión requiere para ser materializada del apoyo fundamental de los Estados nacionales, tanto en los países centrales como en los periféricos. Éste Estado es un producto histórico del modo de producción capitalista, que garantiza la sustentabilidad del ciclo económico, recuperando la función en la producción y reproducción del capital.
Desde nuestra concepción no existe una diferenciación categórica entre Estado y capital, ambos constituyen una relación social, al tiempo que son categorías históricas que poseen una función específica. El rol del Estado históricamente (en el capitalismo) es estar al servicio del capital, determinado en última instancia por éste. Siendo el capital el sujeto principal, requiere que los Estados nacionales aseguren con su accionar el objetivo de la valorización del capital, la dominación y continuidad del orden capitalista
Es preciso, sin embargo, valorar en sus justos términos que existe un margen de “autonomía relativa” del Estado respecto del capital, dado que el primero condensa, en su seno, la lucha de clases, por tanto la política estatal no resulta monolítica, sino que es producto de las contradicciones de clases inscriptas en su interior.
De ahí deviene la necesidad de profundizar en el conocimiento de un actor sustancial en el marco de la discusión del orden vigente: el Estado-nación y su relación con el capital hegemónico y con las clases subordinadas en el reordenamiento del sistema mundial en la actual crisis.
Nada de lo que ocurre en las relaciones entre capitalistas y trabajadores sucede sin el accionar concreto de los Estados. Esta una afirmación válida en las mutaciones de las relaciones en el ámbito de las empresas, como en el conjunto social. Sin el Estado y sus medios represivos no se puede entender el disciplinamiento del movimiento de trabajadores en cada uno de los países y a escala global. Lamentablemente el histórico sojuzgamiento del mundo del trabajo trasciende las resistencias particulares y parciales conquistas y reconquistas de determinados trabajadores en alguna parte del planeta.
También debe consignarse el accionar propagandístico e ideológico de los Estados para hacer “normal”, es decir naturalizar las demandas del capital en el conjunto de la sociedad. Las formas de la violencia no remiten sólo al uso de las armas y la represión física, sino que también se acude a la violencia moral del chantaje y a la manipulación de la conciencia social para naturalizar el orden vigente y las nuevas formas que asume la explotación.
Actualmente no hay menos estado que en tiempos previos de la hegemonía neoliberal, sino que transitamos un cambio de funciones de los Estados nacionales, apoyado en cuatro décadas el proceso de liberalización de la economía mundial. Sostenemos que no resulta adecuado contraponer al “mercado” con el “Estado” como si fueran tendencias contrarias – idea muy extendida en cierto pensamiento crítico al modelo neoliberal– cuando ambos, en general, actúan en forma complementaria.
En el mercado se define la contradicción y confrontación entre el capital y el trabajo, tanto como la lucha competitiva o monopolista entre capitales de diferente composición orgánica. Es el ámbito de disputa por la apropiación de la renta. Mientras que es el propio Estado quien propone y conduce la mercantilización capitalista de la sociedad, o un proceso de socialización de la producción y su distribución. El estado resulta imprescindible para canalizar con éxito la ofensiva global del capital, o su contrario, la emancipación social.
En la época de la transnacionalización del capital, éste sigue recurriendo a formas nacionales para empujar su estrategia, y en ese lugar encuentra nueva función para el Estado nación. Si éste fue fundamental para consolidar la acumulación originaria del capital en cada país, hoy es necesario para asegurar una expansión internacional de esos “capitales particulares”.
La contradicción y lucha entre los capitales se presenta en el mercado y, con ayuda del poder del estado nación del país de origen de cada capital, se pretende disciplinar socialmente en la ley del valor. No es un tema nuevo, pues reconocemos como novedad desde la existencia del imperialismo, que la ley del valor se abre camino favoreciendo la ganancia de monopolio.
Ya no se trata de la “libre competencia”, sino de la existencia dominante del monopolio, que impone condiciones y precios y que por ello se apropia de una cuota cada vez mayor de plusvalía que la generada en su seno (incluso por encima de la ganancia media). En fin, el Estado es clave en el sostén de la estrategia de acumulación y valorización de los capitales.
Es desde los Estados nación que se continúa ejerciendo el “imperialismo”. Polemizamos por tanto con las concepciones que aluden al “imperio” como una nueva forma de ejercicio de la dominación del capital. Eso genera el doble desafío de una contestación a la transnacionalización en una resistencia sin fronteras y, al mismo tiempo, la continuidad de luchas nacionales contra el capital y los propios Estados para afirmar procesos de liberación social y nacional.
La crisis agudiza los problemas al interior del capitalismo en la disputa por la hegemonía de la dominación y en la lucha entre los dominados y los dominantes. En ambos casos se piensa a la crisis como una oportunidad de sentidos contradictorios. Los dominantes para afirmar el rumbo capitalista y los dominados para obstaculizar la acumulación, disputar condiciones de vida e intentar un tránsito del capitalismo hacia el socialismo.
Es que buena parte de la batalla por superar la crisis de las empresas en unos casos, y por impulsar la acumulación en otras, pasa por la apropiación privada de los recursos públicos destinados al salvataje en el capitalismo en crisis. El capital engendró al Estado capitalista y éste se constituye en espacio de disputa para la producción y reproducción del ciclo del capital.
Se trata de discutir el rol del Estado capitalista luego de décadas de críticas emergentes desde las usinas de teoría económica contra la intervención del Estado en la actividad económica. El “salvataje” instrumentado por los Estados capitalistas es una señal de la intervención estatal para sostener el orden mercantil vigente. El “Estado” al servicio del “mercado”. La política económica de salvataje aplicada por los principales países capitalistas dejó en el camino la retórica contra la participación directa del Estado en la economía.
En ese marco conceptual debería analizarse el papel que han asumido y pueden asumir los gobiernos progresistas, en particular habría que preguntarse en qué medida el acceso al gobiernos de fuerzas política progresistas favorecen la expansión capitalista y en cuanto buscan avanzar hacia una sociedad socialista.
4.- El papel de los gobiernos progresistas
Un elemento central de la tercera etapa de la ofensiva estratégica del capital son los llamados gobiernos progresistas. Más allá de las consideraciones sobre la manera como ellos han incidido sobre un cambio en la geopolítica de la región (lo cual es, sin duda, de la mayor importancia), es fundamental hacerse la siguiente pregunta
¿En qué medida estos gobiernos acercan, estancan o incluso alejan al movimiento social y popular de escenarios de transición hacia proyectos político-económicos más radicales, de transformaciones estructurales a favor de la población? Recuperar un análisis de clase de tales gobiernos se torna imprescindible.
En ese aspecto, se destaca, como ya se ha dicho, que el proyecto del capital, en un contexto de recomposición general del capitalismo, continúa adelante, y no ha sido afectado en lo esencial. Más bien se viene acentuando frente a la ausente movilización social y política requerida.
Desde ese punto de vista, los gobiernos progresistas, con todas sus diferencias, tienden a inscribirse dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis. Si bien las políticas económicas presentan diferencias en su aplicación nacional en Brasil, Uruguay o Argentina, ninguno de los tres procesos del cono sur se asemejan a las búsquedas de una orientación socialista tal y como se presentan en Bolivia, Ecuador y Venezuela, las que a su vez son muy diferentes entre sí y cuyos alcances y realizaciones merece otro trabajo. No es lo mismo definirse por un rumbo capitalista que por otro socialista, aun siendo difuso el perfil socialista.
La existencia misma de gobiernos progresistas es una manifestación de importantes cambios en la correlación de fuerzas en el cono sur, aunque estos cambios son fuertes en el plano político electoral, menores en lo ideológico y mínimos en el plano económico. Los nuevos tiempos desmitifican la creencia de que la intervención del estado es necesariamente progresista.
Las finalidades, la forma y los resultados de esas intervenciones, más allá de los discursos que pretenden legitimarlas, no han demostrado la existencia de avances hacia un proyecto alternativo al dominio y control del capital. No basta con que el Estado intervenga para que una estrategia alternativa se construya. El carácter transformador de dicha intervención, para ser tal, debe tener origen y basarse en la más amplia participación de los movimientos populares, en particular de los trabajadores organizados con conciencia e independencia de clase y proponerse un horizonte anticapitalista y por el socialismo, más allá de su denominación.
El Cono Sur tiene hoy un modelo de acumulación capitalista basado, en gran medida, en los agro-negocios con algunas características importantes:
(i) lógica de extracción con el único propósito de apropiarse de la renta de los recursos naturales, por lo general apropiado para una minoría de la burguesía agraria asociada al paquete tecnológico en manos de las transnacionales;
(ii) proceso ampliado de re-primarización de las exportaciones, que debe mucho, como consecuencia de la reestructuración productiva, a la aplicación de la estrategia neoliberal de desarrollo en nuestra región desde el siglo pasado;
(iii) el regreso de la región como proveedor de materias primas para la economía mundial, redefiniendo, en muchos casos, la lógica de una inserción externa similar a la época colonial;
(iv) el creciente proceso de mercantilización de la tierra, incluso con el papel del capital ficticio (especulativo, sin intención de producir en la tierra), profundiza la concentración de la propiedad;
(v) incremento del papel de las empresas transnacionales como el agente fundamental del proceso extractivista y depredador, incluyendo empresas locales como socios subordinados.
En asociación con esto observamos la permanencia de muchos de nuestros países en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución vinculada al Banco Mundial que tiene por objeto salvaguardar los intereses de los inversores internacionales en los eventuales litigios con algunos países; es decir, es una institución que, a expensas de los intereses nacionales y regionales, garantiza la libre circulación de capitales.
Otro ejemplo de restricción institucional a las estrategias de desarrollo alternativo es el mantenimiento de los procesos de integración basado en una lógica heredera de los procesos de mercantilización neoliberal. Uno de esos casos es la IIRSA que está diseñada dentro del modelo productivo y para facilitar el dominio de las empresas transnacionales.
En síntesis: uno de los principales rasgos del proceso político y económico del Cono Sur, y en general América del Sur, es la pérdida de soberanía sobre sus recursos naturales. Dada la configuración del proceso de acumulación capitalista a escala planetaria y la nueva división internacional del trabajo, es indiscutible la importancia que han adquirido los hidrocarburos, los minerales, las fuentes de agua y la biodiversidad de que dispone América Latina.
Las transnacionales han impuesto un modelo “re-primarizador” de las economías latinoamericanas, cimentado en la explotación indiscriminada de esas riquezas naturales. En diferentes países de la región es notorio el alistamiento del territorio para proyectos en hidrocarburos, en minería, para la construcción de nuevas represas, la explotación maderera, el acceso a fuentes de agua, proyectos agro-combustibles o de producción de soja, entre otros.
Los montos acumulados de inversión extranjera directa implican un cambio estructural en las relaciones económicas del Cono Sur con el exterior, que se ven reflejados en una incrementada presencia de las corporaciones transnacionales en la actividad productiva y en consecuencia con efectos de más largo plazo sobre el crecimiento y el desarrollo económicos.
La IED se concentra en los sectores industriales que recurren con intensidad a la extracción de recursos naturales en el contexto de un proceso de transnacionalización constituido por una red de empresas que tienden a generar enclaves en los lugares donde se instalan, administran el comercio internacional entre las filiales y, en la práctica, controlan los procesos económicos nacionales. Tanto a nivel microeconómico (transferencia de tecnología, generación de empleo, apertura de mercados) como macroeconómico (inversión, crecimiento) es incontrastable que la IED no cumple los requisitos que debieran exigirse para un desarrollo productivo con justicia social.
La presencia creciente de las corporaciones transnacionales implica que controlarán una parte significativa del ahorro generado localmente, por lo que cobra particular relevancia la política de reinversión de utilidades que apliquen estas empresas en los próximos años.
El uso de los excedentes por parte de las transnacionales tendrá un impacto significativo en las futuras tasas de crecimiento, la estructura productiva, la inserción internacional y la distribución del ingreso, el cual seguramente no será positivo. Debe concluirse que el actual proceso de extranjerización de la economía del cono sur fortalece y consolida el capitalismo dependiente.
Es claro que en la actualidad la disputa por la renta de los recursos naturales se ha acentuado entre las transnacionales y los procesos presentes en Bolivia, Ecuador y Venezuela. No sucede lo mismo en el cono sur, donde los gobiernos progresistas son en extremo “generosos” con el capital transnacional y, como consecuencia, buena parte del territorio de la región está siendo adquirida por empresas transnacionales, lo cual tendrá repercusiones incalculables en el largo plazo.
Más allá de los discursos, los programas de gobierno, las concepciones de política económica y la buena o mala voluntad de quienes las implementan, se observa una “neo-colonización” que atenta contra la soberanía y modifica radicalmente nuestro entorno. El proceso de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros, no es algo novedoso. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes.
Contra lo que otrora eran los discursos de la izquierda, hoy las ventajas otorgadas por los gobiernos del Cono Sur al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos de cada país, donde en los hechos predomina el proyecto del capital transnacional con un nuevo formato político.
En términos más amplios, en el mundo, el capitalismo está en crisis, pero los capitalistas tienen capacidad para comprar tierra, inmuebles y medios de producción en el sur, generando la desnacionalización de nuestras economías. Un añejo libro de Eduardo Galeano: “Las venas abiertas de América Latina”, mantiene toda su actualidad. Si bien se aduce que las transnacionales son necesarias porque aportan el capital que en América Latina no existe, lo real es exactamente lo contrario: vienen para llevarse plusvalor y fortalecer el ciclo de la acumulación capitalista, aumentado las ganancias y con ello la dominación.
La creación de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), tuvo algunos aciertos políticos pero aún no tiene efectos en el plano económico. El modelo dominante continúa impulsando cambios institucionales que apuntan al debilitamiento de la capacidad de intervención del estado, en particular en los aspectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado. Se aprueban políticas de incentivos económicos a la inversión extranjera, tales como las generalizadas zonas francas y las leyes de promoción de inversiones, en ambos casos los impuestos se reducen a un mínimo absoluto.
Como contrapartida del proceso de profundización del modelo ortodoxo, amigable para la inversión extranjera, los gobiernos progresistas buscan su legitimación a través de una estrategia que combina, la contención de las situaciones de máxima pobreza con políticas asistencialistas; con un conjunto de cambios institucionales y políticas que favorecen a ciertos sectores de los trabajadores. La mayoría de las reformas se caracterizan por la creación y/o perfeccionamiento de instituciones y agencias favorables al “libre” mercado, a la inversión extranjera directa, a la circulación más abierta de capitales.
Supuesto básico de todas ellas es que la política debe ser sustituida por el “saber técnico” en aquellas partes del estado que, de acurdo con ese criterio, tienen que seguir existiendo para que la economía funcione. Así se desarrollan e implementan “agencias autónomas”, con autoridades independientes de los procesos electorales: las más notorias son los bancos centrales y las unidades reguladoras de mercados. Actúan “técnicamente” al margen del estado y están para intervenir en el diseño e implementación de cambios institucionales favorables al capital.
Lo anteriormente señalado demuestra que el neoliberalismo, que es a la vez una concepción ideológica, una forma de hacer política y el modelo económico que expresa los intereses de los capitalistas, sigue plenamente vigente. Lo que se explica, simple y llanamente, porque el capital sigue siendo el sector dominante y ha crecido enormemente en esta etapa en relación a las clases subordinadas.
O dicho de una manera más directa hay una profundización del dominio del capital sobre el trabajo en la etapa actual. Es un proceso como dijimos que se articula desde las políticas de los estados nacionales y en acuerdo, más allá de ciertas polémicas, con los organismos internacionales.
Parece una paradoja afirmar que el dominio del capital crece en el Cono Sur cuando es notorio que existen múltiples gobiernos llamados y/o autollamados “progresistas”, “izquierdistas”, incluso, “revolucionarios”. La existencia de estos gobiernos, sin embargo, no ha provocado una agudización de la contradicción capital-trabajo, ni tampoco que exista un enfrentamiento con el capitalismo; más aún, en muchos de estos países, se sostiene que el objetivo es alcanzar un “capitalismo en serio”, un “capitalismo normal”.
El progresismo minimiza sus raíces en la izquierda cuando se asume que el Estado no tiene recursos para invertir, que no existe ahorro en el sector privado nacional y que la única fuente de recursos es la inversión que llega del exterior. De ahí en adelante el problema es cómo atraer a los inversores foráneos, lo cual exige poner a “disposición” de ellos los recursos naturales potencialmente más rentables y, complementariamente, garantizar los derechos de propiedad y los menores costos fiscales y salariales posibles.
El neo-desarrollismo es la fórmula progresista para profundizar el capitalismo. En el progresismo gobernante de Brasil, Uruguay y Argentina se ha profundizado enormemente la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales. Los gobiernos de estos tres países tienen muchos elementos en común como, por ejemplo, la aplicación de políticas asistencialistas, por supuesto con nombres distintos en cada uno de ellos y la permanente reafirmación en todos los ámbitos de que son las fuerzas del cambio que enfrentan a los partidos de derecha (nunca dicen al capital). La existencia de gobiernos progresistas que tienen como finalidad ofrecer seguridades a los inversores, ha generado la fragmentación de los movimientos populares.
Esto se explica porque estos gobiernos toman múltiples medidas que favorecen a algunos sectores de la clase trabajadora y postergan a otros. Debe señalarse también que la clase que tiene contradicciones internas importantes entre la lucha por los objetivos históricos y programáticos y la preservación de beneficios, a veces no menores, obtenidos con estos gobiernos, tales como, ampliación de derechos sindicales, mejoras en las condiciones de trabajo y aumentos salariales. La lucha por el socialismo, sin embargo, ha quedado como una rémora retorica que acompaña y convive con la lucha cotidiana por mantener lo obtenido dentro del sistema capitalista.
En los factores del debilitamiento ideológico hay que incluir, sería un error muy grande omitirlo, el impacto de la desaparición del conocido como bloque socialista. Se podrá criticar a la U.R.S.S. por múltiples razones, pero en el imaginario colectivo latinoamericano era la “garantía” internacional para aquellos pueblos que podrían llegar a alguna forma de liberación, como lo había demostrado en la revolución cubana.
Cualquier análisis político y geopolítico exigía reconocer la existencia de dos modelos de producción en disputa, uno de los cuales estaba cayendo, el capitalismo, y otro que avanzaba, el socialismo. Los revolucionarios, más allá de diferencias ideológicas, se concebían como parte de un proyecto histórico que se estaba realizando, con mayores o menores errores.
La discusión sobre la ausencia de un proyecto alternativo empezó, como tema cardinal, cuando cae el bloque socialista. Por entonces la meta era claramente el establecimiento del socialismo y lo que estaba en discusión era el programa y las vías para lograrlo. La principal característica de esta tercera etapa de la ofensiva del capital, facilitada políticamente por el progresismo, es la derrota ideológica. A pesar de que existen gobiernos progresistas, no existe una conciencia anticapitalista, ni predominan las organizaciones que luchan por el socialismo.
5.- Una ofensiva que modificó reaccionariamente las relaciones sociales
En estos cuarenta años no solo se trató de mutar la relación entre el capital y el trabajo, sino que el capital avanzó en el proceso de subsunción formal y real del trabajo en el capital, subordinando a la naturaleza y a la sociedad bajo el dominio del capital. La lógica de la valorización se impuso desde la relación de explotación promoviendo la mayor productividad del trabajo con extensión de la jornada laboral y una aceleración del desarrollo científico, técnico y tecnológico.
El camino de la potencia y expansión de la plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria contrarrestó los efectos decrecientes en la tasa de ganancia a fines de los 60´ y comienzos de los 70´. La ofensiva del capital modificó las formas de explotación de la fuerza de trabajo e indujo la desorganización sindical, claro que con la complicidad de las burocracias sindicales y políticas que lideraban la organicidad institucionalizada del movimiento obrero.
Con la ofensiva sobre los trabajadores y sus conquistas históricas, el programa del gran capital se orientó a variar el papel del Estado capitalista, eliminando derechos sociales y económicos logrados por la lucha popular y obrera de los años anteriores. Se habilitaron las privatizaciones, las desregulaciones y un papel del Estado capitalista para sostener el nuevo ciclo de acumulación de capitales.
Ese es el marco de la desregulación a escala global para favorecer la libre circulación de capitales, servicios y mercancías para internacionalizar el proceso de valorización de los capitales. Se trataba de eliminar las trabas a la expansión sin límite de la esfera de la explotación. En ese camino había que profundizar la derrota estratégica del movimiento obrero y otorgar ventaja al capital en la lucha de clases. La ofensiva fue contra los trabajadores y su proyecto socialista-comunista. Por ello y pese a las opiniones críticas que nos pueda merecer la experiencia soviética, el colofón de esa ofensiva se operó entre 1989 y 1991.
Ese inicio con terror de Estado en nuestros territorios se extendió al presente con el terrorismo mundial ejercido por el imperialismo estadounidense, con la complicidad del sistema mundial de naciones y su organicidad. Son las invasiones a Afganistán, a Irak y las intervenciones militares sobre Libia y otros territorios, incluso el aliento a los golpes en Honduras o Paraguay, con un gran despliegue militar con bases en todo el planeta y nuevas aventuras políticas e ideológicas a favor del proyecto y la ofensiva del capital.
La violencia sostuvo el origen y permanencia del capitalismo. No es una cuestión de mercado, de oferta y demanda, o de oportunidades derivada de la eficiencia del capital. Es una cuestión de correlación de fuerzas, económica, política, militar y cultural, que por ende se juega también en el plano de las ideas y el consenso manufacturado por la industria de los medios de comunicación, el cine y la televisión.
La violencia de las clases dominantes gestó la posibilidad de la reestructuración regresiva del orden social mundial. Se puso fin a una forma de la relación entre el trabajo y el capital; a un modo de ejercicio de la función estatal; y a un tipo de relaciones internacionales para favorecer el retiro de fronteras nacionales a la circulación del capital.
Todo bajo las modalidades desarrolladas mediante la revolución tecnológica del satélite y la cibernética. El capitalismo mutó sustancialmente respecto de sus modos previos, construidos en siglos desde la revolución agraria e industrial. El límite del socialismo (bipolaridad) y los Estados nacionales, vigentes por medio siglo entre 1930 y 1980 habilitó un nuevo lanzamiento del ciclo del capital, subsumiendo al trabajo, la naturaleza y el capital.
El desarme moral expresado por la derrota del socialismo real y la pérdida de un proyecto emancipador asumido masivamente por los trabajadores y los pueblos, creó las condiciones de posibilidad para el éxito del proyecto neoliberal, cuyo principal mérito transitaba por la ausencia de una propuesta integral de carácter alternativa al capitalismo en desarrollo desde la ruptura de la bipolaridad mundial.
Más allá de la disputa por la hegemonía capitalista, imaginada en los 80’ bajo el liderazgo de Japón; o en los 90´ desde Europa y su moneda unificada; en el nuevo siglo se instaló un imaginario de multipolaridad en el desarrollo capitalista. Hubo incluso quienes imaginaron la posible irrupción de “países emergentes” en el liderazgo mundial, especialmente China o incluso los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). La imagen era el triunfo del capitalismo sobre cualquier orden alternativo, un remedo del “fin de la historia” inaugurado en los 90´.
Estas son concepciones que escamotean a la “emergencia” como territorio de valorización del capital ante los límites de una crisis capitalista que se prolonga en el tiempo dificultando el proceso de producción de ganancias, de acumulación de capitales y de dominación capitalista.
El problema sigue siendo el ámbito de la explotación capitalista. La reestructuración reaccionaria del capital continuó su experiencia histórica de desposesión, ampliando la esfera de la explotación. Qué mejor que exportar “relaciones sociales de explotación” mediante inversiones externas directas a países de gran población y empobrecida por el tipo de desarrollo capitalista construido por siglos en el sistema mundial.
Los efectos de la crisis comienzan a trasladarse a nuestro continente. Las nuevas contradicciones gestadas en el desarrollo capitalista convocaron nuevamente a la crisis mundial. El año es el 2007 en Estados Unidos, pero con antecedentes en ese país en el 2001, cuya respuesta fue un salto adelante en el endeudamiento público y privado, tanto como la militarización de la sociedad mundial.
Así como las crisis mundiales estallan en los territorios de la hegemonía, en 1874, en 1930, o 1973, ahora nuevamente fue en Estados Unidos, en Europa y en Japón, que no pueden esconder los límites que esas sociedades expresan para la valorización. Pero el capital no se suicida y sale en busca de territorios para la valorización.
La transnacionalización es la base material de ese operativo del proyecto a la ofensiva del capital. Es más, la crisis es utilizada como chantaje para sostener a los capitales más concentrados con subsidios e intervenciones estatales gigantescas para el salvataje de bancos y empresas en problemas. La contrapartida es el desempleo, la baja de salarios, la disminución del gasto público social, todas banderas levantadas en estas 4 décadas por los ideólogos y constructores del neoliberalismo para sostener el funcionamiento del capitalismo contemporáneo.
La salida de la crisis es imaginada con ajuste y liberalización, claro que a costa de la calidad de vida de los trabajadores y los pueblos del mundo. Por eso, la regresividad ejecutada en Nuestramérica entre los 70´ y los 90´ se aplica con crudeza en el último reducto del Estado del Bienestar.
Es un hecho la crisis capitalista y la continuidad de la ofensiva del capital, pero también constituye un dato la expectativa por el cambio político construido en Nuestramérica.
6.- Los desafíos y límites del progresismo ante la crisis
Si se reconoce que la caracterización de los gobiernos progresistas es correcta, se vuelve necesario evaluar cuáles son los desafíos y límites de esos gobiernos, teniendo en cuenta que esto es una aproximación que no puede aplicarse mecánicamente a diferentes realidades. Parecería que el progresismo tiene algunos desafíos y límites muy claros.
Un desafío, es, sin duda, la crisis mundial que se sigue profundizando y más temprano que tarde va a afectar a nuestro continente. Vale la pena recordar que las dictaduras militares fueron desplazadas en los años ochenta en el marco de una gran crisis internacional, la crisis de la deuda; los gobierno que implementaron el Consenso de Washington fueron derrotados políticamente en el marco de la crisis de comienzo del milenio.
El progresismo, por su parte, deberá enfrentar, muy probablemente, una reducción de las cantidades y de los precios de sus exportaciones junto con un aumento de la tasa de interés internacional, todo lo cual alejará las inversiones de nuestro continente, con todos los impactos negativos que esto tiene sobre la economía y la sociedad en países cada vez más dependientes del capital extranjero. Las contradicciones entre el capital y el trabajo se van a agudizar porque los empresarios reivindicaran y exigirán recortes en el gasto público, reducción de impuestos y flexibilización laboral.
A los partidos que están en el gobierno les será muy difícil demostrar que los resultados de la crisis son independientes de su política económica, exagerando se podría afirmar que para una buena parte de la población vale el dicho italiano: “piove, porco governo”. En este caso, además, la crisis encuentra al Cono Sur en un proceso de profundización de la dependencia y de la vulnerabilidad social, lo que no es nada menor.
Decimos profundización de la vulnerabilidad social, porque estos gobiernos han gastado muchos recursos en políticas asistencialistas que, como tales, no pueden sostenerse cuando la crisis reduzca los ingresos del estado.
Las personas beneficiadas por el asistencialismo seguirán siendo tan vulnerables como antes, no han cambiado, no tuvieron formación ni oportunidades de trabajo generadas por el desarrollo de matrices productivas incluyentes ni, tampoco, nuevas formas de inserción social. Solo superan la línea de indigencia o de pobreza por un subsidio económico que en nada cambia lo esencial de sus vidas.
Un segundo desafío, es la política agresiva de los Estados Unidos que ha vuelto a poner los ojos en América Latina. Veamos varios ejemplos: Honduras (la destitución de Zelaya); Paraguay (la destitución de Lugo); la ofensiva desestabilizadora contra Bolivia; el hostigamiento al gobierno de Venezuela; la instalación de bases militares en Colombia; la cuarta flota en el Atlántico. Estados Unidos busca el control de América Latina a través de gobiernos totalmente confiables y permeables a sus decisiones.
El progresismo y sus discursos internacionalistas ambiguos no garantizan la estabilidad que requiere el capital transnacional. El limite pudiera ser el agotamiento de estos gobiernos progresistas para poder ampliar o, siquiera mantener, las políticas favorables al trabajo (derechos sindicales, condiciones de trabajo, aumentos salariales) y a los excluidos (planes de emergencia, bolsa familia, etcétera), que consolide su base popular sin un enfrentamiento crucial con el capital.
Por ahora, la confrontación se ha evitado de múltiples maneras para mantener y acrecentar la Inversión Extranjera Directa. Estos gobiernos se han caracterizado por mejorar los ingresos reales de los trabajadores, aunque en términos relativos aumentaron más los ingresos del capital. Se redistribuye parcialmente la renta, pero se acrecienta la concentración de la riqueza acumulada.
Los escenarios posibles en caso de una agudización de la crisis internacional que impacte sobre nuestros países son tres:
1) Algunos gobiernos pueden asumir el modelo de ajuste del Fondo Monetario y, probablemente, están condenados a ser derrotados electoralmente junto con la agudización de la crisis, porque las políticas de ajuste golpearan directamente a su base social: a los trabajadores, a los pasivos y todas aquellas familias que reciben actualmente asistencia económica del Estado para paliar la pobreza, cuando no la indigencia.
2) Otros gobiernos progresistas pueden fijarse como meta proteger los ingresos de los trabajadores y pasivos por medio de políticas fiscales deficitarias, sostenidas con endeudamiento, que le permitan sostener políticas anti-cíclicas. Tratarían de evitar así la confrontación directa con el capital que generaría un aumento de la carga impositiva para financiar dichas políticas. Esos gobiernos pueden mantener apoyo popular pero deberán enfrentar fuerte resistencia del capital. Lo que pude pasar con ellos, desde el punto de vista de la continuidad política, dependerá básicamente de su capacidad para controlar la ofensiva táctica de los empresarios y sus medios de comunicación, a la vez, que mantienen el control de la economía y el apoyo de su base social.
3) Por último, pude haber gobiernos que asuman la crisis como una oportunidad para impulsar una política clara de carácter nacional y revolucionario, que afecte directamente a la riqueza acumulada y la renta del capital. Ese será, posiblemente, la decisión y el desafió que pudieran tener verdaderos gobiernos de izquierda. Claro que más allá de estos escenarios, la lucha de clases continúa, y la mirada no puede quedarse en el campo institucional. Nuestra hipótesis es que más allá de la iniciativa política de los Gobiernos y los Estados, la iniciativa política popular es la que en definitiva resuelve el curso de los acontecimientos. En ese caso, los gobiernos progresistas acompañarán el proceso o serán superados por el accionar de masas.
Producto de la resistencia popular a los ajustes y reestructuraciones regresivas de los 80´y 90´ se crearon condiciones para el cambio político, es el trayecto de nuevas experiencias por el socialismo del Siglo XXI o la re-significación del vivir bien o el buen vivir que inscribieron los pueblos boliviano y ecuatoriano en sus reformas constitucionales. Reaparecen condiciones objetivas y subjetivas para refundar un ciclo de ofensiva popular en una renovada búsqueda por construir relaciones sociales sin explotados y explotadores.
El resultado no está determinado a priori. Es cuestión de lucha, de lucha de clases, de confrontación para hacer emerger un proyecto alternativo, antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo. Se trata de una tarea civilizatoria, de la práctica y el pensamiento de los trabajadores y los pueblos. Es una realidad que se construye en el imaginario social de nuestro tiempo. Así como en 1848 se sentaron las bases de una teoría y práctica de la revolución, a más de dos décadas de 1990, y en el marco de la crisis capitalista, se renueva las condiciones para impulsar la lucha emancipadora contra el régimen del capital.
(*) Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
Fuente: Argenpress
