En la sesión de este miércoles 22 de enero, la comisión investigadora por el Caso Penta tuvo como invitado al director del Servicio de Impuestos Internos, Michael Jorrat, quien clarificó alguno puntos que en su anterior participación no pudo detallar. Además se aprobó un oficio para enviar a la institución y despejar si efectivamente hubo un proceso de fiscalización sobre el grupo económico entre los años 2010 y 2014. En otro plano, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijar audiencia para nuevas formalizaciones en el marco del caso Penta, correspondientes a Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Alvarez y Juan Martínez.
En ese sentido, el jefe de la bancada PC-IC, diputado Hugo Gutiérrez, destacó la importancia de la información entregada por el director del SII, pues permite evidenciar de mejor manera las magnitudes del fraude al fisco.
“Hoy hemos tenido una gran jornada con el director del Servicio de Impuestos Interno, que nos ha clarificado una serie de puntos dudosos. Uno de esos puntos ha clarificar durante los próximos días es saber si durante el periodo 2010-2014 se hizo una fiscalización en forma a los grandes contribuyentes. Es decir, si se fiscalizó o no al grupo Penta. Esto es importante para saber, después de los que pasó con Johnson, si hubo una administración del SII que fue cómplice de la no fiscalización. Ese es un punto que hay que clarificar”, detalló Gutiérrez.
Por su parte, el director del SII, Michael Jorrat, señaló al respecto que se entregará prontamente la información solicitada. “Nos comprometimos a enviar información de la fiscalización generada durante ese periodo. No tenemos estadísticas en este momento, y es por eso que prepararemos la información solicitada”, adelantó el director.
Entre los nuevos antecedentes aportados durante la sesión, se encuentra la readecuación del monto estimado en la defraudación al fisco, que sólo a través de boletas ideológicamente falsas del grupo Penta, superarían los 615 millones de pesos.
Así lo comentó el diputado Fidel Espinoza (PS), presidente de la comisión investigadora por el Caso Penta: “En esos nuevo antecedentes que se expusieron, nos dimos cuenta que la cifra de defraudación al Estado por el fraude al FUT no es ya de 2.700 millones, sino que supera los 3.300 millones de pesos. Estamos hablando que tan sólo por el caso Penta, es un millón de dólares más a lo establecido en primera instancia”, detalló el parlamentario.
Finalmente, durante la comisión, el diputado Hugo Gutiérrez solicitó la inhabilitación del diputado RN, Alejando Santana, pues según la información aportada por Ciudadano Inteligente, fue parte de Banmédica, una de las empresas Penta, durante 17 años.
“He solicitado que el diputado Alejandro Santana concurra a la Comisión de Ética con lo que hoy hemos conocido (…) Por eso reprocho lo que hace el diputado Santana, considerando que el fue 17 año integrante de una de las empresas de Penta y hoy estamos investigando a Penta. Lo más razonable es que la Comisión de Ética revise la situación del diputado, y mientras se resuelve el tema, él no debería integrar la comisión investigadora y pido a su partido para que ponga a otro integrante, para que dé garantías de imparcialidad en la investigación de una caso tan relevante como lo es el caso Penta”, concluyó Gutiérrez.
Fiscalía solicitó fecha para nuevas formalizaciones en caso Penta
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijar audiencia para nuevas formalizaciones en el marco del caso Penta, correspondientes a Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Alvarez y Juan Martínez.
El ex gerente general Hugo Bravo será formalizado por delitos tributarios, de soborno y lavado de activos.
En tanto, a Marcos Castro, gerente de contabilidad de Penta, también se le imputarán delitos tributarios, delito de soborno y lavado de activos.
Por su parte, Iván Alvarez, ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), se le formalizará por delitos tributarios, delito de cohecho y lavado de activos.
Finalmente, Juan Martínez, funcionario del SII, será imputado por el delito de cohecho.
Se trata de una segunda audiencia de formalización y estas se sumarían a las ya decretadas de los controladores de la empresa, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fijadas para el 4 de marzo.
La solicitud se hace en el marco de la indagatoria por los delitos de lavado de activos, delitos tributarios, cohecho y soborno.
