El sistema de pensiones chileno tiene numerosos defectos. La mayor parte de ellos son estructurales y tienen relación con el hecho de un diseño que, en su origen, estuvo más atento a sustentar el funcionamiento del sistema financiero que a dar pensiones. Es decir, es un sistema de pensiones que no se diseñó para dar pensiones, sino para solidificar la Bolsa de Santiago –y con ello las grandes corporaciones y los bancos– con el dinero de los trabajadores.
Este rol dinamizador de la zona especulativa de nuestra economía, transfiriendo dinero real, ha sido fundamental en el proceso de acumulación ‘originaria’ del modelo económico chileno. Si el materialismo había planteado que parte de lo producido no derivaba en salario y era plusvalor extraído por el empresario, José Piñera fue más lejos: la décima parte del salario real de todos los trabajadores fue transformado en capital financiero, generando así una plusvalía 2.0.
El sistema de pensiones no fue diseñado para dar pensiones, hemos dicho. Y los datos son claros. Cuando se creó, la edad de jubilación de los varones era 65 años y la esperanza de vida era 67 años. La señal es clara. A 2030 se calcula que más de la mitad de los pensionados tengan que recurrir a la pensión mínima subvencionada con platas públicas.
Con una edad promedio creciente en Chile, es altamente probable que nos encontremos con problemas de subconsumo, derivado de una demanda reducida por una población mayor empobrecida. Las virtudes del sistema de pensiones, entonces, no pueden estar en sus beneficios sociales.
Sin embargo, el diseño del sistema de pensiones debía tener una virtud: configurar un mercado competitivo desde el mundo privado. La premisa del modelo económico implantado en Chile, donde los problemas públicos exigían soluciones privadas, creía en el mercado como asignador de recursos.
La premisa aún más subyacente a esta es incluso más simple: los mercados pueden tener algunas fallas en su funcionamiento, pero no demasiadas y, a la larga e incluso antes, logran asignar adecuadamente los recursos para beneficio de la sociedad.
La razón de las privatizaciones, concesiones y toda clase de operaciones privadas en medio de asuntos públicos radica en que, no obstante, hay un costo por tener privados a cargo (el lucro), se asume que la eficiencia hará que ese costo sea irrelevante a la larga. Por eso, cuando se creó la unidad de Modernización del Estado, el ex Presidente Piñera convocó a Rafael Ariztía –hijo de un ex superintendente de Pensiones en dictadura–, quien expuso claramente la doctrina sobre cómo tratar al Estado en el neoliberalismo:
“Modernización del Estado es un concepto que suena pomposo y grandilocuente. Sobre todo porque está asociado a grandes reformas y negociaciones políticas, como la Alta Dirección Pública o la Ley de Transparencia. Pero esa no es la arista que más le importa a Ariztía: su mirada busca enfocar la atención de su equipo en lo que él denomina como un ‘usuario’ o ‘cliente’, tal como si fuera una empresa que debe satisfacer a sus consumidores.”
“La lógica es así: el Estado es monopólico por naturaleza. Sobre todo en lo que respecta a trámites básicos, como certificados de nacimiento, carnés o cobro de impuestos. No tiene rival. Y eso, en la mirada de Ariztía, hace que falte un incentivo directo de competencia que lo haría mejorar sus procesos para sobrevivir, y muchas veces lo estanca, generando problemas para las personas.”
Y bueno, que el problema era que el Estado es monopólico por naturaleza. ¿Y el mercado? Supuestamente, en eso de los monopolios, sería el antídoto.
El modelo neoliberal ha desnudado en los últimos años una magnitud de fallas de mercado que han echado por tierra la fe en sus capacidades. Partimos con los abusos en los contratos, pero ya hemos llegado al mucho más polémico problema del precio.
Si el libre mercado de Chile ha tenido en la colusión de precios un compañero constante en su proceso de hiperconcentración, ¿qué fe puede existir en el modelo que se ha traicionado a sí mismo?
Algunos dirán que justamente el modelo debe ser modificado para que efectivamente sea de libre mercado.
Pero ¿qué era lo que teníamos? ¿Y por qué habríamos de confiar en que existe algo así como el libre mercado sin regulaciones? Por supuesto, los neoliberales dirán que siempre han dicho que es necesario que existan algunas regulaciones, pero eso es falso.
Achicar el Estado, no interferir los mercados, es parte del credo que impulsaron. Y solo han aceptado regulaciones como sustitutas cómodas de sanciones civiles o penales en la justicia, transformando los problemas judiciales en modificaciones legales del funcionamiento abstracto de los mercados.
Hay quienes no consideramos una virtud que servicios sociales sean un mercado competitivo. Pero está claro que un mercado competitivo tiene, aunque sea escaso, algún mérito. Esta columna resume contenidos de un informe realizado por nuestro equipo de investigación, en medio de la evidente sospecha de la ciudadanía respecto a la existencia masiva de mercados no competitivos –colusiones, oligopolios, integración vertical–; examina algunos datos públicos de los últimos años del sistema de pensiones, concluyendo que hay suficiente evidencia para sostener la hipótesis de colusión y de integración vertical.
Para colmo, algunos de los rasgos de no competitividad fueron establecidos como regulaciones derivadas de la competencia entre AFP basadas en fuerzas de ventas proclives a ofertar premios por el cambio de administradora, generando una competencia basada en el premio una –plancha, un televisor– y no en la prestación misma de la empresa –rentar para dar pensiones–.
La contundencia de los datos debe implicar una investigación profunda de los órganos competentes. Es el objetivo de esta columna y del informe. En plenas protestas contra las AFP es fundamental saber si, al menos, haber entrometido al mercado en las pensiones fue un acto mínimamente honesto.
El informe –que usted puede ver en detalle en http://www.albertomayol.cl/?p=798– señala básicamente que la evolución experimentada en el Sistema de Capitalización Individual desde 1981, se caracteriza por las fusiones que han concentrado y reducido el número de administradoras a solo cinco firmas que actualmente operan en el mercado, y que se han mantenido desde el inicio del sistema, además de AFP Modelo que pudo ingresar al mercado gracias a la reforma previsional que intentó generar algo de competencia, aun cuando ha quedado clara su insuficiencia desde el momento en que la Comisión Bravo ha señalado la recomendación de introducir una posible AFP estatal para la misma labor.
Según los cálculos de Valdés y Marinovic (2004) la rentabilidad económica sobre activos de las AFP –no del fondo de pensiones– aumentó desde un nivel promedio de 18% anual entre 1993 y 1997, hasta un nivel promedio de 53% anual entre 1999 y 2003.
Pese a las rentabilidades sobrenormales que han existido durante un número importante de años, no se producen entradas de nuevas AFP a la industria a excepción de la AFP Modelo –en la ya citada reforma–. La conjunción de ambos elementos sugiere la existencia de barreras a la entrada significativas para el ingreso de nuevas Administradoras a este mercado.
A su vez las participaciones por ingresos reales percibidos por comisiones, de cada AFP que actualmente opera en el mercado, muestran variabilidad en el periodo 1982 al 1998 y se mantienen constantes en cada firma desde 1999, período posterior a las fusiones que se registran. Y de acuerdo a las participaciones en el mercado, estamos en presencia de una industria altamente concentrada (IHH superior a 1800), en especial en el periodo anterior a la reforma.
En economía se denomina cartel al acuerdo colusorio en que dos o más empresas de un mercado determinado definen que cada una actuará de manera concertada respecto del resto de las empresas. El fin de este tipo de acuerdos es que cada una de las empresas participantes en la colusión tome control de una determinada porción del mercado en el cual operan, y actuar de manera monopólica, impidiendo a otras empresas entrar o sacándolas del mercado. Suele tener la forma de la fijación de precios, o de reparto de cuotas o mercados.
Los productores de un cartel acuerdan explícitamente cooperar para fijar los precios y los niveles de producción. Dada una demanda insensible al precio –que es el caso, por factores explícitos, en el informe aludido–, el cartel puede elevar los precios muy por encima de los niveles competitivos, haciendo abuso de su poder de mercado.
Por todo lo anterior, podemos concluir que el mercado de AFP es uno en el cual se han producido operaciones de concentración que han conformado un cartel, que ha aumentado la participación de mercado y ha subido las comisiones que cobran a sus afiliados, los cuales constituyen una demanda insensible al precio.
Dicha concentración es grave por todas las barreras a la entrada existentes en el mercado de AFP descritas en el presente artículo. Respecto al tiempo y suficiencia en la entrada, los potenciales entrantes no ingresan al mercado, ya que saben que van a tener que vender su empresa a otra firma, bajo la modalidad de fusión, adquisición o quiebra. Esto se constituye como pérdidas esperadas de los potenciales entrantes antes de ser competidores efectivos.
El tiempo estimado para poder posicionarse en el mercado a través de la publicidad y los agentes de ventas, está sujeto también a variables relacionadas con la cantidad y la calidad de los afiliados, cantidad para alcanzar la escala mínima eficiente, de manera de aprovechar las economías de escala existente, que permiten que sobre un alto número de afiliados el costo marginal sea muy bajo. Y la calidad que considera a afiliados de altas rentas que tienen un importante fondo a invertir. Dichas condiciones desincentivan la entrada de nuevas firmas al mercado.
Asimismo, existe un comportamiento estratégico respecto a la sobreinversión en publicidad, en las políticas de fidelización de clientes de altos ingresos, políticas de guerra de regalos, concertados despidos masivos de los vendedores y condiciones contractuales similares en todas las administradoras a sus agentes de ventas.
Hacemos notar además la presencia de Integración vertical en el mercado de las AFP, por la pertenencia de estas a grupos o conglomerados económicos y financieros, que fortalecen el poder de mercado de determinados grupos económicos y financieros y el control de los recursos, que se estiman en un 69,5% del PIB de Chile, los US$ 165 mil millones en ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales de las AFP.
La experiencia indica que, en los años de concentración de mercado, la acción estatal ha sido muchas veces favorable a la configuración del cartel, generando barreras de entrada favorables a los actores antiguos, por ejemplo, mediante la barrera legal y normativa respecto de los promotores y agentes de ventas de las AFP.
Cabe señalar que los carteles requieren controlar los gastos en marketing, variable que es muy difícil de observar, no obstante, esto fue resuelto por la autoridad, ya que usó un instrumento normativo sobre las AFP y los agentes de venta para que el cartel pudiera determinar el cumplimiento de los acuerdos de manera gratuita. En este sentido, no solo hay cartel económico sino también premio sociopolítico a las empresas que dieron origen al sistema, a sus estructuras de poder y a los bancos que se han asociado con el fabuloso botín que las AFP portan.
La Comisión Bravo, que ofrece una serie de recomendaciones menores para un problema mayor, no hace referencia a los rasgos más oscuros del funcionamiento del sistema de pensiones. Esta omisión y su indefinición sobre el modelo mismo –igual al actual o mixto, dejando fuera la alternativa de reparto– revelan que la discusión todavía se da en un ancho de banda que no podría operar sin algunas gotas de hipocresía y la enorme necesidad de mantener a flote una economía rentista, cuyo sistema financiero vive de las AFP.
Fuente: El Mostrador
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/12/10/la-colusion-de-las-afps-y-otros-horrores-del-mercado-de-pensiones/
