Digamos las cosas como son. El problema principal para encarar reformas sustantivas al sistema político no es la falta de mecanismos o la ausencia de quorums. Las 25 reformas constitucionales realizadas a la fecha demuestran que cuando se quiere, se puede. Hoy lo que divide a los actores políticos no es el eje izquierda/derecha. Tampoco es el eje dictadura/democracia. Hoy la disputa principal es entre el privilegio de los pocos vs. la decisión de los muchos. Aquí lo que está en juego no es cómo se cambian las instituciones democráticas (el debate sobre el “mecanismo”), sino a quién o a quiénes le corresponde hacerlo.
En enero de 2012 las directivas de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana firmaron un acuerdo en que establecen un categórico diagnóstico del momento institucional que vive el país. Dijeron así, sin tapujos, que “el presidencialismo exacerbado se encuentra en proceso de agotamiento”. Pero fueron mucho más allá. Propusieron nada más y nada menos que un cambio de régimen político: había que establecer en el país un sistema semi-presidencial. Acabemos con el Presidente todopoderoso, cambiemos el sistema binominal, y establezcamos una autoridad electa a nivel regional. ¿Qué tal?
La sensación de agotamiento institucional, en este caso, no provino de una izquierda asambleísta ni mucho menos. Provino de dos partidos con tradición, ilustres, bien constituidos y moderados en el espectro político. Ellos propusieron un cambio radical en el régimen político. Porque pasar de un sistema “presidencial exacerbado” a uno semi-presidencial sí que sería radical para la historia constitucional que tenemos.
No basta con preguntar, no basta con hacer llegar un documento con ideas a una Comisión del Congreso. Si se requiere establecer una nueva Constitución, lo justo, lo correcto sería que la ciudadanía participase en aquella decisión. Y eso se llama Convención o Asamblea Constituyente.
Concordemos, entonces, que la inquietud porque las instituciones no están dando el ancho van desde al menos RN y hasta quizás el PC. Esa inquietud se ha traducido en propuestas muy concretas y sin duda significativas que incluyen desconcentrar poder de la capital, reducir el peso del Ejecutivo y mejorar el sistema de representación en el Congreso.
Esta semana los mismos actores retomaron su aventura. Propusieron una reforma al sistema binominal como forma de resolver los problemas de representación en el Congreso. Pero la justificación para este nuevo intento de reformar el sistema binominal es decidora. Señala el senador Patricio Walker que “este es el camino para evitar que la idea de una asamblea constituyente siga creciendo”. Planteando una distorsionada y hasta irrisoria postura, el senador Walker sostuvo que la decisión está en la calle o en ellos. Dijo en tono enfático: “Tenemos dos caminos: la Asamblea Constituyente y que las cosas ocurran en la calle, en el caos, en la anarquía; y el de la democracia representativa”.
La caricatura de una Asamblea Constituyente como algo caótico, anárquico, desde la calle unen hoy a Camilo Escalona, Patricio Walker, Felipe Larraín y Pablo Longueira. No es la división entre derecha e izquierda. No es la división entre democracia/dictactura. Hoy lo que ordena el mapa político-ideológico es la forma de concebir la democracia: como un asunto de pocos o un asunto de muchos. Los primeros piensan que las definiciones de las reglas del juego son un asunto complejo, difícil, infinitamente incomprensible para “don Juan” o “doña Juanita”. Piensan que la deliberación es improductiva, incierta, impredecible, caótica y anárquica. Sostienen que es mejor que sea un grupo de representantes (es decir, ellos) los ungidos para viabilizar el interés ciudadano. Haremos una comisión bicameral, haremos consultas, escucharemos, pero al final del día nosotros cortaremos el queque.
Para otros, el juego democrático implica aceptar que una definición tan trascendental como una Constitución no puede ni debe ser resuelta por unos pocos. Si se va a discutir un cambio sustantivo en las reglas del juego, se necesita involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. No basta con preguntar, no basta con hacer llegar un documento con ideas a una Comisión del Congreso. Si se requiere establecer una nueva Constitución, lo justo, lo correcto sería que la ciudadanía participase en aquella decisión. Y eso se llama Convención o Asamblea Constituyente. Es perfectamente posible institucionalizar un proceso de consulta ciudadana como bien lo muestran innumerables casos que incluyen a Colombia, Francia, Islandia o Noruega.
El senador Walker describe el propósito de su propuesta de reforma con particular crudeza. La nueva propuesta de reforma al binominal es para detener intentos de cambiar las reglas del juego. Como si la reforma solucionará mágicamente los problemas asociados a los quórums, la centralización de las decisiones en la capital, las leyes orgánicas constitucionales, la ausencia de reconocimiento constitucional de pueblos originarios, la desigualdad de competencia que impone la estructura de financiamiento de la política, etc. etc. etc.
Entonces, el debate sobre las reformas políticas necesarias para enfrentar la crisis de representación esconde un asunto crucial. ¿En qué circunstancia el representante debe consultar a sus representados? ¿Es posible que los representantes redistribuyan poder sin preguntarle a la ciudadanía? ¿De qué forma una sociedad democrática estructura mecanismos de consulta vinculante? Si se acepta la premisa que existen ciertos temas trascendentales al país que deben ser objeto de discusión y acuerdo social, entonces los actores políticos debiesen generar condiciones para que “los muchos” puedan intervenir en la definición de las normas que definimos como cuerpo político. Esto se aplica para el tema constitucional, la consulta a pueblos originarios, la educación o el medio ambiente.
Lamentablemente, la historia muestra que cuando las élites no han querido escuchar (o incluir), en ese momento se han enfrentado crisis significativas. Las reformas a cuentagotas y desde arriba (desde los pocos), corren el peligro cierto de convertirse en una bomba de tiempo que resuelve conflictos al interior de las élites pero que van mermando al sistema democrático en su conjunto.
(*) Director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO Universidad Diego Portales.
Fuente: El Mostrador
