El daño producto de la fijación de precios no sólo golpeó el bolsillo de la gente como consumidores, pues desde que estalló el caso -el pasado 28 de octubre- los fondos de pensiones, donde la mayoría de los trabajadores tienen depositada la plata con que harán frente a la vejez, perdieron cerca de 111 millones de dólares, es decir, un poco más de un quinto del perjuicio provocado a los consumidores por el alza en los productos derivados del tissue.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó este último jueves una demanda colectiva en contra de la Papelera de los Matte y SCA Chile por los perjuicios provocados por la colusión del mercado del papel tissue.
Según los cálculos del organismo, el daño al bolsillo de los chilenos trepó por sobre los 510 millones de dólares, algo así como 364.140 millones de pesos del cambio actual.
Para tal efecto, lo que la Conadecus pide es que ambas firmas le devuelvan plata a todos los chilenos. Unos 21 mil pesos le tocaría a cada uno, si es que la acción judicial prospera.
Pero el daño producto de la fijación de precios no fue el único, pues desde que estalló el caso -el pasado 28 de octubre- los fondos de pensiones, donde la mayoría de los trabajadores tienen depositada la plata con que harán frente a la vejez, perdieron cerca de 111 millones de dólares, es decir, un poco más de un quinto del perjuicio provocado a los consumidores por el alza en los productos derivados del tissue.
Según consigna La Tercera, por ejemplo, la AFP Provida tiene 639 mil cotizantes en el fondo C, el tramo de riesgo medio que tiene el sistema. Dicho fondo, mantiene el 1,92% de las acciones de la Papelera que pertenece a los Matte. Con los cálculos al día de hoy, sólo esos cotizantes, perdieron US$ 19,4 millones.
En total, todas las administradoras de pensiones tiene el 11% de esa firma en la Bolsa, por lo que es evidente que el daño es ampliado.
Esclarecer los guarismos, en simple; el 28 de octubre pasado ese 11% de las AFP tenía un valor de 750 millones de dólares, mientras que ayer, transcurridos 23 días desde que la Fiscalía Nacional Económica destapó el hecho, ese mismo porcentaje valía 639 millones.
Pérdidas en detalle
Para que los cotizantes tengan claro por qué su cartola podría arrojar una merma ante este hecho, cabe detallar que la compañía que se ha visto más perjudicada por el cartel es Provida, pues es dueña del 3,06% de los títulos de CMPC.
Por fondo, en tanto, es el C el que ha recibido el golpe más duro. Tanto la misma Provida, como Habitat, Capital, Cuprum y PlanVital, en ese tramo habían perdido US$ 61,5 millones hasta este último viernes.
El impacto de la colusión del papel confort en las pensiones de los chilenos
TDLC recurre a Tribunal Constitucional por competencia con fiscalía
Cinthya Carvajal
El caso de la colusión de las empresas del papel tissue llegó ayer al Tribunal Constitucional (TC). En un hecho inédito, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) disputará con el Ministerio Público su competencia, luego de que ayer interpusiera una contienda en este caso.
En el escrito, además, se solicitó que el TC paralice la tramitación del recurso pendiente en la Corte de Apelaciones de San Miguel, en donde el fiscal jefe de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, pidió acceder a una serie de antecedentes -contenidos en anexos reservados- de la investigación por colusión contra las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex PISA).
Esa información fue negada tanto por el TDLC como por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), porque tiene un carácter confidencial.
En la presentación, el TDLC reclama que la fiscalía en ningún caso puede hacer que contravenga las disposiciones del Decreto Ley N° 211 (DL. N° 211) relativas a la protección de documentos confidenciales. Agrega que el artículo 22 de esta norma protege derechos y garantías constitucionales como, por ejemplo, impedir que empresas puedan utilizar la información sensible de sus competidores; la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y de toda la forma de comunicación privada.
Además, argumenta que se debe proteger «la identidad de quienes han declarado o aportado antecedentes ante la FNE en virtud de la delación compensada. Las normas sobre confidencialidad son fundamentales para asegurar el éxito de la delación compensada, que ha probado ser el instrumento eficaz en la lucha contra los carteles».
Otro argumento -según el TDLC- es que se produce un «conflicto de funciones» entre un órgano administrativo y otro jurisdiccional. «El Ministerio Público carece de competencia para impartir órdenes a los tribunales de justicia, como una consecuencia del principio de independencia externa de órganos jurisdiccionales». Concluye que en el evento de estimarse que la fiscalía sí esta facultada para requerir información a los tribunales, «dicha competencia en ningún caso le permite forzar al TDLC a infringir disposiciones a la protección de documentos confidenciales».
En tanto, ayer la Corte le dio tres días más a la FNE para entregar informe.
Fuente: El Mercurio
http://diario.elmercurio.com/2015/11/21/nacional/nacional/noticias/FBDFF5B4-362F-40DA-83ED-A72A578B7E08.htm?id={FBDFF5B4-362F-40DA-83ED-A72A578B7E08}
