Fiscalía formalizó a dos proveedores del Ejército por fraude al Fisco
Por el delito de fraude al fisco de más de 2.000 millones de pesos fueron formalizados esta mañana tres proveedores del Ejército en el marco de la arista civil del llamado “Milicogate”. Existe otra causa, en la justicia militar, donde se encuentran procesados funcionarios de la institución castrense
La audiencia se llevó a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a cargo de la fiscal Centro Norte Ximena Chong, donde fueron imputados por el mencionado ilícito Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo César Fuentes Campusano. En tanto, Francisco Huincahue fue reformalizado.
De acuerdo a la perseguidora penal, un grupo de funcionarios del Ejército se coludieron para defraudar a a la institución y gracias a estos proveedores -que aportaron facturas falsas- se quedaron con dineros de la Ley Reservada del Cobre.
En esta oportunidad se le comunicaron cargos a Raúl Fuentes y a su hijo César Fuentes, quienes según la fiscal Ximena Chong entre 2010 y 2014 emitieron 223 facturas falsas, equivalentes a un monto superior a los 2.000 millones de pesos como perjuicio fiscal.
Según Chong, Huincahue, vendedor de repuestos y mantención de vehículos se alió de manera ilegal con el ahora coronel en retiro Clovis Montero, quien facilitaba la tramitación al interior del Ejército para luego dividirse el dinero.
En el caso de Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo César Fuentes, ambos conocen al suboficial de Ejercito César Palominos a quien le facilitaron más de 200 facturas para que luego la Tesorería institucional girara los pagos.
«Se definieron en base a la existencia de antecedentes suficientes de que se trata de facturas falsas, obran en la carpeta de investigación antecedentes que dan cuenta que los servicios y los insumos no fueron entregados efectivamente al Ejército», dijo la fiscal Ximena Chong.
La persecutora añadió que «además los funcionarios del Ejército están confesos respecto de haber solicitado la entrega de las facturas y además de haber facilitado la documentación interna que permitió que se ejecutara el pago».
Además se amplió la formalización contra Francisco Huincahue por cerca de 400 millones de pesos.
El defensor de este último, Mario Valenzuela, dijo que su cliente ya reconoció su participación en los hechos.
«El ha reconocido que efectivamente trabajaba para el Ejército, él estaba pasando por un periodo emocional muy malo, pues uno de sus hijos había fallecido en circunstancias trágicas, entonces una de estas personas le ofreció hacer un negocio a través de la entrega de factura y él cobraba un tanto por ciento», añadió el defensor.
El Consejo de Defensa del Estado solicitó prisión preventiva para estas tres personas, sin embargo, el tribunal sólo decretó arraigo nacional y firma quincenal, tal como lo sugirió la Fiscalía Centro-Norte.
Esta arista que lleva la Fiscalía es paralela a la que encabeza el ministro en visita Omar Astudillo en contra de los militares vinculados a este millonario fraude en el Ejército, en el cual hasta ahora aparecen cinco procesados.
En este caso, los tres mencionados se encuentran además querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también por una suma superior a los 2.000 millones.
Al cierre de esta edición, la fiscal Chong solicitaría las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual a todos los imputados.
