El Comité Político de este lunes en La Moneda estuvo marcado por el debate en la Cámara Baja sobre la agenda corta antidelincuencia y particularmente el control preventivo de identidad.
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Tras el comité político en La Moneda, los timoneles de la Nueva Mayoría insistieron en sus críticas al control preventivo de identidad contemplado en la agenda corta antidelincuencia, que se votará mañana en la Sala de la Cámara de Diputados.
El rechazo de los parlamentarios oficialistas se da a pesar de la última propuesta del gobierno para destrabar el debate: incluir una norma transitoria que restrinja los alcances del control de identidad y que especifique que sólo podrá ser realizado siempre y cuando los efectivos cuenten con tecnología en línea que permita realizarlo de manera automática.
“Lo que el gobierno tiene que tomar nota es que mayoritariamente las bancadas de la Nueva Mayoría no están por respaldar el control preventivo”, dijo el presidente del PPD, Jaime Quintana.
Desde el Partido Radical, Ernesto Velasco manifestó:
“Hoy constatamos dentro del comité político que no hay unanimidad dentro de la Nueva Mayoría en el control preventivo. Somos muchos los que tenemos no solo dudas sino que creemos que esta es una mala norma que no va a resolver el problema del combate al delito, tiene mucha ambigüedad, hay poca precisión en lo que son no sólo el tema de las libertades sino que también en lo que son las restricciones en democracia”.
“He pedido al gobierno que se haga una revisión, una adecuada redacción y que cautele por un lado el combate al delito dando facultades a las policías pero también las libertades de las personas”, añadió.
En tanto, senadora DC, Carolina Goic, adelantó que la iniciativa deberá pasar a comisión mixta.
“Es un proyecto que aún está en tramitación legislativo, se han generado diferencias que probablemente van a llevar a que algunos de los artículos vayan a comisión mixta, pero tal cual como lo hemos hecho en otros proyectos esto es parte de un proceso legislativo que lo que busca es tener le mejor texto”, dijo Goic.
“Confió en que finalmente vamos a llegar a un acuerdo y a un proyecto que va a cumplir con ambos objetivos pero que sobre todo va a ser un aporte concreto para la seguridad ciudadana (…) si es texto puede ser aun perfeccionado bienvenido”, acotó.
Carta de rechazo
Por otro lado, un grupo de diputados del PS, PPD y DC llegaron temprano a La Moneda para entregar una carta en rechazo al control preventivo de identidad y a las sanciones por filtraciones.
«Mañana no estarán los votos disponibles de los socialistas para estas dos temáticas fundamentales de la agenda antidelincuencia (…) queremos que se reconsideren estos dos temas porque esta no es la forma de combatir la delincuencia», dijo el diputado PS, Juan Luis Castro.
Asimismo, su par Leonardo Soto manifestó que «la fórmula despachada por el Senado presenta problemas de todo tipo, básicamente desde el punto de vista de la discriminación en razón de condiciones sociales. Para hablar más claro, si se aprueba esta herramienta se va a trasformar en un control de identidad que no será por sospecha, sino por pobreza».
«Atenta contra el objetivo de vivir en una sociedad donde todas las personas sean tratadas con igual respeto, prestándose para la discriminación y eventualmente el abuso policial. En consecuencia, pedimos al ministro de Interior que suspenda la tramitación para legislar con los estándares democráticos que corresponde», acotó el legislador.
Desde el Gobierno, el vocero Marcelo Díaz aseveró que «esas son situaciones que pueden ocurrir, es parte de las posibilidades que surgen del debate legislativo».
«Vamos a hacer el esfuerzo de construir el acuerdo. Vemos que hay bancadas que confirmaron que van a votar en contra y yo reitero el ánimo del Gobierno en este proyecto es uno solo y no olvidemos que la agenda corta no es solo control preventivo, tiene que ver con reincidencia, con el desbaratamiento de las bandas que cometen crímenes, es una agenda bastante más amplia», aseguró.
«Siempre como en cualquier proyecto de ley mientras haya espacio antes de la votación el gobierno está dispuesto a escuchar alternativas y escuchar propuestas», dijo el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz.
«El debate continúa, analizaremos las distintas propuestas que hay sobre la mesa y en base a eso ir evaluando si eso se traduce en indicaciones, modificaciones hasta antes de la votación», aseguró el ministro.
Entre los posibles escenarios en la Cámara, la iniciativa podría pasar a comisión mixta o incluso podría ser aprobada en caso de contar con el apoyo de la oposición y algunos integrantes de la Nueva Mayoría.
Esta posibilidad fue rechazada por el presidente de la corporación, Osvaldo Andrade (PS), quien indicó que «la bancada del Partido Socialista ha resuelto no respaldar esta iniciativa que proviene de la derecha y nos hemos preocupado en la discusión de tratar de mejorarla, pero la conclusión a la que hemos llegado es que es completamente insuficiente».
«Lo que yo le hecho presente al Gobierno y se lo hice presente hoy día, que sería muy desafortunado que eventualmente esto se respaldara con la mayoría de la Nueva Mayoría votando en contra, que se aprobara con la votación de la derecha», agregó.
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Diputado Soto: «El control de identidad no será por sospecha, sino por pobreza»
El diputado PS Leonardo Soto asistió esta mañana a La Moneda para entregar junto a un grupo de parlamentarios un «Manifiesto contra la Agenda Corta Antidelincuencia» y asistir al comité político de los lunes, oportunidad en que pidió al Ejecutivo suspender la tramitación del control de identidad preventivo.
«La fórmula despachada por el Senado presenta problemas de todo tipo, básicamente desde el punto de vista de la discriminación en razón de condiciones sociales. Para hablar más claro, si se aprueba esta herramienta se va a trasformar en un control de identidad que no será por sospecha, sino por pobreza», aseguró el legislador.
Según Soto, «decir que se trata de un control aleatorio, y que por tanto todos los ciudadanos tendrían la misma posibilidad de ser sometidos a él, resulta una ilusión», dado que «toda la evidencia demuestra que es utilizado con mayor intensidad con ciertos grupos en función de su apariencia o el lugar donde viven, además de ser inútil para combatir la delincuencia».
«Por lo tanto atenta contra el objetivo de vivir en una sociedad donde todas las personas sean tratadas con igual respeto, prestándose para la discriminación y eventualmente el abuso policial. En consecuencia, pedimos al ministro de Interior que suspenda la tramitación para legislar con los estándares democráticos que corresponde», concluyó.
