Durante los últimos meses hemos visto reabrirse el debate acerca de la necesidad de redactar un nuevo texto constitucional que le dé validez social a la institucionalidad del país. Esta reapertura fue motivada por la Presidenta Bachelet al expresar la intención del gobierno de iniciar un “proceso constituyente” a partir de septiembre. A raíz de esta situación, diversos sectores se han movilizado para hacer valer sus posturas respecto a este tema.
En particular, sectores de la centro-derecha y la Democracia Cristiana han mostrado sus reticencias acerca de la conveniencia real de entrar en este proceso. El argumento esgrimido más común es que la formación de una nueva Constitución supone un alto grado de incertidumbre acerca del marco institucional resultante, pudiendo ser éste tremendamente nocivo para la estabilidad del país y, en consecuencia, para su desarrollo económico futuro.
Por otro lado, sectores políticos y ONGs asociadas principalmente con la centro-izquierda política, han intentado mostrar que este temor es infundado y que no habría necesariamente una relación negativa entre la redacción de un nuevo texto constitucional y el desarrollo económico, sino que incluso existiría una relación virtuosa.
En este texto intentaré discutir los argumentos teóricos y exponer brevemente la evidencia empírica relacionada con los efectos causales de las características de los textos constitucionales con el desarrollo económico.
Teóricamente, las constituciones inciden en el desarrollo económico mediante el establecimiento de las “reglas del juego” en la sociedad. Así, una Constitución que no resguarde de forma apropiada los derechos de propiedad privada disuadirá a hogares y firmas de realizar inversiones en capital físico y humano, y en innovación, ya que el riesgo de que el Estado expropie las ganancias de dichas inversiones es muy grande.
Esta menor actividad de inversión incidirá en un menor stock de capital físico y humano y en una menor productividad del país, lo que hará que su tasa de crecimiento potencial sea más baja que en países más defensores de los derechos de propiedad.
Una tasa de crecimiento más baja implica menor nivel de bienestar en el largo plazo. Los sectores opositores a la discusión constitucional basan sus argumentos en este mecanismo, aduciendo que el menor bienestar derivado de una Constitución que, ellos prevén, será menos defensora de los derechos de propiedad que la actual, causará inestabilidad social que encerrará en un círculo vicioso de deterioro económico al país.
No obstante, las constituciones muchas veces, si bien pueden ser defensoras de los derechos de propiedad, pueden de todas formas atentar contra la eficiencia económica del país. Esto sucede cuando una pequeña élite captura el Estado y formula las reglas del juego para su propia conveniencia. En este caso, la Constitución protege la propiedad privada, pero también protege celosamente la posición en el mercado de la pequeña élite en el poder.
La garantía que posee la élite de que el Estado, mediante su monopolio de la fuerza, defenderá su posición económica y social, causa que la competitividad del país se vea reducida. Los mecanismos de acción son variados. Uno de ellos puede ser la formación de leyes que consagren la posición preferencial en la sociedad de los pertenecientes a la élite mediante privilegios en lo que respecta al acceso a diversos bienes y servicios, tales como educación, salud y puestos superiores en la administración pública. Uno menos evidente es la creación de barreras a la entrada en los mercados desde los cuales la élite extrae su poder económico y social.
En consecuencia, los privilegiados se esforzarán menos en realizar las inversiones en capital humano necesarias para diferenciarse en el mercado laboral, ya que la diferenciación estará pre-definida; y operarán de manera menos eficiente sus firmas, ya que las barreras a la entrada les restarán presión competitiva, causando que los mercados sean más pequeños, concentrados y atrasados tecnológicamente.
Por otro lado, los no privilegiados considerarán innecesario esforzarse en acumular capital humano, ya que el retorno no compensará el alto costo de hacerlo, y las empresas pequeñas no disputarán los mercados importantes a las grandes ya que las barreras a la entrada serán muy altas.
Esta menor acumulación de capital humano y físico, y la menor innovación existente, resultantes de la menor competitividad y consecuente ineficiente asignación de recursos, también disminuyen la tasa de crecimiento potencial de la economía y el nivel de bienestar en el largo plazo.
Este es el pensamiento de los sectores pro discusión constitucional, los cuales añaden que el nuevo texto permitirá también avanzar en igualdad y cohesión social en el país, dimensiones intangibles que poseen un valor propio.
Probablemente la realidad sea una mezcla de ambos efectos. Pero, ¿cuál es más importante? La evidencia empírica no es clara al respecto y se concluye a partir de ella que, más que la discusión constitucional en sí, es el resultado específico lo que importa. Vale decir, existe evidencia de la importancia de ambos efectos, pero no hay una asociación clara entre la redacción de un nuevo texto constitucional y la prevalencia del efecto de deterioro de los derechos de propiedad.
Procesos que sirven como contra-ejemplos a la idea negativa sobre las nuevas constituciones son los de Mauricio y Botswana, ambos países tercermundistas que se democratizaron con resultados exitosos posteriores en términos de desarrollo económico (Rodrik y Wacziarg, 2005).
Es entendible la preocupación de los sectores opositores a la discusión constitucional. El efecto que ellos habitualmente mencionan se sostiene en la literatura teórica y empírica sobre el tema y es uno que no hay que perder de vista.
No obstante, el efecto que los defensores de una nueva Constitución destacan también está presente, y es razonable discutir si Chile no está en una coyuntura en la cual los perjuicios que se siguen de la inestabilidad provocada por este segundo efecto están siendo superiores a los efectos beneficiosos derivados de la fuerte protección a la propiedad privada que otorga el marco institucional actual, sobre todo cuando el grueso de él fue impuesto bajo un gobierno autoritario en ausencia absoluta de deliberación democrática y fuerte influencia de ciertas camarillas asociadas a los grandes empresarios de la época.
Será responsabilidad de la Presidenta dar luces acerca de qué perfil de proceso constituyente espera desarrollar. Lo ideal es que, a la hora de develar los mecanismos de discusión y resolución, se busque que el resultado evite una situación en la cual terminemos con derechos de propiedad desprotegidos en exceso y con un simple reemplazo del grupo de élite en el poder.
Fuente: Red Seca
