inexistencia del más mínimo y elemental control del Ejército sobre los cuantiosos recursos de la Ley Reservada del Cobre, como causa fundamental del multimillonario fraude que investigan una fiscal militar, un ministro en visita y una comisión de la Cámara, fue la conclusión evidente de la tercera sesión de ésta última, de la que se desprende la urgente necesidad de apartar a las FF.AA. de la administración de dichos fondos. Además, el Servicio de Impuestos Internos se querelló contra dos de los imputados militares, y la Fiscalía formalizó a dos proveedores civiles del Ejército por fraude al Fisco.
Un nuevo paso en sus indagatorias dio hoy la Comisión Investigadora sobre la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre (LRC), desde 2011 a fecha, al contar con una explicación de parte del Contralor del Ejército, General de Brigada Rodrigo Carrasco, y del ex Comandante de la División de Mantenimiento de dicha institución, General (R), Héctor Ureta, respecto de la forma en que operó el sistema de defraudación y que afectó, principalmente, al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).
El General Carrasco, tras una amplia exposición sobre la forma en que se organiza la Contraloría, relató, a requerimiento de los miembros de la Comisión, que la primera parte responsable del control de las facturas es la unidad que genera el gasto, es decir, aquella que encomienda un servicio en particular o la compra de determinados elementos para la mantención de los equipos.
Sin embargo, remarcó Carrasco en su intervención, las personas involucradas en el fraude hicieron una ficción respecto de esta primera parte y suplantaron a quienes debieron haber hecho este gasto y, haciendo uso de sus cargos y de su conocimiento, utilizaron facturas entregadas por cada uno de los proveedores que, a simple vista son reales, pero con datos falsos, con timbres falsos y con firmas falsas, que fueron integradas al conjunto de las facturas para luego proceder a enviarlas a pago.
«Dentro del proceso se saltaron la parte más importante que son quienes realizan la revisión del gasto y la confección de las facturas», recalcó.
Especificó que, posteriormente, tanto la Tesorería como la Contraloría del Ejército revisaban formalmente estas facturas y hacían el reporte trimestral a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. «Si la Contraloría encontró alguna factura…, hay que ser claro, no detectó facturas (falsas) en su proceso», puntualizó.
Asimismo, dijo que se visitaban las unidades para efectuar los controles respectivos, pero sostuvo que no era posible detectar en esta fase las irregularidades porque, justamente, el fraude se saltaba este paso.
«La orden no existía, la falsificaban, todo lo falsificaban haciendo uso de sus cargos y de sus conocimientos», insistió.
En otras palabras, el general Carrasco no se apartó un milímetro de la insostenible impostura institucional, aquella que concentra todo el peso de la culpa sobre los actuales imputados, un coronel y cuatro suboficiales.
General Ureta
El General (R) Ureta coincidió con el testimonio de Rodrigo Carrasco y confirmó que el fraude se realizaba usando facturas falsas, haciendo el trámite de los documentos de una factura normal, pero con todo falso.
«Todos los documentos que debieran estar estaban, pero eran falsos», precisó.
Frente a la consulta de los legisladores sobre la cantidad de firmas que requerían los documentos, Héctor Ureta informó que los procesos parten con una solicitud que debe ser firmada por quien la solicita. Posteriormente, agregó, se revisa una tabla con tres proveedores y se elige a uno con algún criterio, acto que lleva otras dos firmas más. De ahí, acotó, viene la orden de compra que también tiene tres firmas y, después, la factura propiamente tal, que en ese tiempo tenía tres firmas.
Evaluó que la falla del sistema estuvo dada en que no existe un sistema de control en el CAF, ni en su relación con la Dirección de Finanzas y con la Dirección de Proyectos.
«Ese triángulo es el que falla», planteó.
Dijo que le tocó revisar 1200 facturas, en las cuales se detectaron variadas irregularidades, como por ejemplo, la adjudicación de patentes de vehículos que no correspondían a la realidad. Además, aseguró que los documentos se imputaban a gasto de demanda estratégica, cuando debían imputarse a gasto de servicio de mantención, y aparecían (las facturas) en el Comando de Apoyo de las Fuerzas sin tener un oficio conductor.
«Estas facturas no tenía oficio conductor de ninguna unidad. Entonces, si yo recibo una factura, que no tiene un oficio conductor ¿de dónde viene? ¿por qué apareció? Era lo primero que tenía que saltar», evaluó, criticando en este punto la falta de control del CAF.
Concluida la sesión, el General (R) aclaró que él no era el titular del Comando de Apoyo a la Fuerza, sino que solo le tocó cumplir una subrogancia en cuyo periodo se detectó el fraude y en el que se realizaron las primeras diligencias, entre ellas, tomar declaraciones a los hoy inculpados en el caso y entregar los antecedentes a la justicia militar.
Negó que hubiese sido dado de baja por la institución por este caso y aseguró que su salida se debió a que le correspondía pasar a retiro.
Finalmente, consultado si aún falta por develar en este caso, el General (R) Ureta evaluó que sí.
Tras la exposición, el diputado DC Jaime Pilowsky, presidente de la comisión, dijo haber «llegado al convencimiento de que no existían los controles en el órgano que manejaba los fondos de la Ley Reservada en el Ejército», y que «se produjo una maquinación de un grupo que operó libremente sin ningún tipo de fiscalización».
«Tampoco había un control de auditoría respecto de los trabajos que se realizaban o de las facturas, sino que sólo había un control contable», agregó Pilowsky.
El diputado por el PPD y miembro de la instancia investigadora, Felipe Letelier, declaró que a su juicio “se ven bastantes contradicciones en lo que dicen los uniformados y ex uniformados que se han hecho presentes ante la comisión”.
Entre ellas, las más importantes dicen relación cómo pudieron verse violados los cinco controles dispuestos por el Ejército para evitar defraudación, así como las instrucciones que habrían dado ex generales respecto de que no sería necesario hacer revisión de facturas.
“En cualquier empresa privada y sobre todo en las empresas públicas antes de pagar una factura, se revisa. Aquí no solo no se hizo, sino que esta práctica fue una situación reiterada”.
Felipe Letelier señaló que enviará un oficio para que “se entregue el listado de las empresas que en los últimos diez años suministraron material y servicio al ejército para que se pueda hacer un análisis de esos trabajos y pagos”.
“La verdad que cada vez que terminan las sesiones de esta comisión uno sale más preocupado y más confundido por las propias versiones contradictorias que entregan los uniformados y ex uniformados sobre este tema”, concluyó.
El diputado RN Nicolás Monckeberg criticó que se trate de mostrar el fraude como algo «sofisticado» y difícil de detectar, cuando se trata de un «escándalo más burdo, donde se falsificaban facturas y donde no existían controles».
«Cuando se falsifica una factura, cuando se falsifican tres firmas durante años y nadie descubre esa falsificación hay dos opciones: o estaban todos coludidos o francamente no había ningún control. Creo que aquí falta claridad y honestidad para reconocer esta falta», remarcó.
«Si de verdad queremos que esto no se vuelva a repetir, reconozcamos las cosas con franqueza», concluyó.
El diputado de la UDI Gustavo Hasbún apuntó, en tanto, a que es difícil pensar que hubiera un número pequeño de involucrados como los que hoy están presos y procesados:
«Tenían un sistema para defraudar al Ejército y todo apunta a que eran más», dijo el parlamentario gremialista.
