La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena por el secuestro calificado de los hermanos Mario Fernando y Nilda Patricia Peña Solari, ocurrido el 9 y 10 de diciembre de 1974, respectivamente, en la Región Metropolitana. En fallo unánime, las ministras Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificaron las penas dictadas en primera instancia –el 30 de marzo de 2012- por el ministro en visita Joaquín Billard Acuña.
El tribunal de alzada condenó a seis ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como responsables de los plagios y desapariciones de estas dos personas.
El brigadier en retiro Raúl Iturriaga Neumann y el ex agente Manuel Carevic Cubillos fueron condenados a 6 años de presidio, sin beneficios, mientras que el ex agente Risiere Altez España fue sentenciado a 5 años y 1 día de presidio, sin beneficios junto con Hugo Hernández del Valle.
En tanto, el ex agente Manuel Rivas Díaz quedó sentenciado a 3 años de presidio y se le concedió el beneficio de la remisión condicional.
En el aspecto civil, se anuló la condena contra el Fisco y se rechazó la demanda presentada en contra del Estado por los familiares de las víctimas.
Ministro Mario Carroza investigará proceso por torturas a Leopoldo García Lucero
En noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Chile a continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación por las violaciones a los Derechos Humanos sufrida por este ciudadano durante la dictadura cívico militar encabezada por el general Augusto Pinochet.
Según el fallo de la Corte, Chile incurrió en una demora excesiva para iniciar la investigación sobre las torturas infligidas a Leopoldo García Lucero, luego de su arresto en septiembre de 1973.
El Estado tuvo conocimiento de los hechos de tortura de los cuales García Lucero fue víctima en 1993, pero sólo en octubre de 2011 dio inicio a las investigaciones. Los presuntos responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en el caso de García Lucero todavía no han comparecido ante la justicia.
La designación la realizó la Corte de Apelaciones de Santiago, después de que la Corte Suprema dispusiera el nombramiento de un ministro en visita para indagar la causa en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado chileno “por la excesiva demora en iniciar una investigación por los hechos de torturas denunciados”.
La solicitud de designación fue planteada por el ministro de Justicia (s), Juan Ignacio Piña, por medio de un oficio remitido, el 3 de enero pasado, al ministro Hugo Dolmestch Urra, coordinador nacional en causas de Derechos Humanos de la Corte Suprema.
El proceso por las torturas aplicadas a Leopoldo García Lucero estaba siendo indagado por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, tras la presentación de una denuncia interpuesta por la Corporación de Asistencia Judicial, en 2011.
