Este martes 7 se vota nuevamente en el Congreso la ley de obtentores vegetales, más conocida como Ley Monsanto, y nuevamente salta a la palestra el asunto de los conflictos de interés. Esta vez se apunta al Ministro de Agricultura Luis Mayol, quien fue director de la Compañía Agropecuaria Copeval S.A. y también presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores. Aunque renunció a estos cargos cuando asumió el Ministerio, parientes cercanos aún mantienen vínculos con empresas del rubro, lo que contribuye a sembrar la suspicacia sobre su verdadera intención al hacer un llamado a aprobar dicha ley.
Pero a propósito de esta situación –y haciéndola extensiva a muchos otros personeros– la pregunta natural que surge en este momento es ¿dónde se insertarán las autoridades de gobierno, una vez que le dejen sus puestos a la nueva administración Bachelet? ¿Cuántos de ellos tomarán ubicación en aquellas empresas e instituciones que una vez debieron fiscalizar y regular?
El gobierno de Piñera desde antes incluso que asumiera (y debido a lo ya mencionado, posiblemente hasta mucho después de que termine), ha sido, es y seguramente será culpado de múltiples conflictos de interés. Y no es raro que así sea, puesto que la derecha se ha caracterizado en nuestro país por mantener relaciones importantes de influencia dentro de las redes en el ámbito privado (lo que fue reforzado por casi 20 años, dado que el aparato público estuvo en manos de la Concertación y la derecha reforzó su poder e influencia precisamente en el ámbito privado).
La independencia de las autoridades respecto de los intereses de quienes son afectados por sus decisiones, es una variable crítica para poder asegurar la transparencia y la pertinencia técnica de dichas decisiones. De allí que resulte del todo inconveniente contar con autoridades que posean vínculos directos con empresas e instituciones susceptibles de verse afectadas por lo que ellos decidan.
Y es así que existe para las autoridades la declaración de patrimonio, como también la acción formal de desligarse de cualquier vinculación con empresas que pudieran representar un conflicto de interés para el ejercicio de la función.
Sin embargo, esa formalidad no implica necesariamente una inexistencia de vínculos en lo práctico, ya sea en forma directa o a través de familiares que mantienen dichos vínculos. Más aún al considerar que, una vez fuera del gobierno, las ex autoridades suelen volver al mismo ámbito del cuál vinieron o bien terminan por incorporarse precisamente a las empresas que alguna vez tuvieron bajo su ámbito de regulación; todo lo cual hace crecer cualquier tipo de suspicacia. Y no es complejo deducir que éste será precisamente el escenario que presenciaremos durante los próximos meses post gobierno.
Todo lo recién dicho es absolutamente obvio. Pero la duda que me surge es si es razonable poder esperar que esto no ocurra. O, dicho de otra forma ¿podemos realmente eliminar los conflictos de interés en nuestro país o estamos atrapados en un problema más bien estructural?
Un principio básico para cualquier organización es poder contar con el talento necesario para cubrir las necesidades de sus respectivos cargos, por lo que la idoneidad técnica de la persona se convierte en un piso mínimo para satisfacer los requerimientos de cada función.
En el sistema público hay ciertas posiciones que requieren no sólo de habilidad política sino además de una preparación y experiencia que constituyan un know-how adecuado para ejercerla de manera idónea. ¿De dónde puede provenir alguien de esas características, con un dominio técnico suficiente como para poder manejar un tema al más alto nivel en la sociedad? ¿Bastará con el mundo de la academia y del aparataje público como para prescindir del ámbito privado como fuente de reclutamiento?
Nuestro gran problema es que somos un país muy pequeño. No tenemos una gran cantidad de especialistas de alta cualificación técnica en casi ningún ámbito. Los que hay son pocos y suelen estar ampliamente conectados con las redes de su especialidad. Pero como además hay muy pocas empresas y organizaciones que conforman cada tipo de industria dentro de nuestro mercado (lo que dicho sea de paso, motiva más a la colusión que a la competencia), dichas redes de especialidad terminan convergiendo en pocos nodos, haciendo casi imposible que alguien muy calificado técnicamente no tenga algún tipo de vínculo con su mercado relacionado.
Y entonces termina siendo algo estructural el que una autoridad técnicamente idónea tenga, de una u otra forma, algún tipo de conflicto de interés, ya sea por provenir del mercado o por retornar a él una vez finalizada su función pública.
¿Estamos condenados entonces a prescindir de la idoneidad técnica para evitar los posibles conflictos de interés y más bien optar por personas con poco vínculo en la industria respectiva (lo que ya siembra dudas respecto a su idoneidad) o por figuras políticas en vez de técnicas para las altas posiciones de autoridad? Eso sería claramente un despropósito. Más aún considerando que la opción de incluir políticos supondría ingenuamente que éstos no presentan conflictos de interés, cuando en la práctica su tipo de posibles vinculaciones externas, precisamente por ser menos evidentes en lo formal, pueden llegar a ser más influyentes en lo real.
Tiendo más bien a ser pesimista con este tema, considerando nuestra realidad de país pequeño, donde las redes de contacto e influencia son omnipresentes (formales o no), donde en cada ámbito todos se conocen con todos, con una meritocracia inexistente, donde los hilos del poder se manejan en pocas y casi siempre las mismas manos.
Podremos dar con una fórmula para lograr una apariencia de transparencia e independencia de nuestras autoridades, pero en esencia los conflictos siempre estarán ahí debido a que somos un país pequeño, con el poder y el conocimiento altamente concentrado en pocas redes de influencia.
Mientras eso no cambie, sólo podemos aspirar a eso, a mantener una apariencia y seguir públicamente rasgando vestiduras por los conflictos de interés, mientras en la práctica poco podemos hacer al respecto, simplemente porque todos los realmente idóneos inevitablemente presentarán algún grado de conflicto.
(*) Psicólogo laboral PUC. Master en Dirección de Personas y Organizaciones, Diploma en Psicología de las Organizaciones, Diploma en Dirección de Personas y Organizaciones, Diploma en Gestión de Evaluación y Selección de Personas en Organizaciones, Psicología, Magíster en Psicología de las Organizaciones.
Fuente: El Dínamo
