El extendido debate desatado por la decisión de Michelle Bachelet de querellarse en contra de periodistas y de la revista Qué Pasa por la publicación de información falsa que afectó a su honra y credibilidad, y el tono usado por muchas/muchos articulistas y analistas, demuestra que en Chile reina la libertad de expresión y el derecho a la información, sobre todo para la prensa hegemónica y conservadora.
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Aparece francamente desproporcionada la tesis establecida por el privado Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), a través de un comunicado emitido por su revista Qué Pasa, de que por esa vía, Bachelet “intenta coartar la libertad de expresión” y que la libertad de expresión está “amenazada” en Chile.
En el marco institucional y republicano que prevalece en el país, tanto las autoridades políticas y de gobierno, como los medios de prensa, sus directivos y dueños, tienen deberes y derechos.
La ley permite que se investigue y sancione si hay violaciones al ejercicio del periodismo, y también posibilita que haya querellas y procesos cuando hay ciudadanos que son injuriados y difamados en notas periodísticas. Es un equilibrio sano de responsabilidades.
No se puede pretender la impunidad de empresas periodísticas o de directivos y dueños de los diarios, revistas o medios electrónicos, al punto de ni siquiera aceptar el inicio de una querella que, por lo demás, no implica automáticamente la existencia de una falta o delito, porque eso lo determinan los Tribunales de Justica.
Se puede estar en desacuerdo con la acción judicial decidida por Michelle Bachelet para defenderse de una nota publicada donde se le aludía en un supuesto acto de corrupción, pero negarle un derecho constitucional es muy grave y más sensible es sostener que ejercer una garantía legal, pone en riesgo la libertad de expresión en el país.
El vínculo entre personalidades/autoridades políticas y los medios de prensa en Chile está plagado de vicios, taras, prejuicios, irregularidades, y en esa complejidad, ambos están sometidos al escrutinio ciudadano, pero también al dictamen de las leyes y a mutuos procedimientos que pueden ser cuestionados por las partes.
En el sistema democrático formal que prevalece en Chile, un medio de prensa y una empresa periodística pueden estar sujetos a una querella por alguien que se siente injuriado o afectado en su honra. Si alguien promueve lo contrario, no solo evade la responsabilidad social, ética y profesional de un periodismo de calidad, sino que promueve la impunidad judicial, algo que tiene triste y dramática consecuencia en Chile.
La libertad de expresión y el derecho a la información no son conceptos abstractos que están por encima de responsabilidades sociales, del bien común, del respeto al derecho de las personas.
Tampoco son ajenos a una labor profesional de calidad sustentada en la verificación de contenidos de una fuente, consulta al afectado antes de publicar una acusación en su contra (práctica habitual en reconocidos medios de prensa de otros países), análisis de legitimidad de la fuente utilizada (que evita que el medio sea parte de montajes y operaciones) y ponderación del efecto negativo a terceros sobre los cuales priva la presunción de inocencia.
Si Michelle Bachelet se equivoca o la revista Qué Pasa erró, se pagarán los costos políticos en un marco de la vida democrática y de derechos garantizados para todas y todos. Evadir o saltarse ese escenario, no parece muy sano.
¿Igual que en dictadura?
En el debate por la querella de Michelle Bachelet a la revista de la empresa Copesa, varios periodistas y analistas establecieron una analogía con lo que ocurría durante la dictadura.
Realmente no se puede equiparar el cierre de medios, el encarcelamiento y asesinato de periodistas, la censura explícita y ejecutora ordenada por los mandos militares y civiles, con el hecho de que la jefa de Estado decidiera optar por un camino legal ante una publicación que, según ella misma, significó una canallada, una mentira y una injuria.
Se podrá cuestionar la decisión de Michelle Bachelet, pero dada su historia de defensa de los valores democráticos, de haber sido encarcelada y torturada durante la dictadura, de su respeto y defensa de la prensa democrática, lastima que se diga que ella hace lo mismo que hicieron los militares que asesinaron a su padre y encarcelaron a su madre.
Es paradójico que un consorcio periodístico que apoyó al régimen militar, aceptó la censura, fue parte de operaciones comunicacionales de los militares y que jamás emitió declaración alguna por los graves atentados a la libertad de expresión y el derecho a la información cometidos en ese periodo, ahora pretenda endilgar aquello a la jefa de Estado.
No es menor que algunos periodistas, obviamente contrariados por la querella, hayan planteado que Michelle Bachelet hizo lo mismo que se hizo en dictadura.
A esto se suma la amenaza de la revista Qué Pasa de recurrir a “instancias nacionales e internacionales” y que señale que se debe actuar “con la mayor fuerza” ante el trámite emprendido por Bachelet. Un lenguaje que, de verdad, parece pertenecer a otros tiempos, y más propio de personeros de otras instituciones que de un medio de prensa.
En concreto, lo que se podría esperar, simplemente, es que los directivos y dueños de ese medio encaren el proceso que se viene, se defiendan, comprueben lo que sería una equivocación de la Presidenta y reivindiquen lo que hicieron con la nota publicada en su impreso y retirada de su página web.
El ejercicio del periodismo
Esta situación abrió, de nueva cuenta, el debate sobre la forma de ejercer el periodismo, que no es otra cosa que los métodos que se utilizan para informar y para analizar.
Se aparece el tema del uso de filtraciones, de determinadas “fuentes” de información, del contraste de versiones y antecedentes, de la responsabilidad social, del respeto a la ética profesional, del respeto a los derechos de las personas, de esforzarse por garantizar la veracidad de lo que se publica y se dice, y de consagrar los estándares establecidos por los propios medios.
En este caso específico, parte de lo anterior no se respetó. A tal punto, que la propia revista Qué Pasa reconoció que la nota no cumplió sus propios estándares, pidió disculpas a los lectores por el contenido de la información y la bajó de su página web.
Pero luego, contradictoriamente, los directivos de la publicación, reaccionando ante la querella, dijeron que no hubo “falta, ni legal ni ética”.
De acuerdo con lo planteado por el Colegio de Periodistas -al cual poco caso hacen las empresas periodísticas privadas del país- los medios tienen responsabilidades sociales, profesionales y éticas y la manera de cumplir con aquello es trabajar con rigurosidad y prolijidad, veracidad, profesionalismo, sin abandonar prácticas como chequeo y contraste de fuentes, consultas a acusados en una nota antes que ésta se publique, ponderación de datos y declaraciones y del efecto legal y moral contra alguien que puede ser o resulta ser inocente de la acusación que “una fuente” le haga.
Los periodistas, editor, director y dueños de la revista Qué Pasa sabían que Juan Díaz, quien lanzó las acusaciones injuriosas y falsas contra Michelle Bachelet, es operador de la UDI, está investigado por su oscura e irregular participación en el Caso Caval y ha sido parte de operaciones políticas. Lo que se publicó fue una escucha telefónica de él, donde señala un supuesto acto de corrupción ligado a Bachelet.
Un debate dentro del periodismo es si ante esas situaciones, es llegar y publicar. O en base a ese tipo de datos, es necesario indagar y verificar.
Hay que decir que esas realidades y complejidades, cruzan a prácticamente todo el espectro periodístico chileno, transversalmente, aunque ahora resalta por el contenido/efecto de lo publicado por el semanario de Copesa.
Algo que daña el ejercicio periodístico, es que dentro de su ámbito haya quienes soslayen o minimizan ciertas normas y preceptos y apliquen criterios como “publiquemos no más, mañana nos desmienten”.
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¿Se intimida a la prensa hegemónica?
¿Qué hace una Presidenta o un ciudadano cuando violar ciertos conceptos, valores o criterios profesionales por parte de un medio de prensa significa lesionar su honra, su credibilidad y sus derechos? ¿Quedarse en la crítica, la denuncia y la queja? ¿Pedir explicaciones al medio? ¿Realizar una querella y trámite legal para establecer la inocencia y restablecer la honra afectada?
El funcionamiento sano en una sociedad al menos formalmente democrática, debería permitir una respuesta positiva en todos esos casos, sin que ello constituya un agravio o una limitación de libertades.
Y en concreto en Chile: ¿alguien podrá pensar honestamente que desde ahora las empresas periodísticas privadas y los medios de comunicación van a ver afectada o intimidada su libertad de expresión?; ¿alguien podrá pensar que se menoscabará el poder de los medios de prensa oligopólicos y empresariales?; ¿alguien supondrá que variarán, por temor, los editoriales conservadores de las publicaciones hegemónicas?; ¿alguien imaginará que ahora el Gobierno dejará de dar más del 80% de su avisaje a las empresas Copesa y El Mercurio?
La verdad que este episodio no cambia casi en nada la realidad de la prensa y el derecho a la expresión y la información en Chile.
Eso incluye las reales afectaciones a la libertad de expresión de amplios sectores de la sociedad chilena, el desequilibrio en la pluralidad de medios, la injusta distribución del avisaje estatal, la existencia de un oligopolio comunicacional, y una hegemonía editorial conservadora en el país.
Ojalá esos temas tuvieran el mismo efecto de instalación que el episodio de la revista de Copesa.
(*) Área Comunicaciones ICAL
Fuente: ICAL
