«Profunda tristeza e indignación» expresó la abogada de derechos humanos Carmen Hertz al comentar la identificación de su esposo, el periodista y militante comunista Carlos Berger, por parte del Servicio Médico Legal junto a otras cinco víctimas de la llamada «Caravana de la Muerte». Anunció querella contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Justicia.
«Fundamentalmente las sensaciones son de mucha tristeza y de una profunda indignación, porque esta identificación es de restos de restos, que se le cayeron a quienes encubrieron a este tema al removerlos desde la fosa clandestina donde habían sido enterrados después de la masacre. Esto da cuenta de la naturaleza, de la barbarie y la crueldad de la política de exterminio», dijo Hertz en entrevista con El Diario de Cooperativa, donde remarcó la impunidad que ha observado en este caso.
Carlos Berger se encontraba trabajando en radio El Loa al momento de su detención, el 11 de septiembre de 1973 Su identificación se basa en análisis genéticos de los restos encontrados durante 1990 en una fosa ilegal camino a San Pedro de Atacama, luego de ser asesinado en Calama el 19 de octubre de 1973 por la «Caravana de la Muerte».
«Fue un crimen de lesa humanidad. Las victimas fueron masacradas, porque ni siquiera tuvieron el privilegio de ser fusiladas. Fueron asesinadas con corvos, con disparos a distintas partes del cuerpo, después de eso escondidas en fosas clandestinas, hasta que a fines del año 74 en una decisión de la Segunda División del Ejército -mientras era intendente Carol Urzúa- deciden remover los restos y lo encubren como una maniobra militar. Los llevan al aeropuerto de Calama y finalmente los lanzan al mar», detalló la viuda.
Denegación de justicia
Carmen Hertz agregó además que la no formulación de una acusación tras todos estos años y el hecho de que el caso no llegue aún a un cierre da cuenta de una «denegación de justicia escandalosa».
«Si este caso no se cierra pese a todos los esfuerzos de los abogados querellantes, no nos queda más alternativa que demandar al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, porque es un escándalo que una causa lleve 16 años sin cerrarse», dijo Hertz.
«Los familiares de las victimas se están muriendo, los perpetradores se están escondiendo detrás de sus supuestas demencias seniles», alegó la jurista.
«Esto es algo no le hace bien el país, este camino de aspereza, de falta de justicia, de mezquindad con la memoria colectiva no es bueno para la reconstrucción de una sociedad, no es decente, no es ético», reflexionó.
“La identificación no concluye ningún proceso”
“No se concluye ningún proceso”, así de categórica fue la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz, quien este jueves fue informada sobre la identificación de los restos de su marido, Carlos Berger, ejecutado por la dictadura en 1973.
Pese a que transcurrieron más de cuarenta años para que las familias de Carlos Berger, Carlos Alfredo Esobedo Caris, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Mario Argüeles Toro y Luis Alfonso Moreno Villarroel pudieran recibir los restos de sus muertos, la abogada es enfática en señalar que sin justicia hacia los criminales nada ha terminado.
La noticia, dada a conocer por el ministro en visita Leopoldo Llanos, sólo reforzaría le necesidad de explorar y exigir más instancias de justicia, aclaró Carmen Hertz.
“El que Carlos Berger haya sido identificado a través de pericias que se le hicieron a los restos que se les cayeron a los encubridores del crimen cuando los sacaron de la fosa clandestina donde habían sido sepultados, después de ser masacrados, lo que hace es dar cuenta de la violencia y de la brutalidad de la política de exterminio. Uno revive y reedita la violencia de lo que fue esa masacre, provoca una rotunda tristeza e indignación, porque da cuenta de la crueldad con la que actuaron y de la impunidad en la que han estado durante cuarenta años”, expresó la abogada.
“En el caso de los crímenes de Calama, la causa está abierta y en estado de sumario desde hace casi dieciséis años. Estamos ante una situación de absoluta denegación de justicia y eso indigna”, agregó.
“Así no se concluye ningún proceso, lo único que queda es transitar por la senda de la verdad, la justicia y la memoria colectiva”, añadió, insistiendo en la necesidad de exigir mayor justicia y verdad:
“La sociedad está más dispuesta a verse y reconocerse en su pasado. La reconstrucción democrática de la sociedad pasa porque la verdad y la justicia sean conocidos y porque la memoria colectiva no se intente poner el olvido, como ha ocurrido en los años de transición en el país”.
Desde la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, presidenta de la entidad, recalca la importancia que significa poder recibir los restos por tantos años reclamados a la dictadura.
Asimismo, es enfática en señalar que es fundamental que las organizaciones sigan exigiendo que se conozca toda la verdad aún oculta de la dictadura cívico-militar que sometió al país entre los años 1973 y 1990.
“La agrupación saluda a este gobierno, pero indica que va a seguir en el marco inclaudicable, con mucho más fuerza y, tal vez, con un poco de esperanza que haya una voluntad política real de que exista la verdad y justicia en el país, además de la existencia de la memoria histórica. Durante 24 años no tuvimos esa memoria y esperamos que eso se cumpla, porque es algo que se le debe al país y a sus víctimas. Hay que sancionar a los criminales”, indicó Alicia Lira.
Respecto de la justicia, Carmen Hertz ve este momento histórico como una buena posibilidad de avanzar a la verdad: “Estamos avanzando, a pesar de todos los obstáculos que ha habido en el camino. Porque ha habido intereses todopoderosos para que la impunidad se impusiera, para que el olvido se impusiera y para que no hubiera memoria histórica. Creo que a pesar de todo estamos avanzando hacia una reconstrucción de esa memoria, porque la sociedad está abierta, aunque sea un proceso doloroso. Estuvimos muchos años de una transición en que el acomodo a la impunidad y la llamada justicia en la medida de lo posible, facilitaron el camino del olvido y no el de la memoria”, concluyó.
De la investigación en sí, estas personas fueron ejecutadas el 19 de octubre de 1973, en el marco de la operación conocida como “Caravana de la Muerte”.
Sus cuerpos fueron encontrados en 1990 en una fosa común, ubicada al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama, recién en 2014 se confirmó la identidad de las víctimas.
De esta forma, de los 26 ejecutados por la Caravana en Calama, son 18 los identificados, quedando aún ocho sin reconocer.
